El papel de la formación para la cualificación y recualificación profesional
La necesidad de asegurar el mejor encaje entre la demanda y la oferta de trabajo a corto plazo requiere que la oferta cuente con las competencias y cualificaciones necesarias que precisa el tejido productivo, y que, en caso necesario, sean provistas a través de los sistemas formativos, en especial del sistema de formación profesional para el empleo.
A su vez, hay que tener en cuenta los cambios en la propia demanda de trabajo, que deben anticiparse en la configuración de la oferta a medio plazo. Las proyecciones del Cedefop señalan, como ya se ha dicho, que será necesario cubrir un volumen amplio de puestos de trabajo en los próximos años en el contexto de una doble demanda: por un lado, la reposición de los puestos que permanecerán (aunque sin duda con cambios en sus contenidos), que son cerca de la mitad del total del empleo actual y que deben cubrirse una vez quienes los ocupan concluyan su ciclo de vida laboral; y por otro lado la demanda de nuevos puestos generada por los cambios en el sistema productivo. Ambas se configurarán también en ese contexto de grandes transiciones, lo que aumentará más aún la necesidad de formación permanente para atender al continuo cambio en las competencias y cualificaciones asociadas a los puestos de trabajo109.
Las proyecciones apuntan, asimismo, a la exigencia de mayores niveles de cualificaciones y competencias en todas las ocupaciones, lo que elevará la demanda de formación. Además, una parte significativa de esos puestos demandarán cualificaciones intermedias, de las que en España se viene identificando un relativo déficit en el conjunto de la población activa en relación con los países de nuestro entorno.
Todas estas estimaciones ponen el foco de atención en dos grandes cuestiones: el sistema educativo y la formación profesional para el empleo.
Respecto al primero, la formación profesional del sistema educativo es la principal proveedora de muchos de los perfiles profesionales que demandarán las empresas, necesarios para cubrir el incremento en la necesidad de técnicos y, sobre todo, de técnicos superiores, en determinadas ocupaciones, lo que resulta además preocupante por la todavía baja proporción de jóvenes en programas de formación profesional en comparación con otros países de nuestro entorno. Por ello, es necesario no perder de vista estas tendencias de cambio en los contenidos ocupacionales y analizar las necesidades de modernización y de impulso de la formación profesional y el papel que puede jugar la formación dual en ellas.
Estos objetivos están detrás del Plan de Modernización de la Formación Profesional, anclado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, concretamente en su componente 20 dedicado al Plan Estratégico de Impulso de la Formación Profesional, y en la reciente aprobación de la Ley Orgánica de Ordenación e integración de la formación profesional que fue objeto de dictamen del CES110.
Respecto a la segunda, cabe recordar que la formación profesional para el empleo es uno de los pilares para la adquisición y actualización de competencias y cualificaciones profesionales. La formación profesional debe garantizar que las competencias están continuamente actualizadas ante los cambios que se produzcan en el empleo y, por ello, un diseño ágil y flexible, adaptativo y accesible para toda la población trabajadora constituye un reto de primer orden para el conjunto de la formación profesional para el empleo.
A este respecto, destaca el impulso contemplado en el PRTR del reskilling y upskilling de la población activa ligado a cualificaciones profesionales cuyo objetivo es que los esfuerzos de cualificación y recualificación profesional de la población activa, en el marco de la formación profesional para el empleo, cierren las brechas de género en profesiones que requieran altos niveles de habilidades digitales y conocimiento de competencias emergentes, pero también en sectores de rápida evolución y generadores de empleo futuro, como el cuidado a las personas o los empleos verdes.
Aquí es importante considerar el papel que puede desempeñar la universidad y la necesidad de extender el enfoque dual a este ámbito como, a priori, se contempla en la reforma prevista del sistema universitario. Hay ya algunos ejemplos en el panorama comparado que apuntan a un papel destacado de las universidades en la configuración de títulos técnicos, con una elevada variedad que habla de su especificidad, consistentes en grados de dos o tres años y en torno a 120 créditos (Francia, Dinamarca, Italia, entre otros111). Y en otros (como el Reino Unido112), se quiere incorporar elementos más novedosos: un enfoque territorial, local, que lleva a una alta participación de los agentes involucrados (empresas, trabajadores y stakeholders) en la configuración, gestión y evaluación de esta formación universitaria; una definición, a partir de lo anterior, muy específica de los títulos; y la exigencia general de elevada calidad de la formación impartida.
Todo lo anterior apunta, en definitiva, a que los cambios en la demanda de cualificaciones y
competencias que debe afrontar el empleo en todos los sectores deben proyectarse en el diseño de las políticas de formación y orientación y enfocarse hacia el sistema productivo, teniendo en cuenta, además, la transformación de este que deben procurar las políticas estructurales, empezando por las contempladas en el PRTR.
Las políticas educativas y formativas deberían orientarse a la anticipación de estos cambios estructurales, para lo que se necesita contar con estudios continuos de prospectiva y detección de necesidades con un enfoque preferentemente sectorial que atienda, con el debido detalle analítico, a las necesidades de las distintas ramas de actividad, en un modelo donde la participación de todos los agentes implicados debe ser central.
En un horizonte temporal más amplio la prioridad debería concretarse en articular un enfoque transversal que recorra el sistema educativo y la formación profesional, el ámbito científico y la I+D+i. La creatividad, la innovación y la calidad deben ser parte esencial de la estrategia país, afrontando el reto que supone mantener y extender la capacitación del personal más cualificado y creativo mediante las políticas de formación y de atracción del talento, a las que no pueden ser ajenas las encaminadas a promover el emprendimiento.
Se trata, por tanto, de un reto compartido para la elaboración de las políticas públicas orientadas a atenuar esos desajustes, que debe contar con la participación conjunta de las empresas y personas trabajadoras en todas las fases, incluyendo el propio diseño, la aplicación y la evaluación de los resultados.
109. Las políticas europeas reconocen que todas las personas tienen derecho a una educación, una formación y un aprendizaje permanente de calidad e inclusivos. Esta idea está recogida en el Pilar Europeo de Derechos Sociales y en el plan de acción que este adoptó recientemente, el cual establece un nuevo objetivo principal para la Unión Europea de una participación en formación del 60 por 100 de las personas adultas cada año para el 2030. La Declaración de Oporto respaldó recientemente a este plan de acción, y mostró un compromiso político absoluto con el aprendizaje de personas adultas.
110. Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de Ordenación e integración de la formación profesional y Dictamen CES 5/2021, sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Ordenación e integración de la formación profesional.
112. Skills for Jobs: Lifelong Learning for Opportunity and Growth. Libro Blanco, enero de 2021 (www.gov.uk/official-documents).
El papel de la formación para la cualificación y
recualificación profesional
La necesidad de asegurar el mejor encaje entre la demanda y la oferta de trabajo a corto plazo requiere que la oferta cuente con las competencias y cualificaciones necesarias que precisa el tejido productivo, y que, en caso necesario, sean provistas a través de los sistemas formativos, en especial del sistema de formación profesional para el empleo.
A su vez, hay que tener en cuenta los cambios en la propia demanda de trabajo, que deben anticiparse en la configuración de la oferta a medio plazo. Las proyecciones del Cedefop señalan, como ya se ha dicho, que será necesario cubrir un volumen amplio de puestos de trabajo en los próximos años en el contexto de una doble demanda: por un lado, la reposición de los puestos que permanecerán (aunque sin duda con cambios en sus contenidos), que son cerca de la mitad del total del empleo actual y que deben cubrirse una vez quienes los ocupan concluyan su ciclo de vida laboral; y por otro lado la demanda de nuevos puestos generada por los cambios en el sistema productivo. Ambas se configurarán también en ese contexto de grandes transiciones, lo que aumentará más aún la necesidad de formación permanente para atender al continuo cambio en las competencias y cualificaciones asociadas a los puestos de trabajo109.
Las proyecciones apuntan, asimismo, a la exigencia de mayores niveles de cualificaciones y competencias en todas las ocupaciones, lo que elevará la demanda de formación. Además, una parte significativa de esos puestos demandarán cualificaciones intermedias, de las que en España se viene identificando un relativo déficit en el conjunto de la población activa en relación con los países de nuestro entorno.
Todas estas estimaciones ponen el foco de atención en dos grandes cuestiones: el sistema educativo y la formación profesional para el empleo.
Respecto al primero, la formación profesional del sistema educativo es la principal proveedora de muchos de los perfiles profesionales que demandarán las empresas, necesarios para cubrir el incremento en la necesidad de técnicos y, sobre todo, de técnicos superiores, en determinadas ocupaciones, lo que resulta además preocupante por la todavía baja proporción de jóvenes en programas de formación profesional en comparación con otros países de nuestro entorno. Por ello, es necesario no perder de vista estas tendencias de cambio en los contenidos ocupacionales y analizar las necesidades de modernización y de impulso de la formación profesional y el papel que puede jugar la formación dual en ellas.
Estos objetivos están detrás del Plan de Modernización de la Formación Profesional, anclado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, concretamente en su componente 20 dedicado al Plan Estratégico de Impulso de la Formación Profesional, y en la reciente aprobación de la Ley Orgánica de Ordenación e integración de la formación profesional que fue objeto de dictamen del CES110.
Respecto a la segunda, cabe recordar que la formación profesional para el empleo es uno de los pilares para la adquisición y actualización de competencias y cualificaciones profesionales. La formación profesional debe garantizar que las competencias están continuamente actualizadas ante los cambios que se produzcan en el empleo y, por ello, un diseño ágil y flexible, adaptativo y accesible para toda la población trabajadora constituye un reto de primer orden para el conjunto de la formación profesional para el empleo.
A este respecto, destaca el impulso contemplado en el PRTR del reskilling y upskilling de la población activa ligado a cualificaciones profesionales cuyo objetivo es que los esfuerzos de cualificación y recualificación profesional de la población activa, en el marco de la formación profesional para el empleo, cierren las brechas de género en profesiones que requieran altos niveles de habilidades digitales y conocimiento de competencias emergentes, pero también en sectores de rápida evolución y generadores de empleo futuro, como el cuidado a las personas o los empleos verdes.
Aquí es importante considerar el papel que puede desempeñar la universidad y la necesidad de extender el enfoque dual a este ámbito como, a priori, se contempla en la reforma prevista del sistema universitario. Hay ya algunos ejemplos en el panorama comparado que apuntan a un papel destacado de las universidades en la configuración de títulos técnicos, con una elevada variedad que habla de su especificidad, consistentes en grados de dos o tres años y en torno a 120 créditos (Francia, Dinamarca, Italia, entre otros111). Y en otros (como el Reino Unido112), se quiere incorporar elementos más novedosos: un enfoque territorial, local, que lleva a una alta participación de los agentes involucrados (empresas, trabajadores y stakeholders) en la configuración, gestión y evaluación de esta formación universitaria; una definición, a partir de lo anterior, muy específica de los títulos; y la exigencia general de elevada calidad de la formación impartida.
Todo lo anterior apunta, en definitiva, a que los cambios en la demanda de cualificaciones y competencias que debe afrontar el empleo en todos los sectores deben proyectarse en el diseño de las políticas de formación y orientación y enfocarse hacia el sistema productivo, teniendo en cuenta, además, la transformación de este que deben procurar las políticas estructurales, empezando por las contempladas en el PRTR.
Las políticas educativas y formativas deberían orientarse a la anticipación de estos cambios estructurales, para lo que se necesita contar con estudios continuos de prospectiva y detección de necesidades con un enfoque preferentemente sectorial que atienda, con el debido detalle analítico, a las necesidades de las distintas ramas de actividad, en un modelo donde la participación de todos los agentes implicados debe ser central.
En un horizonte temporal más amplio la prioridad debería concretarse en articular un enfoque transversal que recorra el sistema educativo y la formación profesional, el ámbito científico y la I+D+i. La creatividad, la innovación y la calidad deben ser parte esencial de la estrategia país, afrontando el reto que supone mantener y extender la capacitación del personal más cualificado y creativo mediante las políticas de formación y de atracción del talento, a las que no pueden ser ajenas las encaminadas a promover el emprendimiento.
Se trata, por tanto, de un reto compartido para la elaboración de las políticas públicas orientadas a atenuar esos desajustes, que debe contar con la participación conjunta de las empresas y personas trabajadoras en todas las fases, incluyendo el propio diseño, la aplicación y la evaluación de los resultados.
109. Las políticas europeas reconocen que todas las personas tienen derecho a una educación, una formación y un aprendizaje permanente de calidad e inclusivos. Esta idea está recogida en el Pilar Europeo de Derechos Sociales y en el plan de acción que este adoptó recientemente, el cual establece un nuevo objetivo principal para la Unión Europea de una participación en formación del 60 por 100 de las personas adultas cada año para el 2030. La Declaración de Oporto respaldó recientemente a este plan de acción, y mostró un compromiso político absoluto con el aprendizaje de personas adultas.
110. Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de Ordenación e integración de la formación profesional y Dictamen CES 5/2021, sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Ordenación e integración de la formación profesional.
112. Skills for Jobs: Lifelong Learning for Opportunity and Growth. Libro Blanco, enero de 2021 (www.gov.uk/official-documents).