El diferencial de crecimiento de los ingresos frente a los gastos en un contexto de crecimiento económico permitió reducir un año más el déficit público hasta el 3,6 por 100 del PIB, en línea con la media de la Unión Europea (3,5 por 100), e impulsó una nueva reducción de la ratio de deuda pública hasta el 107,7 por 100 del PIB, una cota en todo caso superior a la registrada de media en la Unión Europea (81,7 por 100).

La evolución de la deuda pública española en las últimas dos décadas muestra que, partiendo de unas finanzas públicas saneadas, a raíz de la crisis financiera se produjo un deterioro sistemático del indicador de referencia durante más de un lustro hasta cotas superiores al 100 por 100 del PIB. Solo a partir de 2012 esta tendencia pudo reconducirse gracias al giro expansivo de la política monetaria del BCE que, a través de bajadas de los tipos de interés y de una decidida política de compras de títulos de deuda pública, impulsó la recuperación económica y propició la reducción del coste medio de la deuda pública española, permitiendo con ello estabilizar la carga financiera y favorecer la sostenibilidad de la deuda, aunque a costa de un aumento considerable del peso del Banco de España como tenedor de deuda pública.

La crisis pandémica y la decidida respuesta fiscal condujeron en 2020 a un fuerte repunte de la ratio de deuda pública, pero la expansión coordinada fiscal y monetaria permitió una rápida recuperación económica que evitó la escalada del indicador y propició la reducción del coste de la deuda. Sin embargo, en 2022 el giro restrictivo de la política monetaria para combatir la inflación ha impulsado con fuerza al alza el coste de la deuda, que de encontrarse en terreno negativo en 2021 ha escalado hasta el 3,3 por 100 para las nuevas emisiones del Estado. Con todo, la elevada vida media de la cartera de deuda (casi 8 años), que hace que la traslación de los mayores tipos de emisión se produzca de forma gradual, junto al fuerte crecimiento de la economía, ha posibilitado que la carga financiera medida como porcentaje del PIB haya crecido de forma muy moderada. En concreto, el gasto en intereses de la deuda del conjunto de Administraciones públicas se situó en 2023 en el 2,5 por 100 del PIB, una cota solo ligeramente superior a la registrada en 2019, que fue del 2,3 por 100.

No obstante, la persistencia de una política monetaria restrictiva, junto con la reducción de la deuda soberana del balance del Banco de España –que sigue teniendo el 30 por 100 de la deuda del Estado–, plantea un reto a medio plazo para la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas si no se consigue mantener una senda de crecimiento de la actividad y el empleo sostenida en el tiempo.