La regularidad administrativa, uno de los principales vectores de la integración social, constituye la norma entre la inmensa mayoría de las personas extranjeras y de origen extranjero en España, muchas de las cuales ya son españolas de pleno derecho. Desde que comenzó el nuevo ciclo migratorio en los años inmediatamente anteriores a la pandemia y, en especial, tras la entrada en vigor de la modificación del Reglamento aprobada en 2022, las vías excepcionales de acceso a la autorización en el régimen de extranjería son las más frecuentes y han servido para canalizar la regularización, caso a caso, de situaciones carentes de la documentación administrativa que autoriza la estancia y permanencia en España.

La evolución de las cifras de autorizaciones por arraigo confirma el carácter estructural adquirido por esta vía como canal de acceso a la regularidad administrativa o de su recuperación. Cabe destacar el peso adquirido en los últimos años por el arraigo familiar y por la reciente modalidad de arraigo para la formación, mientras que el arraigo social y el laboral van perdiendo peso. Si bien habrá que observar la evolución de este último a partir de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería, dados los cambios que introduce en esta figura.

A pesar de las vías permanentes de acceso a la regularidad e incluso a la nacionalidad, existe un volumen de población irregular difícilmente cuantificable pues las estimaciones difieren en función de las fuentes y la metodología utilizada. Además, existen múltiples situaciones de irregularidad sobrevenida. En la mayoría de los casos, se trata de personas que, habiendo tenido un permiso de residencia legal en España, pierden la posibilidad de renovarlo al no cumplir con los requisitos.

La irregularidad representa un importante desafío en términos de cohesión social, pues aboca a una parte de la población inmigrante a sobrevivir en condiciones de precariedad, vulnerabilidad y riesgo de exclusión social no compatibles con una sociedad que se pretende igualitaria. Al mismo tiempo, pone en evidencia las debilidades en la gestión de los flujos migratorios y la necesidad de apostar de forma efectiva por la existencia de vías de entrada ordenadas, seguras y eficaces, aumentando el protagonismo de las vías de contratación normalizada desde el país de origen siempre que sea posible y con participación de los interlocutores sociales.

El CES considera que facilitar la migración regular y segura, así como asegurar la protección de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las personas migrantes deberán seguir siendo principios básicos de la política de extranjería. Es necesario alcanzar un Pacto de Estado que propicie el acercamiento, la cooperación, coordinación y lealtad institucional entre todas las administraciones, actores políticos y sociales y medios de comunicación social, para diseñar una política migratoria propia, equilibrada y de carácter integral, que se proyecte sobre los distintos ámbitos de actuación pública, y se adapte a nuestras peculiaridades, dentro del margen que admite el Pacto Europeo. Por esta vía, España puede ser un referente como sociedad que avanza apoyada en el reconocimiento de la diversidad, el respeto a los derechos de todos sus miembros y la apuesta por la convivencia intercultural en el marco de los valores del modelo social europeo, pilares de la construcción de una identidad común integradora.