La Renta Activa de Inserción (RAI)102 también registra una subida del 12 por 100, pasando de 128.000 en 2020, a 144.000 personas beneficiarias en 2021, lo que sería indicativo de las dificultades de empleabilidad de una parte las personas mayores de 45 años, pues superar esta edad es requisito para acceder a este programa, como también que sean las que mayormente concentran las prestaciones de carácter asistencial.
En consecuencia, el sistema registra un descenso de 16 puntos porcentuales de las prestaciones contributivas respecto al año anterior (que pasan del 61,5 por 100 en 2020 al 45,3 por 100 en 2021) y un aumento de 13,4 puntos porcentuales de las asistenciales (que
pasan del 34,2 por 100 al 47,6 por 100). Si bien el descenso de las prestaciones contributivas, y más concretamente de los ERTE, es reflejo de la mejora del mercado de trabajo, en términos de protección de la población desempleada sería indicativode una reducción de la suficiencia protectora, teniendo en cuenta la menor duración y cuantía de las prestaciones asistenciales. Estos datos muestran una vuelta a la tendencia anterior a la pandemia, caracterizada por una elevada asistencialización del sistema.
Uno de los cambios más destacables del año es el notable descenso de la tasa de cobertura, que pasa del 85 por 100 en 2020, al 60,9 por 100 en 2021 (gráfico 25). Una caída que obedece al fuerte descenso de los
beneficiarios de prestaciones acogidos a ERTE, frente a un descenso mucho más atenuado del promedio anual del paro registrado103 (gráfico 26). Esto es así en tanto que las personas trabajadoras en situación de ERTE se contabilizan como beneficiarias de prestaciones por desempleo pero no como demandantes de empleo, por lo que no se computan en el cálculo del paro registrado. La tasa de cobertura correspondiente a
los años 2020 y 2021, pues, no es estrictamente comparable con la de años anteriores, aunque la caída registrada en el último año es indicativa de que vuelve a niveles previos a la crisis, e incluso algo inferior teniendo en cuenta que esta tasa sigue estando condicionada al alza por los ERTE.
Aunque el promedio anual del paro registrado se mantuvo en niveles muy similares al del año anterior, lo cierto es que a lo largo de 2021 mostró una tendencia descendente, con una caída de 900.000 personas entre los meses de febrero (mes con el nivel más alto del año: 4 millones de personas registradas como paradas) y diciembre. Con todo, el año cerró con unos niveles de paro registrado superiores a los 3 millones de personas, lo es indicativo de las dificultades en la búsqueda de empleo que aqueja a una parte importante de las personas en paro, más aun cuando, como se ha visto en el capítulo II: Balance sobre el mercado de trabajo, buena parte de los empleos nuevos creados se han ubicado en actividades económicas y ocupaciones distintas a las que experimentaron mayores pérdidas en la pandemia. Ello estaría dificultando la empleabilidad de las personas trabajadoras que se vieron más afectadas por la crisis y obstaculizando su acceso o mantenimiento en el sistema de protección por desempleo, especialmente en el caso de aquellas que quedaron fuera de las medidas de choque aprobadas con la llegada de la pandemia.
Esta situación continúa siendo más acusada entre las mujeres, como muestra que la tasa de cobertura para ellas sea 9,4 puntos porcentuales inferior a los hombres de media anual (57 por 100 frente al 66,4 por 100). Y es que, como se puso de manifiesto en la pasada edición de esta Memoria, la caída del empleo en el primer momento de la pandemia, hasta la puesta en marcha de los mecanismos de protección del empleo, afectó fundamentalmente a las personas que tenían contratos temporales de corta duración, con un fuerte impacto entre las mujeres jóvenes y extranjeras.
A este respecto, hay que tener en cuenta además, que una de las medidas que decayó tras la pandemia fue el subsidio extraordinario de carácter asistencial de las empleadas del hogar. Si bien se trató de una medida puntual, puso en evidencia los límites de la acción protectora del Régimen Especial de los empleados de Hogar, que no incluye la protección por desempleo104. Un fallo reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado que la exclusión de esta contingencia entraña una mayor desprotección y desamparo social, lo que es contrario al Derecho de la Unión, y constituye, según el mismo, una discriminación indirecta por razón de sexo, al ser un sistema integrado casi en su totalidad por mujeres105. La próxima ratificación del Convenio 189 de la OIT para los y las trabajadoras domésticas por parte de España apunta a que los cambios legales necesarios para dar cumplimiento a la referida sentencia del TJUE tendrán lugar en un espacio de tiempo breve106.
Desde que diera comienzo la pandemia se realizó un esfuerzo significativo de protección de los trabajadores autónomos. Para ello, se facilitó el acceso a la prestación por cese de actividad ordinaria, y se aprobó una prestación extraordinaria, lo que produjo un aumento notable de este tipo de prestaciones, especialmente durante los primeros meses de la pandemia107 (gráfico 27).
Estas medidas fueron adaptándose progresivamente en 2021 para garantizar la protección de las personas que trabajan por cuenta propia. Ello facilitó la prestación en torno a 400.000 en el primer semestre del año, un millón menos que durante los primeros meses de la pandemia. Desde mediados de año se registra un descenso notable, en torno a un 50 por 100, con cifras alrededor de los 200.000, y menos una vez comenzado el año 2022.
La recuperación del empleo a lo largo del año ha tenido su repercusión en el sistema de protección por desempleo con un descenso notable de las personas beneficiarias de prestaciones. A pesar de ese descenso,
el sistema ha seguido constituyendo un elemento central de la protección social de las personas más afectadas por la crisis. Los ERTE y la prestación extraordinaria por cese de actividad han dado soporte de rentas a la población trabajadora que están teniendo mayores dificultades para retornar a sus empleos, es decir, a aquellos con una situación más crítica dada su concentración en sectores donde persiste el impacto de la pandemia.
Pero resulta preocupante el notable descenso de la tasa de cobertura registrada en el año, así como el repunte de las prestaciones asistenciales. Estos datos del sistema ponen de manifiesto los altos niveles de temporalidad, así como las dificultades para encontrar un empleo, en especial para las mujeres y la población de mayor edad (dada su incidencia mayor en las prestaciones asistenciales, especialmente en las destinadas a la población mayor de 52 años, y en la RAI).
En consecuencia, junto a la vertiente protectora debería ir adquiriendo mayor peso la activación, con el fin de lograr el retorno al empleo de la población trabajadora que haya podido verse más afectada por la crisis, sobre todo si tenemos en cuenta que la creación de empleo, no solo se está concentrando en actividades económicas y ocupaciones distintas a las más perjudicadas por la pandemia, sino en ocupaciones cualificadas y de mayor especialización profesional.
102. Cabe recordar que la RAI es una renta económica vinculada a la realización de acciones en materia de inserción laboral que no conlleven retribuciones salariales para desempleados de larga duración mayores de 45 años, que hayan extinguido la prestación y/o el subsidio por desempleo y no tengan derecho a prestaciones o subsidios por desempleo o a la renta agraria y carezcan de renta. También puede alcanzar a los menores de 45 años con discapacidad igual o mayor del 33 por 100, emigrantes retornados, víctimas de violencia de género o doméstica y pensionistas de invalidez no contributiva.
103. El promedio anual del paro registrado en 2020 fue de 3,7 millones y en 2021 de 3,5 millones, según las estadísticas del SEPE.
104. La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre Actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, reconoció la integración del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de hogar en el Régimen General como un Sistema Especial. Desde entonces, la población trabajadora incluida en dicho Sistema tiene derecho a las prestaciones de la Seguridad Social, si bien la acción protectora no comprende la prestación por desempleo.
105. TJUE, sentencia de 24 de febrero de 2022.
106. El 5 de abril de 2022, el Consejo de Ministros aprobó remitirlo a las Cortes Generales para su ratificación.
107. Para más detalle, véase Memora CES 2020 (capítulo III, apartado 2.3).
La Renta Activa de Inserción (RAI)102 también registra una subida del 12 por 100, pasando de 128.000 en 2020, a 144.000 personas beneficiarias en 2021, lo que sería indicativo de las dificultades de empleabilidad de una parte las personas mayores de 45 años, pues superar esta edad es requisito para acceder a este programa, como también que sean las que mayormente concentran las prestaciones de carácter asistencial.
En consecuencia, el sistema registra un descenso de 16 puntos porcentuales de las prestaciones contributivas respecto al año anterior (que pasan del 61,5 por 100 en 2020 al 45,3 por 100 en 2021) y un aumento de 13,4 puntos porcentuales de las asistenciales (que pasan del 34,2 por 100 al 47,6 por 100). Si bien el descenso de las prestaciones contributivas, y más concretamente de los ERTE, es reflejo de la mejora del mercado de trabajo, en términos de protección de la población desempleada sería indicativode una reducción de la suficiencia protectora, teniendo en cuenta la menor duración y cuantía de las prestaciones asistenciales. Estos datos muestran una vuelta a la tendencia anterior a la pandemia, caracterizada por una elevada asistencialización del sistema.
Uno de los cambios más destacables del año es el notable descenso de la tasa de cobertura, que pasa del 85 por 100 en 2020, al 60,9 por 100 en 2021 (gráfico 25). Una caída que obedece al fuerte descenso de los beneficiarios de prestaciones acogidos a ERTE, frente a un descenso mucho más atenuado del promedio anual del paro registrado103 (gráfico 26). Esto es así en tanto que las personas trabajadoras en situación de ERTE se contabilizan como beneficiarias de prestaciones por desempleo pero no como demandantes de empleo, por lo que no se computan en el cálculo del paro registrado. La tasa de cobertura correspondiente a los años 2020 y 2021, pues, no es estrictamente comparable con la de años anteriores, aunque la caída registrada en el último año es indicativa de que vuelve a niveles previos a la crisis, e incluso algo inferior teniendo en cuenta que esta tasa sigue estando condicionada al alza por los ERTE.
Aunque el promedio anual del paro registrado se mantuvo en niveles muy similares al del año anterior, lo cierto es que a lo largo de 2021 mostró una tendencia descendente, con una caída de 900.000 personas entre los meses de febrero (mes con el nivel más alto del año: 4 millones de personas registradas como paradas) y diciembre. Con todo, el año cerró con unos niveles de paro registrado superiores a los 3 millones de personas, lo es indicativo de las dificultades en la búsqueda de empleo que aqueja a una parte importante de las personas en paro, más aun cuando, como se ha visto en el capítulo II: Balance sobre el mercado de trabajo, buena parte de los empleos nuevos creados se han ubicado en actividades económicas y ocupaciones distintas a las que experimentaron mayores pérdidas en la pandemia. Ello estaría dificultando la empleabilidad de las personas trabajadoras que se vieron más afectadas por la crisis y obstaculizando su acceso o mantenimiento en el sistema de protección por desempleo, especialmente en el caso de aquellas que quedaron fuera de las medidas de choque aprobadas con la llegada de la pandemia.
Esta situación continúa siendo más acusada entre las mujeres, como muestra que la tasa de cobertura para ellas sea 9,4 puntos porcentuales inferior a los hombres de media anual (57 por 100 frente al 66,4 por 100). Y es que, como se puso de manifiesto en la pasada edición de esta Memoria, la caída del empleo en el primer momento de la pandemia, hasta la puesta en marcha de los mecanismos de protección del empleo, afectó fundamentalmente a las personas que tenían contratos temporales de corta duración, con un fuerte impacto entre las mujeres jóvenes y extranjeras.
A este respecto, hay que tener en cuenta además, que una de las medidas que decayó tras la pandemia fue el subsidio extraordinario de carácter asistencial de las empleadas del hogar. Si bien se trató de una medida puntual, puso en evidencia los límites de la acción protectora del Régimen Especial de los empleados de Hogar, que no incluye la protección por desempleo104. Un fallo reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado que la exclusión de esta contingencia entraña una mayor desprotección y desamparo social, lo que es contrario al Derecho de la Unión, y constituye, según el mismo, una discriminación indirecta por razón de sexo, al ser un sistema integrado casi en su totalidad por mujeres105. La próxima ratificación del Convenio 189 de la OIT para los y las trabajadoras domésticas por parte de España apunta a que los cambios legales necesarios para dar cumplimiento a la referida sentencia del TJUE tendrán lugar en un espacio de tiempo breve106.
Desde que diera comienzo la pandemia se realizó un esfuerzo significativo de protección de los trabajadores autónomos. Para ello, se facilitó el acceso a la prestación por cese de actividad ordinaria, y se aprobó una prestación extraordinaria, lo que produjo un aumento notable de este tipo de prestaciones, especialmente durante los primeros meses de la pandemia107 (gráfico 27).
Estas medidas fueron adaptándose progresivamente en 2021 para garantizar la protección de las personas que trabajan por cuenta propia. Ello facilitó la prestación en torno a 400.000 en el primer semestre del año, un millón menos que durante los primeros meses de la pandemia. Desde mediados de año se registra un descenso notable, en torno a un 50 por 100, con cifras alrededor de los 200.000, y menos una vez comenzado el año 2022.
La recuperación del empleo a lo largo del año ha tenido su repercusión en el sistema de protección por desempleo con un descenso notable de las personas beneficiarias de prestaciones. A pesar de ese descenso, el sistema ha seguido constituyendo un elemento central de la protección social de las personas más afectadas por la crisis. Los ERTE y la prestación extraordinaria por cese de actividad han dado soporte de rentas a la población trabajadora que están teniendo mayores dificultades para retornar a sus empleos, es decir, a aquellos con una situación más crítica dada su concentración en sectores donde persiste el impacto de la pandemia.
Pero resulta preocupante el notable descenso de la tasa de cobertura registrada en el año, así como el repunte de las prestaciones asistenciales. Estos datos del sistema ponen de manifiesto los altos niveles de temporalidad, así como las dificultades para encontrar un empleo, en especial para las mujeres y la población de mayor edad (dada su incidencia mayor en las prestaciones asistenciales, especialmente en las destinadas a la población mayor de 52 años, y en la RAI).
En consecuencia, junto a la vertiente protectora debería ir adquiriendo mayor peso la activación, con el fin de lograr el retorno al empleo de la población trabajadora que haya podido verse más afectada por la crisis, sobre todo si tenemos en cuenta que la creación de empleo, no solo se está concentrando en actividades económicas y ocupaciones distintas a las más perjudicadas por la pandemia, sino en ocupaciones cualificadas y de mayor especialización profesional.
102. Cabe recordar que la RAI es una renta económica vinculada a la realización de acciones en materia de inserción laboral que no conlleven retribuciones salariales para desempleados de larga duración mayores de 45 años, que hayan extinguido la prestación y/o el subsidio por desempleo y no tengan derecho a prestaciones o subsidios por desempleo o a la renta agraria y carezcan de renta. También puede alcanzar a los menores de 45 años con discapacidad igual o mayor del 33 por 100, emigrantes retornados, víctimas de violencia de género o doméstica y pensionistas de invalidez no contributiva.
103. El promedio anual del paro registrado en 2020 fue de 3,7 millones y en 2021 de 3,5 millones, según las estadísticas del SEPE.
104. La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre Actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, reconoció la integración del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de hogar en el Régimen General como un Sistema Especial. Desde entonces, la población trabajadora incluida en dicho Sistema tiene derecho a las prestaciones de la Seguridad Social, si bien la acción protectora no comprende la prestación por desempleo.
105. TJUE, sentencia de 24 de febrero de 2022.
106. El 5 de abril de 2022, el Consejo de Ministros aprobó remitirlo a las Cortes Generales para su ratificación.
107. Para más detalle, véase Memora CES 2020 (capítulo III, apartado 2.3).
