El gasto en políticas activas: hacia un gasto más eficaz y eficiente
Según el presupuesto del SEPE, los recursos destinados en 2021 a la política de empleo en España fueron 34.192 millones de euros, casi un 3 por 100 del PIB16; el 80 por 100 de este importe fue a prestaciones por desempleo, por efecto del todavía excepcional alcance de su cobertura, ampliada dentro del conjunto de medidas adoptadas ante la pandemia17.
Por lo que respecta a las PAE (cuadro A-12), en 2021 se produjo un importante aumento del gasto respecto al año anterior (un 33 por 100), resultando algo más de 6.600 millones de euros para políticas activas, de los que 920 millones procedían del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Aunque este incremento suponía recuperar gradualmente los niveles de gasto previos a la crisis financiera, seguía siendo insuficiente para atender adecuadamente las dificultades de inserción del conjunto de la población desempleada.
En todo caso, cabe recordar que además de los recursos recogidos en el presupuesto del SEPE, tanto las comunidades autónomas como las entidades locales destinan parte de sus recursos propios a programas de promoción del empleo en su territorio. A este respecto, la AIReF ya señaló en la evaluación de las PAE que realizó en 2019 que resultaba complejo conocer la totalidad de recursos disponibles para políticas activas, al intervenir una pluralidad de agentes que actúan simultáneamente como financiadores y como gestores y recomendaba contar con un mapa centralizado de financiación, del que todavía no se dispone, que recogiese la totalidad de recursos existentes para PAE18.
Del total del presupuesto de las PAE, casi la mitad se destinó a financiar oportunidades de empleo, entre las que seguían teniendo un peso elevado las bonificaciones a la contratación (1.797 millones de euros). Si bien la evaluación realizada por la AIReF en 202019 concluyó que los incentivos debían ser un instrumento para mejorar la empleabilidad de determinados colectivos, pero no utilizarse con carácter generalizado ni sustituir a las reformas necesarias para combatir la elevada temporalidad y el alto nivel de desempleo que caracterizan al mercado laboral español, el retraso en la reforma de las PAE, que incluye la revisión de los incentivos y bonificaciones a la contratación laboral recogida en el PRTR, ha hecho que no se vean aún medidas que impliquen un cambio drástico de orientación y, desde luego, tampoco hay todavía datos que lo avalen.
Otro 30 por 100 del presupuesto de PAE se dedicó a acciones de formación, mayoritariamente orientadas a la población ocupada y solo una cuarta parte a la población desempleada. Por el contrario, los recursos para orientación fueron, en la línea de los últimos años, escasos (menos del 10 por 100), absolutamente insuficientes para realizar una atención personalizada eficaz.
Por otro lado, gran parte de la gestión de las políticas activas está transferida a las comunidades autónomas, de manera que la responsabilidad en la utilización de un volumen importante de los recursos corresponde a estas. Sin embargo, es difícil allegar información suficiente sobre la manera en que se gestionaron los 2.670 millones de euros distribuidos a las comunidades autónomas para su gestión directa20, a los que hay que añadir los posibles fondos propios que ellas aporten de manera adicional.
De ahí que el dato sobre el grado de ejecución del presupuesto de 2021 según el avance de liquidación (que habla de casi un 90 por 100 ejecutado) no sea indicativo de la realización efectiva de actuaciones, porque lo que refleja, sobre todo, es que se han realizado las transferencias desde el SEPE a las comunidades autónomas y a otros organismos con competencias en la gestión de las PAE. Cabe destacar, en todo caso, la menor ejecución en la formación (60 por 100), que apunta a las dificultades todavía existentes en 2021 para desarrollar actividades formativas, tanto para impartir formación presencial como por la necesidad de adoptar cambios y reorientarse hacia una modalidad online.
La necesidad de mejorar la eficacia y eficiencia de las PAE supone atender al gasto en perspectiva comparada con la Unión Europea en la doble vertiente de en cuánto se gasta y en qué se gasta (recuadro 1).
16. Respecto al presupuesto aprobado inicialmente por valor de 31.121 millones de euros, se produjeron algunas modificaciones presupuestarias, principalmente, para atender las insuficiencias en el pago de prestaciones por desempleo (2.800 millones de euros), pero también en el ámbito de las políticas activas para bonificaciones a la contratación (142 millones de euros) y un crédito de 63 millones de euros para un Plan extraordinario de empleo y formación en la isla de La Palma.
19. AIReF, Evaluación del gasto público 2019. Estudio Incentivos a la contratación, 2020.
20. Tres cuartas partes de las transferencias del Estado fueron para actuaciones incluidas en el Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) 2021 y el resto para las inversiones contempladas en el PRTR. Véanse Órdenes TES/527/2021, de 26 de mayo y TES/897/2021 de 19 de agosto, de distribución de fondos a las comunidades autónomas para gestión en el marco de sus competencias de medidas contempladas, respectivamente, en el PAPE 2021 y en el del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
El gasto en políticas activas: hacia un gasto más eficaz y eficiente
Según el presupuesto del SEPE, los recursos destinados en 2021 a la política de empleo en España fueron 34.192 millones de euros, casi un 3 por 100 del PIB16; el 80 por 100 de este importe fue a prestaciones por desempleo, por efecto del todavía excepcional alcance de su cobertura, ampliada dentro del conjunto de medidas adoptadas ante la pandemia17.
Por lo que respecta a las PAE (cuadro A-12), en 2021 se produjo un importante aumento del gasto respecto al año anterior (un 33 por 100), resultando algo más de 6.600 millones de euros para políticas activas, de los que 920 millones procedían del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Aunque este incremento suponía recuperar gradualmente los niveles de gasto previos a la crisis financiera, seguía siendo insuficiente para atender adecuadamente las dificultades de inserción del conjunto de la población desempleada.
En todo caso, cabe recordar que además de los recursos recogidos en el presupuesto del SEPE, tanto las comunidades autónomas como las entidades locales destinan parte de sus recursos propios a programas de promoción del empleo en su territorio. A este respecto, la AIReF ya señaló en la evaluación de las PAE que realizó en 2019 que resultaba complejo conocer la totalidad de recursos disponibles para políticas activas, al intervenir una pluralidad de agentes que actúan simultáneamente como financiadores y como gestores y recomendaba contar con un mapa centralizado de financiación, del que todavía no se dispone, que recogiese la totalidad de recursos existentes para PAE18.
Del total del presupuesto de las PAE, casi la mitad se destinó a financiar oportunidades de empleo, entre las que seguían teniendo un peso elevado las bonificaciones a la contratación (1.797 millones de euros). Si bien la evaluación realizada por la AIReF en 202019 concluyó que los incentivos debían ser un instrumento para mejorar la empleabilidad de determinados colectivos, pero no utilizarse con carácter generalizado ni sustituir a las reformas necesarias para combatir la elevada temporalidad y el alto nivel de desempleo que caracterizan al mercado laboral español, el retraso en la reforma de las PAE, que incluye la revisión de los incentivos y bonificaciones a la contratación laboral recogida en el PRTR, ha hecho que no se vean aún medidas que impliquen un cambio drástico de orientación y, desde luego, tampoco hay todavía datos que lo avalen.
Otro 30 por 100 del presupuesto de PAE se dedicó a acciones de formación, mayoritariamente orientadas a la población ocupada y solo una cuarta parte a la población desempleada. Por el contrario, los recursos para orientación fueron, en la línea de los últimos años, escasos (menos del 10 por 100), absolutamente insuficientes para realizar una atención personalizada eficaz.
Por otro lado, gran parte de la gestión de las políticas activas está transferida a las comunidades autónomas, de manera que la responsabilidad en la utilización de un volumen importante de los recursos corresponde a estas. Sin embargo, es difícil allegar información suficiente sobre la manera en que se gestionaron los 2.670 millones de euros distribuidos a las comunidades autónomas para su gestión directa20, a los que hay que añadir los posibles fondos propios que ellas aporten de manera adicional.
De ahí que el dato sobre el grado de ejecución del presupuesto de 2021 según el avance de liquidación (que habla de casi un 90 por 100 ejecutado) no sea indicativo de la realización efectiva de actuaciones, porque lo que refleja, sobre todo, es que se han realizado las transferencias desde el SEPE a las comunidades autónomas y a otros organismos con competencias en la gestión de las PAE. Cabe destacar, en todo caso, la menor ejecución en la formación (60 por 100), que apunta a las dificultades todavía existentes en 2021 para desarrollar actividades formativas, tanto para impartir formación presencial como por la necesidad de adoptar cambios y reorientarse hacia una modalidad online.
La necesidad de mejorar la eficacia y eficiencia de las PAE supone atender al gasto en perspectiva comparada con la Unión Europea en la doble vertiente de en cuánto se gasta y en qué se gasta (recuadro 1).
19. AIReF, Evaluación del gasto público 2019. Estudio Incentivos a la contratación, 2020.
20. Tres cuartas partes de las transferencias del Estado fueron para actuaciones incluidas en el Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) 2021 y el resto para las inversiones contempladas en el PRTR. Véanse Órdenes TES/527/2021, de 26 de mayo y TES/897/2021 de 19 de agosto, de distribución de fondos a las comunidades autónomas para gestión en el marco de sus competencias de medidas contempladas, respectivamente, en el PAPE 2021 y en el del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
