Hacia unas políticas activas de empleo eficaces y eficientes
Las crisis de la última década han agudizado algunos problemas del mercado de trabajo español ante los que las PAE han sido incapaces de dar una respuesta adecuada y suficiente. Anteriormente ya se ha señalado la menor dotación de recursos destinada en España respecto a otros Estados miembros, máxime ante un elevado volumen de desempleo. Pero, más allá del presupuesto disponible, el esquema existente de políticas activas no parece lograr su objetivo de mejorar la empleabilidad (elevada población desempleada con déficit de cualificación) y favorecer la inserción de los colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo (tasas altas de desempleo, sobre todo, juvenil).
Por ello, la reforma de las PAE contemplada en el marco del PRTR representaba una oportunidad para diseñar un nuevo esquema ágil y eficiente de políticas activas en el que era imprescindible el refuerzo de la orientación personalizada y de la formación para atender las necesidades de cualificación y recualificación de la población activa y dar respuesta a las demandas del tejido productivo e impulsar la adaptación digital. Todo ello se debería traducir en la mejora de la empleabilidad e inserción en el mercado laboral permitiendo una intermediación eficaz y un mejor encaje entre la oferta y demanda de trabajo.
Está por ver si el recorrido del nuevo esquema planteado para las PAE, aprobado en su mayor parte en diciembre de 2021 y pendiente de completar con la reforma de la Ley de Empleo, logra desplegar todo su potencial si bien, a priori, no se observa un cambio sustancial en la línea de superar las debilidades señaladas desde hace años entre otros, por el CES en sus Memorias anuales y recogidas de forma amplia en la evaluación realizada por la AIReF.
En todo caso, para valorar adecuadamente el papel de las PAE es necesario realizar una evaluación sistemática y continuada en el tiempo de las medidas aplicadas. El CES ha venido señalando en sucesivas Memorias la importancia de reforzar la cultura de la evaluación y, en el ámbito concreto de las PAE, la necesidad de contar con un sistema de evaluación planificado, estructurado y exhaustivo de las actuaciones que permita contrastar su eficacia y eficiencia, tanto en términos de objetivos logrados como de impacto a medio plazo sobre las personas beneficiarias y el mercado de trabajo, así como cualesquiera otros aspectos de carácter cualitativo o cuantitativos destacados, detectando también las limitaciones que le impiden lograr plenamente sus fines y actuando en su caso para revertirlos. La compleja arquitectura institucional sobre la que se basa el desarrollo de las PAE y cuya evidencia más clara, como se ha señalado anteriormente, es que no se conocen exactamente todos los recursos disponibles, se extiende también a la información existente para realizar dicha evaluación. Es necesario un sistema de información detallado y homogéneo de las medidas desarrolladas en todos los ámbitos territoriales, sobre la base de un mayor esfuerzo de coordinación y colaboración entre los servicios públicos de empleo, que permita tener una visión global del papel desempeñado por las PAE en el conjunto del territorio.
Este contexto es el que debe presidir la valoración inicial del tratamiento de las PAE en el PRTR. El componente 23 del Plan incluye tres reformas en el ámbito de las PAE orientadas a: 1) su modernización
que requerirá, como ya se ha dicho, amplias reformas normativas, 2) la revisión del sistema de incentivos a la contratación y 3) la digitalización del SEPE para reforzar su eficiencia, de forma complementaria con el objetivo de digitalización de las administraciones públicas contemplado en el componente 11 del PRTR.
Asimismo, también recoge inversiones concretas para impulsar el empleo de las mujeres, la población juvenil, los parados de larga duración y los trabajadores en ERTE, reforzar la orientación y el emprendimiento y la formación y recualificación para la transformación verde y digital, que se complementan con otras inversiones del componente 19 en el marco del Plan Nacional de Competencias Digitales. Asimismo, se contemplan proyectos de reequilibrio y equidad territorial y formación avanzada para el personal del SNE con el fin de mejorar su intervención.
El PRTR, como se constata en la Estrategia de Apoyo Activo al empleo ya aprobada, aborda las recomendaciones que se han ido generando en el contexto de las evaluaciones de los SPE en España por
parte de la Red Europea de Servicios Públicos de Empleo (Red SPE-UE). Si bien algunas de estas actuaciones se han puesto en marcha en los últimos años —intercambio de buenas prácticas y experiencias— todavía queda amplio margen para su incorporación de forma sistemática y poder valorar de cara al futuro su concreción en el despliegue tanto del PRTR como de la Estrategia.
La nueva Estrategia supone así una oportunidad para incorporar el potencial que ofrece la digitalización, principalmente en el impulso de la transformación digital y modernización de los SPE, pero también para asegurar la interoperabilidad de los sistemas y la creación de espacios de innovación. En este sentido, y por lo que se refiere a la intermediación y orientación laboral, abre la posibilidad, por ejemplo, del uso del big data para casar oferta y demanda o impulsar sistemas comunes de perfilado estadístico. A este respecto, actualmente está fase de pruebas y evaluación una herramienta de estas características, denominada Send@, que el SEPE pondrá a disposición de la red de orientación. En todo caso, cabe recordar que los SPE gestionan menos del 5 por 100 de las vacantes y que el recurso a las oficinas de empleo, públicas pero también privadas, como método de búsqueda es, por lo general, menor que otro tipo de métodos informales (solo una de cada cuatro personas desempleadas acude a los servicios de empleo), de manera que todas estas iniciativas no tendrán mucho alcance si no se logra, por un lado, que la población en búsqueda de empleo acuda a los servicios de empleo y no solo a contactos informales o a motores de búsqueda y, por otro, si no se refuerza decididamente la red de orientación.
En relación a esto último, parte del refuerzo fue la contratación de 3.000 orientadores en el marco de los Planes de choque por el empleo joven y Reincopora-t que, posteriormente, se destinaron también a atender las consecuencias de la pandemia. Con independencia de cómo se valore este primer refuerzo en la atención a una población demandante de empleo que asciende a 4,5 millones de personas, la eficacia de esta medida en la práctica ha sido limitada, por la propia forma en que se produjo su incorporación; muchos fueron contratados durante la pandemia, sin tener un perfil claro de orientación ni conocimiento del tejido productivo, y sin posibilidades de formación en el puesto de trabajo. En todo caso, el objetivo es que se puedan consolidar en la plantilla de los SPE y continuar reforzando la red de orientación.
Hacia unas políticas
activas de empleo eficaces y eficientes
Las crisis de la última década han agudizado algunos problemas del mercado de trabajo español ante los que las PAE han sido incapaces de dar una respuesta adecuada y suficiente. Anteriormente ya se ha señalado la menor dotación de recursos destinada en España respecto a otros Estados miembros, máxime ante un elevado volumen de desempleo. Pero, más allá del presupuesto disponible, el esquema existente de políticas activas no parece lograr su objetivo de mejorar la empleabilidad (elevada población desempleada con déficit de cualificación) y favorecer la inserción de los colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo (tasas altas de desempleo, sobre todo, juvenil).
Por ello, la reforma de las PAE contemplada en el marco del PRTR representaba una oportunidad para diseñar un nuevo esquema ágil y eficiente de políticas activas en el que era imprescindible el refuerzo de la orientación personalizada y de la formación para atender las necesidades de cualificación y recualificación de la población activa y dar respuesta a las demandas del tejido productivo e impulsar la adaptación digital. Todo ello se debería traducir en la mejora de la empleabilidad e inserción en el mercado laboral permitiendo una intermediación eficaz y un mejor encaje entre la oferta y demanda de trabajo.
Está por ver si el recorrido del nuevo esquema planteado para las PAE, aprobado en su mayor parte en diciembre de 2021 y pendiente de completar con la reforma de la Ley de Empleo, logra desplegar todo su potencial si bien, a priori, no se observa un cambio sustancial en la línea de superar las debilidades señaladas desde hace años entre otros, por el CES en sus Memorias anuales y recogidas de forma amplia en la evaluación realizada por la AIReF.
En todo caso, para valorar adecuadamente el papel de las PAE es necesario realizar una evaluación sistemática y continuada en el tiempo de las medidas aplicadas. El CES ha venido señalando en sucesivas Memorias la importancia de reforzar la cultura de la evaluación y, en el ámbito concreto de las PAE, la necesidad de contar con un sistema de evaluación planificado, estructurado y exhaustivo de las actuaciones que permita contrastar su eficacia y eficiencia, tanto en términos de objetivos logrados como de impacto a medio plazo sobre las personas beneficiarias y el mercado de trabajo, así como cualesquiera otros aspectos de carácter cualitativo o cuantitativos destacados, detectando también las limitaciones que le impiden lograr plenamente sus fines y actuando en su caso para revertirlos. La compleja arquitectura institucional sobre la que se basa el desarrollo de las PAE y cuya evidencia más clara, como se ha señalado anteriormente, es que no se conocen exactamente todos los recursos disponibles, se extiende también a la información existente para realizar dicha evaluación. Es necesario un sistema de información detallado y homogéneo de las medidas desarrolladas en todos los ámbitos territoriales, sobre la base de un mayor esfuerzo de coordinación y colaboración entre los servicios públicos de empleo, que permita tener una visión global del papel desempeñado por las PAE en el conjunto del territorio.
Este contexto es el que debe presidir la valoración inicial del tratamiento de las PAE en el PRTR. El componente 23 del Plan incluye tres reformas en el ámbito de las PAE orientadas a: 1) su modernización que requerirá, como ya se ha dicho, amplias reformas normativas, 2) la revisión del sistema de incentivos a la contratación y 3) la digitalización del SEPE para reforzar su eficiencia, de forma complementaria con el objetivo de digitalización de las administraciones públicas contemplado en el componente 11 del PRTR.
Asimismo, también recoge inversiones concretas para impulsar el empleo de las mujeres, la población juvenil, los parados de larga duración y los trabajadores en ERTE, reforzar la orientación y el emprendimiento y la formación y recualificación para la transformación verde y digital, que se complementan con otras inversiones del componente 19 en el marco del Plan Nacional de Competencias Digitales. Asimismo, se contemplan proyectos de reequilibrio y equidad territorial y formación avanzada para el personal del SNE con el fin de mejorar su intervención.
El PRTR, como se constata en la Estrategia de Apoyo Activo al empleo ya aprobada, aborda las recomendaciones que se han ido generando en el contexto de las evaluaciones de los SPE en España por parte de la Red Europea de Servicios Públicos de Empleo (Red SPE-UE). Si bien algunas de estas actuaciones se han puesto en marcha en los últimos años —intercambio de buenas prácticas y experiencias— todavía queda amplio margen para su incorporación de forma sistemática y poder valorar de cara al futuro su concreción en el despliegue tanto del PRTR como de la Estrategia.
La nueva Estrategia supone así una oportunidad para incorporar el potencial que ofrece la digitalización, principalmente en el impulso de la transformación digital y modernización de los SPE, pero también para asegurar la interoperabilidad de los sistemas y la creación de espacios de innovación. En este sentido, y por lo que se refiere a la intermediación y orientación laboral, abre la posibilidad, por ejemplo, del uso del big data para casar oferta y demanda o impulsar sistemas comunes de perfilado estadístico. A este respecto, actualmente está fase de pruebas y evaluación una herramienta de estas características, denominada Send@, que el SEPE pondrá a disposición de la red de orientación. En todo caso, cabe recordar que los SPE gestionan menos del 5 por 100 de las vacantes y que el recurso a las oficinas de empleo, públicas pero también privadas, como método de búsqueda es, por lo general, menor que otro tipo de métodos informales (solo una de cada cuatro personas desempleadas acude a los servicios de empleo), de manera que todas estas iniciativas no tendrán mucho alcance si no se logra, por un lado, que la población en búsqueda de empleo acuda a los servicios de empleo y no solo a contactos informales o a motores de búsqueda y, por otro, si no se refuerza decididamente la red de orientación.
En relación a esto último, parte del refuerzo fue la contratación de 3.000 orientadores en el marco de los Planes de choque por el empleo joven y Reincopora-t que, posteriormente, se destinaron también a atender las consecuencias de la pandemia. Con independencia de cómo se valore este primer refuerzo en la atención a una población demandante de empleo que asciende a 4,5 millones de personas, la eficacia de esta medida en la práctica ha sido limitada, por la propia forma en que se produjo su incorporación; muchos fueron contratados durante la pandemia, sin tener un perfil claro de orientación ni conocimiento del tejido productivo, y sin posibilidades de formación en el puesto de trabajo. En todo caso, el objetivo es que se puedan consolidar en la plantilla de los SPE y continuar reforzando la red de orientación.
