El CES aprueba su Memoria anual sobre la situación socioeconómica y laboral de España, señalando vulnerabilidades que pueden poner en riesgo la continuidad del crecimiento y el empleo
- El crecimiento de la economía española, por encima de la media UE, ha permitido la reducción de desequilibrios manifestados en la crisis, aunque persisten vulnerabilidades que ponen en riesgo la continuidad del crecimiento y la creación de empleo: sostenibilidad de la deuda exterior, deuda pública y privada, situación del mercado de trabajo, débil crecimiento del a productividad, desigualdad en renta y riesgo de pobreza.
- La situación social de la población da muestras de mejora, medidas en protección, inclusión y cohesión social, aunque no se ha superado del todo secuelas sociales de la crisis, ni se han afrontado decididamente retos como el cambio demográfico, que constituye el trasfondo de buena parte de los retos económicos y sociales que afronta España.
- Crecimiento del empleo mayor que la medida europea, aunque queda más camino que en la UE para enjugar completamente los resultados negativos de la crisis.
- La economía española se enfrenta a tres cambios, que requieren actuaciones de carácter estructural: de lo analógico a lo digital, de lo material a lo intangible y de lo lineal a lo circular.
- A pesar del descenso de la población con ingresos por debajo del umbral de pobreza, los niveles de renta siguen sin alcanzar los previos del periodo anterior a la crisis, lo que refleja desigualdad en el mercado de trabajo y la limitada capacidad de las políticas públicas para reducir la pobreza.
- La inversión pública no está remontando suficientemente con la recuperación. Esta debilidad supone renunciar a un instrumento clave del desarrollo a largo plazo.
- Insuficientes resultados de las políticas de medio ambiente, puestos de manifiesto por la pérdida de biodiversidad asociada al cambio climático, el abandono del medio rural, los retrasos en la planificación hídrica, el retroceso en los niveles de calidad del aire o el lento avance en la gestión de residuos.
- El gasto en prestaciones sociales está por debajo de la media europea, en particular en vejez, atención sanitaria, discapacidad, apoyo a la familia, vivienda social e inclusión social.
- No han salido adelante iniciativas largo tiempo esperadas para la protección y cohesión social, por las dificultades para alcanzar acuerdos. Se han retrasado los consensos sobre el sistema educativo, la sostenibilidad de las pensiones, los retos del sistema sanitario y de atención a la dependencia, la gestión del agua o el modelo energético y de sostenibilidad medioambiental.
El Pleno del CES, en su sesión del 29 de mayo de 2019, ha aprobado, con 45 votos a favor y 1 abstención, la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España en 2018. Con la elaboración de esta Memoria se da cumplimiento al mandato del artículo 7 de la Ley 21/1991.
Se trata de un diagnostico consensuado por los agentes sociales y las representaciones de la sociedad civil que forman el CES, sobre la situación socioeconómica y laboral de España. El contenido abarca la situación del Panorama Económico, del Empleo y Relaciones Laborales y de la Calidad de Vida y Cohesión Social.
La Memoria no es solamente descriptiva, contiene valoraciones sobre la situación socioeconómica y las políticas que se aplican a ella, así como orientaciones para la mejora de esa situación.
PANORAMA ECONOMICO
- La actividad económica mundial se expandió un 2,2% en los países avanzados y un 4,5% en los emergentes. Acontecimientos que frenaron una evolución mejor: deterioro de las condiciones financieras en los emergentes, desaceleración del comercio internacional, endurecimiento regulatorio en China y tensiones macroeconómicas en potencias regionales como Argentina, Irán y Turquía.
Estimaciones de dinamismo económico por encima del 3,0% durante 2019 y 2020. Sin embargo, en un contexto geopolítico en el que el multilateralismo pierde relevancia (guerras comerciales, Brexit ), el escenario es susceptible de empeorar. El deterioro de la cooperación internacional en ámbitos como el comercial, militar, medioambiental, tecnológico o migratorio ponen en riesgo el bienestar de la comunidad internacional. En un escenario en el que todos los países fijasen aranceles de manera unilateral la contracción comercial sería del 17%. -
En la UE el crecimiento perdió impulso. El crecimiento del PIB fue del 2,0%, cuatro décimas por debajo del año anterior. Se explica por los riesgos derivados de la incertidumbre, el debilitamiento del comercio mundial, la ralentización de la producción industrial alemana, las tensiones sociales en Francia o la incertidumbre del Brexit.
-
Dificultad de articular una política fiscal expansiva a escala UEM, que respaldase la expansión monetaria. Necesidad de avanzar hacia mayor integración presupuestaria que permita la articulación centralizada de políticas fiscales.
Marco Presupuestario 2021-2027 muy modesto, condiciona elevar niveles de ambición política y gobernanza económica. - Mayores esfuerzos de la UE en la lucha contra el cambio climático, la única gran economía que ha aprobado medidas para responder al Acuerdo de París...
Tras las elecciones europeas, momento de corregir deficiencias institucionales, que revelan limitaciones de la UE como organización supranacional y la percepción de un déficit democrático. -
En un entorno económico internacional de incertidumbre, la economía española, aunque registró una desaceleración, prolongó su ciclo expansivo, creciendo por encima de la media UE. Esto permitió avanzar en la reducción de desequilibrios que se manifestaron en la crisis, aunque persisten vulnerabilidades que pueden poner en riesgo la continuidad del crecimiento.
-
La economía española encadenó en 2018 cinco años de crecimiento, acompañado de con creación de empleo, inflación moderada y avances en el proceso de desapalancamiento público y privado. Y ello, a pesar del contexto de inestabilidad política y fragmentación.
-
El crecimiento del PIB, del 2,6%, supera la media de la UE, si bien fue inferior al de los tres años precedentes, debido al deterioro del sector exterior, que acusó el empeoramiento del contexto internacional. La demanda interna mantuvo la misma aportación al PIB, gracias a políticas de demanda expansivas, especialmente la monetaria y por las medidas expansivas del presupuesto de 2018.
Persisten desequilibrios que suponen un riesgo a la continuidad del crecimiento creador de empleo. Sostenibilidad de la deuda externa, la deuda pública y privada y, situación del mercado de trabajo, en un contexto de débil crecimiento de la productividad. Otros retos: profundas desigualdades en renta o el elevado riesgo de pobreza o exclusión social.
Previsiones de cierta desaceleración en el crecimiento. - Deseable que se abandonara la práctica de gobernar mediante legislación de urgencia, sin la posibilidad a los grupos parlamentarios para discutir el contenido de las normas, distorsionando el modelo de separación de poderes.
La economía española se enfrenta a tres cambios: de lo analógico a lo digital, de lo material a lo intangible y de lo lineal a lo circular, que requieren actuaciones de carácter estructural. - La recuperación se ha comenzado a trasladar a la inversión en I+D. Las Administraciones estarían perdiendo su protagonismo como financiadores a favor del sector privado. Esto permitiría superar la debilidad de la reducida inversión empresarial en I+D en comparación con los países de su entorno. Sería deseable también un aumento de los fondos públicos dirigidos a impulsar la transición ecológica y la digitalización de la economía...
España es uno de los Estados europeos donde los servicios públicos digitales están más desarrollados. Buenos resultados en conectividad (cobertura e implantación), y en integración de la tecnología digital por parte de las empresas. Son ámbitos con margen de mejora, la formación del capital humano y la desigualdad territorial. Es conveniente que España cuente con una estrategia-país ambiciosa en cuyo diseño se cuente con la participación de los interlocutores sociales. - La transición hacia una economía descarbonizada implica al conjunto de la economía, desde la actividad productiva hasta el comportamiento de los hogares.
España avanza a un ritmo adecuado en las emisiones de CO2, aunque existen ámbitos en los que debe incidir más: eficiencia energética del sector residencial, o descarbonización del transporte. Debe haber mayor integración de las renovables y mejora de interconexiones eléctricas. -
Todos los sectores contribuyeron al crecimiento del PIB, con especial dinamismo de la construcción y los servicios, mientras que la industria se desaceleró por la ralentización de la producción de automóviles, ante la incertidumbre por las nuevas normas sobre emisiones y el mal comportamiento de los mercados de exportación. Continúa pendiente la consecución de un Pacto de Estado por la Industria . El avance de la producción permitió un crecimiento del empleo del 2,5%, con creación de casi medio millón de puestos. Servicios respondió de prácticamente tres cuartas partes del empleo creado.
-
Posicionamiento favorable de España en relación a los objetivos de la PAC.
-
La construcción consolidó su recuperación, sustentada en la edificación privada. La licitación de obra pública bajó, por un descenso en la de los entes territoriales.
-
En servicios todas las ramas, salvo el comercio y las actividades artísticas y recreativas, aceleraron su ritmo de crecimiento.
-
Las ventas minoristas continuaron desacelerándose, lo que podría explicarse por la creciente importancia del comercio online.
-
El turismo alcanzó cifras récord en el número entradas, a pesar de la recuperación de los mercados competidores.
-
El crecimiento del PIB se sustentó en la demanda interna, la externa drenó tres décimas al PIB, rompiéndose la tendencia de los dos últimos años.
-
Dinamismo de la inversión en construcción y bienes de equipo, a pesar de la inestabilidad política.
-
El avance de la renta disponible volvió a no ser suficiente para compensar el aumento del consumo, con mayor apelación al crédito y nueva caída de la tasa de ahorro, que pone en riesgo la evolución futura del consumo privado.
-
En la balanza de pagos, la economía española generó una capacidad de financiación frente al resto del mundo del 1,5% del PIB. Séptimo año consecutivo de superávit exterior, supone seis décimas menos que el año anterior.
-
Semimanufacturas y bienes de equipo, principales sectores en exportaciones y en importaciones. La UE, principal origen y destino de los productos españoles, aunque la cuota comunitaria se ha reducido por segundo año por descenso de ventas a Alemania y el fortalecimiento de ciertos mercados emergentes.
-
Las empresas no financieras generaron capacidad de financiación menor al año anterior. Las Administraciones públicas siguieron reduciendo su necesidad de financiación.
-
Continuó el proceso de desapalancamiento. Deuda total acumulada, el 228,6% del PIB, 6,2 puntos por debajo del año anterior, gracias al crecimiento del PIB, los bajos tipos de interés y la continuación en el esfuerzo de desendeudamiento del sector privado. La deuda de las Administraciones Públicas (97,1% del PIB), aunque se redujo un punto, se mantiene en niveles muy elevados, lo que dificulta la inversión pública y deja un estrecho margen de actuación a las Administraciones en los próximos años.
A pesar del descenso de la deuda total, el elevado nivel de endeudamiento sigue constituyendo uno de los principales desequilibrios que limitan la capacidad de la economía española. -
La inversión extranjera directa se elevó un 54,7%, la española en el exterior experimentó subió el 7,2%.
-
A diferencia de los dos años previos, la Remuneración de asalariados creció a una tasa superior a la del agregado Excedente bruto/rentas mixtas brutas, aumento del peso de la remuneración de asalariados en el PIB, rompiendo la tendencia al descenso, que respondió al crecimiento del empleo asalariado, ya que la remuneración media por asalariado nominal apenas creció (0,8%), permaneciendo estancada en términos reales.
-
La inflación mantuvo un crecimiento continuado, explicado en su mayor parte por el aumento de los precios de la energía. En media anual se situó en el 1,7%, tres décimas por debajo del año anterior.
-
Continuó la tendencia a la reducción del déficit, un 2,5% del PIB. Los ingresos públicos aumentaron a una tasa sensiblemente superior a la del gasto.
-
El peso de la deuda pública en el PIB mantuvo una senda levemente descendente, aunque por encima del promedio de la Eurozona y alejada del 60%, que establece tope de la legislación de estabilidad presupuestaria.
-
La inversión pública no está remontando suficientemente con la recuperación económica. Esta debilidad supone renunciar a un instrumento clave del desarrollo a largo plazo. En particular, estancamiento de la inversión en I+D.
-
Las economías regionales mostraron un favorable comportamiento, aunque con diferencias notables: crecimiento del 3,7% en Madrid, del 1,5% en Murcia.
Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña las regiones con mayor nivel de PIB per cápita, con más de 30.000 euros. En el extremo opuesto Extremadura, con 18.174 euros, seguida de Melilla y Andalucía, con niveles que no alcanzan los 20.000 euros. Aunque se habría producido cierto avance en la convergencia, los niveles de dispersión siguen siendo muy elevados. Únicamente Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña superan el promedio de la UE-28. Extremadura, Melilla, Andalucía, Ceuta y Castilla-La Mancha no alcanzan el 75%.
EMPLEO Y RELACIONES LABORALES
-
Crecimiento del empleo mayor que la media europea, aunque queda más camino que en la UE para enjugar completamente los resultados negativos de la crisis.
-
Promedio de empleo, 19,3 millones de personas, 503.000 más que en 2017 y 2,2 millones más que en 2013. Todavía por debajo de antes de la crisis (20,6 millones en 2007), aunque ya se ha enjugado cerca de dos tercios de la pérdida. Los parados se redujo en 438.000, con un volumen de desempleo de 3,5 millones de personas. Descenso de 2,6 millones de parados desde 2013. La población activa creció ligeramente.
-
La industria creció en 61.000 personas, la construcción en 94.000 y servicios en 356.000, incrementando nuevamente su peso. Retroceso del sector primario, cerca de 7.000 empleos menos.
-
En las CCAA, aunque todas tienen tasas de paro de dos dígitos, se perfila un grupo con datos significativamente mejores: cuatro comunidades muestran tasas del orden del 10% y sólo tres están entre el 20 y el 23%.
-
Tasa de empleo de la población de 16 a 64 años 63,4%, 1,3 puntos más que en el año anterior, acumulando 7,8 puntos de incremento en el periodo de recuperación. Crecimiento algo mayor en el género masculino, pese a que los datos son todavía inferiores a los de 2007 (8,2 puntos menos), mientras que entre las mujeres ya están por encima (1,7 puntos más).
-
Crecimiento del empleo en todos los grupos de edad. No obstante, el mayor impacto de la crisis entre los jóvenes se traduce en el retraso de sus tasas de empleo respecto a las que tenían antes, mientras que todos los grupos a partir de los 40 años tendrían ya tasas por encima.
-
Recorte de 2 puntos en la tasa de paro, media anual del 15,4%. Bajó más en jóvenes, con descenso de 4,8 y 4,2 puntos en los grupos de 16 a 19 y de 20 a 24 años. Pero estas tasas siguen siendo más altas: de 16 a 19 años, un 49,7%, de 20 a 24 años un 31%, es decir, triple y doble del total. A partir de la treintena la incidencia es mayor en el género femenino, tasas de paro entre 2 y 3 puntos más altas que las de los varones.
-
Mayor reducción del desempleo a mayor nivel de estudios, y en el caso de los de contenido más profesional.
-
El crecimiento del empleo se originó en asalariado, 3,1% en el sector privado y 4% en el público.
En el empleo por cuenta propia nuevo descenso más moderado (-0,8%). Descenso del 0,2% en la de empresarios sin asalariados y trabajadores independientes, que venían cayendo durante la crisis y en la recuperación. Repunte del 1% en autónomos personas físicas. - Crecimiento del empleo indefinido en un 3,1%, acercándose al ritmo de aumento del temporal (3,8%). La temporalidad sólo creció una décima, frente al incremento cercano a un punto en el periodo 2013-2017, situándose en media anual en un 26,8%. Mayor incremento en el sector público.
Temporalidad en los jóvenes muy por encima de la de antes de la crisis: 85% en el tramo 16-19 años, y 70% en 20-24. Son necesarios nuevos instrumentos para reducir la elevada temporalidad, en todas las edades pero sobre todo en los menores de 30 años. -
El empleo a tiempo parcial redujo su ritmo de crecimiento un 0,4%, frente a un 3,1% en jornada completa. En varones volvió a retroceder, en mujeres siguió creciendo, si bien a un ritmo inferior (7,9% en varones, 29,9% en mujeres). La involuntariedad (55,8%), una de las más altas de la UE, pero se ha reducido en la recuperación (5,3 puntos menos que en 2017).
-
En flujos entre empleo y paro, un volumen por encima del 6%, frente al 4% en Francia o el 3% en Italia. Una rotación alta, con costes asociados no desdeñables para todos los involucrados.
-
Los temporales crecieron menos de la mitad que en el año anterior, 2,2%, los indefinidos 18,4%, sobre todo en las conversiones (22,1%). Se frenó, en parte, la continua alza en el volumen de contratación temporal aunque ya en cifras por encima de las que había antes de la crisis.
Menor duración de los contratos temporales. En 2018 ese promedio estaba 26 días por debajo del correspondiente a 2007, y está por debajo de dos meses. -
Las salidas del empleo por finalización del contrato, un 81% del total, 5,5 puntos más que al inicio del periodo de recuperación. Los despidos objetivos redujeron ligeramente su número, las extinciones en periodo de prueba crecieron un 21%.
-
En despidos colectivos un 14,6% sin acuerdo. Un peso similar al periodo 1995-2000, y por encima de los anteriores a la reforma de 2012. Descenso de las causas económicas, con aumento de las técnicas, organizativas y de la producción.
-
El Plan Anual de Política de Empleo, un conjunto de actuaciones y programas que los SPE, estatal y autonómicos, prevén realizar y no tanto un plan estratégico de actuación.
-
El Sistema Nacional de Garantía Juvenil parece haber tenido cierto impacto, con una inscripción creciente, alcanzando desde su puesta en marcha y hasta marzo de 2019 cerca de 1.450.190 inscripciones. Importante contar con mayor información sobre las actuaciones desarrolladas y su incidencia en inserción e incremento de su empleabilidad.
-
En el Programa de Activación para el Empleo, desde su puesta en marcha y hasta febrero de 2019, se recibieron 454.874 solicitudes, aprobándose el 71,4% que han recibido la prestación de 426 euros mensuales. 59.471 beneficiarios obtuvieron colocación en los doce meses siguientes y un 13% compatibilizaron trabajo con prestación económica.
-
Un total de 306.933 contratos bonificados, un 1,7% más que en 2017. El 70% fueron temporales. Los indefinidos crecieron un 4,2%, de los que dos terceras partes correspondieron a iniciales y el resto a conversiones.
-
290.567 contratos de apoyo a emprendedores, un 18% más que el año anterior. Menor recurso (-14,4%) a la capitalización para realizar actividades por cuenta propia. Es necesario reforzar la evaluación de estas actuaciones.
-
Los SPE autonómicos enviaron más de tres millones de ofertas a demandantes de empleo, un aumento del 20,3%. La intermediación resultó en colocación en un 10% de casos. El número de ofertas gestionadas sigue siendo reducido (3,1%) frente a la media comunitaria (10%).
-
Las agencias privadas de colocación han atendido desde 2014 a 228.326 personas de un total de 458.225 enviadas. Sería conveniente profundizar en los factores que motivan esta baja atención y mejorar la colaboración público privada.
-
52.803 contratos para la formación y el aprendizaje, un aumento del 9,3%. No es posible contrastar las características de la formación impartida. Es importante contar con información fiable de la formación inherente a ese contrato.
-
En la formación programada por las empresas aumentaron las empresas participantes un 1,3%. La tasa de cobertura, 21,2%. Las acciones formativas alcanzaron a más de 4,4 millones de participantes, incremento del 9,9%.
-
La formación de ámbito estatal dirigida a trabajadores ocupados, ha falta oferta formativa suficiente en los últimos años, sin convocatorias en 2017 y 2018. A principios de 2019 el Gobierno y los interlocutores sociales aprobaron una nueva convocatoria.
En la formación dirigida a desempleados participaron 105.564 personas. En 2016, la tasa de inserción se situó en el 71,2%. - Recursos destinados a la política de empleo 22.220,6 millones de euros, un 3,2% menos que el año anterior, un 75% se destinaron a políticas de protección, el resto a políticas activas. grado de ejecución del gasto, un 86%.
El gasto en el conjunto de políticas de empleo se situó entre los más elevados de la UE (2,3% frente al 1,4% en el conjunto UE-28). Los recursos destinados a políticas activas (-25,2%), se sitúan por debajo de la media. -
Registrados 4.116 convenios colectivos con efectos económicos en 2018, que afectaban a 9,9 millones de trabajadores y a 1,25 millones de empresas. Cerrado el 73% de convenios para el 92,4% de trabajadores potencialmente afectados. Porcentajes mejores que en 2017 (67,6% y afectaban al 85,3%).
-
Variación salarial del 1,78%, 3 décimas más que en 2017 y casi 7 décimas más que en 2016. Se sitúa dentro de la recomendación en el IV AENC. Progresiva recuperación de los niveles salariales nominales, dentro de un marco de moderación. El incremento salarial comparado con la inflación permitió el mantenimiento de los salarios pactados reales, e incluso una ligera elevación del poder de compra.
-
1,6 millones de jornadas no trabajadas por huelga, cifras muy superiores a las registradas en 2017 y años anteriores, aunque solo la jornada de paros convocada en el día internacional de la mujer, aportó más de 700.000 jornadas no trabajadas.
-
Los procedimientos tramitados por el SIMA aumentaron un 34,1%. La media de expedientes durante la aplicación del V ASAC se ha duplicado respecto a los años anteriores.
Los de interpretación y aplicación, el 81,6%, procedimientos promovidos con carácter previo a la convocatoria de huelga, el 13,9%.
Se resolvieron mediante acuerdo en mediación un 28,5%, casi 4 puntos más que en 2017.
En los órganos de resolución de ámbito autonómico, descenso del 0,9% de los procedimientos. -
Actuaciones realizadas por la ITSS, un 0,77% más poniendo fin a la tendencia descendente experimentada desde 2014.Se detectaron un 6,91% más de infracciones que en 2017.
-
Los juzgados y tribunales del Orden social resolvieron un 0,4% menos de asuntos que el año anterior. Continuó la reducción que, desde 2016, se venía experimentando.
-
Aumento de un 3,2% de los accidentes de trabajo con baja. Los sin baja descendieron un 1,1 %. 652 trabajadores fallecieron en accidente laboral, la mayor cifra desde 2011 (y un incremento del 5,5% respecto a 2017).
El índice de incidencia, un 0,2% menos que el año anterior, descendiendo tras cinco años consecutivos de incrementos. Incremento en el índice de accidentes mortales de un 1,0%, El de graves, ligero descenso de 0,3%.
Enfermedades profesionales, aumentando un 15,12%.
CALIDAD DE VIDA Y COHESION SOCIAL
-
La situación social continuó dando muestras de mejora, medida a través de la protección, la inclusión y la cohesión social. Una mejora continuada de la economía y el empleo está teniendo su reflejo en la situación social, con aumento de la renta media de los hogares (del 5,6%) respecto a tres años atrás. No obstante, no se han superado del todo las secuelas sociales de la crisis ni haberse afrontado decididamente algunos retos como los cambios demográficos.
-
La complejidad del año desde el punto de vista político, explica la atonía en la adopción de decisiones relevantes durante gran parte del año. Iniciativas importantes y esperadas para la protección, la inclusión y cohesión social no han conseguido salir adelante por la dificultad para alcanzar acuerdos. Se ha retrasado el necesario consenso sobre mejora del sistema educativo, sostenibilidad del sistema de pensiones, retos del sistema sanitario y de atención a la dependencia, gestión del agua o modelo energético y de sostenibilidad ambiental de nuestro país.
-
Posición 25 en el ranking de países cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, destacando las dimensiones de buena salud y bienestar de la población, igualdad de género, energía asequible y limpia y acción para el clima. Reducir la desigualdad permanece como un desafío clave para nuestro país.
-
Los cambios demográficos constituyen el trasfondo de buena parte de los retos que afronta España. La feminización de la vejez traslada a esta etapa parte de las desigualdades de ingresos derivadas de la brecha de género en edades activas. El medio rural presenta un mayor desequilibrio demográfico que el urbano, acusando el problema del despoblamiento.
Si los niños son un bien escaso en este escenario demográfico, es necesario invertir más en sus capacidades. Indicadores, como el elevado nivel de fracaso escolar, las altas tasas de pobreza infantil y el bajo esfuerzo comparado en políticas de apoyo a las familias, corroboran que se puede hacer más en este terreno. -
Los flujos migratorios, factor determinante del crecimiento de la población. Rápido aumento de la inmigración tras su caída durante la crisis. La población inmigrante está contribuyendo a atenuar el envejecimiento demográfico, si bien su sola presencia no basta para mitigar sus efectos.
-
La población con ingresos por debajo del umbral de pobreza monetaria, ha descendido, situándose en el 22%.A pesar de esta mejora, los niveles de renta siguen sin alcanzar los del período precrisis y no se han eliminado los riesgos de vulnerabilidad social. Niveles de pobreza monetaria altos, y en especial, la que afecta a los menores y jóvenes (en torno al 28%).
Ello es reflejo de desigualdades en el mercado de trabajo, incluso en la recuperación, así como de la limitada capacidad de las políticas públicas para reducir la pobreza. Si bien el sistema de protección social logra reducir la pobreza en un 50%, su capacidad es limitada en comparación con otros países del entorno, en especial las situaciones más extremas de vulnerabilidad social como desempleados, extranjeros o familias monoparentales. -
España destaca por su elevada tasa de matriculación en educación infantil (97,2% en el segundo ciclo) y de graduados en educación terciaria (42,4% frente a 40,7% de media de la UE. Sin embargo, tiene la frecuencia de abandono escolar temprano más elevada de la UE (17,9% en 2018 frente a la media de 10,6%, peores resultados de inserción laboral de los jóvenes, así como un nivel de gasto público en educación (4%) algo inferior a la media europea (4,7%), aunque entre 2013 y 2017 se incrementó un 10,6%.
-
Reducir la alta tasa de abandono escolar temprano y las desigualdades en los resultados educativos, especialmente marcadas por el nivel socioeconómico, el origen y el territorio, son los retos más importantes del sistema educativo español.
Importante peso del estatus socioeconómico familiar en las posibilidades de movilidad educativa ascendente, así como vinculación entre indicadores de bajo rendimiento y situación socioeconómica de los hogares. -
Polarización del nivel educativo en los extremos de alto y bajo nivel, con un escaso peso con niveles formativos intermedios. Esto requiere una apuesta más ambiciosa por la Formación Profesional.
-
En enseñanzas universitarias, desfase entre capacidades existentes y las que se requieren. Desigualdad en las oportunidades, lagunas en innovación y falta de cooperación fluida entre los diferentes componentes de los sistemas.
-
A pesar de los importantes retos que afronta la educación, no consiguió fraguarse el Pacto de Estado en Educación.
-
Mayor dinamismo en compra de viviendas, y firma de hipotecas con mejora de las condiciones de financiación de éstas. Sobrecarga de gastos de la vivienda sobre el total de gasto del hogar en un 8,4 % de hogares españoles. La población con retrasos en el pago del alquiler y de la hipoteca bajó del 6,2% en 2016 al 3,8% en 2017. Ejecuciones hipotecarias, 8.912 en total.
-
Aumenta el esfuerzo para acceder a la vivienda en relación con la renta anual, superando el umbral del 30%, por aumento de los precios. En precios de venta y de alquiler, variabilidad en función de la localización y las características de las viviendas, sugiriendo la existencia de importantes desajustes entre oferta y demanda.
-
La propiedad, régimen de tenencia predominante (77,1%), el alquiler ha pasado del 10,7% en 2007 al 14,4% diez años después.
Aumento de sus precios, aunque menor que en años anteriores. La sobrecarga de gastos de vivienda es superior en alquiler -
Necesidad de políticas públicas de apoyo a los jóvenes en materia de vivienda. El Esfuerzo público en políticas de vivienda dirigidas a personas con escasos recursos es uno de los más bajos de la UE, y el alcance de esta política se ha visto limitado por la disminución del gasto público. Bajos niveles de viviendas de protección oficial iniciadas y terminadas, tanto las destinadas a compra como a alquiler.
-
Insuficiente resultado de las políticas de medio ambiente: aumento de la pérdida de biodiversidad asociada al cambio climático y otros factores como el abandono del medio rural, retraso en algunas medidas de planificación hídrica, retroceso en los niveles de calidad del aire y la emisión de gases de efecto invernadero. Lento avance en el cumplimiento de objetivos en la gestión de residuos.
-
España es muy vulnerable al cambio climático, con recursos hídricos limitados, más de dos tercios de la superficie terrestre en riesgo de desertización, y unos 8.000 kilómetros de costa están expuestos al aumento del nivel del mar. El aumento térmico ha provocado aumento de la extensión de regiones semiáridas en alrededor del 6% de la superficie del país.
-
La movilidad sostenible, ha adquirido impulso a partir de la apuesta por la electrificación del transporte. Los municipios están tomando la iniciativa.
-
No consiguieron abrirse paso iniciativas necesarias como el Pacto Nacional del Agua, la Estrategia “España Circular 2030”, o el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización.
-
El consumo muestra síntomas de recuperación. incremento del gasto medio por hogar del 2% desde 2014 hasta 2017.
Se ha consolidan diferencias entre distintos segmentos poblacionales, la clase social marca una importante distancia. En el segmento con menos recursos solo los gastos hipotecarios comprometen hasta la mitad de sus ingresos. -
Consumo a través de Internet alcanza ya al 43,5% de la población.
-
El gasto en prestaciones sociales, por debajo de la media europea: 23,9% del PIB frente al 27,1%. Por debajo de la media en gasto en vejez, atención sanitaria discapacidad y, sobre todo, en apoyo a la familia, vivienda social e inclusión social. En financiación, menor volumen de ingresos procedentes de todas las fuentes (22,8%) en comparación con la media europea (29,6%).
-
Queda pendiente dar continuidad al Pacto de Toledo y la revitalización del diálogo social en esta materia. Sigue exigiendo un mayor esfuerzo de responsabilidad institucional, operatividad y consenso.
-
El déficit de la Seguridad Social se redujo 1,2%, y es equivalente al 1,5% del PIB. Ello se debió a que los ingresos no financieros se incrementaron por encima de los gastos, gracias al favorable comportamiento de las cotizaciones sociales. Sin embargo, las cotizaciones todavía se sitúan por debajo de los gastos en transferencias contributivas, viéndose afectadas por el mantenimiento de determinadas reducciones en las cuotas. Los ingresos patrimoniales volvieron a caer por el retroceso de los rendimientos generados por el Fondo de Reserva, tras las sucesivas disposiciones realizadas.
-
Las cotizaciones se incrementaron un 5,5%, por el avance de la afiliación, el incremento en un 0,8% de la remuneración media por asalariado, la subida en un 1,4% de la base máxima de cotización y de un 4% de las bases mínimas por efecto del aumento del SMI.
-
En gastos, aceleración en el crecimiento, hasta el 4,7%, por el incremento del índice de revalorización anual de las pensiones y la mejora de las pensiones de viudedad.
Las pensiones contributivas, que suponen el 79% del gasto, aumentaron un 4,8%. El incremento del 1,6% y del 1,4% adicional para pensiones mínimas y no contributivas, lleva a un aumento del gasto en complementos a mínimos del 2,1%. -
El sistema contributivo daba cobertura a 8,7 millones de pensionistas. Jubilación, 62% sobre el total, viudedad, 24,5%.
-
La pensión media del sistema, 944,7 euros. Jubilación, con 1.090,7 euros, viudedad 664,4 euros. La mitad de las pensiones inferior a los 735,9 euros (68% en las mujeres, 31% entre los varones). Un tercio de las pensiones supera los 1.000 euros. La pensión media de los varones, 1.162,3 euros mensuales, mujeres perciben 740,18 euros. Diferencias por sexo que tienen que ver con la diferente participación de mujeres y hombres en el mercado laboral y los rasgos diferenciales en sus empleos.
-
España, entre los países con más baja cobertura de los planes de pensiones de empleo, y algo mejor posicionada en cobertura de planes individuales. La recuperación no ha repercutido en una mayor suscripción de previsión social complementaria. Concentración de partícipes en tramos inferiores: el 86,1% aportaciones por debajo de 900 euros anuales, un 73,5% por debajo de 300 euros.
-
Los beneficiarios de protección por desempleo (1.804.668) han registrado una nueva caída. 1,2 millones de beneficiarios menos que en 2010. Cobertura aumentó 2 puntos (58,2%). Descenso de la asistencialización del sistema, aunque, el potencial protector está mermado por el todavía elevado peso de las asistenciales.
-
El gasto sanitario público aumento del 3,7%, sin recuperar el registrado en 2009. Por debajo de la media de la UE, con un porcentaje del 6,3% sobre el PIB.
A pesar de ello, el SNS obtiene buenos resultados, generando opiniones muy favorables de los ciudadanos. El reto del cambio a un modelo asistencial basado en el perfil de morbilidad crónica, más acorde con las necesidades de una población cada vez más longeva. -
La Atención especializada absorbe la mayor parte de los recursos del sistema. El reto del acceso de manera equitativa a tratamientos novedosos y de elevado coste.
-
Leves descensos, no obstante la saturación en consulta especializada y atención quirúrgica.
-
Volumen de la población dependiente, 1,05 millones, ocho de cada diez habían sido ya atendidas por el sistema. Las prestaciones y servicios se incrementaron en más de 98.000.
-
Los beneficiarios de las rentas mínimas de las CCAA se han multiplicado por 2,44. Pendientes mayores avances la sistematización de todas las ayudas.
El texto de la Memoria completa se puede consultar en http://www.ces.es/memorias