Habrá que esperar para ver cómo se despliegan los efectos de medio plazo de la reforma, pero hay ya datos indicativos del inicio de un cambio real en la cultura de contratación. El primer trimestre de 2022 arroja un descenso en la EPA de 1,2 puntos en la tasa de temporalidad. Los contratos indefinidos, por su parte, crecieron extraordinariamente entre enero y abril de este último año, y se redujeron los temporales, llevando el peso de los primeros a cerca ya de la mitad del total registrado en abril.
Las políticas activas de empleo (PAE) recobraron cierto protagonismo en 2021 en un contexto de
recuperación para atender las graves consecuencias que había dejado la pandemia en el mercado de trabajo. No obstante, era un año atípico en el que, en el marco del PRTR, se planteaba el reto de articular un nuevo esquema ágil y eficiente de PAE, capaz de aumentar su eficacia y eficiencia y respon-
der a los desafíosactuales y futuros, anticipando las necesidades del tejido productivo y orientando adecuadamente las decisiones de la población trabajadora y empresas.
Todo ello se plasmó en la reforma de las PAE contemplada en el PRTR (reforma 5 «modernización de las PAE» del componente 23), que incluía instrumentos de planificación como la nueva Estrategia de empleo o el Plan Garantía Juvenil Plus y modificaciones normativas de la Ley de Empleo y de la Ley de Formación profesional para el empleo, así como regulación de los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo o del Programa de fomento del empleo agrario. También se contemplaba la digitalización del SEPE para reforzar su eficiencia, en el marco de la digitalización de las administraciones públicas.
Está por ver si este nuevo esquema, pendiente de completar con la reforma de la Ley de Empleo, logra desplegar todo su potencial, aunque su valoración ex ante, sobre su adecuación a los retos y objetivos a afrontar, no indica un cambio sustancial que contribuya a superar las debilidades tradicionales de las PAE. En todo caso, es necesario contar con un sistema de evaluación planificado, sistemático y exhaustivo que permita valorar en el tiempo el impacto de las medidas aplicadas.
El PRTR permitió también contar con un aporte adicional para políticas activas en 2021, que se añadió al presupuesto inicialmente establecido y que, en todo caso, seguía siendo insuficiente para atender al elevado volumen de población desempleada. La experiencia comparada con otros países señalaba además la necesidad de reequilibrar la estructura del gasto, dando mayor peso a las medidas de activación y reforzando su vinculación con las medidas de protección. Era imprescindible, por tanto, el refuerzo de la orientación personalizada y de la formación para atender las necesidades de cualificación y recualificación de la población activa y dar respuesta, así, a las demandas del tejido productivo y las necesidades de adaptación digital.
En total, se contó con más de 6.600 millones de euros para políticas activas, de los que 920 eran recursos del Plan dirigidos a financiar actuaciones concretas y a los que se sumaban los recursos propios que las comunidades autónomas y las entidades locales destinan a la promoción del empleo en sus territorios.
En el bienio 2020-2021 ha tenido lugar un proceso de diálogo entre los interlocutores sociales y el
Gobierno que ha permitido la firma de catorce acuerdos sociales, algunos de ellos dirigidos a afrontar las consecuencias de la emergencia provocada por la crisis sanitaria y otros a acometer reformas de alcance estructural, fundamentalmente en dos ámbitos: el mercado de trabajo y el sistema de pensiones.
A lo largo de 2021 se alcanzaron ocho acuerdos tripartitos entre el Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de ámbito estatal: los tres últimos Acuerdos sociales en defensa del empleo (IV, V y VI ASDE); el Acuerdo sobre los derechos laborales de personas dedicadas al reparto a través de plataformas digitales (Riders); el Acuerdo para la plena implementación del Sistema de Atención a la Dependencia; el Acuerdo sobre el primer bloque de medidas para el equilibrio del sistema, el refuerzo de su sostenibilidad y la garantía del poder adquisitivo de los pensionistas en cumplimiento del Pacto de Toledo y del PRTR; el Acuerdo de medidas para la reforma laboral; y el Acuerdo Tripartito sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales.
Las principales normas laborales aprobadas en 2021 siguieron los ejes fundamentales del diálogo social tripartito, con una parte de ellas directamente derivadas del mismo. Así, los tres Reales Decretos-ley
destinados a garantizar la continuidad del marco de apoyo al empleo puesto en marcha en 2020 (Reales Decretos-ley 2/2021, de 26 de enero, 11/2021, de 27 de mayo, y 18/2021, de 28 de septiembre), y la reforma laboral acordada (Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre). Ade-
más se aprobaron dos leyes reguladoras de sendas formas de organización del trabajo en el contexto de la digitalización, procedentes así mismo de dos acuerdos sociales tripartitos: Ley 10/2021, de 9 de julio, de Trabajo a distancia, y Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto refundido de la LET para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales (véase recuadro 2 sobre digitalización y trabajo). Por otra parte, España ratificó la Carta Social Europea Revisada de 1996.
Continuó desarrollándose en 2021 la actividad de los órganos administrativos de control y la de los órganos de aplicación jurisdiccional de la normativa laboral. En el primero de esos ámbitos se aprobó el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023. En el segundo, la actividad de los órganos jurisdiccionales sociales experimentó un impulso después de verse alterada durante 2020 por la crisis sanitaria, incrementándose el volumen de asuntos judiciales resueltos (el 41,7 por 100).
En 2021, con datos provisionales de registro, había 3.367 convenios colectivos con efectos económicos conocidos y registrados para ese año, que afectaban a 937.160 empresas y a 8.745.986 personas trabaja-
doras. Con respecto a 2019, año completo, se había cerrado el 60,8 por 100 de la negociación colectiva para el 76,7 por 100 de las personas trabajadoras potencialmente cubiertas, un volumen de negociación completada similar a la correspondiente a 2020 y algo menor que en los años anteriores en un contexto no comple-
tamente normalizado.
Los salarios pactados en el conjunto de convenios volvieron a aumentar en 2021, recogiendo una variación salarial revisada del 1,70 por 100, un nivel similar a 2020 y 2018, e inferior al de 2019. Se trata, con todo, de cifras provisionales y globales que irán variando y que esconden diferencias por grandes ámbitos funcionales, por ámbitos temporales de vigencia, y por tramos salariales. La negociación salarial se desenvolvió, de nuevo, en un contexto complejo, entre otros motivos por la tendencia alcista de la inflación, que determinó que los salarios pactados reales, descontando el IPC medio del año, perdiesen poder adquisitivo (–1,38 por 100).
Las 606 huelgas realizadas en 2021 supusieron un 24 por 100 más que en 2020, pero un 16 por 100 menos que en la media del periodo 2015-2019. En ellas participaron 199.026 personas trabajadoras, un
número algo mayor que en 2020 pero, de nuevo, un 15,8 por 100 menos que la media del quinquenio 2015-2019. El impacto económico de estos conflictos fue relativamente limitado, 422.815 jornadas no trabajadas, inferior incluso a 2020 y más reducido aún respecto a la media de los cinco años anteriores (–34,9 por 100).
En 2021, el número de expedientes tramitados por el SIMA-FSP fue de 467, un aumento del 9,4 por
100 respecto a 2020, acercándose así a la media de los cinco años anteriores. Por su parte, la conflictividad tramitada ante órganos de resolución autónoma de ámbito autonómico también aumentó con respecto al año anterior (un 20,9 por 100), alcanzando en 2021 los 4.496 conflictos colectivos.
En el mes de junio se aprobó el nuevo Marco Estratégico de la Unión Europea 2021-2027, con tres prioridades clave: anticiparse y gestionar el cambio en el nuevo mundo del trabajo, mejorar la prevención
de los accidentes y las enfermedades relacionadas con el trabajo, y aumentar la preparación para posibles futuras amenazas a la salud. Derivado de uno de los ejes del Marco Europeo, en el plano interno se aprobó un Plan de choque contra los accidentes de trabajo mortales.
En un contexto de incremento de la movilidad y de la actividad productiva, se observó en 2021 un repunte del número de accidentes de trabajo con y sin baja. Asimismo, aumentó el índice de incidencia total con respecto a 2020 hasta 2.671 accidentes por 100.000 personas trabajadoras. Entre la población asalariada, dicho índice repuntó hasta 3.023,9 accidentes por 100.000, un 13,3 por 100 más, mientras que se redujo el relativo a los accidentes de trabajo mortales (–6,25 por 100). Asimismo, las enfermedades profesionales aumentaron en 2021, un 11,47 por 100 más.
Habrá que esperar para ver cómo se despliegan los efectos de medio plazo de la reforma, pero hay ya datos indicativos del inicio de un cambio real en la cultura de contratación. El primer trimestre de 2022 arroja un descenso en la EPA de 1,2 puntos en la tasa de temporalidad. Los contratos indefinidos, por su parte, crecieron extraordinariamente entre enero y abril de este último año, y se redujeron los temporales, llevando el peso de los primeros a cerca ya de la mitad del total registrado en abril.
Las políticas activas de empleo (PAE) recobraron cierto protagonismo en 2021 en un contexto de recuperación para atender las graves consecuencias que había dejado la pandemia en el mercado de trabajo. No obstante, era un año atípico en el que, en el marco del PRTR, se planteaba el reto de
articular un nuevo esquema ágil y eficiente de PAE, capaz de au
mentar su eficacia y eficiencia y responder a los desafíosactuales y futuros, anticipando las necesidades del tejido productivo y orientando adecuadamente las decisiones de la población trabajadora y empresas.
Todo ello se plasmó en la reforma de las PAE contemplada en el PRTR (reforma 5 «modernización de las PAE» del componente 23), que incluía instrumentos de planificación como la nueva Estrategia de empleo o el Plan Garantía Juvenil Plus y modificaciones normativas de la Ley de Empleo y de la Ley de Formación profesional para el empleo, así como regulación de los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo o del Programa de fomento del empleo agrario. También se contemplaba la digitalización del SEPE para reforzar su eficiencia, en el marco de la digitalización de las administraciones públicas.
Está por ver si este nuevo esquema, pendiente de completar con la reforma de la Ley de Empleo, logra desplegar todo su potencial, aunque su valoración ex ante, sobre su adecuación a los retos y objetivos a afrontar, no indica un cambio sustancial que contribuya a superar las debilidades tradicionales de las PAE. En todo caso, es necesario contar con un sistema de evaluación planificado, sistemático y exhaustivo que permita valorar en el tiempo el impacto de las medidas aplicadas.
El PRTR permitió también contar con un aporte adicional para políticas activas en 2021, que se añadió al presupuesto inicialmente establecido y que, en todo caso, seguía siendo insuficiente para atender al elevado volumen de población desempleada. La experiencia comparada con otros países señalaba además la necesidad de reequilibrar la estructura del gasto, dando mayor peso a las medidas de activación y reforzando su vinculación con las medidas de protección. Era imprescindible, por tanto, el refuerzo de la
orientación personalizada y de la formación para atender las necesidades de cualificación y recualificación de la población activa y dar respuesta, así, a las demandas del tejido productivo y las necesidades de adaptación digital.
En total, se contó con más de 6.600 millones de euros para políticas activas, de los que 920 eran recursos del Plan dirigidos a financiar actuaciones concretas y a los que se sumaban los recursos propios que las comunidades autónomas y las entidades locales destinan a la promoción del empleo en sus territorios.
En el bienio 2020-2021 ha tenido lugar un proceso de diálogo entre los interlocutores sociales y el
Gobierno que ha permitido la firma de catorce acuerdos sociales, algunos de ellos dirigidos a afrontar las consecuencias de la emergencia provocada por la crisis sanitaria y otros a acometer reformas de alcance estructural, fundamentalmente en dos ámbitos: el
mercado de trabajo y el sistema de pensiones.
A lo largo de 2021 se alcanzaron ocho acuerdos tripartitos entre el Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de ámbito estatal: los tres últimos Acuerdos sociales en defensa del empleo (IV, V y VI ASDE); el Acuerdo sobre los derechos laborales de personas dedicadas al reparto a través de plataformas digitales (Riders); el Acuerdo para la plena implementación del Sistema de Atención a la Dependencia; el Acuerdo sobre el primer bloque de medidas para el equilibrio del sistema, el refuerzo de su sostenibilidad y la garantía del poder adquisitivo de los pensionistas en cumplimiento del Pacto de Toledo y del PRTR; el Acuerdo de medidas para la reforma laboral; y el Acuerdo Tripartito sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales.
Las principales normas laborales aprobadas en 2021 siguieron los ejes fundamentales del diálogo social tripartito, con una parte de ellas directamente derivadas del mismo. Así, los tres Reales Decretos-ley destinados a garantizar la continuidad del marco de apoyo al empleo puesto en marcha en 2020 (Reales Decretos-ley 2/2021, de 26 de enero, 11/2021, de 27 de mayo, y 18/2021, de 28 de septiembre), y la reforma laboral acordada (Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre). Además se aprobaron dos leyes reguladoras de sendas formas de organización del trabajo en el contexto de la digitalización, procedentes así mismo de dos acuerdos sociales tripartitos: Ley 10/2021, de 9 de julio, de Trabajo a distancia, y Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto refundido de la LET para garantizar los
derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales (véase recuadro 2 sobre digitalización y trabajo). Por otra parte, España ratificó la Carta Social Europea Revisada de 1996.
Continuó desarrollándose en 2021 la actividad de los órganos administrativos de control y la de los órganos de aplicación jurisdiccional de la normativa laboral. En el primero de esos ámbitos se aprobó el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023. En el segundo, la actividad de los órganos jurisdiccionales sociales experimentó un impulso después de verse alterada durante 2020 por la crisis sanitaria, incrementándose el volumen de asuntos judiciales resueltos (el 41,7 por 100).
En 2021, con datos provisionales de registro, había 3.367 convenios colectivos con efectos económicos conocidos y registrados para ese año, que afectaban a 937.160 empresas y a 8.745.986 personas trabajadoras. Con respecto a 2019, año completo, se había cerrado el 60,8 por 100 de la negociación colectiva
para el 76,7 por 100 de las personas trabajadoras potencialmente cubiertas, un volumen de negociación completada similar a la correspondiente a 2020 y algo menor que en los años anteriores en un contexto no completamente normalizado.
Los salarios pactados en el conjunto de convenios volvieron a aumentar en 2021, recogiendo una variación salarial revisada del 1,70 por 100, un nivel similar a 2020 y 2018, e inferior al de 2019. Se trata, con todo, de cifras provisionales y globales que irán variando y que esconden diferencias por grandes ámbitos funcionales, por ámbitos temporales de vigencia, y por tramos salariales. La negociación salarial se desenvolvió, de nuevo, en un contexto complejo, entre otros motivos por la tendencia alcista de la inflación, que determinó que los salarios pactados reales, descontando el IPC medio del año, perdiesen poder adquisitivo (–1,38 por 100).
Las 606 huelgas realizadas en 2021 supusieron un 24 por 100 más que en 2020, pero un 16 por 100 menos que en la media del periodo 2015-2019. En ellas participaron 199.026 personas trabajadoras, un número algo mayor que en 2020 pero, de nuevo, un 15,8 por 100 menos que la media del quinquenio
2015-2019. El impacto económico de estos conflictos fue relativamente limitado, 422.815 jornadas no trabajadas, inferior incluso a 2020 y más reducido aún respecto a la media de los cinco años anteriores (–34,9 por 100).
En 2021, el número de expedientes tramitados por el SIMA-FSP fue de 467, un aumento del 9,4 por
100 respecto a 2020, acercándose así a la media de los cinco años anteriores. Por su parte, la conflictividad tramitada ante órganos de resolución autónoma de ámbito autonómico también aumentó con respecto al año anterior (un 20,9 por 100), alcanzando en 2021 los 4.496 conflictos colectivos.
En el mes de junio se aprobó el nuevo Marco Estratégico de la Unión Europea 2021-2027, con tres prioridades clave: anticiparse y gestionar el cambio en el nuevo mundo del trabajo, mejorar la prevención
de los accidentes y las enfermedades relacionadas con el trabajo, y aumentar la preparación para posibles futuras amenazas a la salud. Derivado de uno de los ejes del Marco Europeo, en el plano interno se aprobó un Plan de choque contra los accidentes de trabajo mortales.
En un contexto de incremento de la movilidad y de la actividad productiva, se observó en 2021 un repunte del número de accidentes de trabajo con y sin baja. Asimismo, aumentó el índice de incidencia total con respecto a 2020 hasta 2.671 accidentes por 100.000 personas trabajadoras. Entre la población asalariada, dicho índice repuntó hasta 3.023,9 accidentes por 100.000, un 13,3 por 100 más, mientras que se redujo el relativo a los accidentes de trabajo mortales (–6,25 por 100). Asimismo, las enfermedades profesionales aumentaron en 2021, un 11,47 por 100 más.