Recuadro 1. El plan de recuperación, transformación y resiliencia español

En junio de 2021 se aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: «España puede» (PRTR), en el marco del NGEU.

Oportunidad

Única y sin precedentes para transformar el sistema productivo y superar los desequilibrios estructurales de la economía española, mediante el esfuerzo inversor en aquellos factores que contribuyan a mejorar la eficiencia del sistema productivo, especialmente capital humano y en I+D+i, y abordar las reformas estructurales dirigidas a corregir las distorsiones que persisten en el mercado laboral y en el marco regulatorio e institucional en el que se desenvuelve la actividad empresarial.

Objetivo

Apoyar la rápida recuperación de la economía española una vez superada la crisis sanitaria, pero con visión de largo plazo, de impulso del proceso de transformación estructural hacia un crecimiento sostenible y resiliente desde el punto de vista económico-financiero, social, territorial y medioambiental.

10 políticas palanca

30 componentes

110 inversiones

102 reformas

Dotación financiera

Inicialmente los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo son 69.528 millones de euros en forma de transferencias, aunque puede solicitar créditos por un importe total de hasta 70.000 millones de euros.

Prioridades y objetivos

Transiciones verde y digital, prioridades absolutas, pero solo recoge información cualitativa sobre los logros previstos, sin cuantías precisas.

Información suficiente y precisa de inversiones, pero menor detalle en las reformas.

Horizonte temporal de implementación

Calendario ambicioso, con ejecución y recepción de los desembolsos concentrados en los tres primeros años.

Necesidad de agilidad. Muchos proyectos tienen carácter plurianual y requieren de tiempo para desplegar sus efectos.

Instrumentos de desarrollo del plan

Real Decreto-ley 36/2020 que articula un modelo de gobernanza ágil, simple y respetando el marco normativo comunitario.

Algunas de sus previsiones se han dilatado en el tiempo como el Registro de empresas interesadas en los PERTE.

Transparencia, información y seguimiento

La web del plan ha incorporado progresivamente instrumentos de difusión de la información, pero necesita más transparencia y acceso a información estructurada y sistemática para poder valorar de forma periódica el ritmo de ejecución.

Desconocimiento de los resultados de las manifestaciones de interés, ni participación, ni sector, ni tamaño de las empresas, tampoco criterios aplicados.

Ausencia de información suficiente para valorar la participación en los proyectos (a modo de guía de criterios).

Falta poner en marcha la anunciada plataforma de contratación que concentre todas las convocatorias del plan, estatales, comunidades autónomas y corporaciones locales.

Pese a su ambición, España solo solicitó, en primera instancia, transferencias no reembolsables para no comprometer su posición fiscal.

Se ha confirmado que activará la solicitud de créditos mediante modificación al plan de recuperación, suficientemente justificada, abriendo un nuevo proceso de negociación con la Comisión Europea.

Oportuno aprovechar la solicitud de préstamos para incluir, en aras de la transición justa, mecanismos compensatorios de los costes que implican algunas de las reformas planteadas y que no han sido comtemplados hasta el momento.

Desafío para las AAPP: gestión simultánea del NGEU, del presupuesto público y de los fondos del Marco financiero plurianual 21-27.

Ejecución del PRTR en 2021

Reto importante de gestión y ejecución por estrecho horizonte temporal.

Dificultad de acceso a datos oficiales integrados, por dispersión de fuentes de información y falta de estructura de la misma. Necesidad de contar con una única fuente oficial centralizada que recoja toda la información como el sistema de información de gestión y seguimiento previsto, todavía no en funcionamiento.

Contraste entre el buen ritmo de ejecución presupuestaria con la escasa llegada de fondos a la economía real.

Dudas sobre la participación efectiva de las empresas, especialmente pymes.

Las licitaciones han ido ganando velocidad. Pero más del 50 por 100 procedían de empresas públicas y el destino ha sido infraestructuras y construcción.

Se han aprobado 9 PERTEs, hasta abril de 2022. Conveniente acelerar la ejecución dado su carácter tractor para el conjunto de la economía.

Muchos de los hitos cumplidos en 2021 eran reformas ya en marcha o contempladas con anterioridad a la elaboración del PRTR.

Problemas y debilidades en la ejecución de los proyectos de inversión

Falta de agilidad.

Incorporar la digitalización a los procedimientos administrativos.

Deficiencias en el diseño y contenido de las convocatorias de las licitaciones.

Elevada carga burocrática y atomización de las convocatorias, que dificulta el acceso de pymes y autónomos y dificulta la gestión de la Administración.

Plazos ajustados para la presentación de proyectos.

Necesidad de aplicar elementos más innovadores a las convocatorias, evitando inercias pre-PRTR.

Porcentaje de cofinanciación de las subvenciones (40 por 100 de media) puede constituir barrera de entrada para pymes. Aconsejable modular en función de la dimensión, sector o actividad.

Falta de personal cualificado en las Administraciones públicas. Cuello de botella, sobre todo en las Administraciones territoriales. Falta planificación de recursos humanos acorde con la capacidad real.

Falta de personal cualificado en las empresas que frena la participación en el PRTR. Promover apoyo y acompañamiento a las empresas, especialmente a pymes (oficinas de asistencia técnica).

Peso no homogéneo entre ejes.

Carácter genérico de muchas de las reformas y su impacto dependerá, en última instancia, de su implementación en la práctica.

Escasa atención a los retos de la cohesión social y territorial y la brecha de género.

Incorporación del objetivo de igualdad entre mujeres y hombres no se ha realizado de modo uniforme ni con un enfoque integral.

Ausencia de evaluación ex ante para asegurar que los recursos vayan a proyectos transformadores con rentabilidad social («taxonomía social»), garantizando la adicionalidad de recursos o detectando solapamientos.

Garantizar la cohesión social a través de la incorporación de criterios sociales en las contrataciones públicas.

El Plan podría haber orientado la atención también de forma transversal a las personas jóvenes sobre todo, dado su carácter transformador.

Gobernanza

El PRTR es un proyecto de país que requiere la implicación de todos los agentes económicos y sociales, todos los niveles de gobierno y el conjunto de la Administración pública.

Habría requerido un consenso político, social y territorial y la apropiación del plan por el conjunto de la sociedad, contando con la estabilidad necesaria presente y futura ante el reto que supone su ejecución sin condicionarlo al ciclo electoral.

Habría sido deseable una participación más activa de los interlocutores sociales previa a la elaboración del plan. Ahora, esta participación podría centrarse en el seguimiento de los avances y la articulación de los proyectos que no se han puesto todavía en marcha, así como en la evaluación de los logros e impactos previstos.

Papel del CES

Aunque no participó inicialmente emitiendo dictamen sobre el plan en el marco de su función consultiva, la elaboración del plan revisado que acompañe a la solicitud de créditos supondría una oportunidad para recabar su opinión.

Además, hay margen para institucionalizar una mayor participación, tanto en la fase de ejecución y seguimiento, como posteriormente, contribuyendo a la evaluación, especialmente en los ámbitos que le son propios.