Ahondar en los factores (menor crecimiento de la productividad y consiguiente pérdida de competitividad) que están detrás del menor crecimiento de la UE a lo largo de las dos últimas décadas en relación con otras potencias a nivel global.

El informe identifica la necesidad de abordar tres desafíos que conforman una estrategia integral de desarrollo industrial e impulso de la productividad y la competitividad.

• Cerrar la brecha de innovación con EE. UU. y China, sobre todo en alta tecnología, que es el origen del diferencial de productividad. El problema no es la falta de innovación, sino el crecimiento y la supervivencia de las empresas innovadoras que se enfrentan a barreras regulatorias, financieras y de formación. Entre las medidas señaladas están el refuerzo del ciclo de innovación, crecer en los sectores de las nuevas tecnologías, impulsar el desarrollo comercial de las nuevas empresas innovadoras, capacitar en nuevas tecnologías, incorporar la inteligencia artificial a la industria o liderar la próxima ola de innovación.

• Hacer de la descarbonización una ventaja competitiva y una pieza fundamental del impulso industrial, compatibilizando de forma adecuada descarbonización y competitividad. Entre las medidas está el traslado de los menores costes de producir energía con fuentes renovables a las empresas, apostar por una estrategia mixta que combine protección y apertura y haga frente al liderazgo de China como productor de tecnologías limpias, o asegurar la competencia a nivel global para las industrias intensivas en energía.

• Aumentar la seguridad económica y la capacidad de defensa europea reduciendo las dependencias estratégicas en el acceso a materias primas esenciales y en tecnología. También establecer una auténtica «política exterior común» que permita a la UE hacer valer su peso global y seguir una estrategia industrial de defensa que evite la fragmentación.

Para abordarlas, el informe recoge dos instrumentos claves: la mejora de la gobernanza y el refuerzo de la inversión pública y privada. Se debe adoptar un enfoque genuinamente europeo, desde la acción común, y superar los problemas de coordinación que se dan tanto entre las políticas industriales nacionales, supeditadas al margen fiscal de cada Estado miembro, como entre los propios instrumentos financieros, líneas de actuación y otras herramientas comunitarias, que dan lugar a una financiación fragmentada y limitan la escala de acción, o entre las políticas industriales y el resto de los instrumentos de política económica.

El informe consta de una primera parte (A) que señala la necesidad de una estrategia de competitividad para Europa y una segunda (B) con 170 propuestas concretas que abordan algunas políticas horizontales como innovación, competencias, inversiones, política de competencia y gobernanza y un análisis en profundidad y recomendaciones para 10 sectores clave: energía, materias primas críticas, digitalización y tecnologías avanzadas, industrias intensivas en energía, tecnologías limpias, automoción, defensa, espacio, farmacia y transporte.

• El Despliegue completo del mercado único (con referencias a las recomendaciones del Informe Letta), lo que supone eliminar barreras regulatorias y de otro tipo que lo limitan, hacer que las empresas europeas puedan escalar, completar la Unión del Mercado de Capitales o extender el mercado único a otros sectores no incluidos hasta ahora.

• Mayor integración de la política industrial con la de competencia y la comercial, alineando los objetivos de una estrategia industrial europea orientada al liderazgo tecnológico e impulsando sectores sistémicos y esenciales para la UE (energía o defensa, por ejemplo).

• Asegurar la financiación de las inversiones necesarias, tanto con la movilización de la inversión privada, atrayendo la inversión hacia sectores clave y desarrollando la Unión de Mercado de Capitales, como un mayor impulso público, reorientando el presupuesto europeo para centrarlo más en las necesidades de la UE o planteando incluso la posibilidad de emitir deuda conjunta para proveer bienes públicos europeos (concretamente defensa y redes energéticas transfronterizas). El informe estima la necesidad de una inversión anual del 5 por 100 del PIB europeo (en torno a 800.000 millones de euros).

• Reforzar la gobernanza de la UE y reenfocar su actividad hacia las prioridades estratégicas mejorando la coordinación. Pero también plantea medidas para agilizar la toma de decisiones y simplificar la regulación «regular mejor» con el objetivo de lograr una inversión más eficiente.