El análisis de las condiciones de vida de la población a través de las fuentes disponibles, con sus importantes limitaciones ¹, arroja una marcada brecha social entre la población de nacionalidad extranjera y la de nacionalidad española, como ya señalara el CES en su Informe 2/2019, La inmigración en España: efectos y oportunidades. Con todo, en los seis años transcurridos desde que dicho informe se publicara, se constata una mejora en las distintas dimensiones que conforman las condiciones sociales de la población migrante, y una reducción de la brecha social respecto a la población nacional.

Esta mejora obedece al contexto de crecimiento económico y del empleo de los últimos años y al hecho de que la principal fuente de renta de la mayoría de los hogares encabezados por inmigrantes procede, en mayor medida que en los encabezados por autóctonos, de los salarios percibidos en el mercado de trabajo, pues gran parte de la población inmigrante se encuentra en edad activa y presenta una elevada participación laboral, mientras que la proporción de pensionistas es todavía reducida. Además, hay que tener en cuenta el impacto de las políticas sociales y laborales desarrolladas en ese período para mejorar las rentas más bajas, como las subidas del SMI o el despliegue del IMV, así como el posible efecto de cambio de composición de la población migrante con la llegada de personas con mejor perfil sociocultural y educativo.

Con todo, la mejora de las condiciones de vida de la población inmigrante es insuficiente pues sigue siendo más vulnerable al riesgo de pobreza y exclusión social, con especial incidencia en la población infantil, a los problemas de acceso y mantenimiento de la vivienda, además de a la asistencia sanitaria. En el ámbito educativo, por su parte, también hay indicadores de desigualdad entre el alumnado extranjero y el nacional en términos de acceso y rendimiento educativo.

En todo caso, conviene señalar que, aunque la población extranjera esté más expuesta al riesgo de pobreza monetaria, la gran mayoría de personas en esa situación son de nacionalidad española (8 millones de personas) mientras que las extranjeras representan un tercio (3,9 millones) del total (12 millones). Conviene recordar, por ello, que la desigualdad y el riesgo de pobreza, como uno de sus principales exponentes, constituyen problemas estructurales en nuestro país que no cabe atribuir a la inmigración. A pesar de haber constituido la inmigración uno de los principales pilares del crecimiento económico y del empleo de los últimos años, las personas migrantes no han sido las principales beneficiarias de esa bonanza o, al menos, su situación no ha mejorado en la misma medida que lo ha hecho la situación a nivel macro y la de la población autóctona, concentrándose el riesgo de pobreza y exclusión social en mayor medida en las personas de nacionalidad extranjera.

Todo ello pone de manifiesto que el objetivo de lograr una mayor cohesión social pasa, necesariamente, por seguir avanzando, por un lado, en la creación de empleo de calidad y en el alcance, suficiencia y mejora de las principales políticas sociales universalistas, para toda la población que cumpla los requisitos de acceso independientemente de su nacionalidad y origen, así como, al mismo tiempo, a la inclusión de políticas focalizadas que, dentro de cada área de intervención, se dirijan a prevenir y reducir el impacto todavía determinante del país de origen en el bienestar social y material de la población.

^1. El hecho de que la Encuesta de Condiciones de Vida solo incorpore a la población de nacionalidad extranjera y no contemple en su universo de estudio a la población nacida en el extranjero y que ha adquirido la nacionalidad en los últimos años, puede introducir cierto sesgo en la interpretación de sus resultados, al mostrar predominantemente la situación de las personas llegadas más recientemente, que son generalmente más aquejadas por las dificultades de los primeros años de abrirse paso en un nuevo país.