En efecto, aunque durante 2021 continuaron aplicándose medidas de carácter extraordinario: avales públicos del ICO, aplazamiento temporal de impuestos y moratoria concursal, ayudas a los hogares más vulnerables o prórrogas de los ERTE-COVID, de la prestación extraordinaria por cese de actividad y de los subsidios temporales por desempleo, su intensidad se redujo por la propia recuperación de la actividad y el empleo.
En junio se aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para contribuir a la recuperación de la economía española e impulsar el proceso de transformación estructural de la economía. Pero en los primeros momentos de su implantación se hicieron patentes una serie de debilidades que derivaron en una ejecución más moderada de lo que hubiera sido aconsejable dada la ambición del Plan y el estrecho margen temporal con el que cuenta (véase recuadro 1 relativo al reto sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia).
La demanda interna recuperó su tradicional papel tractor de la economía española, gracias principalmente a la evolución del gasto en consumo final de los hogares y, en menor medida, de la formación bruta de capital fijo. Sin embargo, esa recuperación quedó por debajo de lo previsto por el retraso en la recuperación del consumo de los servicios más afectados por la pandemia, por la concentración del ahorro en hogares con menor propensión a consumir o por un aumento de la propensión a ahorrar por motivo precaución. Asimismo, aunque la recuperación económica de los principales socios comerciales de España se vio reflejada en las exportaciones, la incompleta recuperación del turismo internacional limitó el empuje de la demanda externa.
Desde la perspectiva de la oferta, el proceso de recuperación tanto del producto como del empleo de los diferentes sectores productivos fue muy desigual. El VAB promedio de dos de las grandes ramas de actividad, sector primario y construcción, retrocedió en 2021, mientras que el de las manufacturas y los servicios avanzó moderadamente, aunque no logró alcanzar los niveles prepandemia. Las disrupciones en los suministros —por problemas de desabastecimiento o de roturas en las cadenas de aprovisionamiento— y el encarecimiento de las materias primas, de los bienes intermedios —principalmente componentes tecnológicos como los microchips—, del transporte y de la energía marcaron la evolución sectorial a lo largo de 2021 y afectaron a las decisiones de inversión empresarial. Por su parte, el empleo, medido a través de la EPA, consiguió recuperarse en su totalidad y en la industria y los servicios incluso superaron los niveles anteriores a la pandemia.
A finales de año se cerraba un ejercicio que revelaba una serie de desequilibrios que determinarían el progreso de la recuperación, siendo la escalada de precios uno de los más preocupantes por sus efectos sobre la capacidad de compra de los hogares y la competitividad de las empresas. El IPC de diciembre creció un 6,5 por 100 y aunque el incremento de precios se percibe como transitorio por los principales organismos nacionales e internacionales, la inflación subyacente da signos de aceleración desde el último trimestre del año, resultando más patente en los primeros meses de 2022. Esto ha aumentado la inquietud sobre los posibles efectos de segunda ronda, a falta de un pacto de rentas que permita repartir el incremento de los costes de manera equilibrada, y sobre el impacto en la economía real del cambio de orientación de la política del BCE.
La invasión de Ucrania por parte de Rusia a principios de 2022, un nuevo shock de oferta generalizado de impactos asimétricos, cambia por completo el panorama económico y ha llevado a revisar a la baja
todas las previsiones sobre el ritmo de avance de la recuperación y a poner en marcha, con carácter de urgencia, un plan de respuesta a la guerra que prevé la movilización de hasta 16.000 millones de euros: 6.000 millones dirigidos a atenuar el aumento de los costes energéticos y 10.000 millones en avales ICO para los sectores más afectados. Una
de las medidas más relevante del Plan ha sido la fijación del precio máximo del gas para la generación de electricidad y así controlar el aumento de los precios. También se previó una bonificación extraordinaria para todos los usuarios de 20 céntimos por litro de combustible que ha resultado ineficaz en su objetivo de reducción de precios, además de tratarse de una medida fiscal regresiva que choca con el objetivo de descarbonizar la economía.
En todo caso, este abrupto cambio del panorama económico y su potencial impacto sobre las finanzas públicas han hecho más evidente la necesidad de reformar el marco de reglas fiscales de la Unión Europea para poder articular políticas fiscales discrecionales nacionales frente a perturbaciones inesperadas y permitir sendas de consolidación fiscal graduales a los países más endeudados como es el caso de España.
El desconocimiento sobre la duración e intensidad de la guerra —y, por tanto, de los niveles de precios que puedan alcanzarse o del impacto amortiguador del Plan de choque—, los factores geopolíticos —relacionados tanto con el propio conflicto, como con China y su política de COVID-cero, o las consecuencias del brexit—, o la propia evolución de la pandemia exigen hablar de posibles escenarios más que de previsiones sobre el comportamiento futuro de la economía. Esta incertidumbre podría llegar a afectar al impacto positivo esperado del Plan de Recuperación, condicionando las necesarias transformaciones digital y ecológica (véase recuadro 2 relativo al reto de la transición energética en España).
Con todo, las previsiones más recientes de la Comisión Europea apuntan a un crecimiento de la
economía española del 4 por 100 en 2022, lo que supone el mayor avance de todos los Estados miembros, salvo Irlanda, Portugal y Malta, y vendría explicado fundamentalmente por la recuperación del turismo, el aumento de las exportaciones, con una ganancia esperada de cuota de mercado, el dinamismo del empleo y el impulso del Plan de Recuperación.
En efecto, aunque durante 2021 continuaron aplicándose medidas de carácter extraordinario: avales públicos del ICO, aplazamiento temporal de impuestos y moratoria concursal, ayudas a los hogares más vulnerables o prórrogas de los ERTE-COVID, de la prestación extraordinaria por cese de actividad y de los subsidios temporales por desempleo, su intensidad se redujo por la propia recuperación de la actividad y el empleo.
En junio se aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para contribuir a la recuperación de la economía española e impulsar el proceso de transformación estructural de la economía. Pero en los primeros momentos de su implantación se hicieron patentes una serie de debilidades que derivaron en una ejecución más moderada de lo que hubiera sido aconsejable dada la ambición del Plan y el estrecho margen temporal con el que cuenta (véase recuadro 1 relativo al reto sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia).
La demanda interna recuperó su tradicional papel tractor de la economía española, gracias principalmente a la evolución del gasto en consumo final de los hogares y, en menor medida, de la formación bruta de capital fijo. Sin embargo, esa recuperación quedó por debajo de lo previsto por el retraso en la recuperación del consumo de los servicios más afectados por la pandemia, por la concentración del ahorro en hogares con menor propensión a consumir o por un aumento de la propensión a ahorrar por motivo precaución. Asimismo, aunque la recuperación económica de los principales socios comerciales de España se vio reflejada en las exportaciones, la incompleta recuperación del turismo internacional limitó el empuje de la demanda externa.
Desde la perspectiva de la oferta, el proceso de recuperación tanto del producto como del empleo de los diferentes sectores productivos fue muy desigual. El VAB promedio de dos de las grandes ramas de actividad, sector primario y construcción, retrocedió en 2021, mientras que el de las manufacturas y los servicios avanzó moderadamente, aunque no logró alcanzar los niveles prepandemia. Las disrupciones en los suministros —por problemas de desabastecimiento o de roturas en las cadenas de aprovisionamiento— y el encarecimiento de las materias primas, de los bienes intermedios —principalmente componentes tecnológicos como los microchips—, del transporte y de la energía marcaron la evolución sectorial a lo largo de 2021 y afectaron a las decisiones de inversión empresarial. Por su parte, el empleo, medido a través de la EPA, consiguió recuperarse en su totalidad y en la industria y los servicios incluso superaron los niveles anteriores a la pandemia.
A finales de año se cerraba un ejercicio que revelaba una serie de desequilibrios que determinarían el progreso de la recuperación, siendo la escalada de precios uno de los más preocupantes por sus efectos sobre la capacidad de compra de los hogares y la competitividad de las empresas. El IPC de diciembre creció un 6,5 por 100 y aunque el incremento de precios se percibe como transitorio por los principales organismos nacionales e internacionales, la inflación subyacente da signos de aceleración desde el último trimestre del año, resultando más patente en los primeros meses de 2022. Esto ha aumentado la inquietud sobre los posibles efectos de segunda ronda, a falta de un pacto de rentas que permita repartir el incremento de los costes de manera equilibrada, y sobre el impacto en la economía real del cambio de orientación de la política del BCE.
La invasión de Ucrania por parte de Rusia a principios de 2022, un nuevo shock de oferta generalizado de impactos asimétricos, cambia por completo el panorama económico y ha llevado a revisar a la baja todas las previsiones sobre el ritmo de avance de la recuperación y a poner en marcha, con carácter de urgencia, un plan de respuesta a la guerra que prevé la movilización de hasta 16.000 millones de euros: 6.000 millones dirigidos a atenuar el aumento de los costes energéticos y 10.000 millones en avales ICO para los sectores más afectados. Una de las medidas más relevante del Plan ha sido la fijación del precio máximo del gas para la generación de electricidad y así controlar el aumento de los precios. También se previó una bonificación extraordinaria para todos los usuarios de 20 céntimos por litro de combustible que ha resultado ineficaz en su objetivo de reducción de precios, además de tratarse de una medida fiscal regresiva que choca con el objetivo de descarbonizar la economía.
En todo caso, este abrupto cambio del panorama económico y su potencial impacto sobre las finanzas públicas han hecho más evidente la necesidad de reformar el marco de reglas fiscales de la Unión Europea para poder articular políticas fiscales discrecionales nacionales frente a perturbaciones inesperadas y permitir sendas de consolidación fiscal graduales a los países más endeudados como es el caso de España.
El desconocimiento sobre la duración e intensidad de la guerra —y, por tanto, de los niveles de precios que puedan alcanzarse o del impacto amortiguador del Plan de choque—, los factores geopolíticos —relacionados tanto con el propio conflicto, como con China y su política de COVID-cero, o las consecuencias del brexit—, o la propia evolución de la pandemia exigen hablar de posibles escenarios más que de previsiones sobre el comportamiento futuro de la economía. Esta incertidumbre podría llegar a afectar al impacto positivo esperado del Plan de Recuperación, condicionando las necesarias transformaciones digital y ecológica (véase recuadro 2 relativo al reto de la transición energética en España).
Con todo, las previsiones más recientes de la Comisión Europea apuntan a un crecimiento de la economía española del 4 por 100 en 2022, lo que supone el mayor avance de todos los Estados miembros, salvo Irlanda, Portugal y Malta, y vendría explicado fundamentalmente por la recuperación del turismo, el aumento de las exportaciones, con una ganancia esperada de cuota de mercado, el dinamismo del empleo y el impulso del Plan de Recuperación.
