No en vano, la evolución demográfica constituye uno de los factores que más influyen en los sistemas de pensiones, junto con las características y dinámicas del mercado de trabajo, el propio alcance y cobertura del sistema así como el curso de las reformas que garanticen el equilibrio entre sostenibilidad y suficiencia. La hoja de ruta del Pacto de Toledo y el diálogo social en Seguridad Social y
protección social constituyen los principales cauces sobre los que discurren en España los avances en este terreno, sobre la base del consenso. En un contexto de aumento de las personas que acceden a la jubilación y del escenario de consolidación fiscal previsto para los próximos años, serán necesarios mayores esfuerzospara garantizar el principio de suficiencia de las pensiones. De ahí la importancia del refuerzo de la sostenibilidad, que se viene procurando a lo largo de las sucesivas reformas de que viene siendo objeto el sistema de pensiones desde mediados de los años ochenta hasta las más recientes abordadas en 2021 en el marco del diálogo social.
Uno de los principales retos, en todo caso, será afrontar el incremento del gasto público asociado al envejecimiento y la longevidad considerado en su conjunto, incluyendo no solo las pensiones sino también otras partidas como la sanidad, la atención a la dependencia o el gasto educativo. Según las estimaciones de la Comisión Europea188 el gasto pasaría de representar el 22,3 por 100 del PIB en 2019 al 24,5 por 100 en 2050 para empezar a reducirse a partir de ese año hasta alcanzar en 2070 los niveles iniciales del periodo (gráfico R-20).
En este contexto para afianzar las bases de la sostenibilidad de la protección social y su adecuación a los requerimientos derivados del cambio en la distribución por edades de la población se acrecienta como reto fundamental la necesidad de reforzar la financiación sostenible del sistema por lo que, junto a la adopción de las reformas estructurales —entre otras, la tributaria—, será necesario aumentar la ocupación, la empleabilidad y la productividad, así como aprovechar la digitalización y los cambios tecnológicos de modo que se traduzcan en más y mejores empleos que contribuyan a reforzar los sistemas de protección social.
188. Comisión Europea, The 2021 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2019-2070). En el caso de las pensiones, la proyección contempla el desarrollo completo de la reforma de 2011 hasta 2027, incluyendo el IRP desde 2022 y el factor de sostenibilidad desde 2023, es decir, sin incorporar todavía el efecto de la reforma del sistema de pensiones de 2022.
No en vano, la evolución demográfica constituye uno de los factores que más influyen en los sistemas de pensiones, junto con las características y dinámicas del mercado de trabajo, el propio alcance y cobertura del sistema así como el curso de las reformas que garanticen el equilibrio entre sostenibilidad y suficiencia. La hoja de ruta del Pacto de Toledo y el diálogo social en Seguridad Social y protección social constituyen los principales cauces sobre los que discurren en España los avances en este terreno, sobre la base del consenso. En un contexto de aumento de las personas que acceden a la jubilación y del escenario de consolidación fiscal previsto para los próximos años, serán necesarios mayores esfuerzospara garantizar el principio de suficiencia de las pensiones. De ahí la importancia del refuerzo de la sostenibilidad, que se viene procurando a lo largo de las sucesivas reformas de que viene siendo objeto el sistema de pensiones desde mediados de los años ochenta hasta las más recientes abordadas en 2021 en el marco del diálogo social.
Uno de los principales retos, en todo caso, será afrontar el incremento del gasto público asociado al envejecimiento y la longevidad considerado en su conjunto, incluyendo no solo las pensiones sino también otras partidas como la sanidad, la atención a la dependencia o el gasto educativo. Según las estimaciones de la Comisión Europea188 el gasto pasaría de representar el 22,3 por 100 del PIB en 2019 al 24,5 por 100 en 2050 para empezar a reducirse a partir de ese año hasta alcanzar en 2070 los niveles iniciales del periodo (gráfico R-20).
En este contexto para afianzar las bases de la sostenibilidad de la protección social y su adecuación a los requerimientos derivados del cambio en la distribución por edades de la población se acrecienta como reto fundamental la necesidad de reforzar la financiación sostenible del sistema por lo que, junto a la adopción de las reformas estructurales —entre otras, la tributaria—, será necesario aumentar la ocupación, la empleabilidad y la productividad, así como aprovechar la digitalización y los cambios tecnológicos de modo que se traduzcan en más y mejores empleos que contribuyan a reforzar los sistemas de protección social.
