Actividad de la jurisdicción social
En 2021, la actividad de los órganos judiciales que se integran en el ámbito social experimentó un impulso después de verse notablemente alterada durante 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, que paralizó la actividad laboral. Ello tuvo su reflejo en la tramitación de los asuntos judiciales sociales, cuyo balance en 2021 dio como
resultado un importante incremento del volumen global de asuntos judiciales resueltos, el mayor en el periodo considerado (2010-2021). Así, los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional social resolvieron durante 2021 un total de 399.849 asuntos, lo que representa un incremento del 41,7 por 100 respecto al año anterior (cuadro A-24). En todo caso, cabe destacar que el volumen total de asuntos judiciales resueltos en 2021 muy cerca estuvo de alcanzar la cota de los cuatrocientos mil por ejercicio, inédita en la serie histórica analizada.
Los datos de 2021 muestran también que todos los tipos de litigios aumentaron con respecto al ejercicio anterior, siendo los de Seguridad Social los que más lo hicieron, hasta los 100.632 (un 53,9 por 100 respecto a 2020).
Por su parte, el volumen de conflictos individuales aumentó en 2021 un 38,2 por 100, situándose en los 296.689 asuntos. Si se analiza el objeto de la demanda, en 2021 los despidos aumentaron un 26,9 por 100 respecto al ejercicio precedente, llegando a los 135.361. El mayor aumento, sin embargo se registró entre los litigios relativos a reclamaciones derivadas del contrato de trabajo60 que aumentaron un 49,4 por 100 respecto a 2020, situándose en 161.328.
Los conflictos individuales en materia de despidos afectaron en 2021 a 166.372 personas trabajadoras61, lo que representa un aumento del 28,4 por 100 respecto al año anterior.
Finalmente, durante 2021 los conflictos colectivos aumentaron un 16,9 por 100 con respecto al año anterior, situándose en los 2.528 asuntos.
Resulta conveniente realizar un sucinto análisis de la evolución de los principales indicadores clave
del orden jurisdiccional social durante el periodo 2016-2021, de cara a determinar cuál ha sido el comportamiento, a lo largo de los últimos años —incorporando el impacto de la pandemia—, de los órganos judiciales que se integran en el ámbito social, principalmente desde el punto de vista de su capacidad de resolución y de su grado de congestión.
Y es que de estos parámetros depende fundamentalmente la calidad institucional, en este caso, de la justicia del orden social.
Para ello, es necesario observar, en primer lugar, el comportamiento a lo largo de dicho periodo, de las tasas de congestión62, resolución63 y pendencia64 (cuadro 3). El análisis del desarrollo de estos tres parámetros pone de manifiesto el fuerte impacto de la crisis pandémica del COVID-19 en el comportamiento de la jurisdicción social durante 202065. Ya en 2021, la actividad de la jurisdicción social se situó, por lo general, en niveles anteriores a la pandemia66.
Así, la tasa de congestión fue en aumento desde 2016 hasta 2020, para posteriormente, en 2021, bajar hasta niveles muy similares a los registrados en 2019. La mayor subida se registró en 2020.
Por su parte, la tasa de resolución fue en descenso desde 2016 hasta 2020 para posteriormente, en 2021, subir con fuerza, alcanzando niveles muy parecidos a los de 2016. La mayor bajada se registró en 2020.
Finalmente, la tasa de pendencia fue en aumento desde 2016 hasta 2020, para posteriormente, en 2021, bajar hasta niveles muy similares a los registrados en 2019. La mayor subida se registró en 2020.
El de celeridad es uno de los principios que han de presidir los procesos en el ámbito de la jurisdicción social. De hecho, es un importante aspecto caracterizador de los procedimientos en esta jurisdicción.
Por ello, resulta conveniente, asimismo, llevar a cabo un análisis de las duraciones medias que se han registrado en el periodo 2016-2020 (incorporando, por tanto también el impacto de la pandemia) de los procesos en los distintos tipos de órganos judiciales del orden jurisdiccional social (cuadro 4).
Así, se puede observar que, en el ámbito de los Juzgados de lo Social, las duraciones medias de los procesos descendieron en el periodo 2016-2019 para después, en 2020, subir con fuerza (hasta los 10,7 meses). Por su parte, las duraciones medias de los procesos en los Tribunales Superiores de Justicia (Sala de lo Social) fueron en aumento durante el periodo considerado, alcanzando en 2020 los 6,1 meses.
Las duraciones medias de los procesos en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional se mantuvieron estables, con pequeñas oscilaciones al alza o a la baja, durante 2016, 2017, 2018 y 2019, para en 2020 subir con fuerza (hasta los 4,1 meses).
Respecto a las duraciones medias de los procesos en la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, cabe resaltar que estas fueron en aumento según pasaban los años, a excepción de en el año 2018 que bajaron. La mayor subida de estas se registró en 2020, llegando así a los 16,8 meses.
60. Incluye «reclamaciones de cantidades» y «reclamaciones de otra índole», además de los asuntos resueltos «por desistimiento» y «otras causas».
61. El total incluye los trabajadores afectados por asuntos resueltos «por desistimiento» y «otras causas».
62. Tasa de congestión: cociente donde el numerador está formado por la suma de los asuntos pendientes al inicio del año y los registrados en ese ejercicio y donde el denominador son los asuntos resueltos en dicho periodo.
63. Tasa de resolución: cociente entre los asuntos resueltos en el año e ingresados en el mismo. Pone en relación el volumen de ingreso con la capacidad resolutiva.
64. Tasa de pendencia: cociente entre los asuntos pendientes al final del año y los resueltos en ese ejercicio.
65. En 2020, año en el que comenzó la pandemia, la actividad de los órganos judiciales españoles de todos los órdenes jurisdiccionales se vio enormemente impactada por la declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis originada por el nuevo coronavirus, tal y como se apunta en la Memoria anual 2021, correspondiente al ejercicio 2020 (última disponible) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
66. Según se señala en el Informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales en el cuarto trimestre de 2021 del CGPJ, la actividad de los órganos judiciales españoles volvió en 2021 a la normalidad. De esta manera, todas las jurisdicciones experimentaron en dicho ejercicio un importante incremento tanto en el número de asuntos registrados, como en el de resueltos.
Actividad de la
jurisdicción social
En 2021, la actividad de los órganos judiciales que se integran en el ámbito social experimentó un impulso después de verse notablemente alterada durante 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, que paralizó la actividad laboral. Ello tuvo su reflejo en la tramitación de los asuntos judiciales sociales, cuyo balance en 2021 dio como resultado un importante incremento del volumen global de asuntos judiciales resueltos, el mayor en el periodo considerado (2010-2021). Así, los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional social resolvieron durante 2021 un total de 399.849 asuntos, lo que representa un incremento del 41,7 por 100 respecto al año anterior (cuadro A-24). En todo caso, cabe destacar que el volumen total de asuntos judiciales resueltos en 2021 muy cerca estuvo de alcanzar la cota de los cuatrocientos mil por ejercicio, inédita en la serie histórica analizada.
Los datos de 2021 muestran también que todos los tipos de litigios aumentaron con respecto al ejercicio anterior, siendo los de Seguridad Social los que más lo hicieron, hasta los 100.632 (un 53,9 por 100 respecto a 2020).
Por su parte, el volumen de conflictos individuales aumentó en 2021 un 38,2 por 100, situándose en los 296.689 asuntos. Si se analiza el objeto de la demanda, en 2021 los despidos aumentaron un 26,9 por 100 respecto al ejercicio precedente, llegando a los 135.361. El mayor aumento, sin embargo se registró entre los litigios relativos a reclamaciones derivadas del contrato de trabajo60 que aumentaron un 49,4 por 100 respecto a 2020, situándose en 161.328.
Los conflictos individuales en materia de despidos afectaron en 2021 a 166.372 personas trabajadoras61, lo que representa un aumento del 28,4 por 100 respecto al año anterior.
Finalmente, durante 2021 los conflictos colectivos aumentaron un 16,9 por 100 con respecto al año anterior, situándose en los 2.528 asuntos.
Resulta conveniente realizar un sucinto análisis de la evolución de los principales indicadores clave del orden jurisdiccional social durante el periodo 2016-2021, de cara a determinar cuál ha sido el comportamiento, a lo largo de los últimos años —incorporando el impacto de la pandemia—, de los órganos judiciales que se integran en el ámbito social, principalmente desde el punto de vista de su capacidad de resolución y de su grado de congestión. Y es que de estos parámetros depende fundamentalmente la calidad institucional, en este caso, de la justicia del orden social.
Para ello, es necesario observar, en primer lugar, el comportamiento a lo largo de dicho periodo, de las tasas de congestión62, resolución63 y pendencia64 (cuadro 3). El análisis del desarrollo de estos tres parámetros pone de manifiesto el fuerte impacto de la crisis pandémica del COVID-19 en el comportamiento de la jurisdicción social durante 202065. Ya en 2021, la actividad de la jurisdicción social se situó, por lo general, en niveles anteriores a la pandemia66.
Así, la tasa de congestión fue en aumento desde 2016 hasta 2020, para posteriormente, en 2021, bajar hasta niveles muy similares a los registrados en 2019. La mayor subida se registró en 2020.
Por su parte, la tasa de resolución fue en descenso desde 2016 hasta 2020 para posteriormente, en 2021, subir con fuerza, alcanzando niveles muy parecidos a los de 2016. La mayor bajada se registró en 2020.
Finalmente, la tasa de pendencia fue en aumento desde 2016 hasta 2020, para posteriormente, en 2021, bajar hasta niveles muy similares a los registrados en 2019. La mayor subida se registró en 2020.
El de celeridad es uno de los principios que han de presidir los procesos en el ámbito de la jurisdicción social. De hecho, es un importante aspecto caracterizador de los procedimientos en esta jurisdicción.
Por ello, resulta conveniente, asimismo, llevar a cabo un análisis de las duraciones medias que se han registrado en el periodo 2016-2020 (incorporando, por tanto también el impacto de la pandemia) de los procesos en los distintos tipos de órganos judiciales del orden jurisdiccional social (cuadro 4).
Así, se puede observar que, en el ámbito de los Juzgados de lo Social, las duraciones medias de los procesos descendieron en el periodo 2016-2019 para después, en 2020, subir con fuerza (hasta los 10,7 meses). Por su parte, las duraciones medias de los procesos en los Tribunales Superiores de Justicia (Sala de lo Social) fueron en aumento durante el periodo considerado, alcanzando en 2020 los 6,1 meses.
Las duraciones medias de los procesos en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional se mantuvieron estables, con pequeñas oscilaciones al alza o a la baja, durante 2016, 2017, 2018 y 2019, para en 2020 subir con fuerza (hasta los 4,1 meses).
Respecto a las duraciones medias de los procesos en la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, cabe resaltar que estas fueron en aumento según pasaban los años, a excepción de en el año 2018 que bajaron. La mayor subida de estas se registró en 2020, llegando así a los 16,8 meses.
