La Cumbre Social de Oporto, celebrada en mayo de 2021, supuso un impulso del Pilar Europeo de Derechos Sociales (PEDS), reforzando la monitorización del mismo(1) y definiendo tres nuevos objetivos de cara a 2030 sobre empleo, cualificaciones y reducción de la pobreza. Las PAE pueden contribuir claramente a los dos primeros: lograr una tasa de empleo de al menos el 78 por 100 en la población de 20 a 64 años y que al menos el 60 por 100 de la población de 25 a 64 años participe en actividades de formación todos los años. Los Estados miembros fijan objetivos nacionales en función de la situación de partida y los objetivos previstos. En el caso de España, el Gobierno planteó estos objetivos recogidos en el Plan de Acción del PEDS (impulsar el acceso al empleo de la población desempleada y un mayor esfuerzo de formación y recualificación profesional del conjunto de la población activa) con la participación de los interlocutores sociales.

Por otro lado, la aprobación del Next Generation EU, cuyo objetivo era impulsar inversiones y reformas en los Estados miembros para avanzar hacia una recuperación sostenible e inclusiva supone un elemento de refuerzo de los fondos disponibles para PAE. De hecho, en base a este nuevo instrumento se ha planteado el necesario refuerzo y modernización de las PAE en España, que la Comisión había venido señalando entre sus recomendaciones en los últimos años en el marco del Semestre Europeo y que, hasta el momento, no había sido atendida.

Además, se cuenta con la Garantía Juvenil reforzada, adoptada en la Unión Europea en 2020 y que supuso la adscripción del 12,5 por 100 de los recursos del FSE al fomento de la formación y el empleo de calidad de la población juvenil. En España, ello se tradujo en la aprobación del Plan 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes (Garantía Juvenil Plus).