Las condiciones de vida de la mayor parte de la población, medidas a través de los ingresos, continuaron mejorando en 2025, alentadas por el favorable ciclo económico y del empleo, la contribución de la inmigración, la evolución de los salarios, la moderación de la inflación y el aumento en la cobertura de algunas prestaciones sociales.
En todo caso, el efecto acumulado de varios años de inflación y, especialmente, su impacto en la cesta de la compra de bienes básicos, siguieron haciendo mella en los presupuestos familiares, de modo que el coste de la vida y la carestía de la vivienda continuaron condicionando el bienestar en 2025, especialmente de los hogares más vulnerables.
El crecimiento no está siendo lo suficientemente inclusivo. La desigualdad constituye un problema estructural en España y, pese a un nuevo ligero descenso de los principales indicadores para su medición, uno de cada cuatro hogares sigue en riesgo de pobreza o exclusión social, mientras que el problema de la pobreza infantil afecta a más de un tercio de los menores de 16 años y un 36,6 por 100 de los hogares no puede afrontar gastos imprevistos, reflejo de situaciones de inseguridad económica que pueden poner a prueba la resiliencia de los hogares ante futuras crisis. La desigualdad patrimonial, aunque se ha moderado, es todavía acusada y refleja un modelo altamente dependiente de la propiedad de la vivienda, según la Encuesta financiera de las familias.
En un contexto en que el esfuerzo en protección social en toda la UE puede verse amenazado por la reorientación de las prioridades de gasto, España mantiene todavía un diferencial significativo con la media de la UE, especialmente en funciones como la vivienda, las políticas de apoyo a las familias y las de inclusión social. También registra un importante margen de mejora de su eficacia, necesidad corroborada por las instituciones europeas y, desde otra perspectiva, por la opinión de la población recogida en recientes estudios del CIS sobre el Estado de Bienestar en España.
Se han desplegado iniciativas relevantes para abordar estos problemas, como la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2024-2030 o el Plan Nacional de Implementación de la Garantía Infantil Europea (GIE) 2023-2030, junto con las medidas coyunturales adoptadas o prorrogadas en apoyo de los hogares más vulnerables para afrontar las subidas de precios de determinados bienes básicos. Sin embargo, ni el sistema de protección social ni las políticas de inclusión social por sí solas resultan suficientes para revertir el problema estructural de la desigualdad, siendo necesario mejorar la eficiencia, la calidad y la equidad de todos los componentes distributivos y predistributivos del Estado social.
La igualdad entre mujeres y hombres, uno de los principales indicadores de la calidad democrática de las sociedades, ha experimentado un avance desigual en los últimos años en el contexto español y europeo. Por un lado, mejoran claramente ciertos indicadores, sobre todo los relacionados con la participación de las mujeres en la toma de decisiones en el ámbito público y privado; por otro lado, parece existir un cierto cuestionamiento, por parte de algunas corrientes políticas, de los logros alcanzados por el movimiento de las mujeres y del concepto mismo de feminismo.
No obstante, dentro del contexto europeo, España sigue situándose en una buena posición relativa en cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres, ocupando en 2025, con 70,9 puntos sobre 100, el cuarto puesto del índice EIGE, solo por detrás de Suecia, Francia y Dinamarca.
En cuanto a la corresponsabilidad en el cuidado, uno de los principales hitos legislativos de los últimos años, los permisos por nacimiento iguales e intransferibles, cumplen cinco años de vigencia. Los primeros estudios sobre su implementación apuntan a que la capacidad de la norma para promover la igualdad podría verse limitada por el hecho de que en torno al 80 por 100 de los hombres disfruta todo el permiso de manera simultánea a la madre.
La violencia contra las mujeres no se limita a la violencia física en el seno de la pareja o expareja, y existe una creciente sensibilidad social hacia las distintas formas que aquella puede tomar, tanto fuera como dentro de la pareja. La violencia vicaria, la económica y la digital han sido incorporadas en la revisión del Pacto de Estado contra la violencia de género, aprobado por el Congreso a comienzos de 2025, que pasa de 290 a 462 medidas.
Según las estadísticas oficiales disponibles, en España aproximadamente 6,5 millones de mujeres (un 30,3 por 100 de la población femenina de 16 años o más) habría experimentado algún tipo de violencia de género a lo largo de su vida. El porcentaje de mujeres que ha sufrido violencia sexual fuera de la pareja pasa de un 6,5 por 100 en 2019 a un 14,5 por 100 en 2025. Se estima que más de un millón de niños viven en hogares donde se han producido episodios de violencia de género en el último año.
Los feminicidios dentro de la pareja o expareja han alcanzado durante dos años consecutivos (2024 y 2025) las cifras relativas y absolutas más bajas desde que hay registros. Por el contrario, en 2024 se produjo un preocupante repunte de la violencia vicaria, con nueve menores asesinados, habiéndose iniciado los trámites para la aprobación de un anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas en materia de violencia vicaria que el CES ha tenido ocasión de dictaminar (Dictamen CES 8/2025). Las sentencias condenatorias por violencia de género, por su parte, continúan la tendencia al alza, solo interrumpida en 2020.
Sigue pendiente de aprobación la Ley Orgánica Integral contra la trata de seres humanos (Dictamen CES 3/2023).
La dificultad de acceso y disfrute de la vivienda representó en 2025 uno de los principales desafíos para la cohesión social en España, afectando directamente a la creación de hogares y a la emancipación juvenil. Así, en 2025 el acceso a la vivienda constituía el problema principal o estaba entre los tres mayores problemas en España para el 39,9 por 100 de las personas encuestadas por el CIS.
Mientras la propiedad continúa siendo el régimen de tenencia predominante (73 por 100 de los hogares) pese al lento pero continuo aumento del alquiler, los elevados precios, tanto de una como de otra forma de tenencia, hacen inviable el acceso a la vivienda para una buena parte de la población, dificultando la emancipación juvenil y convirtiéndose en un vector de desigualdad creciente, a pesar de la mejora del empleo, los ingresos medios y las favorables condiciones crediticias.
Los precios de compraventa alcanzaron una media de 2.230 €/m2 para la vivienda libre (con un aumento interanual del 13,1 por 100) y de 1.208,7 €/m2 en el caso de la vivienda protegida, en un contexto de escasez de oferta de vivienda nueva, de modo que las viviendas de segunda mano representaron el 78 por 100 de las operaciones de compraventa.
El volumen de hogares continuó aumentando hasta los 19,7 millones y el cambio en su tipología y distribución geográfica constituye un elemento digno de consideración en el diseño de las políticas de vivienda, con un mayor peso de los unipersonales y de menor tamaño, a medida que avanzan el envejecimiento demográfico, el crecimiento de la población gracias a la inmigración y otras transformaciones sociales de calado.
El alquiler siguió al alza y es ya la forma de tenencia de uno de cada cinco hogares en 2025, con predominio del alquiler a precio de mercado (16,7 por 100 de los hogares) frente al alquiler a precio inferior al de mercado (3,5 por 100). La implementación del Índice de Referencia del Alquiler de Vivienda (IRAV), que limita los precios en zonas de mercado tensionadas, parece estar cumpliendo con ese propósito aunque el despliegue de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda sigue siendo limitado. Además, el tamaño del parque de vivienda social y asequible sigue siendo reducido (el 3,3 por 100 sobre el parque de viviendas principales), muy por debajo de la media de UE (entorno al 8 por 100).
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 o la puesta en marcha de la Entidad Estatal de Vivienda (Casa47), que gestionará el parque público de vivienda asequible, destacan entre las iniciativas de 2025 orientadas a afrontar la crisis de la vivienda en España.
La proporción de personas afectadas por la pobreza energética disminuyó en 2025, pero aún afecta al 15,9 por 100. Se espera que la adopción de la segunda Estrategia Nacional de Pobreza Energética (ENPE 2026-2030) resuelva los insuficientes resultados obtenidos tras la aplicación de la ENPE 2019-2024, en relación con la población en situación de vulnerabilidad residencial y energética.
Para hacer frente a las consecuencias de la DANA de 2024, durante 2025 se pusieron en marcha una serie de medidas en materia de vivienda, especialmente orientadas a aumentar la resiliencia climática de los núcleos urbanos, es decir, aumentar su capacidad para prevenir y combatir los impactos de las inundaciones asociadas al cambio climático.
La triple crisis ambiental planetaria (clima, biodiversidad y contaminación) se ha consolidado en 2025 como uno de los principales desafíos para los poderes públicos por su creciente impacto social, impulsándose en el marco de la COP-30 iniciativas y declaraciones sobre la interrelación entre cambio climático, la contaminación y pérdida de biodiversidad y su impacto en la salud de las personas o la pervivencia de especies y ecosistemas.
En 2025, la Agencia Medioambiental Europea (EEA) subrayó el progreso de España en varios indicadores ambientales, como el aumento de la agricultura ecológica o de la superficie protegida, el impulso a las renovables, o la puesta en marcha del Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente. Sin embargo, objetivos en el ámbito de la gestión de residuos o de la economía circular continúan acusando cierta demora respecto a los compromisos adquiridos.
Entre las iniciativas aprobadas en 2025 destacan la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, orientada a reducir la generación de residuos en toda la cadena alimentaria, o la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible (objeto de Dictamen del CES 12/2022), que impulsa el transporte público y la movilidad activa, los vehículos de bajas emisiones y la integración de criterios ambientales en la planificación urbana.
El año 2025 fue extremadamente cálido en la mayor parte del territorio español, que alcanzó una temperatura media de 15 °C. Así, junto a las elevadas temperaturas registradas, factores como la acumulación de combustible seco por el abandono de territorios rurales, el descenso de la ganadería extensiva y unas insuficientes políticas de prevención, personal y medios en las plantillas forestales, elevaron la magnitud y virulencia de los incendios forestales.
El Gobierno ha propuesto alcanzar un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, orientado a responder de manera coordinada ante eventos climáticos extremos y reforzar los mecanismos de adaptación, mitigación y recuperación por parte de las Administraciones públicas. Además, se ha revisado la Estrategia de Desarrollo Sostenible que incorpora un nuevo Reto País 3: Una vertebración territorial sostenible, cuyo objetivo es abordar la emergencia climática y ambiental, y mejorar la cohesión social.
El aumento del gasto de los hogares desde 2021 se debe en gran parte a la inflación: en términos reales el consumo crece mucho menos y en 2024 seguía por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, mientras los gastos esenciales (vivienda y alimentación) absorbían una parte creciente del presupuesto, reduciendo el margen para desarrollar estilos de vida más orientados al bienestar y la participación social.
Además, persisten fuertes desigualdades; aunque el gasto crece en todos los hogares, los de menor nivel han reducido la distancia con respecto a los mejor posicionados, si bien continúa existiendo una considerable distancia entre ambos y en la estructura de gasto (destinan hasta el 60 por 100 de su presupuesto a vivienda y alimentación).
En este contexto, la digitalización y el comercio electrónico se consolidan, pero existen brechas digitales y riesgos específicos para algunos segmentos como las personas menores de edad que, no obstante, han reducido ligeramente su posesión de teléfonos móviles.
El corte masivo de suministro eléctrico de abril de 2025 ha mostrado vulnerabilidades sistémicas que afectan especialmente a los hogares más frágiles.
El sistema educativo español continuó combinando una elevada cobertura y acceso con debilidades persistentes en resultados, equidad y adaptación estructural, lo que exige una intensificación de las políticas de inclusión efectiva y de refuerzo de capacidades del sistema.
España se sitúa a la cabeza de la UE en participación en educación infantil, con tasas superiores al 96 por 100 entre 3 y 6 años, cumpliendo anticipadamente el objetivo europeo 2030. La tasa de escolarización del primer ciclo de infantil alcanzó un máximo del 49,2 por 100, aunque persisten diferencias por edad (en torno al 13-14 por 100 en menores de 1 año frente a 70-71 por 100 a los 2 años) y por titularidad, con mayor peso relativo de la oferta privada, dada la no generalización de la financiación pública en este nivel.
Asimismo, registra niveles elevados de titulación superior, habiéndola alcanzado más de la mitad de la población de 25-34 años. Sin embargo, la distribución de la población por nivel educativo sigue arrojando una menor proporción en los niveles intermedios, que guarda relación con la necesidad de reducir el abandono educativo temprano (AET), que sigue siendo un problema relevante en comparación europea. En 2025, se situaba en el 12,8 por 100, mínimo histórico, pero aún por encima del objetivo europeo del 9 por 100 para 2030.
Evitar la concentración del AET en colectivos vulnerables constituye un desafío de primer orden, por lo que sería necesario reforzar las políticas orientadas a la equidad y la mejora del rendimiento educativo, especialmente en lo que se refiere a los programas de prevención del abandono temprano, consolidar el papel de la Formación Profesional como vía de inserción y permanencia educativa, así como actuar sobre las desigualdades territoriales, de género y socioeconómicas en resultados.
La FP continúa su expansión, con un reseñable aumento de matrícula (4,6 por 100 en el curso 2024-2025), con un predominio de los centros públicos (70 por 100) y un peso creciente de la oferta privada. Esta evolución debería alinearse con una planificación estable de plazas y recursos, acciones de orientación temprana y medidas para reducir la segregación de género, especialmente acusada en determinadas ramas. Consolidar el carácter dual de toda la FP requerirá un importante esfuerzo de implicación y conexión con el tejido productivo.
En 2025, el ámbito universitario ha venido marcado por la continuidad del despliegue de la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario (LOSU) y, de forma destacada, por la aprobación del Real Decreto 905/2025, orientado a reforzar el aseguramiento de la calidad, la planificación de la oferta y los requisitos para la creación y autorización de nuevas universidades y centros, en un contexto de crecimiento del segmento privado, de expansión de la docencia virtual y de tensiones sobre la financiación pública. Se constata la necesidad de asegurar una aplicación homogénea y coordinada de los nuevos estándares de calidad, así como de reforzar la eficiencia y suficiencia de la financiación universitaria, avanzando hacia marcos plurianuales estables.
Se observa una creciente expansión del posgrado y el avance gradual de las fórmulas de formación dual universitaria, emergiendo como desafíos la mejora de la inserción y la adecuación de la formación recibida a las necesidades del tejido productivo, fortaleciendo asimismo la equidad territorial y social en el acceso y la permanencia en los estudios universitarios.
Con una esperanza media de vida al nacer de 84 años, España destaca con una de las cifras más altas del mundo. Pero este logro obliga a reorientar el sistema sanitario hacia la atención continuada, la prevención y la coordinación asistencial para acompañar al envejecimiento poblacional y la mayor prevalencia de enfermedades crónicas.
La Atención Primaria mantiene una actividad muy elevada, con 390,6 millones de consultas en 2024 (frente a 366,8 millones en 2019) y una frecuentación de 8,13 contactos por persona al año. Sin embargo, aumenta el recurso a urgencias, que alcanzan 35,8 millones de episodios (0,75 por persona), reflejando problemas de acceso y presión asistencial. En paralelo, la atención especializada y hospitalaria también crece con fuerza: cerca de 37,7 millones de contactos hospitalarios en 2024 y unos 130 millones de consultas con especialistas, en un contexto donde las urgencias y la actividad ambulatoria son los principales motores del incremento. Este aumento de la demanda convive con listas de espera elevadas, lo que evidencia desajustes estructurales del sistema.
Las listas de espera siguen en niveles críticos, con más de 853.000 pacientes pendientes de cirugía en 2025 y un tiempo medio de demora de 120 días, mientras que más de cuatro millones esperan una primera consulta especializada. Esta situación presenta fuertes desigualdades territoriales y afecta a la equidad en el acceso, incentivando el recurso a seguros privados, cuya actividad ha crecido hasta representar una parte considerable de los contactos hospitalarios.
El gasto sanitario público español ha crecido de forma sostenida, hasta alcanzar en 2024 una cifra que supone un 6,7 por 100 del PIB y un 14,8 por 100 del gasto público. Este avance responde a un incremento acumulado del 20,3 por 100 desde la pandemia, y consolida un mayor peso de la sanidad en el Estado de Bienestar.
Se amplían los permisos por nacimiento y el sistema alcanza una duración total de diecinueve semanas por progenitor, reforzando la cobertura del cuidado durante las primeras etapas de la vida. Además, se mantiene el carácter retribuido y el principio de intransferibilidad, dos rasgos de alcance significativo en la implicación de los hombres en las tareas de cuidados.
Se corrigen normativamente los supuestos de discriminación por razón de nacimiento de niños y niñas pertenecientes a familias monoparentales señalados por el Tribunal Constitucional. La reforma de los permisos por nacimiento mejora el tratamiento de estas familias, ampliando su duración hasta las treinta y dos semanas y equiparando, en términos sustanciales, el tiempo potencial de cuidado de los y las menores con el de los hogares biparentales.
Aumenta la participación masculina en el disfrute de los permisos por nacimiento, aunque persisten algunas diferencias de género. Si bien el 53,9 por 100 de los permisos son disfrutados por el segundo progenitor, la duración media sigue siendo ligeramente inferior en los hombres (109 días frente a 113 en mujeres). Esta diferencia se mantiene incluso cuando los hombres ejercen como primer progenitor, en cuyo caso la duración media del permiso es 3,3 días inferior a la registrada entre las mujeres.
Las brechas de género más acentuadas se registran en las familias monoparentales. En 2025, el 82 por 100 de estos hogares estaban encabezados por mujeres. Además, en los casos en los que los hombres ejercen como progenitores únicos, la duración media de los permisos por nacimiento es inferior a la de las mujeres, con diferencias superiores a 25 días (19,5 semanas en mujeres frente a 15,8 en hombres).
Tanto las excedencias como el trabajo a tiempo parcial por cuidado reflejan cambios aún limitados en los patrones de género, sin que se observen transformaciones profundas en los roles de cuidado en el medio plazo. En el caso de las excedencias por cuidado, más de ocho de cada diez excedencias corresponden a mujeres. De igual modo, el empleo a tiempo parcial es significativamente más frecuente entre las mujeres, y el cuidado de familiares constituye uno de los principales motivos de esta modalidad. En 2025, por cada hombre que trabaja a tiempo parcial por razones de cuidado lo hacían aproximadamente trece mujeres, alcanzándose el valor más elevado de la última década.
El envejecimiento de la población está incrementando de forma sostenida la demanda de cuidados de larga duración, lo que exige más recursos y una mejor planificación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). En 2025, se alcanzaron máximos históricos con 2,33 millones de solicitudes, 1,78 millones de personas con grado reconocido y 1,67 millones de beneficiarios, reduciéndose la lista de espera a 107.327 personas y elevando la cobertura efectiva por encima del 94 por 100. Sin embargo, persisten importantes desigualdades territoriales en el acceso y en la gestión, así como deficiencias estructurales, ya que el sistema sigue apoyándose en prestaciones de baja intensidad, como la teleasistencia o los cuidados familiares, más que en servicios profesionales.
Además, aunque el gasto en dependencia se incrementó en un 11,8 por 100 en 2024, este aumento se ha orientado más a ampliar la cobertura que a mejorar la intensidad de la atención. Los tiempos de tramitación siguen siendo muy elevados y presentan importantes diferencias entre comunidades, lo que afecta negativamente a la equidad. A ello se suma la presión sobre los usuarios, que deben hacer frente al coste de una parte significativa de las prestaciones (copago calculado entre el 35 y el 38 por 100) y la necesidad urgente de reforzar el empleo en el sector, clave para avanzar hacia un modelo de cuidados más profesionalizado, comunitario y de mayor calidad.
En 2025, se cumplieron treinta años de la aprobación del Pacto de Toledo y cinco años del informe de reforma de 2020, que estableció las bases para garantizar la sostenibilidad, suficiencia y modernización del sistema de Seguridad Social en España. A partir de sus recomendaciones, se impulsó un amplio proceso de reformas que continuó en 2025, comenzando además los trabajos de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo de cara a la siguiente renovación.
El sistema de la Seguridad Social mejoró su situación financiera en 2025, reduciéndose el déficit hasta el 0,4 por 100 del PIB, el nivel más bajo desde 2011, como consecuencia del dinamismo del empleo y por los efectos de las últimas reformas. Los ingresos no financieros aumentaron un 7,8 por 100, gracias al avance, tanto de la recaudación por cotizaciones sociales, como de las transferencias procedentes del Estado, mientras que los gastos se incrementaron un 6,5 por 100, en línea con la evolución del gasto en pensiones contributivas y en incapacidad temporal.
En 2025 había 10,3 millones de pensiones contributivas en vigor (el 64 por 100 de jubilación y el 23 por 100 de viudedad) y 9,3 millones de pensionistas, con una edad media de 70,8 años. La pensión media aumentó hasta los 1.311,7 euros mensuales, constatándose una nueva reducción de la brecha de género, hasta el 31,3 por 100.
En el ámbito de la jubilación, continuó la tendencia a la aproximación entre la edad real de acceso (que aumentó un mes hasta los 65,3 años), y la edad ordinaria establecida legalmente (66 años y 8 meses en 2025 para carreras de cotización de menos de 38 años y 3 meses, o 65 años, en caso de tener o superar dicho periodo cotizado), garantizándose en todo caso el acceso a fórmulas flexibles de jubilación. Las altas crecieron un 2 por 100, con avances en todas las modalidades, salvo la anticipada, y con un comportamiento especialmente dinámico de las demoradas.
Siguió aumentando el número de procesos de incapacidad temporal y su prevalencia, principalmente en contingencias comunes, aunque se redujo ligeramente la duración media. Esta tendencia alcista, iniciada fundamentalmente durante la pandemia, está teniendo un claro reflejo en el nivel de gasto, y vendría explicada por diferentes factores como el dinamismo de la actividad económica y el empleo, el paulatino envejecimiento de la población, el deterioro de la salud tras la pandemia, el aumento en los tiempos de respuesta de los servicios públicos de salud o los problemas en la gestión de la prestación.
El sistema de previsión social complementaria mostró en 2025 un modesto crecimiento en términos de patrimonio y número de partícipes, apoyado exclusivamente en las aportaciones realizadas, puesto que la rentabilidad de los fondos sufrió un retroceso. Por otra parte, aunque el grueso de las cuentas de partícipes se concentra en el segmento individual y asociado, siguió aumentando el peso de los planes de empleo como consecuencia de la reforma de la previsión social complementaria iniciada en 2022.
Tras importantes choques externos como fueron la pandemia o la guerra de Ucrania, en 2025 se constata una evolución favorable del sistema, que responde fundamentalmente a la intensidad de la reducción del desempleo. La caída del paro registrado (‑6 puntos porcentuales) junto con el ligero aumento de las personas beneficiarias (+0,5 por 100) reduce la brecha entre desempleo y protección hasta el 26,9 por 100, el nivel más bajo, con la excepción de la pandemia, desde 2010.
Mejora la cobertura contributiva, que crece un 2,9 por 100, al tiempo que se constata una recomposición de la dimensión asistencial, que se reduce en un 1,5 por 100 considerando de forma agregada el subsidio por desempleo y la Renta Activa de Inserción (RAI). Este comportamiento responde fundamentalmente a la reducción de en torno al 70 por 100 de la RAI tras la derogación de esta prestación en 2024. El número de personas beneficiarias del subsidio por desempleo crece un 5,4 por 100.
La reforma del subsidio por desempleo introducida por el Real Decreto‑ley 2/2024 comporta cambios relevantes en su configuración. Se establece un sistema de cuantías escalonadas por tramos (95 por 100 del IPREM en los primeros 180 días, 90 por 100 hasta el día 360 y 80 por 100 a partir de entonces); se incorpora el Complemento de Apoyo al Empleo (CAE), aplicable tanto a las personas beneficiarias del subsidio como de la prestación contributiva; y se mantiene, en el caso del subsidio para mayores de 52 años, una cuantía reducida (80 por 100 del IPREM), si bien acompañada de una base de cotización equivalente al 125 por 100 de la base mínima, lo que evidencia un mayor nivel de protección futura, pero una intensidad protectora presente más limitada.
La pérdida de poder adquisitivo del IPREM durante la última década no compensa el aumento nominal de las cuantías de las prestaciones asistenciales, por lo que es imprescindible llevar a cabo actualizaciones periódicas de este indicador con el fin de garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los beneficiarios.
Pese a los avances recientes, persisten desigualdades y limitaciones de carácter estructural en el sistema de protección por desempleo. En primer lugar, se mantiene una configuración dual, con predominio de las prestaciones de carácter asistencial (52,2 por 100 del total). En segundo lugar, persisten brechas de género, con una mayor presencia femenina en los niveles de menor intensidad protectora, menor cobertura contributiva y cuantías inferiores. Finalmente, se observan diferencias significativas por edad, con concentración de la protección contributiva en menores de 50 años y elevada dependencia del nivel asistencial en edades avanzadas. En su conjunto, estos elementos evidencian una segmentación persistente del sistema que, pese a su configuración formalmente neutral, refleja trayectorias laborales desiguales en función de la edad y el género.
La protección por cese de actividad consolida niveles de cobertura superiores a los registrados con anterioridad a la pandemia, en un contexto definido por la ampliación del sistema tras las reformas de 2022. No obstante, en 2025 se observa una corrección de los principales indicadores, con un descenso del 29 por 100 en el número de solicitudes y una reducción de las resoluciones favorables hasta el 45 por 100. Este comportamiento responde en buena medida al carácter excepcional de 2024, cuando el volumen de prestaciones por fuerza mayor fue muy elevado a consecuencia de la DANA, fundamentalmente en la Comunidad Valenciana. Con todo y pese a las mejoras, el sistema presenta limitaciones estructurales asociadas a la acreditación legal del cese de actividad, que representa en torno al 60 por 100 de las resoluciones desfavorables.
El Ingreso Mínimo Vital se consolida como la principal red de protección social frente al riesgo de pobreza. En 2025 supera las 700.000 prestaciones, beneficiando a más de dos millones de personas, con un incremento cercano al 20 por 100 respecto del ejercicio anterior.
La vinculación del IMV a las cuantías de las pensiones no contributivas como mecanismo de mantenimiento del poder adquisitivo, ha permitido sostener la acción protectora de la prestación, con un incremento del 9 por 100 respecto al ejercicio anterior y cercano al 59 por 100 desde su entrada en vigor.
Pese a su consolidación, el IMV sigue mostrando importantes limitaciones vinculadas tanto al perfil de las personas beneficiarias como a algunos elementos de diseño de la prestación. El perfil de las personas titulares de la prestación está fuertemente feminizado (casi el 68 por 100) y se da una elevada concentración en edades centrales de la vida laboral (entre los 36 y 55 años, con una media de 45 años en 2025), al tiempo que continúan detectándose problemas de cobertura y acceso, con elevadas tasas de no tomadores (non take-up), especialmente en el Complemento de Apoyo a la Infancia (CAPI).
Con el objetivo de reforzar los incentivos al empleo, en 2026 se simplifica el sistema de compatibilidad del IMV con el trabajo mediante un nuevo esquema más claro y previsible: se fija una exención anual de 6.000 euros y, a partir de ese umbral, se aplica una exención parcial del 50 por 100, ampliada al 55 por 100 en hogares con discapacidad o monoparentalidad.
En 2025, se mantiene la tendencia de repliegue de las rentas mínimas autonómicas observada desde la implantación del IMV, aunque con algunas excepciones territoriales en las que se han mantenido e incluso reforzado los niveles de cobertura. Cabría en este sentido mejorar la coordinación entre ambos mecanismos de lucha contra la pobreza y exclusión social.
Las pensiones no contributivas superan las 470.000 personas beneficiarias en 2025 (+2,3 por 100), consolidándose como una red de protección social esencial para quienes no acceden a prestaciones contributivas, especialmente en la vejez.
Fuerte sesgo de género en las PNC: el 63,4 por 100 de las personas beneficiarias son mujeres, proporción que supera el 70 por 100 en las PNC de jubilación, reflejo de trayectorias laborales desiguales que limitan su acceso a pensiones contributivas.
Se refuerza el marco institucional con el objetivo de avanzar en la garantía de la igualdad de trato y no discriminación: se aprueban la Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas LGTBI (2025‑2028), la Estrategia Estatal para la Inclusión Social de las Personas Trans (2025-2028), y la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.
Aunque España presenta niveles de aceptación social superiores a la media europea, persisten patrones de discriminación, acoso y violencia hacia personas LGTBI, especialmente a las personas trans e intersexuales. Estas situaciones pueden dar lugar a estrategias de ocultamiento de la identidad u orientación sexual con el fin de evitar situaciones violentas o de discriminación.
En el caso de las personas migrantes, la regularidad administrativa se articula como el principal vehículo de inclusión e integración social, evitando situaciones de vulnerabilidad y exclusión. En este sentido, en abril de 2026 se ha aprobado el Real Decreto 316/2026, que permite el acceso provisional al permiso de trabajo y residencia. Estos avances se desarrollan en un contexto de creciente instrumentalización política de la inmigración por parte de corrientes políticas xenófobas, cuyos discursos nativistas pretenden introducir criterios basados en el origen nacional en el acceso a los servicios públicos, lo que puede tensionar los fundamentos mismos del modelo de cohesión social.