Además, es destacable que la desigualdad comenzara a reducirse de manera notable a partir del momento en que la economía fue mejorando. Y ello obedece a que la recuperación del empleo está yendo a una velocidad superior a la crisis financiera debido, en parte, a que los ERTE han facilitado su mantenimiento y la vuelta al trabajo a medida que la economía se ha ido reactivando142. Las transferencias públicas también contribuyeron a este descenso de la desigualdad, con estimaciones de hasta el 56 por 100 de reducción de la desigualdad salarial entre los meses de abril y junio de 2021.
Con todo, se produjo un incremento de la desigualdad, según el MD, que se mantendría 1,3 puntos porcentuales por encima del periodo prepandemia, y de la vulnerabilidad social, como constatan los escasos
datos oficiales existentes. Así, el número de hogares sin ingresos aumentó en más de cien mil en el segundo trimestre de 2020, hasta alcanzar la cifra de 670.900. Un aumento de similar magnitud costaría más de un año en la crisis anterior. En los meses de recuperación económica, sin embargo, se registra un descenso de estos hogares, logrando alcanzar
niveles inferiores a los existentes con anterioridad de la pandemia, aunque siguen siendo elevados (563.700 en el 4.o trimestre de 2021) (gráfico R-5).
En 2020 los hogares con dificultades para afrontar gastos imprevistos, según la ECV143, registran un repunte similar al producido durante la crisis financiera, aunque más elevado si se toman como referencia los hogares en los que dicha dificultad es mayor, y sobre todo cuando dichas dificultades se refieren al pago de gastos relacionados con la vivienda principal144 (gráfico R-6). Asimismo, el porcentaje de población con privación material severa aumentó casi el 50 por 100 (pasando del 4,7 por 100 en 2019 al 7 por 100 en 2020) en un periodo de tiempo muy reducido. Aumentos de similar intensidad no se registraron hasta el momento más álgido de la crisis financiera anterior145. Este incremento de la privación material severa se habría concentrado en los niveles de renta más bajos llegando a afectar hasta el 30 por 100 de los hogares del primer decil de renta146.
El aumento de la pobreza durante el primer año de pandemia, no solo ha obedecido a una caída de los niveles de renta, sino a su mayor impacto en la población situada en los deciles de renta más bajos de la distribución147. Este aumento de los niveles más severos de pobreza tendría su máxima expresión en un aumento de la exclusión social en 2021 que, según los datos aportados por FOESSA148, habría llegado a afectar al 23,4 por 100 de la población y al 20,9 por 100 de los hogares españoles, frente al 18,4 por 100 y 16 por 100 en 2018, respectivamente149.
El aumento de la vulnerabilidad social dio lugar a un crecimiento considerable de solicitudes de ayuda a las organizaciones del tercer sector de acción social para cubrir necesidades básicas, lo que sería indicativo de la insuficiencia de las medidas de choque para cubrir las necesidades de la población con menores recursos. A este respecto, hay que tener en cuenta que las medidas adoptadas, que en todo caso suponían un reemplazo parcial de las rentas e ingresos perdidos, no llegaron a todas las personas. Muchas no cumplían los requisitos para acceder a algunas de las prestaciones o, aunque así fuera, su concesión se vio retrasada o impedida por la complejidad administrativa de su tramitación y las dificultades administrativas que se produjeron como consecuencia de la brecha digital, tanto entre la población más vulnerable, como en la administración pública, lo que dificultó enormemente la presentación de las solicitudes y la tramitación de las mismas, especialmente durante el confinamiento150.
No obstante lo anterior, las ayudas públicas tuvieron un efecto amortiguador importante a tenor de la severidad y celeridad de la crisis, y fueron posibles gracias al ingente esfuerzo realizado por las administraciones públicas para ponerlas en marcha con carácter de urgencia. Con todo, la eficiencia de la gestión no fue suficiente para afrontar un aumento de necesidades sociales de tal magnitud que se produjo en tan poco tiempo, lo que mermó su capacidad de protección de la población, especialmente de la más vulnerable151.
La recuperación económica en España está teniendo un impacto favorable en el empleo y en la reducción de la desigualdad, aunque sigue expuesta a la incertidumbre que genera, no ya solo la evolución
del virus, sino las graves consecuencias económicas que va a producir la invasión de Ucrania. Por otro lado, la recuperación del empleo, sigue recayendo aún en trabajos de carácter temporal y en las ocupaciones más cualificadas. Las ocupaciones más elementales y de menor cualificación, en cambio, muestran una recuperación menor152.
La pandemia, por su parte, ha acentuado brechas sociales ya existentes, lo que puede acrecentar y cronificar la vulnerabilidad social en el medio y largo plazo (gráfico R-7). Así, la crisis supone una amenaza adicional para la brecha de género porque, a diferencia de otras anteriores, las pérdidas de empleo se han concentrado en los sectores más feminizados. Además, las necesidades de atención a la población dependiente que surgieron como consecuencia del confinamiento, recayeron fundamentalmente en las mujeres, provocando que algunas de ellas, a pesar de haber mantenido el empleo, tuvieran que recurrir a la reducción de la jornada laboral, permisos sin sueldo o excedencias, lo que supone una merma de sus ingresos salariales y su carrera profesional. Por otro lado, aunque el teletrabajo favoreció el mantenimiento de muchos de sus empleos, su aplicación tuvo un impacto en sus condiciones de trabajo y en la conciliación entre la vida laboral y personal, especialmente durante el confinamiento estricto y si tenían menores a cargo153.
También resulta preocupante la situación de la población joven, tanto por verse más afectada por el paro, como por su más frecuente paso a la inactividad, al ser difícil la búsqueda activa de empleo, sobre todo durante el confinamiento, así como por las menores posibilidades de educación y formación durante la pandemia. Asimismo, el impacto del cierre de los centros educativos, o la educación online durante la pandemia, en la formación (o abandono de la misma), puede acrecentar las desigualdades educativas. Sin olvidar que el afianzamiento de las nuevas tecnologías, además, puede ampliar la brecha digital, especialmente para la población con menor acceso y conocimiento de las mismas.
Por otro lado, el riesgo de exposición al virus ha sido asimétrico, habiendo recaído principalmente entre la población con menores recursos económicos154 debido a los tipos de empleos que suelen ocupar (con mayor presencialidad), a su mayor necesidad de uso del transporte público para acudir al mismo, así como a las condiciones de hacinamiento de las viviendas en las que habitan muchos de ellos. Ello podría agudizar las desigualdades en las condiciones de salud, cuando es precisamente ese grupo poblacional el que, a su vez, tiene peores condiciones de salud previas. Y no solo por su mayor riesgo de contraer la enfermedad, sino por el conjunto de condicionantes para la salud física y mental que lleva asociada la pandemia, derivados de las medidas de confinamiento y distanciamiento social y de las condiciones de estrés ocasionadas por las dificultades económicas sobrevenidas.
Las medidas de confinamiento y aislamiento social, por su parte, han mermado las relaciones sociales y las redes de apoyo, lo que es especialmente preocupante entre la población más vulnerable dado que, a sus menores niveles de renta, se añade la dificultad de socialización, pudiendo ahondar aún más en su exclusión social.
Nos encontramos ante un momento de incertidumbre respecto al impacto de la pandemia en el medio y largo plazo, aunque hay indicios de que tendrá efectos en las brechas sociales ya existentes. Con todo, más allá de las políticas de choque, la respuesta a la pandemia ha abierto una ventana de oportunidad para luchar contra la desigualdad. Las políticas sociales, sobre las que se centrará el siguiente apartado, constituyen mecanismos clave para paliar estos riesgos a largo plazo, junto con otro conjunto de políticas laborales y económicas.
142. Para más detalle, véase Oriol et al., op. cit.
143. Los datos de renta de la última edición de la ECV son de 2019 pero los referidos a la carencia material son los del primer año de la pandemia.
144. Algunos estudios muestran también el aumento de los hogares que carecen de las necesidades básicas como disponibilidad de agua caliente, energía eléctrica o incluso electrodomésticos esenciales como el frigorífico, lo que sería reflejo de la severidad de la crisis en los hogares más vulnerables. Para más detalle, véase FOESSA, Evolución de la cohesión social y consecuencias del COVID-19 en España, 2022 (capítulo 18).
145. FOESSA op. cit. (capítulo 5).
146. Datos aportados por Olga Salido en su comparecencia ante la Comisión de la Memoria del CES el 15 de febrero de 2022, y elaborados a partir de los microdatos de la ECV 2020.
147. El 12,2 por 100 del aumento de la pobreza vendría explicado por la caída de las rentas, mientras que el 87,8 por 100 restante, por el aumento de la desigualdad. Para más detalle, véase FOESSA, op. cit. (capítulo 5).
148. Datos procedentes de una encuesta que realiza FOESSA de forma periódica con fuentes y metodología distinta a la ECV. Para más detalle, véase FOESSA, op. cit.
149. Según Cáritas, el 67 por 100 de las familias que atendieron durante la pandemia declaraba no contar con información suficiente para tramitar la solicitud del IMV lo que, unido a las restricciones para conseguir cita en las oficinas de la Seguridad Social, imposibilitó su solicitud a muchas de ellas. FOESSA, op. cit. (capítulo 6).
151. Según Oriol et al., op. cit., una más ágil tramitación de las prestaciones por desempleo solo en el mes de noviembre de 2020 (en un 5 por 100 en el número de días) habría reducido el índice de Gini en 0,2 puntos.
153. Eurofound, Telework in the EU before and after the COVID-19: where we were, where we head to, 2020.
154. Información aportada por la profesora Olga Salido en su comparecencia ante la Comisión de la Memoria del CES el 15 de febrero de 2022 en base a los datos del Ministerio de Sanidad, Estudio nacional de sero-Epidemiología de la infección por SARS-CoV-2 en España (ENECOVID), abril-junio de 2020.
Además, es destacable que la desigualdad comenzara a reducirse de manera notable a partir del momento en que la economía fue mejorando. Y ello obedece a que la recuperación del empleo está yendo a una velocidad superior a la crisis financiera debido, en parte, a que los ERTE han facilitado su mantenimiento y la vuelta al trabajo a medida que la economía se ha ido reactivando142. Las transferencias públicas también contribuyeron a este descenso de la desigualdad, con estimaciones de hasta el 56 por 100 de reducción de la desigualdad salarial entre los meses de abril y junio de 2021.
Con todo, se produjo un incremento de la desigualdad, según el MD, que se mantendría 1,3 puntos porcentuales por encima del periodo prepandemia, y de la vulnerabilidad social, como constatan los escasos datos oficiales existentes. Así, el número de hogares sin ingresos aumentó en más de cien mil en el segundo trimestre de 2020, hasta alcanzar la cifra de 670.900. Un aumento de similar magnitud costaría más de un año en la crisis anterior. En los meses de recuperación económica, sin embargo, se registra un descenso de estos hogares, logrando alcanzar niveles inferiores a los existentes con anterioridad de la pandemia, aunque siguen siendo elevados (563.700 en el 4.o trimestre de 2021) (gráfico R-5).
En 2020 los hogares con dificultades para afrontar gastos imprevistos, según la ECV143, registran un repunte similar al producido durante la crisis financiera, aunque más elevado si se toman como referencia los hogares en los que dicha dificultad es mayor, y sobre todo cuando dichas dificultades se refieren al pago de gastos relacionados con la vivienda principal144 (gráfico R-6). Asimismo, el porcentaje de población con privación material severa aumentó casi el 50 por 100 (pasando del 4,7 por 100 en 2019 al 7 por 100 en 2020) en un periodo de tiempo muy reducido. Aumentos de similar intensidad no se registraron hasta el momento más álgido de la crisis financiera anterior145. Este incremento de la privación material severa se habría concentrado en los niveles de renta más bajos llegando a afectar hasta el 30 por 100 de los hogares del primer decil de renta146.
El aumento de la pobreza durante el primer año de pandemia, no solo ha obedecido a una caída de los niveles de renta, sino a su mayor impacto en la población situada en los deciles de renta más bajos de la distribución147. Este aumento de los niveles más severos de pobreza tendría su máxima expresión en un aumento de la exclusión social en 2021 que, según los datos aportados por FOESSA148, habría llegado a afectar al 23,4 por 100 de la población y al 20,9 por 100 de los hogares españoles, frente al 18,4 por 100 y 16 por 100 en 2018, respectivamente149.
El aumento de la vulnerabilidad social dio lugar a un crecimiento considerable de solicitudes de ayuda a las organizaciones del tercer sector de acción social para cubrir necesidades básicas, lo que sería indicativo de la insuficiencia de las medidas de choque para cubrir las necesidades de la población con menores recursos. A este respecto, hay que tener en cuenta que las medidas adoptadas, que en todo caso suponían un reemplazo parcial de las rentas e ingresos perdidos, no llegaron a todas las personas. Muchas no cumplían los requisitos para acceder a algunas de las prestaciones o, aunque así fuera, su concesión se vio retrasada o impedida por la complejidad administrativa de su tramitación y las dificultades administrativas que se produjeron como consecuencia de la brecha digital, tanto entre la población más vulnerable, como en la administración pública, lo que dificultó enormemente la presentación de las solicitudes y la tramitación de las mismas, especialmente durante el confinamiento150.
No obstante lo anterior, las ayudas públicas tuvieron un efecto amortiguador importante a tenor de la severidad y celeridad de la crisis, y fueron posibles gracias al ingente esfuerzo realizado por las administraciones públicas para ponerlas en marcha con carácter de urgencia. Con todo, la eficiencia de la gestión no fue suficiente para afrontar un aumento de necesidades sociales de tal magnitud que se produjo en tan poco tiempo, lo que mermó su capacidad de protección de la población, especialmente de la más vulnerable151.
La recuperación económica en España está teniendo un impacto favorable en el empleo y en la reducción de la desigualdad, aunque sigue expuesta a la incertidumbre que genera, no ya solo la evolución del virus, sino las graves consecuencias económicas que va a producir la invasión de Ucrania. Por otro lado, la recuperación del empleo, sigue recayendo aún en trabajos de carácter temporal y en las ocupaciones más cualificadas. Las ocupaciones más elementales y de menor cualificación, en cambio, muestran una recuperación menor152. La pandemia, por su parte, ha acentuado brechas sociales ya existentes, lo que puede acrecentar y cronificar la vulnerabilidad social en el medio y largo plazo (gráfico R-7). Así, la crisis supone una amenaza adicional para la brecha de género porque, a diferencia de otras anteriores, las pérdidas de empleo se han concentrado en los sectores más feminizados. Además, las necesidades de atención a la población dependiente que surgieron como consecuencia del confinamiento, recayeron fundamentalmente en las mujeres, provocando que algunas de ellas, a pesar de haber mantenido el empleo, tuvieran que recurrir a la reducción de la jornada laboral, permisos sin sueldo o excedencias, lo que supone una merma de sus ingresos salariales y su carrera profesional. Por otro lado, aunque el teletrabajo favoreció el mantenimiento de muchos de sus empleos, su aplicación tuvo un impacto en sus condiciones de trabajo y en la conciliación entre la vida laboral y personal, especialmente durante el confinamiento estricto y si tenían menores a cargo153.
También resulta preocupante la situación de la población joven, tanto por verse más afectada por el paro, como por su más frecuente paso a la inactividad, al ser difícil la búsqueda activa de empleo, sobre todo durante el confinamiento, así como por las menores posibilidades de educación y formación durante la pandemia. Asimismo, el impacto del cierre de los centros educativos, o la educación online durante la pandemia, en la formación (o abandono de la misma), puede acrecentar las desigualdades educativas. Sin olvidar que el afianzamiento de las nuevas tecnologías, además, puede ampliar la brecha digital, especialmente para la población con menor acceso y conocimiento de las mismas.
Por otro lado, el riesgo de exposición al virus ha sido asimétrico, habiendo recaído principalmente entre la población con menores recursos económicos154 debido a los tipos de empleos que suelen ocupar (con mayor presencialidad), a su mayor necesidad de uso del transporte público para acudir al mismo, así como a las condiciones de hacinamiento de las viviendas en las que habitan muchos de ellos. Ello podría agudizar las desigualdades en las condiciones de salud, cuando es precisamente ese grupo poblacional el que, a su vez, tiene peores condiciones de salud previas. Y no solo por su mayor riesgo de contraer la enfermedad, sino por el conjunto de condicionantes para la salud física y mental que lleva asociada la pandemia, derivados de las medidas de confinamiento y distanciamiento social y de las condiciones de estrés ocasionadas por las dificultades económicas sobrevenidas.
Las medidas de confinamiento y aislamiento social, por su parte, han mermado las relaciones sociales y las redes de apoyo, lo que es especialmente preocupante entre la población más vulnerable dado que, a sus menores niveles de renta, se añade la dificultad de socialización, pudiendo ahondar aún más en su exclusión social.
Nos encontramos ante un momento de incertidumbre respecto al impacto de la pandemia en el medio y largo plazo, aunque hay indicios de que tendrá efectos en las brechas sociales ya existentes. Con todo, más allá de las políticas de choque, la respuesta a la pandemia ha abierto una ventana de oportunidad para luchar contra la desigualdad. Las políticas sociales, sobre las que se centrará el siguiente apartado, constituyen mecanismos clave para paliar estos riesgos a largo plazo, junto con otro conjunto de políticas laborales y económicas.
