El mercado de trabajo en España en 2021
En España la recuperación del empleo se completó ya en el último tramo de 2021. Los datos totales, tanto en la EPA como en la afiliación a la Seguridad Social, estaban ya en ese momento por encima del nivel alcanzado en el momento inmediatamente anterior a la pandemia, con cifras crecientes, en los primeros meses de 2022, en la afiliación, que
hablan de una tendencia más positiva. La tasa de empleo, expresada como proporción de personas ocupadas sobre el total de 16 a 64 años, se situó en un 65,1 por 100 en el cuarto trimestre, cuatro décimas más que en 2019. Únicamente el número de horas trabajadas fue todavía inferior al de 2019, por el mayor volumen de empleo que no trabajó, sobre todo, a su vez (recuadro A-1), como efecto de las situaciones de paro parcial por razones técnicas y económicas, regulación de empleo, y de enfermedad. En esta última, además de la elevación de casos al final del año con la variante ómicron, tuvieron impacto las normas sanitarias sobre control de la pandemia, que implicaron un mayor número de bajas preventivas en cada momento.
Tras estos buenos resultados se encuentra el efecto protector que tuvieron, a lo largo de 2020 y en 2021, tanto los ERTE como las medidas de apoyo a los autónomos y, en general, de soporte de la economía y el empleo2, que ya se relataron en la anterior edición de esta Memoria y que se evidencian al comparar la evolución seguida por el empleo EPA y la afiliación global y la que resulta de descontar en cada momento las personas en ERTE, formalmente con empleo pero sin trabajo efectivo (gráfico 2). Sin la protección de este mecanismo el empleo podría haber caído hasta cuatro veces más entre el final de 2019 y la primavera de 2020: una pérdida de 4,8 millones de empleos, que habría provocado una crisis sistémica con costes inasumibles.
A lo largo de la pandemia, además de con un alto flujo de entradas y salidas diarias de personas en ERTE que mostró la flexibilidad de estos para adaptarse a la situación concreta en cada momento3, el volumen de empleo implicado fue bajando de manera continua, aunque acorde con las circunstancias predominantes; esto indica que el mecanismo permitió recobrar la normalidad en la mayoría de los casos, retomando las empresas y los trabajadores la actividad tras la suspensión.
Así, el balance de los ERTE (gráfico A-1) a la salida de la crisis es positivo. Su peso en la afiliación era, en marzo de 2022 solo un 0,5 por 100 y han ido aumentando los de suspensión parcial, que fueron en ese mismo mes algo más de la mitad. Es cierto que el volumen de personas en ERTE, en torno a 100.000 (incluyendo ERTE-COVID y ETOP), presenta un descenso más lento desde noviembre de 2021, tanto por ese aumento de las suspensiones parciales como porque cada vez más se concentran en un número muy limitado de actividades, algunas donde no ha terminado el impacto de la crisis (en especial sobre su demanda), y otras donde esto probablemente se combina con el impacto de cambios estructurales, con transiciones que requerirán un ajuste a más largo plazo y políticas activas.
A esta idea obedece su rediseño en el último tramo de 2021, tras la consecución de sendos acuerdos sociales tripartitos, para darle carácter permanente, valorando su papel como alternativa a la extinción de empleos. Este rediseño se explicará con detalle más adelante (en la parte II, Acuerdos sociales y reformas, de este capítulo de la Memoria), pero cabe adelantar que, por lo que hace a las políticas activas, se trata de incorporar formación (vinculando la misma a la percepción de exoneraciones o al incremento de su cuantía), para asegurar mejor la viabilidad futura del empleo de las personas afectadas, y de la introducción de nuevas causas, para recoger las circunstancias de crisis generalizada y coyuntural, o cuando haya sectores especialmente afectados por cambio estructural. En marzo de 2022 había cerca de 24.000 personas en ERTE confirmadas en planes de formación, el 41,4 por 100 del total con posibilidad de acceso a ellos.
A pesar de la tendencia positiva de crecimiento que ha impulsado el empleo a niveles ya por encima de la prepandemia, la salida de la crisis está mostrándose desigual y, como ya se dijo antes, no se puede hablar de recuperación completa, por varias circunstancias. Las más importantes son, sin duda, las que se derivan de la mayor vulnerabilidad
tras la crisis pandémica del tejido productivo, especialmente acusada en países como España por su patrón de especialización, que determinó un mayor impacto de la pandemia y que afronta ahora retos también mayores, como se ha explicado en el capítulo I de esta Memoria. Pero también hay circunstancias específicas en el mercado de trabajo español que impiden hablar de recuperación plena de este, y que se repasarán a continuación.
Aunque al final de 2021 el empleo ya era más alto y el paro más bajo, incluso en tasas, la participación laboral era todavía inferior a la de 2019, muy ligeramente en el total de edades pero de manera pronunciada entre los jóvenes. Seguía habiendo, además, un volumen mayor que antes de personas fuera de la búsqueda activa de empleo (gráfico 3 supra), pese a querer trabajar y a estar disponibles para ello: cerca de 200.000 más que en 2019. Y se daba un reparto diferente en la incidencia del desempleo, que mostraba una mejor evolución en edades a partir de 35 años, así como en niveles de estudios superiores (gráfico 3 infra).
Dicho de otro modo, el paro se estaría concentrando en edades jóvenes y en niveles educativos medios y bajos. Y esto generaría una menor participación laboral, una retirada del mercado de trabajo asociada a la situación en cada momento de este. Una parte de este fenómeno, en ocasiones calificado de paro encubierto, es lo que se conoce como desánimo (es decir, quienes no buscan activamente empleo porque no creen que vayan a encontrarlo), pero este sí ha bajado en 2021, y está ya a todas las edades por debajo del que se había recogido antes de la pandemia. El resto se manifiesta de distintas formas, siendo la principal de ellas la mayor dedicación exclusiva a actividades formativas en las edades jóvenes, que es una estrategia para mejorar la empleabilidad, pero también un modo de posponer la entrada en el mercado de trabajo ante una situación que todavía no se ha normalizado por completo.
Tal estrategia4 ya era visible a la salida de la larga y profunda crisis anterior (2008-2012), pero se ha acentuado en el último periodo, como señala la comparación de las tasas de actividad de los jóvenes en España entre 2007, momento previo a esa crisis, y 2019, justo antes de la irrupción de la pandemia: 63 y 50 por 100, respectivamente, tomando cuartos trimestres. A ello se añade que en la fase de recuperación actual ha seguido el mismo curso descendente: en 2021, la tasa de actividad del grupo menor de 30 años fue 1,6 puntos inferior a la de 2019, la mayor diferencia a la baja en la participación laboral por edades. Esto debe ponerse en relación con la presencia de 150.000 personas más, en estas mismas edades, fuera del mercado de trabajo y dedicadas exclusivamente a su formación.
Todo ello probablemente se correlaciona, por otro lado, con una creación neta de empleo que se está generando proporcionalmente más en actividades económicas distintas a las que experimentaron
mayores pérdidas en 2020 (gráfico 4). Y esto tanto por perdurar el efecto de la pandemia en actividades, esencialmente de servicios turísticos, donde aún hay limitaciones de orden sanitario y una apreciable contracción de la demanda internacional, como por proseguir, incluso de modo acelerado a raíz de la crisis, procesos de cambio estructural.
Esto tiene además reflejo en la diferente evolución seguida por los indicadores laborales en las comunidades autónomas: en ocho de ellas se recoge mejoras en el empleo y descensos en el paro respecto a 2019, pero en el resto no hay una recuperación clara; y en alguna de estas últimas es muy notorio el saldo negativo en empleo y en paro, con una posición todavía de crisis (cuadro A-2).
Las actividades todavía muy afectadas por la crisis sanitaria son la hostelería y los servicios personales, que solo habrían recuperado en torno a la mitad del empleo perdido en 2020, y el transporte aéreo y las agencias de viajes, cuyo empleo cayó más aún (cuadro A-3). Entre las que responden a factores de más larga data cabe citar algunas ramas manufactureras: bebidas, textil, confección, cuero y calzado, caucho y plásticos, muebles. estas concentraron la mayor parte del saldo todavía negativo en el empleo industrial. Y su descenso no se puede atribuir a la pandemia, pues se trata de un conjunto que viene perdiendo peso desde tiempo atrás como consecuencia de procesos de cambio estructural5.
En el otro extremo, en 2021 prosiguió el crecimiento del empleo en una serie de actividades económicas que, como ya se explicó en la anterior edición de esta Memoria, se mostraron dinámicas incluso en lo más agudo de la crisis generada por el COVID-19. Destacan aquí, tanto por su tamaño como por su asociación con ocupaciones cualificadas y de mayor especialización profesional, tres ramas de servicios: profesionales, científicos y técnicos; educación; y sanidad. El empleo total en ellas creció en 350.000 personas entre 2019 y 2021, sin ningún retroceso en 2020.
Lo anterior apunta, asimismo, al afianzamiento de tendencias de largo alcance, que incluso se habrían acelerado como consecuencia de la crisis, y habrán de acelerarse más todavía a impulso de la
transformación del sistema económico planteado por el PRTR. En el terreno concreto del empleo, esto se está traduciendo ya en un mayor ritmo en el cambio de la estructura de las ocupaciones (gráfico 5) y en un rápido aumento de algunos indicadores que se asocian a desajustes
de oferta y demanda de cualificaciones, tanto las vacantes como la no provisión de estas en las empresas cuando consideran que serían de difícil cobertura.
Un mayor detalle de lo anterior (cuadro A-4) muestra cómo, al margen del efecto en esa estructura que tuvo en 2021 la situación de las actividades de servicios más afectados por la crisis (que sin duda recobrarán dinamismo en futuros periodos), se aprecian incrementos muy acusados del empleo desde 2019 en las ocupaciones profesionales y técnicas, que requieren mayor cualificación e implican mayor responsabilidad y autonomía del propio trabajo. Aumentaron las áreas de salud y educación (2,7 y 10,5 por 100, respectivamente), que ya venían creciendo de modo continuo pero que tuvieron un impulso aún mayor por las necesidades asociadas a la pandemia. Pero también creció el área científica y técnica (9,8 por 100) y profesiones asociadas a servicios avanzados a empresas (6,8 por 100); estas áreas muestran en el último decenio, como también las del área TIC, una subida mayor que el resto de ocupaciones de alta cualificación.
Continuaron creciendo asimismo ocupaciones intermedias de tipo técnico, en especial relacionadas con cuidados de personas, y se sigue observando un incremento en las ocupaciones básicas, lo que refuerza la idea de polarización, con algunos rasgos preocupantes. El más relevante es la reducción de ocupaciones asociadas con cualificaciones específicas en la industria, sin que estén creciendo lo suficiente, en contrapartida, las de técnicos de apoyo en ciencias e ingeniería, que expresan la tecnificación de las nuevas profesiones industriales, y que se está acompañando de un mayor volumen de empleo en las categorías más básicas, de peones. Junto con el incremento en las profesiones superiores en estas áreas de ciencias e ingeniería, da la idea de una base industrial menor y más polarizada, probablemente en relación además con escaseces en la oferta de cualificaciones específicas para el sector.
El problema o la cuestión a discutir es, en especial a corto y medio plazo, si estas tendencias pueden determinar una ampliación de las brechas ya visibles en las ocupaciones, que alcanzan al género, la edad, y la nacionalidad, configurando una peor posición relativa, en líneas generales, de las mujeres, de personas de edades relativamente mayores y de inmigrantes. Incluso, y se debe subrayar, a igualdad de niveles de cualificación. Y cuál puede ser su efecto en el territorio, en pleno desarrollo de las transiciones ecológica y digital en curso.
Hay que insistir en que tales tendencias se acelerarán con dichas transiciones, más todavía con el impulso del PRTR, y requieren compaginarse con elementos de transición justa y de equidad, como pretende el propio Plan, así como con una orientación decidida de los sistemas formativos. Pero la inversión en capital humano, central en estos aspectos, requiere plazos mayores de maduración. Por eso se puede anticipar ya la generación de estrangulamientos en la oferta de trabajo, que habrá que pensar cómo se afrontan a corto y medio plazo.
Otro cambio de calado que podría estar configurándose es un peso mayor, con carácter permanente, del teletrabajo, con varios datos relevantes que apuntan en este sentido. En primer lugar, porque el de
carácter asalariado permaneció en 2021 en niveles mayores (un 10 por 100, el doble que en 2019); aquí es además significativa la mayor frecuencia entre las mujeres, seguramente en relación con su perfil de especialización en actividades y ocupaciones, y más concretamente en
el sector público, donde trabaja el 25 por 100 de todas las mujeres asalariadas (solo un 16 por 100 de los hombres), y donde distintas administraciones han adoptado esquemas permanentes de teletrabajo.
Y en segundo lugar, porque el teletrabajo por cuenta propia, también más frecuente entre las mujeres, continuó creciendo, como viene haciendo ininterrumpidamente desde 2014. Es un dinamismo anterior a la pandemia que no ha cesado en 2021. En este año se situó en un 32 por 100, casi 2 puntos más que en 2019 y en 2020, y cerca de 7 puntos más que en 2014.
Es pronto para asegurar el curso que puede seguir la frecuencia total del teletrabajo, aunque probablemente se está configurando como una forma permanente (aunque no para toda la jornada de trabajo, semanal o a otro plazo) en un número mayor de actividades económicas. Lo importante es, por otro lado, su indudable relación con la digitalización, que lo ubica entre los retos que esta plantea en relación a la organización del trabajo asalariado. Su mayor peso en el empleo femenino, además, abre una nueva línea de discusión sobre corresponsabilidad de los cuidados, que debería ser objeto de monitorización permanente6.
2. Así lo reconoce la Comisión Europea en su valoración en relación al empleo en el marco del Semestre (noviembre de 2021).
4. Cabe señalar además que se trata de una peculiaridad española: en 2007 la tasa española era 7 puntos más alta que la de la UE-27, mientras que en 2019 ya era 4 puntos más baja, como resultado de un continuo descenso, que no se dio en el conjunto europeo, a lo largo del decenio.
El mercado de trabajo en España en 2021
En España la recuperación del empleo se completó ya en el último tramo de 2021. Los datos totales, tanto en la EPA como en la afiliación a la Seguridad Social, estaban ya en ese momento por encima del nivel alcanzado en el momento inmediatamente anterior a la pandemia, con cifras crecientes, en los primeros meses de 2022, en la afiliación, que hablan de una tendencia más positiva. La tasa de empleo, expresada como proporción de personas ocupadas sobre el total de 16 a 64 años, se situó en un 65,1 por 100 en el cuarto trimestre, cuatro décimas más que en 2019. Únicamente el número de horas trabajadas fue todavía inferior al de 2019, por el mayor volumen de empleo que no trabajó, sobre todo, a su vez (recuadro A-1), como efecto de las situaciones de paro parcial por razones técnicas y económicas, regulación de empleo, y de enfermedad. En esta última, además de la elevación de casos al final del año con la variante ómicron, tuvieron impacto las normas sanitarias sobre control de la pandemia, que implicaron un mayor número de bajas preventivas en cada momento.
Tras estos buenos resultados se encuentra el efecto protector que tuvieron, a lo largo de 2020 y en 2021, tanto los ERTE como las medidas de apoyo a los autónomos y, en general, de soporte de la economía y el empleo2, que ya se relataron en la anterior edición de esta Memoria y que se evidencian al comparar la evolución seguida por el empleo EPA y la afiliación global y la que resulta de descontar en cada momento las personas en ERTE, formalmente con empleo pero sin trabajo efectivo (gráfico 2). Sin la protección de este mecanismo el empleo podría haber caído hasta cuatro veces más entre el final de 2019 y la primavera de 2020: una pérdida de 4,8 millones de empleos, que habría provocado una crisis sistémica con costes inasumibles.
A lo largo de la pandemia, además de con un alto flujo de entradas y salidas diarias de personas en ERTE que mostró la flexibilidad de estos para adaptarse a la situación concreta en cada momento3, el volumen de empleo implicado fue bajando de manera continua, aunque acorde con las circunstancias predominantes; esto indica que el mecanismo permitió recobrar la normalidad en la mayoría de los casos, retomando las empresas y los trabajadores la actividad tras la suspensión.
Así, el balance de los ERTE (gráfico A-1) a la salida de la crisis es positivo. Su peso en la afiliación era, en marzo de 2022 solo un 0,5 por 100 y han ido aumentando los de suspensión parcial, que fueron en ese mismo mes algo más de la mitad. Es cierto que el volumen de personas en ERTE, en torno a 100.000 (incluyendo ERTE-COVID y ETOP), presenta un descenso más lento desde noviembre de 2021, tanto por ese aumento de las suspensiones parciales como porque cada vez más se concentran en un número muy limitado de actividades, algunas donde no ha terminado el impacto de la crisis (en especial sobre su demanda), y otras donde esto probablemente se combina con el impacto de cambios estructurales, con transiciones que requerirán un ajuste a más largo plazo y políticas activas.
A esta idea obedece su rediseño en el último tramo de 2021, tras la consecución de sendos acuerdos sociales tripartitos, para darle carácter permanente, valorando su papel como alternativa a la extinción de empleos. Este rediseño se explicará con detalle más adelante (en la parte II, Acuerdos sociales y reformas, de este capítulo de la Memoria), pero cabe adelantar que, por lo que hace a las políticas activas, se trata de incorporar formación (vinculando la misma a la percepción de exoneraciones o al incremento de su cuantía), para asegurar mejor la viabilidad futura del empleo de las personas afectadas, y de la introducción de nuevas causas, para recoger las circunstancias de crisis generalizada y coyuntural, o cuando haya sectores especialmente afectados por cambio estructural. En marzo de 2022 había cerca de 24.000 personas en ERTE confirmadas en planes de formación, el 41,4 por 100 del total con posibilidad de acceso a ellos.
A pesar de la tendencia positiva de crecimiento que ha impulsado el empleo a niveles ya por encima de la prepandemia, la salida de la crisis está mostrándose desigual y, como ya se dijo antes, no se puede hablar de recuperación completa, por varias circunstancias. Las más importantes son, sin duda, las que se derivan de la mayor vulnerabilidad tras la crisis pandémica del tejido productivo, especialmente acusada en países como España por su patrón de especialización, que determinó un mayor impacto de la pandemia y que afronta ahora retos también mayores, como se ha explicado en el capítulo I de esta Memoria. Pero también hay circunstancias específicas en el mercado de trabajo español que impiden hablar de recuperación plena de este, y que se repasarán a continuación.
Aunque al final de 2021 el empleo ya era más alto y el paro más bajo, incluso en tasas, la participación laboral era todavía inferior a la de 2019, muy ligeramente en el total de edades pero de manera pronunciada entre los jóvenes. Seguía habiendo, además, un volumen mayor que antes de personas fuera de la búsqueda activa de empleo (gráfico 3 supra), pese a querer trabajar y a estar disponibles para ello: cerca de 200.000 más que en 2019. Y se daba un reparto diferente en la incidencia del desempleo, que mostraba una mejor evolución en edades a partir de 35 años, así como en niveles de estudios superiores (gráfico 3 infra).
Dicho de otro modo, el paro se estaría concentrando en edades jóvenes y en niveles educativos medios y bajos. Y esto generaría una menor participación laboral, una retirada del mercado de trabajo asociada a la situación en cada momento de este. Una parte de este fenómeno, en ocasiones calificado de paro encubierto, es lo que se conoce como desánimo (es decir, quienes no buscan activamente empleo porque no creen que vayan a encontrarlo), pero este sí ha bajado en 2021, y está ya a todas las edades por debajo del que se había recogido antes de la pandemia. El resto se manifiesta de distintas formas, siendo la principal de ellas la mayor dedicación exclusiva a actividades formativas en las edades jóvenes, que es una estrategia para mejorar la empleabilidad, pero también un modo de posponer la entrada en el mercado de trabajo ante una situación que todavía no se ha normalizado por completo.
Tal estrategia4 ya era visible a la salida de la larga y profunda crisis anterior (2008-2012), pero se ha acentuado en el último periodo, como señala la comparación de las tasas de actividad de los jóvenes en España entre 2007, momento previo a esa crisis, y 2019, justo antes de la irrupción de la pandemia: 63 y 50 por 100, respectivamente, tomando cuartos trimestres. A ello se añade que en la fase de recuperación actual ha seguido el mismo curso descendente: en 2021, la tasa de actividad del grupo menor de 30 años fue 1,6 puntos inferior a la de 2019, la mayor diferencia a la baja en la participación laboral por edades. Esto debe ponerse en relación con la presencia de 150.000 personas más, en estas mismas edades, fuera del mercado de trabajo y dedicadas exclusivamente a su formación.
Todo ello probablemente se correlaciona, por otro lado, con una creación neta de empleo que se está generando proporcionalmente más en actividades económicas distintas a las que experimentaron mayores pérdidas en 2020 (gráfico 4). Y esto tanto por perdurar el efecto de la pandemia en actividades, esencialmente de servicios turísticos, donde aún hay limitaciones de orden sanitario y una apreciable contracción de la demanda internacional, como por proseguir, incluso de modo acelerado a raíz de la crisis, procesos de cambio estructural.
Esto tiene además reflejo en la diferente evolución seguida por los indicadores laborales en las comunidades autónomas: en ocho de ellas se recoge mejoras en el empleo y descensos en el paro respecto a 2019, pero en el resto no hay una recuperación clara; y en alguna de estas últimas es muy notorio el saldo negativo en empleo y en paro, con una posición todavía de crisis (cuadro A-2).
Las actividades todavía muy afectadas por la crisis sanitaria son la hostelería y los servicios personales, que solo habrían recuperado en torno a la mitad del empleo perdido en 2020, y el transporte aéreo y las agencias de viajes, cuyo empleo cayó más aún (cuadro A-3). Entre las que responden a factores de más larga data cabe citar algunas ramas manufactureras: bebidas, textil, confección, cuero y calzado, caucho y plásticos, muebles. estas concentraron la mayor parte del saldo todavía negativo en el empleo industrial. Y su descenso no se puede atribuir a la pandemia, pues se trata de un conjunto que viene perdiendo peso desde tiempo atrás como consecuencia de procesos de cambio estructural5.
En el otro extremo, en 2021 prosiguió el crecimiento del empleo en una serie de actividades económicas que, como ya se explicó en la anterior edición de esta Memoria, se mostraron dinámicas incluso en lo más agudo de la crisis generada por el COVID-19. Destacan aquí, tanto por su tamaño como por su asociación con ocupaciones cualificadas y de mayor especialización profesional, tres ramas de servicios: profesionales, científicos y técnicos; educación; y sanidad. El empleo total en ellas creció en 350.000 personas entre 2019 y 2021, sin ningún retroceso en 2020.
Lo anterior apunta, asimismo, al afianzamiento de tendencias de largo alcance, que incluso se habrían acelerado como consecuencia de la crisis, y habrán de acelerarse más todavía a impulso de la transformación del sistema económico planteado por el PRTR. En el terreno concreto del empleo, esto se está traduciendo ya en un mayor ritmo en el cambio de la estructura de las ocupaciones (gráfico 5) y en un rápido aumento de algunos indicadores que se asocian a desajustes de oferta y demanda de cualificaciones, tanto las vacantes como la no provisión de estas en las empresas cuando consideran que serían de difícil cobertura.
Un mayor detalle de lo anterior (cuadro A-4) muestra cómo, al margen del efecto en esa estructura que tuvo en 2021 la situación de las actividades de servicios más afectados por la crisis (que sin duda recobrarán dinamismo en futuros periodos), se aprecian incrementos muy acusados del empleo desde 2019 en las ocupaciones profesionales y técnicas, que requieren mayor cualificación e implican mayor responsabilidad y autonomía del propio trabajo. Aumentaron las áreas de salud y educación (2,7 y 10,5 por 100, respectivamente), que ya venían creciendo de modo continuo pero que tuvieron un impulso aún mayor por las necesidades asociadas a la pandemia. Pero también creció el área científica y técnica (9,8 por 100) y profesiones asociadas a servicios avanzados a empresas (6,8 por 100); estas áreas muestran en el último decenio, como también las del área TIC, una subida mayor que el resto de ocupaciones de alta cualificación.
Continuaron creciendo asimismo ocupaciones intermedias de tipo técnico, en especial relacionadas con cuidados de personas, y se sigue observando un incremento en las ocupaciones básicas, lo que refuerza la idea de polarización, con algunos rasgos preocupantes. El más relevante es la reducción de ocupaciones asociadas con cualificaciones específicas en la industria, sin que estén creciendo lo suficiente, en contrapartida, las de técnicos de apoyo en ciencias e ingeniería, que expresan la tecnificación de las nuevas profesiones industriales, y que se está acompañando de un mayor volumen de empleo en las categorías más básicas, de peones. Junto con el incremento en las profesiones superiores en estas áreas de ciencias e ingeniería, da la idea de una base industrial menor y más polarizada, probablemente en relación además con escaseces en la oferta de cualificaciones específicas para el sector.
El problema o la cuestión a discutir es, en especial a corto y medio plazo, si estas tendencias pueden determinar una ampliación de las brechas ya visibles en las ocupaciones, que alcanzan al género, la edad, y la nacionalidad, configurando una peor posición relativa, en líneas generales, de las mujeres, de personas de edades relativamente mayores y de inmigrantes. Incluso, y se debe subrayar, a igualdad de niveles de cualificación. Y cuál puede ser su efecto en el territorio, en pleno desarrollo de las transiciones ecológica y digital en curso.
Hay que insistir en que tales tendencias se acelerarán con dichas transiciones, más todavía con el impulso del PRTR, y requieren compaginarse con elementos de transición justa y de equidad, como pretende el propio Plan, así como con una orientación decidida de los sistemas formativos. Pero la inversión en capital humano, central en estos aspectos, requiere plazos mayores de maduración. Por eso se puede anticipar ya la generación de estrangulamientos en la oferta de trabajo, que habrá que pensar cómo se afrontan a corto y medio plazo.
Otro cambio de calado que podría estar configurándose es un peso mayor, con carácter permanente, del teletrabajo, con varios datos relevantes que apuntan en este sentido. En primer lugar, porque el de carácter asalariado permaneció en 2021 en niveles mayores (un 10 por 100, el doble que en 2019); aquí es además significativa la mayor frecuencia entre las mujeres, seguramente en relación con su perfil de especialización en actividades y ocupaciones, y más concretamente en el sector público, donde trabaja el 25 por 100 de todas las mujeres asalariadas (solo un 16 por 100 de los hombres), y donde distintas administraciones han adoptado esquemas permanentes de teletrabajo.
Y en segundo lugar, porque el teletrabajo por cuenta propia, también más frecuente entre las mujeres, continuó creciendo, como viene haciendo ininterrumpidamente desde 2014. Es un dinamismo anterior a la pandemia que no ha cesado en 2021. En este año se situó en un 32 por 100, casi 2 puntos más que en 2019 y en 2020, y cerca de 7 puntos más que en 2014.
Es pronto para asegurar el curso que puede seguir la frecuencia total del teletrabajo, aunque probablemente se está configurando como una forma permanente (aunque no para toda la jornada de trabajo, semanal o a otro plazo) en un número mayor de actividades económicas. Lo importante es, por otro lado, su indudable relación con la digitalización, que lo ubica entre los retos que esta plantea en relación a la organización del trabajo asalariado. Su mayor peso en el empleo femenino, además, abre una nueva línea de discusión sobre corresponsabilidad de los cuidados, que debería ser objeto de monitorización permanente6.
2. Así lo reconoce la Comisión Europea en su valoración en relación al empleo en el marco del Semestre (noviembre de 2021).
4. Cabe señalar además que se trata de una peculiaridad española: en 2007 la tasa española era 7 puntos más alta que la de la UE-27, mientras que en 2019 ya era 4 puntos más baja, como resultado de un continuo descenso, que no se dio en el conjunto europeo, a lo largo del decenio.
