Gobernanza

• Valora positivamente la propuesta, pero señala la falta de coordinación y participación. Sugiere incorporar mecanismos de diálogo sectorializado, como los extintos observatorios sectoriales, así como disponer expresamente la participación en los distintos órganos de los agentes sociales, sindicales y patronales, así como de las entidades de economía social dedicadas a actividades industriales, garantizando la pluralidad y el necesario diálogo social para la toma de decisiones en materia de impulso y modernización de la industria. También indica la necesidad de mejorar la coordinación entre administraciones y departamentos, así como la creación de un órgano interministerial de industria. Además, apunta que el APL no desarrolla con la suficiente profundidad el funcionamiento de los procesos de reindustrialización que, en todo caso, deben respetar el diálogo social y los derechos de información, participación y consulta con los interlocutores sociales.

• Señala la falta de plazos específicos para poner en marcha elementos clave, como la Estrategia, el Plan Estatal, el Consejo, o la Reserva Estratégica. Además, debería ser más preciso en cuanto al diseño, habilitación o puesta en marcha de los nuevos órganos, instrumentos o procedimientos incorporados en el APL, para evitar que se genere incertidumbre jurídica.

• Destaca la carencia de los recursos financieros y humanos necesarios para implementar los objetivos de la futura ley. Se sugiere un refuerzo de plantillas del sector público, contar con actuaciones de formación y cualificación y la diversificación de fuentes de financiación, así como facilitar el acceso al crédito.

• Respecto a la obligación de mantenimiento de la actividad para los beneficiarios de ayudas, cuestiona el umbral de 500 trabajadores, proponiendo el uso de un porcentaje de la plantilla. Asimismo, señala la falta de medidas concretas que permitan una agilización real y efectiva de los procedimientos administrativos que reduzcan tiempos de espera y eliminen trámites innecesarios.

• Indica que el Anteproyecto debería recoger una referencia explícita al impulso de la demanda de productos sostenibles, así como al desarrollo de medidas como las compras públicas verdes, la aplicación de beneficios asociados a la adquisición de estos productos, o la incorporación de etiquetados explícitos que clasifiquen y hagan visible la circularidad y la baja emisión de carbono de los materiales incorporados al producto final.