Las cotizaciones sociales, que representan cerca de tres cuartas partes de los ingresos totales no financieros del sistema, crecieron el 10 por 100, gracias principalmente a las cotizaciones procedentes de los
ocupados. La afiliación en alta laboral a la Seguridad Social aumentó un 4,1 por 100 en tasa interanual del mes de diciembre, alcanzando el máximo histórico de 19.824.911,2 afiliaciones. En media anual, el incremento fue de 475.998 afiliaciones, de las cuales, un 90 por 100 se registraron en el Régimen General, concentrándose mayoritariamente tanto en los grupos de cotización más elevados,
como en los más bajos. Así, los grupos 1 y 2 (ingenieros y licenciados, e ingenieros técnicos y peritos) aglutinaron más del 30 por 100 de las nuevas afiliaciones, mientras que el 8 y el 10 (oficiales de primera y de segunda y trabajadores mayores de 18 años no cualificados), supusieron cerca del 29 por 100 del total.
Sin embargo, la base media de cotización mostró avances muy moderados a lo largo de 2021, especialmente a partir del mes de abril, en línea con el comportamiento de la remuneración por asalariado, que en el tercer trimestre llegó a caer un 3,7 por 100, registrando en el conjunto del año un descenso del 0,7 por 100. Por su parte, la base máxima de cotización se mantuvo invariable, mientras que la mínima se incrementó un 1,6 por 100, en línea con el aumento del salario mínimo interprofesional84.
Por otra parte, las cotizaciones sociales siguieron viéndose afectadas por las exoneraciones de cuotas y moratorias en el contexto de la pandemia, aunque en menor medida que en 2020. Además, continuaron las reducciones en las cuotas a ingresar a la Seguridad Social como medidas de apoyo en materia de fomento del empleo, las cuales, tal y como viene señalando el CES en sus sucesivas Memorias, deberían ser completamente asumidas por el Estado, en coherencia con la primera recomendación del Pacto de Toledo sobre separación y clarificación de las fuentes de financiación. Precisamente para contribuir al cumplimiento de dicha recomendación, el Estado transfirió a la Seguridad Social en torno a 36.000 millones de euros en 2021, dirigidas principalmente a financiar el ingreso mínimo vital y el resto de prestaciones no contributivas, incluidos los complementos para las pensiones mínimas, así como la pérdida de ingresos por cotizaciones debido a las medidas asociadas a la pandemia.
La evolución del gasto no financiero del sistema de la Seguridad Social, que creció un 6,8 por 100 en
2021, vino determinada principalmente por el comportamiento del gasto en pensiones contributivas, que con un peso superior al 70 por 100 sobre el gasto total, se incrementó un 5 por 100 en 2021, en base a la evolución del número de pensionistas, del efecto sustitución y de la revalorización de las pensiones.
Por su parte, la partida correspondiente a subsidios y otras prestaciones, donde se incluyen los gastos de carácter extraordinario asociados a la pandemia, creció más de un 8 por 100. En particular, el gasto por incapacidad temporal derivado del COVID-19 aumentó un 46 por 100, ante el elevado número de bajas que supuso especialmente la variante ómicron a finales de año. Continuó también la prestación extraordinaria por cese de actividad y se aprobó otra específica para los trabajadores autónomos afectados por la erupción volcánica en la isla de La Palma, incluyendo ambas prestaciones exenciones en las cuotas. Además, aquellos trabajadores que hubieran vuelto completamente a la actividad tras percibir la prestación extraordinaria por COVID-19, mantienen durante un tiempo una exoneración de la cuota.
Dentro de esta misma partida de subsidios y otras prestaciones, el gasto en prestaciones por nacimiento y cuidado del menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad aumentó un 16 por 100, como consecuencia de la ampliación del permiso del segundo progenitor, de 12 a 16 semanas, después de que el 1 de enero de 2021 se produjera la completa equiparación entre las anteriormente denominadas prestaciones de maternidad y paternidad.
Finalmente, en el ámbito no contributivo del sistema, destaca el aumento en la partida correspondiente al ingreso mínimo vital, debido a su reciente aprobación, aunque cabe señalar que el volumen de gasto, de alrededor de 1.900 millones de euros, supone únicamente el 1 por 100 de los gastos totales del sistema. El resto de prestaciones familiares vieron reducido su nivel de gasto en un 8 por 100, al igual que la partida de complementos a mínimos, que cayó un 0,7 por 100. Por su parte, el gasto en pensiones no contributivas de invalidez y jubilación creció un 2,6 por 100, debido al aumento de la cuantía por la revalorización en un 1,8 por 100, dado que el número de beneficiarios siguió reduciéndose.
Con el objetivo de equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado del COVID-19, a finales de año se autorizó un crédito extraordinario en los presupuestos para el ejercicio 2021 por
importe de 5.000 millones de euros85. Cabe recordar que desde 2017 el déficit del sistema de la Seguridad Social se ha ido cubriendo con préstamos otorgados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y, desde 2018, también a través de transferencias del Estado dirigidas específicamente a posibilitar el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social. El CES ha venido señalando en sus últimas
Memorias la necesidad de que la financiación extraordinaria requerida por el sistema se aborde fundamentalmente mediante transferencias corrientes y, en ese sentido, la Ley 21/2021 supone un avance, puesto que prevé que la Ley de Presupuestos Generales del Estado contemple anualmente una transferencia del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social para la financiación de una serie de conceptos que permitan culminar la separación de fuentes en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo.
84. Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2021.
85. Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de noviembre, de medidas en materia de Seguridad Social y otras medidas fiscales de apoyo social.
Las cotizaciones sociales, que representan cerca de tres cuartas partes de los ingresos totales no financieros del sistema, crecieron el 10 por 100, gracias principalmente a las cotizaciones procedentes de los ocupados. La afiliación en alta laboral a la Seguridad Social aumentó un 4,1 por 100 en tasa interanual del mes de diciembre, alcanzando el máximo histórico de 19.824.911,2 afiliaciones. En media anual, el incremento fue de 475.998 afiliaciones, de las cuales, un 90 por 100 se registraron en el Régimen General, concentrándose mayoritariamente tanto en los grupos de cotización más elevados, como en los más bajos. Así, los grupos 1 y 2 (ingenieros y licenciados, e ingenieros técnicos y peritos) aglutinaron más del 30 por 100 de las nuevas afiliaciones, mientras que el 8 y el 10 (oficiales de primera y de segunda y trabajadores mayores de 18 años no cualificados), supusieron cerca del 29 por 100 del total.
Sin embargo, la base media de cotización mostró avances muy moderados a lo largo de 2021, especialmente a partir del mes de abril, en línea con el comportamiento de la remuneración por asalariado, que en el tercer trimestre llegó a caer un 3,7 por 100, registrando en el conjunto del año un descenso del 0,7 por 100. Por su parte, la base máxima de cotización se mantuvo invariable, mientras que la mínima se incrementó un 1,6 por 100, en línea con el aumento del salario mínimo interprofesional84.
Por otra parte, las cotizaciones sociales siguieron viéndose afectadas por las exoneraciones de cuotas y moratorias en el contexto de la pandemia, aunque en menor medida que en 2020. Además, continuaron las reducciones en las cuotas a ingresar a la Seguridad Social como medidas de apoyo en materia de fomento del empleo, las cuales, tal y como viene señalando el CES en sus sucesivas Memorias, deberían ser completamente asumidas por el Estado, en coherencia con la primera recomendación del Pacto de Toledo sobre separación y clarificación de las fuentes de financiación. Precisamente para contribuir al cumplimiento de dicha recomendación, el Estado transfirió a la Seguridad Social en torno a 36.000 millones de euros en 2021, dirigidas principalmente a financiar el ingreso mínimo vital y el resto de prestaciones no contributivas, incluidos los complementos para las pensiones mínimas, así como la pérdida de ingresos por cotizaciones debido a las medidas asociadas a la pandemia.
La evolución del gasto no financiero del sistema de la Seguridad Social, que creció un 6,8 por 100 en 2021, vino determinada principalmente por el comportamiento del gasto en pensiones contributivas, que con un peso superior al 70 por 100 sobre el gasto total, se incrementó un 5 por 100 en 2021, en base a la evolución del número de pensionistas, del efecto sustitución y de la revalorización de las pensiones.
Por su parte, la partida correspondiente a subsidios y otras prestaciones, donde se incluyen los gastos de carácter extraordinario asociados a la pandemia, creció más de un 8 por 100. En particular, el gasto por incapacidad temporal derivado del COVID-19 aumentó un 46 por 100, ante el elevado número de bajas que supuso especialmente la variante ómicron a finales de año. Continuó también la prestación extraordinaria por cese de actividad y se aprobó otra específica para los trabajadores autónomos afectados por la erupción volcánica en la isla de La Palma, incluyendo ambas prestaciones exenciones en las cuotas. Además, aquellos trabajadores que hubieran vuelto completamente a la actividad tras percibir la prestación extraordinaria por COVID-19, mantienen durante un tiempo una exoneración de la cuota.
Dentro de esta misma partida de subsidios y otras prestaciones, el gasto en prestaciones por nacimiento y cuidado del menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad aumentó un 16 por 100, como consecuencia de la ampliación del permiso del segundo progenitor, de 12 a 16 semanas, después de que el 1 de enero de 2021 se produjera la completa equiparación entre las anteriormente denominadas prestaciones de maternidad y paternidad.
Finalmente, en el ámbito no contributivo del sistema, destaca el aumento en la partida correspondiente al ingreso mínimo vital, debido a su reciente aprobación, aunque cabe señalar que el volumen de gasto, de alrededor de 1.900 millones de euros, supone únicamente el 1 por 100 de los gastos totales del sistema. El resto de prestaciones familiares vieron reducido su nivel de gasto en un 8 por 100, al igual que la partida de complementos a mínimos, que cayó un 0,7 por 100. Por su parte, el gasto en pensiones no contributivas de invalidez y jubilación creció un 2,6 por 100, debido al aumento de la cuantía por la revalorización en un 1,8 por 100, dado que el número de beneficiarios siguió reduciéndose.
Con el objetivo de equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado del COVID-19, a finales de año se autorizó un crédito extraordinario en los presupuestos para el ejercicio 2021 por importe de 5.000 millones de euros85. Cabe recordar que desde 2017 el déficit del sistema de la Seguridad Social se ha ido cubriendo con préstamos otorgados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y, desde 2018, también a través de transferencias del Estado dirigidas específicamente a posibilitar el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social. El CES ha venido señalando en sus últimas Memorias la necesidad de que la financiación extraordinaria requerida por el sistema se aborde fundamentalmente mediante transferencias corrientes y, en ese sentido, la Ley 21/2021 supone un avance, puesto que prevé que la Ley de Presupuestos Generales del Estado contemple anualmente una transferencia del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social para la financiación de una serie de conceptos que permitan culminar la separación de fuentes en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo.
84. Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2021.
85. Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de noviembre, de medidas en materia de Seguridad Social y otras medidas fiscales de apoyo social.
