La organización del sistema educativo siguió durante 2021 condicionada por el impacto del COVID-19 y las medidas preventivas en los centros escolares y formativos, recuperándose paulatinamente la presencialidad. Permanece abierto el interrogante de cómo ha afectado esta crisis al rendimiento y el aprendizaje del alumnado, aunque, existe cierto consenso académico sobre un efecto más elevado entre el alumnado en peor situación socioeconómica. Por otra parte, a raíz de la pandemia se ha ido consolidando la digitalización de los procesos de enseñanza, evidenciando la necesidad de mejora en habilidades digitales, y en el acceso al aprendizaje digital.
A nivel comparado, España sigue situándose por encima de la media de la UE-27 en escolarización en educación infantil, habiéndose producido un importante esfuerzo inversor en 2021 en la escolarización en el primer ciclo de educación infantil. La situación comparada de España es peor sin embargo respecto a la proporción de jóvenes de 20-24 años con un nivel de enseñanza secundaria superior, el abandono escolar temprano, o la matriculación en formación profesional que, pese a su mejoría en la última década, continúan suponiendo importantes retos.
En España, la concentración de niveles más bajos de competencias, así como de altas tasas de repetición, absentismo crónico, y abandono educativo se produce entre el alumnado con perfiles sociales más vulnerables. Por ello, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, sienta las bases para luchar contra la segregación escolar, y las inversiones destinadas a reducir el fracaso escolar y abandono escolar temprano, a través del Programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo (PROA+) y las Unidades de Acompañamiento y Orientación Personal y Familiares. Por otro lado, el insuficiente aumento en la oferta de plazas públicas de Formación profesional y su desequilibrio por especialidades sigue generando desajustes respecto a la creciente demanda de estos estudios y las necesidades del mercado laboral. Esta situación ha llevado a las administraciones educativas a reforzar, modernizar y flexibilizar las enseñanzas de formación profesional con la aprobación de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de Ordenación e integración de la formación profesional (LOFP) o el Plan para la FP. Finalmente, comparado con la media de la Unión Europea; hay mayor proporción de alumnado con bajo rendimiento y menor participación de personas adultas poco cualificadas en el aprendizaje permanente, con escasos avances en ambos casos.
Cabe destacar que, aun por debajo de la media de la UE-27, la inversión pública en educación en 2020 creció un 4 por 100, incrementándose el gasto público en becas y ayudas al estudio, en conciertos y subvenciones, aumentando de manera importante el alumnado beneficiario de becas y ayudas al estudio. También creció el gasto privado en educación, lo que conlleva un impacto negativo en términos de equidad y plantea interrogantes sobre su relación con la calidad del sistema educativo. Aunque en 2020 se modificó el sistema de precios públicos universitarios, no parece que sus consecuencias en la fijación de precios hayan producido cambios sustanciales.
España ha seguido emprendiendo importantes reformas legislativas, modificándose en 2021 la evaluación, la promoción y la titulación en varios niveles, así como los planes de estudios de la educación infantil, primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato, y se ha aprobado la Ley Orgánica 1/2022 de Formación profesional, de 31 de marzo. Asimismo, se reformaron algunos aspectos de la ordenación de las instituciones y enseñanzas universitarias, mientras se continúa trabajando con los diversos sectores implicados en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema universitario.
En cuanto a las pautas y hábitos de consumo, hay que tener en cuenta la ligera recuperación de este último registrada en 2021, en un contexto de incremento de los precios de bienes básicos como la energía y la alimentación, agravado ya en 2022 por la guerra en Ucrania. El proceso de digitalización de la vida cotidiana, que con la llegada del coronavirus aumentó considerablemente, tiende a facilitar el acceso al consumo de bienes y servicios, pero al mismo tiempo revela dificultades en servicios tanto públicos como privados, mostrando la existencia de brechas importantes. En 2021, la reducción de los servicios presenciales incidió particularmente en el acceso a citas médicas y servicios financieros, que afectó especialmente a la población mayor, provocando malestar y derivando en un acuerdo para intentar paliar el problema en el sector financiero.
Por otro lado, la subida del precio de la energía tuvo también consecuencias en el consumo de los hogares, cuya factura media aumentó en 2021 un 40 por 100. La aprobación de medidas para amortiguar el impacto de las subidas de precios se centró, por un lado, en la protección del conjunto de los hogares, con la reducción del impuesto de valor añadido (21 a 10 por 100) y, por otro, en el apoyo a aquellos en situación de vulnerabilidad.
La durabilidad de los bienes afecta de manera directa a la economía de los hogares y de forma amplia a la sostenibilidad medioambiental. El plazo de dos años de garantía y cinco de reparabilidad del que venían disfrutando los bienes de consumo en España, se ampliaron en 2021 a tres y diez respectivamente con la reforma de la Ley de Protección de los consumidores, un avance en materia de seguridad de las personas consumidoras y en circularidad de la economía.
La protección social y las políticas de inclusión social siguieron constituyendo un pilar importante de la recuperación en 2021. En primer lugar, la Seguridad Social siguió dando apoyo a la política social y
económica a través de la prolongación de la mayor parte de las medidas aprobadas el año anterior, dirigidas a amortiguar el impacto de la crisis del COVID-19 sobre empresas y trabajadores. Sin embargo, el impacto de estas medidas sobre la situación financiera de la Seguridad Social fue menor que
el año anterior, debido a la reactivación de la actividad económica y al aumento del empleo. Este último factor propició un extraordinario crecimiento de los ingresos por cotizaciones sociales, que alcanzaron máximos históricos, favoreciendo la reducción del déficit del sistema hasta el 0,9 por 100 del PIB, el menor registro desde 2013.
En todo caso, el gasto en pensiones contributivas se aceleró respecto al año anterior con la mejora de la situación epidemiológica, tanto por la resolución en parte de los problemas surgidos en la tramitación de las altas de pensiones, como por el menor impacto de la enfermedad en la mortalidad de las personas de mayor edad y, por tanto, en las bajas de pensiones.
El sistema contributivo daba cobertura en 2021 a cerca de 9 millones de pensionistas, con una pensión media de 1.034 euros mensuales. Algo más del 60 por 100 de las pensiones en vigor son de jubilación, con una edad real de acceso (64,7 años) que siguió aproximándose a la edad legal (situada entre los 66 años y los 65 con al menos 37 años y tres meses cotizados), garantizándose al mismo tiempo el acceso a fórmulas flexibles de jubilación, tanto anticipada (el 39 por 100 de las altas) como, en menor medida, demorada (el 5 por 100).
En el ámbito normativo, en 2021 continuó el proceso de reforma del sistema de pensiones, ante los importantes retos a los que se enfrenta en términos de sostenibilidad y suficiencia. Sustentado en el Acuerdo de la Mesa de Diálogo social sobre el primer bloque de medidas para el equilibrio del sistema, el refuerzo de su sostenibilidad y la garantía del poder adquisitivo de los pensionistas, a final de año se aprobó la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, cuyo Anteproyecto fue dictaminado por este Consejo. Además, se inició el proceso de modificación del marco jurídico de los planes de pensiones de empleo (Proyecto de Ley de Regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo), también con el dictamen del Consejo Económico y Social. El desarrollo de la previsión social complementaria mejoró ligeramente en 2021 tras el embate de la pandemia, aunque únicamente el segmento de los planes de empleo, manteniéndose en términos generales la atonía de los últimos años.
El sistema de protección por desempleo en 2021 ha seguido constituyendo un elemento central de la protección social de las personas más afectadas por la crisis. La recuperación del empleo a lo largo del año ha producido un descenso de casi un millón de personas beneficiarias de prestaciones por desempleo, hasta alcanzar la cifra de 1,8 millones en el mes de diciembre (ligeramente inferior al mismo mes de 2019). Este descenso se ha producido, fundamentalmente, entre las personas beneficiarias de las prestaciones por expedientes de regulación temporal de empleo ERTE, que pasaron de casi 900.000 de media en 2020 a poco más de 100.000 en 2021. No obstante, resulta preocupante el notable descenso de la tasa de cobertura (85 por 100 en 2020 y 60,9 por 100 en 2021), y el repunte de las prestaciones asistenciales, que representan ya el 47,6 por 100 del total de las prestaciones. El retorno a niveles altos de asistencialización del sistema, como ya sucediera en el período anterior a la pandemia, sería indicativo de una reducción de la suficiencia protectora del sistema, teniendo en cuenta la menor duración y cuantía de las mismas.
Estos datos del sistema ponen de manifiesto el todavía elevado peso de la temporalidad, dado el claro protagonismo de la finalización de contrato temporal entre las causas de alta en el sistema, así como las dificultades para encontrar un empleo, en especial para las mujeres y la población de mayor edad, como refleja su elevado peso en el nivel asistencial de la protección, especialmente en el subsidio de mayores de 52 años, y en la Renta Activa de Inserción. En consecuencia, junto a la vertiente protectora debería ir adquiriendo mayor peso la activación, con el fin de lograr el retorno al empleo de la población trabajadora que haya podido verse más afectada por la crisis, sobre todo teniendo en cuenta que la creación de empleo no solo se está concentrando en actividades económicas y ocupaciones distintas a las más perjudicadas por la pandemia, sino en ocupaciones cualificadas y de mayor especialización profesional.
En 2021 la sociedad española dio, a través del Sistema Nacional de Salud (SNS), una contundente respuesta a la crisis del COVID-19 con una campaña de vacunación de extraordinaria magnitud: en abril de 2022 el 92 por 100 de las personas mayores de 12 años cuenta ya con la pauta completa (40,3 millones de personas), superando la media de la Unión Europea. Mientras tanto, la pandemia continuó ejerciendo una fuerte presión sobre las estructuras asistenciales, con una pesada carga de morbilidad añadida en todos los niveles. La atención especializada continuó absorbiendo un volumen elevado de ingresos hospitalarios y en Unidad de Cuidados Intensivos, mientras los servicios de atención primaria rozaban el colapso con la multiplicación de pacientes y la asignación de tareas nuevas, como el rastreo de casos. La información relativa a las listas de espera en atención especializada muestra una significativa reducción en 2020, por la drástica limitación de las solicitudes de consulta en el primer año de pandemia y una considerable subida en 2021, sobre todo con el médico especialista (77 por cada 1.000 hab.), superando la tasa registrada en 2019. Pero sobre todo, la sociedad tuvo que asimilar el alto coste en vidas humanas que sobrepasó las 100.000, aunque es probable que el número real de fallecimientos por el COVID-19 sea muy superior, como vienen señalando distintas fuentes. En total se registraron 11,5 millones de casos, 511.000 personas hospitalizadas y el ingreso en UCI de 49.000.
La crisis sanitaria ha obligado a un mayor esfuerzo de gasto público que en 2020 habría aumentado en un 11,7 por 100 con respecto al año anterior, con un considerable incremento de la función Salud Pública, la de menor proporción en la estructura de gasto sanitario. A pesar de todo, en 2021 se dieron importantes pasos en algunas materias muy relevantes, como la aprobación de la Estrategia de Salud Digital, la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de Regulación de la eutanasia o los avances en la aplicación en el SNS de las terapias CAR-T.
En el ámbito de la atención a la dependencia, en 2020 el gasto certificado por las comunidades autónomas ascendió a 9.600 millones de euros, lo que supuso un leve incremento (7,3 por 100) sobre el año anterior. Pero el incremento de los recursos y de los beneficiarios ha corrido en paralelo al descenso de la cuantía media por persona atendida, lo que se explica en parte por la incorporación al sistema de los casos de menor gravedad a partir de 2015 (grado I), cuya atención implica menores costes. En diciembre de 2021, 1,2 millones de personas eran beneficiarias del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, un 8,7 por 100 más que en 2020. El plan de choque facilitó la reducción de las listas de espera en un 17 por 100.
Por su parte, en el terreno de las políticas de inclusión social, el número de hogares beneficiarios de las rentas mínimas, se incrementó considerablemente durante 2020. De hecho, algunas comunidades autónomas han modificado o adaptado sus disposiciones para ampliar la cobertura o el nivel de la prestación, en respuesta al fuerte aumento de la demanda. La cuantía media alcanzó los 470 euros mensuales, registrándose importantes diferencias entre las distintas comunidades autónomas. Sin embargo, uno de los principales interrogantes acerca de la efectividad y el funcionamiento de estas prestaciones tiene que ver con la complementariedad de las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). La falta de actualización y las distintas fuentes de información de ambos tipos de ayuda dificultan de momento conocer ese extremo a ciencia cierta. Hasta marzo de 2022, el número de hogares beneficiarios del IMV ascendía a 428.000 hogares y 1,1 millones de personas (el 43 por 100 menores), cifra todavía alejada de los 2,3 millones estimados inicialmente.
La organización del sistema educativo siguió durante 2021 condicionada por el impacto del COVID-19 y las medidas preventivas en los centros escolares y formativos, recuperándose paulatinamente la presencialidad. Permanece abierto el interrogante de cómo ha afectado esta crisis al rendimiento y el aprendizaje del alumnado, aunque, existe cierto consenso académico sobre un efecto más elevado entre el alumnado en peor situación socioeconómica. Por otra parte, a raíz de la pandemia se ha ido consolidando la digitalización de los procesos de enseñanza, evidenciando la necesidad de mejora en habilidades digitales, y en el acceso al aprendizaje digital.
A nivel comparado, España sigue situándose por encima de la media de la UE-27 en escolarización en educación infantil, habiéndose producido un importante esfuerzo inversor en 2021 en la escolarización en el primer ciclo de educación infantil. La situación comparada de España es peor sin embargo respecto a la proporción de jóvenes de 20-24 años con un nivel de enseñanza secundaria superior, el abandono escolar temprano, o la matriculación en formación profesional que, pese a su mejoría en la última década, continúan suponiendo importantes retos.
En España, la concentración de niveles más bajos de competencias, así como de altas tasas de repetición, absentismo crónico, y abandono educativo se produce entre el alumnado con perfiles sociales más vulnerables. Por ello, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, sienta las bases para luchar contra la segregación escolar, y las inversiones destinadas a reducir el fracaso escolar y abandono escolar temprano, a través del Programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo (PROA+) y las Unidades de Acompañamiento y Orientación Personal y Familiares. Por otro lado, el insuficiente aumento en la oferta de plazas públicas de Formación profesional y su desequilibrio por especialidades sigue generando desajustes respecto a la creciente demanda de estos estudios y las necesidades del mercado laboral. Esta situación ha llevado a las administraciones educativas a reforzar, modernizar y flexibilizar las enseñanzas de formación profesional con la aprobación de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de Ordenación e integración de la formación profesional (LOFP) o el Plan para la FP. Finalmente, comparado con la media de la Unión Europea; hay mayor proporción de alumnado con bajo rendimiento y menor participación de personas adultas poco cualificadas en el aprendizaje permanente, con escasos avances en ambos casos.
Cabe destacar que, aun por debajo de la media de la UE-27, la inversión pública en educación en 2020 creció un 4 por 100, incrementándose el gasto público en becas y ayudas al estudio, en conciertos y subvenciones, aumentando de manera importante el alumnado beneficiario de becas y ayudas al estudio. También creció el gasto privado en educación, lo que conlleva un impacto negativo en términos de equidad y plantea interrogantes sobre su relación con la calidad del sistema educativo. Aunque en 2020 se modificó el sistema de precios públicos universitarios, no parece que sus consecuencias en la fijación de precios hayan producido cambios sustanciales.
España ha seguido emprendiendo importantes reformas legislativas, modificándose en 2021 la evaluación, la promoción y la titulación en varios niveles, así como los planes de estudios de la educación infantil, primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato, y se ha aprobado la Ley Orgánica 1/2022 de Formación profesional, de 31 de marzo. Asimismo, se reformaron algunos aspectos de la ordenación de las instituciones y enseñanzas universitarias, mientras se continúa trabajando con los diversos sectores implicados en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema universitario.
En cuanto a las pautas y hábitos de consumo, hay que tener en cuenta la ligera recuperación de este último registrada en 2021, en un contexto de incremento de los precios de bienes básicos como la energía y la alimentación, agravado ya en 2022 por la guerra en Ucrania. El proceso de digitalización de la vida cotidiana, que con la llegada del coronavirus aumentó considerablemente, tiende a facilitar el acceso al consumo de bienes y servicios, pero al mismo tiempo revela dificultades en servicios tanto públicos como privados, mostrando la existencia de brechas importantes. En 2021, la reducción de los servicios presenciales incidió particularmente en el acceso a citas médicas y servicios financieros, que afectó especialmente a la población mayor, provocando malestar y derivando en un acuerdo para intentar paliar el problema en el sector financiero.
Por otro lado, la subida del precio de la energía tuvo también consecuencias en el consumo de los hogares, cuya factura media aumentó en 2021 un 40 por 100. La aprobación de medidas para amortiguar el impacto de las subidas de precios se centró, por un lado, en la protección del conjunto de los hogares, con la reducción del impuesto de valor añadido (21 a 10 por 100) y, por otro, en el apoyo a aquellos en situación de vulnerabilidad.
La durabilidad de los bienes afecta de manera directa a la economía de los hogares y de forma amplia a la sostenibilidad medioambiental. El plazo de dos años de garantía y cinco de reparabilidad del que venían disfrutando los bienes de consumo en España, se ampliaron en 2021 a tres y diez respectivamente con la reforma de la Ley de Protección de los consumidores, un avance en materia de seguridad de las personas consumidoras y en circularidad de la economía.
La protección social y las políticas de inclusión social siguieron constituyendo un pilar importante de la recuperación en 2021. En primer lugar, la Seguridad Social siguió dando apoyo a la política social y económica a través de la prolongación de la mayor parte de las medidas aprobadas el año anterior, dirigidas a amortiguar el impacto de la crisis del COVID-19 sobre empresas y trabajadores. Sin embargo, el impacto de estas medidas sobre la situación financiera de la Seguridad Social fue menor que el año anterior, debido a la reactivación de la actividad económica y al aumento del empleo. Este último factor
propició un extraordinario
crecimiento de los ingresos por cotizaciones sociales, que alcanzaron máximos históricos, favoreciendo la reducción del déficit del sistema hasta el 0,9 por 100 del PIB, el menor registro desde 2013.
En todo caso, el gasto en pensiones contributivas se aceleró respecto al año anterior con la mejora de la situación epidemiológica, tanto por la resolución en parte de los problemas surgidos en la tramitación de las altas de pensiones, como por el menor impacto de la enfermedad en la mortalidad de las personas de mayor edad y, por tanto, en las bajas de pensiones.
El sistema contributivo daba cobertura en 2021 a cerca de 9 millones de pensionistas, con una pensión media de 1.034 euros mensuales. Algo más del 60 por 100 de las pensiones en vigor son de jubilación, con una edad real de acceso (64,7 años) que siguió aproximándose a la edad legal (situada entre los 66 años y los 65 con al menos 37 años y tres meses cotizados), garantizándose al mismo tiempo el acceso a fórmulas flexibles de jubilación, tanto anticipada (el 39 por 100 de las altas) como, en menor medida, demorada (el 5 por 100).
En el ámbito normativo, en 2021 continuó el proceso de reforma del sistema de pensiones, ante los importantes retos a los que se enfrenta en términos de sostenibilidad y suficiencia. Sustentado en el Acuerdo de la Mesa de Diálogo social sobre el primer bloque de medidas para el equilibrio del sistema, el refuerzo de su sostenibilidad y la garantía del poder adquisitivo de los pensionistas, a final de año se aprobó la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, cuyo Anteproyecto fue dictaminado por este Consejo. Además, se inició el proceso de modificación del marco jurídico de los planes de pensiones de empleo (Proyecto de Ley de Regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo), también con el dictamen del Consejo Económico y Social. El desarrollo de la previsión social complementaria mejoró ligeramente en 2021 tras el embate de la pandemia, aunque únicamente el segmento de los planes de empleo, manteniéndose en términos generales la atonía de los últimos años.
El sistema de protección por desempleo en 2021 ha seguido constituyendo un elemento central de la protección social de las personas más afectadas por la crisis. La recuperación del empleo a lo largo del año ha producido un descenso de casi un millón de personas beneficiarias de prestaciones por desempleo, hasta alcanzar la cifra de 1,8 millones en el mes de diciembre (ligeramente inferior al mismo mes de 2019). Este descenso se ha producido, fundamentalmente, entre las personas beneficiarias de las prestaciones por expedientes de regulación temporal de empleo ERTE, que pasaron de casi 900.000 de media en 2020 a poco más de 100.000 en 2021. No obstante, resulta preocupante el notable descenso de la tasa de cobertura (85 por 100 en 2020 y 60,9 por 100 en 2021), y el repunte de las prestaciones asistenciales, que representan ya el 47,6 por 100 del total de las prestaciones. El retorno a niveles altos de asistencialización del sistema, como ya sucediera en el período anterior a la pandemia, sería indicativo de una reducción de la suficiencia protectora del sistema, teniendo en cuenta la menor duración y cuantía de las mismas.
Estos datos del sistema ponen de manifiesto el todavía elevado peso de la temporalidad, dado el claro protagonismo de la finalización de contrato temporal entre las causas de alta en el sistema, así como las dificultades para encontrar un empleo, en especial para las mujeres y la población de mayor edad, como refleja su elevado peso en el nivel asistencial de la protección, especialmente en el subsidio de mayores de 52 años, y en la Renta Activa de Inserción. En consecuencia, junto a la vertiente protectora debería ir adquiriendo mayor peso la activación, con el fin de lograr el retorno al empleo de la población trabajadora que haya podido verse más afectada por la crisis, sobre todo teniendo en cuenta que la creación de empleo no solo se está concentrando en actividades económicas y ocupaciones distintas a las más perjudicadas por la pandemia, sino en ocupaciones cualificadas y de mayor especialización profesional.
En 2021 la sociedad española dio, a través del Sistema Nacional de Salud (SNS), una contundente respuesta a la crisis del COVID-19 con una campaña de vacunación de extraordinaria magnitud: en abril de 2022 el 92 por 100 de las personas mayores de 12 años cuenta ya con la pauta completa (40,3 millones de personas), superando la media de la Unión Europea. Mientras tanto, la pandemia continuó ejerciendo una fuerte presión sobre las estructuras asistenciales, con una pesada carga de morbilidad añadida en todos los niveles. La atención especializada continuó absorbiendo un volumen elevado de ingresos hospitalarios y en Unidad de Cuidados Intensivos, mientras los servicios de atención primaria rozaban el colapso con la multiplicación de pacientes y la asignación de tareas nuevas, como el rastreo de casos. La información relativa a las listas de espera en atención especializada muestra una significativa reducción en 2020, por la drástica limitación de las solicitudes de consulta en el primer año de pandemia y una considerable subida en 2021, sobre todo con el médico especialista (77 por cada 1.000 hab.), superando la tasa registrada en 2019. Pero sobre todo, la sociedad tuvo que asimilar el alto coste en vidas humanas que sobrepasó las 100.000, aunque es probable que el número real de fallecimientos por el COVID-19 sea muy superior, como vienen señalando distintas fuentes. En total se registraron 11,5 millones de casos, 511.000 personas hospitalizadas y el ingreso en UCI de 49.000.
La crisis sanitaria ha obligado a un mayor esfuerzo de gasto público que en 2020 habría aumentado en un 11,7 por 100 con respecto al año anterior, con un considerable incremento de la función Salud Pública, la de menor proporción en la estructura de gasto sanitario. A pesar de todo, en 2021 se dieron importantes pasos en algunas materias muy relevantes, como la aprobación de la Estrategia de Salud Digital, la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de Regulación de la eutanasia o los avances en la aplicación en el SNS de las terapias CAR-T.
En el ámbito de la atención a la dependencia, en 2020 el gasto certificado por las comunidades autónomas ascendió a 9.600 millones de euros, lo que supuso un leve incremento (7,3 por 100) sobre el año anterior. Pero el incremento de los recursos y de los beneficiarios ha corrido en paralelo al descenso de la cuantía media por persona atendida, lo que se explica en parte por la incorporación al sistema de los casos de menor gravedad a partir de 2015 (grado I), cuya atención implica menores costes. En diciembre de 2021, 1,2 millones de personas eran beneficiarias del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, un 8,7 por 100 más que en 2020. El plan de choque facilitó la reducción de las listas de espera en un 17 por 100.
Por su parte, en el terreno de las políticas de inclusión social, el número de hogares beneficiarios de las rentas mínimas, se incrementó considerablemente durante 2020. De hecho, algunas comunidades autónomas han modificado o adaptado sus disposiciones para ampliar la cobertura o el nivel de la prestación, en respuesta al fuerte aumento de la demanda. La cuantía media alcanzó los 470 euros mensuales, registrándose importantes diferencias entre las distintas comunidades autónomas. Sin embargo, uno de los principales interrogantes acerca de la efectividad y el funcionamiento de estas prestaciones tiene que ver con la complementariedad de las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). La falta de actualización y las distintas fuentes de información de ambos tipos de ayuda dificultan de momento conocer ese extremo a ciencia cierta. Hasta marzo de 2022, el número de hogares beneficiarios del IMV ascendía a 428.000 hogares y 1,1 millones de personas (el 43 por 100 menores), cifra todavía alejada de los 2,3 millones estimados inicialmente.