Este crecimiento de la demanda de vivienda por parte de la población solvente, coexiste con la dificultad que el coste de la vivienda sigue suponiendo para la emancipación residencial de los jóvenes. Como se verá en el apartado sobre el reto demográfico, la proporción de jóvenes que reside con sus padres en España es una de las más altas de la UE-27. A pesar del descenso en 2021, el coste de acceso al alquiler tanto de un hogar como de un individuo joven es muy elevado. Sin embargo, el coste de acceso y el ratio de solvencia a una vivienda en propiedad es excesivamente elevado en el caso de un individuo joven, pero no así si se trata de un hogar joven (cuadro 2).

El alquiler constituye actualmente la principal vía de acceso a la vivienda por parte de los hogares jóvenes por lo que, como se verá posteriormente, el nuevo Plan de Vivienda 2022-20255, establece medidas específicas para favorecer el acceso al alquiler de este colectivo y facilitar la emancipación, tanto desde el punto de vista de la demanda (ayudas directas a jóvenes), como desde la oferta, incrementando las viviendas sociales a precios asequibles destinadas a hogares jóvenes. Además, como una de las principales iniciativas en este ámbito en 2021 compatible con las medidas del nuevo Plan Estatal, se ha establecido el Bono Alquiler Joven, que pretende contribuir al pago de la renta arrendaticia o precio de cesión en uso, con el fin de facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes y su emancipación. Como se verá a continuación, los jóvenes son uno de los grupos con mayor sobrecarga económica por los gastos de alojamiento.

En el año 2020 la vivienda absorbía la mayor parte del gasto familiar en España, implicando el 31,2 por 100 del desembolso del año (cuadro 3). Además, a pesar del descenso producido en los últimos años, en 2020 un 8,2 por 100 de la población destinaba el 40 por 100 o más de su renta disponible a satisfacer los costes de la vivienda, sobrepasando el umbral del 33 por 100. Tras un importante aumento respecto al 2019, en el año 2020 un 12,2 por 100 de las personas y un 10,7 por 100 de los hogares tuvieron retrasos en el pago de los gastos relacionados con la vivienda. Finalmente, aunque la mayoría de las familias españolas consiguió en 2020 hacer frente a estos pagos del alquiler o la hipoteca, un 6,9 por 100 no pudo, lo que supone un importante aumento respecto a 2019 (3,8 por 100).

La proporción de población que tiene sobrecarga de gastos de la vivienda en España es similar a la de la UE-27, si bien esta tasa de esfuerzo se ve ampliamente superada en determinados territorios y ciudades, tanto por la variabilidad de los ingresos medios por hogar como de los precios de la vivienda. Además, este problema, aunque ha disminuido en el último año, es más frecuente (alrededor del 30 por 100) entre la población que reside en alquiler y en los grupos con menor solvencia económica (primer quintil de ingresos, menos de 60 por 100 de ingresos). Por otro lado, en el año 2020, las personas que han tenido retrasos en los pagos relacionados con la vivienda son bastante más frecuentes y han crecido más en algunos grupos especialmente vulnerables: personas jóvenes, con escasos ingresos, inmigrantes no comunitarios, los hogares monoparentales y otros hogares con niños dependientes (cuadro 3).

Finalmente, hay que señalar que en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania se ha aprobado6 una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda dentro del periodo comprendido entre la entrada en vigor de esta norma y el 30 de junio de 2022, de forma que el incremento de la renta será el que resulte del nuevo pacto entre las partes, sin que pueda exceder del resultado de aplicar la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad a fecha de dicha actualización. En caso de ausencia de pacto entre las partes, el incremento de la renta también quedará sujeto a esta misma limitación.

En muchas ocasiones, esta mayor vulnerabilidad puede derivar en desahucios por impago. Algunos indicadores muestran que los hogares que residen en alquiler siguen siendo especialmente vulnerables a la pérdida de la vivienda. Así, según la estadística del Consejo General del Poder Judicial7, en 2021 se han producido más del triple de lanzamientos a consecuencia de la LAU que por ejecuciones hipotecarias. La paralización de los juzgados durante el primer estado de alarma en el año 2020 puede distorsionar en cierta medida la comparación de los lanzamientos dados con los de años anteriores.

Sin embargo, el descenso de los lanzamientos en el año 2021 respecto a 2019 es atribuible a la prórroga de las medidas de protección del inquilino y en materia de arrendamiento, y de las medidas de protección contra los deudores hipotecarios especialmente vulnerables, que con carácter temporal se pusieron en marcha durante 2020 para ayudar a mantener la vivienda a estos colectivos durante la pandemia (gráfico 5).

En todo caso, el hecho de que se sigan produciendo desahucios, la mayor parte de ellos sin el ofrecimiento de una alternativa habitacional —dado el exiguo parque público de viviendas—, pone de relieve la necesidad de implementar políticas públicas de vivienda, máxime si dejan de estar en vigor estas medidas excepcionales de protección.

Según un informe de la Fundación FOESSA8, la exclusión residencial en España ha aumentado entre los años 2018 y 2021 llegando a afectar a uno de cada cinco hogares (20,6 por 100)9. Los factores de exclusión que han aumentado de forma más significativa se refieren al porcentaje de hogares en situaciones de insalubridad y hacinamiento grave, y al porcentaje de hogares que han sufrido un elevado estrés económico asociado a los costes de vivienda medidos como porcentaje de sus ingresos, hasta suponer en 2021 casi el 15 por 100 del total. Según este mismo informe, el perfil socioeconómico de los hogares más afectados por la exclusión residencial son, entre otros, aquellos cuyo sustentador principal es menor de 45 años, tiene estudios inferiores a bachillerato, busca empleo, tiene parados y/o menores de 25 años en el hogar, compuestos por familias de cinco o más miembros, donde conviven varios núcleos familiares, viven en barrios degradados o marginales o cuyo sustentador principal es extranjero o mujer.

Por otro lado, el hacinamiento aumentó entre las personas jóvenes (del 11,7 al 13,5 por 100 entre las de 20 a 24 años y del 8,9 al 10,6 entre las de 25 a 29 años), a pesar de no alcanzar los niveles de la UE-27 (29,5 y 24, 3 por 100 respectivamente)10.

El exiguo parque de vivienda social existente en España en 2019, que según la estimación más reciente, realizada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana11, supone un 1,5 por 100 de los 19,4 millones de viviendas principales estimadas en 201912 y el 1,1 por 100 de los 25,8 millones de viviendas que componen el parque total, junto a las necesidades residenciales antes expuestas denota la necesidad de incrementar el parque de vivienda social, con el fin de contribuir a paliar los problemas de acceso a la vivienda de parte de la población, y también los problemas de mantenimiento y habitabilidad de las mismas. El incremento del parque de vivienda social se puede conseguir tanto por la vía de la construcción, como de la rehabilitación, sin embargo la escasa promoción de vivienda social y rehabilitación protegida en los últimos años no parece que vaya a solucionar a corto plazo la escasez de un parque adecuado de vivienda social (gráfico 6). De hecho, aunque los planes estatales de 2013 y de 2018 incorporaron en su formulación el fomento del alquiler, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbana, los datos de calificaciones de viviendas protegidas junto a la baja dotación presupuestaria13 de los mismos, cuestionan su alcance real. La oferta de vivienda protegida sobre el total de viviendas iniciadas en el año 2021 (10,7 por 100) ha disminuido (13,2 en el año 2020)14.

Las principales medidas para abordar las necesidades de una vivienda adecuada desarrolladas en 2021, se han centrado en el mantenimiento de las ayudas a las personas más vulnerables aprobadas en 2020 y el impulso del alquiler en el nuevo plan de vivienda.

La pandemia ha enfatizado la importancia de disponer de un parque suficiente de vivienda de alquiler social para abordar los problemas de exclusión residencial y avanzar en cuanto a garantía del derecho a una vivienda digna y adecuada. Incrementar el parque de vivienda social, puede contribuir a paliar el problema de acceso a la vivienda, especialmente de los jóvenes y de las personas con menos recursos. En la misma línea que el Plan 2018-2021, y de las modificaciones realizadas en el año 202015, el nuevo Plan de Vivienda 2022-202516 se centra en el fomento del alquiler a través de programas de ayudas para el acceso a una vivienda digna, programas de incremento de oferta de vivienda en alquiler, y del nuevo programa seguro de protección de la renta arrendaticia. La creación de un parque de vivienda en alquiler social es un proceso a largo plazo, por lo que habrá que esperar a su ejecución para ver los resultados del mismo.

5. Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025.

6. Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania (art. 46).

7. La estadística del CGPJ no diferencia entre viviendas principales, secundarias o locales y principalmente corresponden a alquileres impagados, pero también a otras causas (laudos arbitrales, procesos de familia, etc.).

8. Fundación FOESSA,Evolución de la cohesión social y consecuencias del COVID-19 en España, colección Estudios 50, capítulo 18: «Evolución de las necesidades de vivienda y de la exclusión residencial. Impacto y limitaciones de las medidas de emergencia durante la pandemia», Luis Ayala Cañón, Carolina Navarro Ruiz y Sonia Olea Ferreras.

9. Elaboración propia a partir de EINSFOESSA 2018, 2021.

11. Estimación realizada a partir de los datos de la Encuesta sobre Vivienda Social 2019, realizada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a las comunidades autónomas, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a otras entidades locales. Resultados publicados en: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Observatorio de Vivienda y Suelo. Boletín Especial Vivienda Social 2020, septiembre de 2020.

12. INE, Encuesta Continua de Hogares (datos referidos a 2019, valor medio del periodo de referencia).

13. Walliser, A. y Uceda, P., «La vivienda en España: dinámicas de cambio en el modelo residencial», en Informe España 2020, Cátedra José María Martín Patino de la Cultura del Encuentro, 2020.

14. Banco de España, Indicadores del Mercado de la Vivienda.

15. Véase Memoria CES 2020 (capítulo III), y Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

16. Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.