Se trata, pues, de una discusión igualmente compleja, donde además hay importantes limitaciones derivadas de la falta de información adecuada y/o de resultados relevantes en las fuentes documentales. En primer lugar, hay que recordar que se está hablando de desajustes oferta y demanda en un mercado donde, si bien con rasgos propios que impiden considerarlo como tal en sentido estricto, también hay precios, en este caso el salario (o el coste laboral). No obstante, no es posible conocer los niveles salariales concretos asociados a cada demanda concreta de puestos ni a las expectativas que modulan en este sentido los procesos de búsqueda y las decisiones concretas de los potenciales candidatos.
Tanto o más importantes son, en segundo lugar, las condiciones de trabajo asociadas al puesto, singularmente su duración y su concreta ubicación espacial, lo que abre un amplio abanico de cuestiones a tratar donde tampoco hay posibilidad de entrar a fondo en la discusión de los modelos y pautas que configuran los procesos de búsqueda de empleo, o los eventuales costes de oportunidad de aceptar un puesto concreto en términos de renta y progresión profesional. De hecho, lo que se puede aproximar es sobre todo, y de manera también tentativa, el alcance de la movilidad geográfica, que se revela como muy baja en España salvo en trabajos de corta duración y típicamente de temporada.
Todo ello sin duda limita el análisis y su discusión requeriría una revisión a fondo de la literatura especializada, lo cual excede con mucho el alcance y el propósito de este apartado.
A cambio sí hay distintos datos sobre aspectos que intervienen en la resolución de estos desajustes, relacionados con las políticas activas de empleo. Todos ellos se vienen tratando sistemáticamente en sucesivas ediciones de la Memoria anual del CES, lo que incluye el correspondiente epígrafe incorporado en esta propia edición, dentro del balance del año 2021. Poniendo el foco en los desajustes, se trata de valorar la eficiencia de la intermediación, es decir, la adecuada casación oferta-demanda en plazos adecuados, el suministro de información relevante para cada caso, el soporte a empresas y personas en los procesos de búsqueda y, de modo destacado, las tareas de observatorio y prospectiva que deben acompañar la intermediación, porque en ellas se basa el factor sin duda más relevante, que es la anticipación a través de políticas formativas. Esto es un clásico en la discusión en España sobre la eficacia y la eficiencia de los servicios públicos de empleo, el papel de la colaboración público-privada, la atención y la orientación personalizada a las personas desempleadas y a las empresas, y la gobernanza del sistema de empleo. Una discusión de la que se concluye que, de momento, hay pocos avances reales, pero al menos existe un compromiso de abordar reformas para lograr un sistema de políticas activas de empleo más eficiente y eficaz.
Se trata, pues, de una discusión igualmente compleja, donde además hay importantes limitaciones derivadas de la falta de información adecuada y/o de resultados relevantes en las fuentes documentales. En primer lugar, hay que recordar que se está hablando de desajustes oferta y demanda en un mercado donde, si bien con rasgos propios que impiden considerarlo como tal en sentido estricto, también hay precios, en este caso el salario (o el coste laboral). No obstante, no es posible conocer los niveles salariales concretos asociados a cada demanda concreta de puestos ni a las expectativas que modulan en este sentido los procesos de búsqueda y las decisiones concretas de los potenciales candidatos.
Tanto o más importantes son, en segundo lugar, las condiciones de trabajo asociadas al puesto, singularmente su duración y su concreta ubicación espacial, lo que abre un amplio abanico de cuestiones a tratar donde tampoco hay posibilidad de entrar a fondo en la discusión de los modelos y pautas que configuran los procesos de búsqueda de empleo, o los eventuales costes de oportunidad de aceptar un puesto concreto en términos de renta y progresión profesional. De hecho, lo que se puede aproximar es sobre todo, y de manera también tentativa, el alcance de la movilidad geográfica, que se revela como muy baja en España salvo en trabajos de corta duración y típicamente de temporada.
Todo ello sin duda limita el análisis y su discusión requeriría una revisión a fondo de la literatura especializada, lo cual excede con mucho el alcance y el propósito de este apartado.
A cambio sí hay distintos datos sobre aspectos que intervienen en la resolución de estos desajustes, relacionados con las políticas activas de empleo. Todos ellos se vienen tratando sistemáticamente en sucesivas ediciones de la Memoria anual del CES, lo que incluye el correspondiente epígrafe incorporado en esta propia edición, dentro del balance del año 2021. Poniendo el foco en los desajustes, se trata de valorar la eficiencia de la intermediación, es decir, la adecuada casación oferta-demanda en plazos adecuados, el suministro de información relevante para cada caso, el soporte a empresas y personas en los procesos de búsqueda y, de modo destacado, las tareas de observatorio y prospectiva que deben acompañar la intermediación, porque en ellas se basa el factor sin duda más relevante, que es la anticipación a través de políticas formativas. Esto es un clásico en la discusión en España sobre la eficacia y la eficiencia de los servicios públicos de empleo, el papel de la colaboración público-privada, la atención y la orientación personalizada a las personas desempleadas y a las empresas, y la gobernanza del sistema de empleo. Una discusión de la que se concluye que, de momento, hay pocos avances reales, pero al menos existe un compromiso de abordar reformas para lograr un sistema de políticas activas de empleo más eficiente y eficaz.