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03/05/2018 Volver

El CES aprueba su Informe anual sobre Gobernanza Económica de la UE, vinculando la integración europea a la convergencia real entre los Estados miembros

  • Lograr mayor convergencia real, ante la dispar situación económica de los Estados miembros, es uno de los grandes retos de la gobernanza económica de la UE.
  • Entre los riesgos de la actual situación económica de la UE destacan el lento avance de la demanda interna, el débil crecimiento de los salarios y la necesidad de normalizar la política monetaria.
  • Es necesario incorporar a la Gobernanza Económica el Pilar Social Europeo, porque subsisten dudas sobre el papel del ámbito social en la estrategia de crecimiento económico sostenible. Para ello, es necesaria la participación de los interlocutores sociales en las políticas comunitarias.
  • La focalización de la eurozona en la disciplina presupuestaria de los Estados supone renunciar a la política fiscal como herramienta de estabilización económica. La ausencia de capacidad presupuestaria común no permite suavizar las perturbaciones económicas. Se debe transitar hacia un enfoque federalista, por el valor que tiene la puesta en común de recursos para desarrollar políticas europeas.
  • El CES, considera interesante la propuesta de la Comisión de transformar el mecanismo europeo de estabilidad en un Fondo Monetario Europeo.

El Pleno del Consejo Económico y Social ha aprobado, con una sola abstención su Informe anual sobre la Gobernanza Económica de la Unión Europea. Este informe en el quinto que realiza el CES, y se elabora por propia iniciativa. El informe analiza las actuales prioridades de la política económica de la UE y los principales avances de la integración política y económica de la eurozona. En el informe se definen los principales retos para la gobernanza económica de la UE, se establecen una serie de conclusiones y se formulan concretas propuestas sobre todas estas cuestiones.

  • En 2017, en un contexto de recuperación económica, se produjo una reflexión sobre los retos que impedían avanzar en la construcción europea: persistencia de divergencias económicas y sociales, existencia de diferentes fuentes de inestabilidad financiera, elevados niveles de deuda y necesidad de incrementar la capacidad de estabilización colectiva o aumentar la eficiencia y transparencia de la Gobernanza de la UEM.
    La mejora en la situación económica de la UE, con creación de empleo,  condiciones financieras favorables,  mayor confianza de los agentes económicos y  buenas perspectivas a medio plazo, constituía el marco propicio para dar  impulso a esta reflexión
  • Se observan riesgos e incertidumbres. Externos: el futuro de las relaciones de la UE con el Reino Unido, la apreciación del euro, las tensiones geopolíticas o las decisiones políticas y económicas de la Administración norteamericana-. Internos -: lento avance de la demanda interna,  débil crecimiento de los salarios, la normalización de la política monetaria, fragilidad financiera en algunos sistemas bancarios o niveles elevados de endeudamiento público y privado en algunos Estados.
  • Para asegurar el ritmo de avance es preciso mayor empuje de la demanda interna en el medio plazo,  a través del impulso de la formación bruta de capital, como respuesta al débil crecimiento de la productividad y al escaso avance de los salarios reales.
    Sin embargo, las políticas de empuje de la demanda, presentan poco margen de maniobra. Necesidad de normalizar la política monetaria, manteniendo el programa de compra de activos, pero, retirándolo de forma gradual. Esta normalización debe llevarse a cabo sin dificultar la recuperación económica ni alejar el objetivo de estabilidad de precios.
  • Necesidad de una contribución decisiva de la política fiscal para mantener el ritmo de crecimiento, aunque la descentralización de la toma de decisiones en esta materia, y su énfasis en la disciplina presupuestaria, dificulta un impulso fiscal.
  • Los planteamientos de la Comisión son ambiciosos y suponen un reto para la gobernanza económica. Sin embargo, una parte de ellos son meras orientaciones, dejando en manos de los  Estados  el desarrollo concreto de esas prioridades.  En todo caso, la virtud de la agenda reformista de la Comisión reside en que sirve de impulso para que los Estados miembros pongan en marcha medidas concretas.
  • Algunos avances en política industrial, con la Estrategia renovada de política industrial. El CES  valora positivamente los acuerdos en ámbitos como el refuerzo de la ciberseguridad, la libre circulación de los datos no personales, medidas de economía circular que afectan a la producción industrial, iniciativas sobre la propiedad intelectual o  la contratación pública. Necesidad  de impulsar la digitalización de la industria. Positiva la creación de una Mesa Redonda Industrial de Alto Nivel con presencia de interlocutores sociales y sociedad civil, para velar por el tratamiento transversal de la competitividad industrial.
    El CES considera  conveniente  una mayor voluntad política de los Estados  para abordar  el proceso de digitalización, y que la estrategia europea  incidiera  más en  ámbitos vinculados a la innovación o la investigación o los relativos a la dimensión sociolaboral de la digitalización.
  • El lanzamiento de plataformas como la de las regiones mineras en transición  resulta positivo. Sería deseable su extensión a otros procesos industriales de transición, para facilitar la diversificación económica y el reciclaje de competencias profesionales.
  • En fiscalidad, la U E ha mantenido el activismo legislativo para frenar la evasión fiscal transfronteriza a través de paraísos fiscales, planificación fiscal agresiva de algunas compañías transnacionales y competencia fiscal agresiva de algunos Estados para atraer inversiones. Son fenómenos que se están agravando debido al incremento de los flujos económicos internacionales en un contexto de libre movilidad del capital.
    Destaca la propuesta de establecer un marco fiscal común para gravar los beneficios de los negocios digitales transnacionales que, dado el diseño actual de los sistemas tributarios nacionales, soportan tipos impositivos efectivos relativamente bajos. La publicación de una lista de paraísos fiscales no es  relevante, por carecer de efectos vinculantes y por excluir territorios que merecerían figurar, incluyendo a algunos de los Estados miembros.
  • La Unión Bancaria está incompleta no es capaz de desempeñar su papel de mecanismo de absorción de impactos. Resulta necesario alcanzar un acuerdo equilibrado, aceptado por todos los Estados, respecto a la reducción de riesgos financieros y la distribución de los mismos.
    Sería conveniente avanzar en la propuesta de que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) pudiese ser el mecanismo de protección presupuestaria para el Fondo Único de Resolución.
    Interesante la propuesta de la Comisión de transformar el MEDE en un Fondo Monetario Europeo, que además de prestar apoyo financiero a los Estados actuaría como prestamista en última instancia del Fondo.
    Uno de los escollos para el logro de la Unión Bancaria es la falta de acuerdo sobre un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos. El CES comparte la necesidad de contar con un sistema común de garantía de depósitos con el fin de garantizar que todos los depósitos de la Unión Bancaria tengan un mismo nivel de protección, con independencia de la entidad en la que estén depositados
  • Respecto a la Unión de los Mercados de Capitales, es necesario agilizar el debate en el seno del Parlamento Europeo y el Consejo, con el fin de traducirlo en nuevas regulaciones.
    Para afrontar el Brexit en el ámbito financiero, es necesario reevaluar la forma en que la Unión de los Mercados de Capitales podrían garantizar el acceso de inversores a mercados de capitales fuertes e integrados, gestionando  los riesgos para la estabilidad financiera.
  • En materia de gobernanza fiscal, la toma de decisiones en la Eurozona sigue estando focalizada en la disciplina presupuestaria de los Estados. Esto implica   renunciar a la utilización de la política fiscal como herramienta de estabilización macroeconómica a escala nacional, sin que en contrapartida exista una capacidad presupuestaria común que suavice las perturbaciones macroeconómicas, ni ningún tipo de deuda pública conjunta,que rebaje la vulnerabilidad de las emisiones individuales.
    Esta debilidad de la arquitectura presupuestaria de la UEM condujo a políticas fiscales contractivas durante la crisis, afectando al crecimiento, el empleo y el bienestar, y  continúa impidiendo el respaldo de la expansión monetaria en el BCE para propiciar una recuperación económica sólida. Los intentos europeos de dar una respuesta coordinada a la necesidad de expansión fiscal, como el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, se muestran insuficientes.
    Es necesario abordar una reforma fiscal de la Eurozona, que garantice la estabilidad macroeconómica, con un equilibrio entre la necesidad de mutualizar riesgos y la de garantizar la disciplina fiscal a los Estados. Sería deseable que la propuesta de la Comisión sobre una función de estabilización para la UEM cristalizara en una herramienta que cuente con la dimensión económica necesaria para su eficacia.
  • La aprobación del Pilar Europeo de los Derechos Sociales  daba paso a la creación de un instrumento de coordinación dirigido a fomentar el crecimiento, el empleo y la justicia social junto a la convergencia económica y la estabilidad financiera. De este modo, el Pilar Europeo ha sido integrado en las orientaciones de política económica para 2018 en el marco del Semestre Europeo. La Comisión está poniendo en marcha iniciativas afines a este Pilar que pueden ser de calado, como las  Directivas sobre conciliación de vida familiar y laboral y sobre transparencia de las condiciones laborales, así como la propuesta de creación de una Autoridad Laboral Europea.
    La propuesta de avanzar en los derechos sociales y del empleo es s positiva, acompañada de un fortalecimiento de la base económica que la sustenta. El CES también valora positivamente que la aprobación del Pilar haya contado con el respaldo de los interlocutores sociales europeos más representativos y considera necesaria su participación a la hora de abordar las políticas comunitarias, respetando  la autonomía del diálogo social.
    Si bien el CES valora que se hayan aclarado cuestiones relativas a su aplicación (principio de subsidiariedad) y sobre la evaluación (cuadro de indicadores de seguimiento), aún adolece de objetivos específicos, intermedios y  finales.
  • Aunque la aprobación de este  Pilar constituye un paso  importante hacia la convergencia social, subsisten dudas  sobre el papel del ámbito social en el conjunto de la estrategia de crecimiento económico sostenible. La aplicación efectiva del Pilar  está sujeta a las políticas que emprendan los Estados en el marco del Semestre Europeo. El principal reto para conseguir una actuación coordinada en materia de política económica y social continúa siendo la dispar situación económica de los Estados miembros, que añade incertidumbre sobre la sostenibilidad de la recuperación.
  • El CES valora positivamente que la Comisión haya sugerido la reforma del Semestre Europeo a través de una mayor cooperación  con los Estados para la determinación de las recomendaciones país  -con  participación de los Parlamentos nacionales y los interlocutores sociales--, y  mayor atención a posibles sinergias entre las políticas económicas recomendadas para cada país y sus efectos generales en el conjunto de la UE.
  • Una UEM más fuerte solo puede darse si los Estados miembros aceptan compartir más competencias sobre temas relacionados con la Eurozona, dentro de un marco legal común.
  • Los avances en la responsabilidad democrática, legitimidad y consolidación institucional han continuado siendo escasos. Las disfunciones institucionales continúan generando pérdida de legitimidad de las instituciones comunitarias y la percepción por algunos sectores de un déficit democrático
  • Hay que impulsar el liderazgo político, económico y social de la Unión, evitando que la presión de algunos Estados miembros, pueda provocar una fragmentación política. Los resultados de los comicios en  -Francia, Holanda o Alemania- parecen haber alejado las incertidumbres sobre la construcción del proyecto europeo, aunque los resultados  en Austria, Italia y Hungría, invitan a la cautela.
  • La UE necesita reforzar su papel en la escena internacional, esencial para definir su estrategia comercial, alcanzar un acuerdo sobre una política de migración y asilo europea de largo plazo y dar una respuesta en el ámbito de la seguridad
  • En el contexto de la globalización, la UE debe  dar respuesta a la necesidad de gobernanza, de acuerdo con sus elementos identitarios; respeto a los derechos de los ciudadanos y empresas en igualdad de condiciones, fomento de una economía de mercado competitiva y situaciones de crisis graves, mientras que en situaciones menos problemáticas, la reubicación se basaría en compromisos voluntarios.
  • A medida que Europa ha ido dejando atrás la gestión coyuntural de las crisis migratorias y de los refugiados, resulta más necesario alcanzar un acuerdo sobre una política de migración y asilo europea, con visión a largo plazo. Debería adoptarse un enfoque en el que la reubicación obligatoria se aplicara solo a situaciones de crisis graves, mientras que en situaciones menos problemáticas, la reubicación se basaría en compromisos voluntarios.
  • El Brexit requiere una actuación coordinada entre los Estados miembros, defendiendo una posición común. Una de las piezas clave en las relaciones futuras será el acuerdo de libre comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea.
    La negociación se ha de desarrollar en un marco de transparencia y reciprocidad con el objetivo de reducir la incertidumbre durante los años en que se desarrolle el proceso.
  • La consolidación de la recuperación económica de la UE no está alcanzando en la misma medida a todos los Estados ni a los sectores de la sociedad. Aunque en la recuperación se está produciendo una mayor convergencia,  la participación de los diferentes Estados está siendo muy dispar. Se ha de tener en cuenta las diferencias aún existentes en  ámbitos relacionados con el acceso al empleo o las condiciones del mismo, el desempleo juvenil, y el de larga duración, la segmentación de los mercados de trabajo o los niveles de pobreza entre la población ocupada.
    Si bien la UE se encuentra entre las regiones del mundo con menores niveles de desigualdad, en el período de crisis esta ha aumentado, aunque con diferencias  entre los Estados, en consonancia con los distintos sistemas de protección social existentes.
    Lograr una mayor convergencia real constituye uno de los principales desafíos para lograr una mayor y más profunda integración europea.
  • Los retos y prioridades de política económica señaladas a lo largo del Informe marcarán la definición del futuro de las finanzas europeas y del marco presupuestario para el periodo 2020-2027 y determinarán la gobernanza económica de la UE.
    El CES se suma al llamamiento de las principales instancias europeas para que los Estados abandonen la lógica de los saldos fiscales, de modo que no se exacerbe la división entre contribuyentes netos y beneficiarios netos. Hay que transitar hacia un enfoque de corte federalista, basado en el valor añadido que entraña la puesta en común de recursos para desarrollar políticas genuinamente europeas que benefician a todos.
    El CES considera uno de los grandes retos  de la gobernanza económica el asumir la convergencia real como propia del proceso de integración comunitaria, entendida esta convergencia como el avance generalizado hacia un alto nivel de vida y un nivel de renta comparable. Ello resulta clave para lograr la cohesión económica, social y territorial, así como un crecimiento equilibrado y sostenido con estabilidad de precios y pleno empleo, respetuosa con los derechos sociolaborales y medioambiental sobre la base del modelo económico y social europeo.

Texto del Informe 02/2018 anual sobre La gobernanza económica de la Unión Europea