Esta es una transición que, tras una reducción drástica de emisiones, logre que las restantes sean completamente absorbidas por los sumideros de carbono, proporcionando cero emisiones netas. Se trata, por tanto, de reducir al máximo las emisiones del sistema energético desde la premisa de que su suministro sea seguro y sostenible, tanto desde una perspectiva medioambiental, como social y económica. Para ello, la eficiencia energética, la integración de las energías renovables en los sistemas energéticos y el desarrollo de nuevas tecnologías descarbonizadoras resultan fundamentales.
Una transición que constituye un importante reto y una necesidad para España, dado que es una de las economías más expuestas a los efectos negativos del cambio climático. Pero esta transición, a su vez, ofrece oportunidades para modernizar el tejido productivo, generar riqueza y puestos de trabajo y reducir la dependencia energética española del exterior.
Frente a este desafío, España cuenta con una serie de fortalezas. En primer lugar, es un país con recursos renovables abundantes: eólica, solar o hidráulica, lo que le otorga una ventaja competitiva geográfica. En segundo lugar, existe en España un ecosistema empresarial competitivo favorable a la transición energética, con empresas líderes protagonistas del despliegue internacional de las energías renovables y cadenas de valor consolidadas para esas tecnologías; apoyadas, además en la participación de instituciones pioneras en el ámbito de la energía e importantes centros de investigación, desarrollo tecnológico y conocimiento. En tercer lugar, la ciudadanía se muestra concienciada con la necesidad de preservar el medio ambiente y por tanto, abierta a los cambios que provocará la transición84. Y, finalmente, en cuarto lugar, España se ha dotado de una hoja de ruta para llevar a cabo esta transición: el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y una Ley de Cambio climático y transición energética —que avanza en la seguridad normativa que necesita el proceso— y que, tras el azote de la pandemia, cuenta con el respaldo financiero de los fondos NextGeneration, un impulso inversor inicial que deberá ganar inercia a lo largo de las próximas décadas.
Pero es una transición que se acompaña de retos, que se abordarán más adelante, y también de riesgos, sobre todo por las distintas velocidades de las reformas e inversiones necesarias. Una transición pausada pone en peligro alcanzar los objetivos de emisiones a tiempo, acrecentando la posibilidad de que los riesgos medioambientales se conviertan en irreversibles; mientras que si es excesivamente rápida y desordenada puede originar desajustes económicos, laborales y sociales que generen desafección y malestar de la ciudadanía, pudiendo poner en riesgo los avances políticos necesarios para impulsar esta transición.
No obstante, las repercusiones en los mercados energéticos del conflicto en Ucrania iniciado en los primeros meses de 2022, no ha hecho sino poner de manifiesto que, independientemente de la velocidad con la que se lleve a cabo, esta transición energética se debería haber emprendido mucho antes.
83. Intergovernmental Panel on Climate Change 2007 (IPCC, 2007). Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the IV Assessment Report of IPCC.
84. Special Eurobarometer 513: Climate Change.
Esta es una transición que, tras una reducción drástica de emisiones, logre que las restantes sean completamente absorbidas por los sumideros de carbono, proporcionando cero emisiones netas. Se trata, por tanto, de reducir al máximo las emisiones del sistema energético desde la premisa de que su suministro sea seguro y sostenible, tanto desde una perspectiva medioambiental, como social y económica. Para ello, la eficiencia energética, la integración de las energías renovables en los sistemas energéticos y el desarrollo de nuevas tecnologías descarbonizadoras resultan fundamentales.
Una transición que constituye un importante reto y una necesidad para España, dado que es una de las economías más expuestas a los efectos negativos del cambio climático. Pero esta transición, a su vez, ofrece oportunidades para modernizar el tejido productivo, generar riqueza y puestos de trabajo y reducir la dependencia energética española del exterior.
Frente a este desafío, España cuenta con una serie de fortalezas. En primer lugar, es un país con recursos renovables abundantes: eólica, solar o hidráulica, lo que le otorga una ventaja competitiva geográfica. En segundo lugar, existe en España un ecosistema empresarial competitivo favorable a la transición energética, con empresas líderes protagonistas del despliegue internacional de las energías renovables y cadenas de valor consolidadas para esas tecnologías; apoyadas, además en la participación de instituciones pioneras en el ámbito de la energía e importantes centros de investigación, desarrollo tecnológico y conocimiento. En tercer lugar, la ciudadanía se muestra concienciada con la necesidad de preservar el medio ambiente y por tanto, abierta a los cambios que provocará la transición84. Y, finalmente, en cuarto lugar, España se ha dotado de una hoja de ruta para llevar a cabo esta transición: el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y una Ley de Cambio climático y transición energética —que avanza en la seguridad normativa que necesita el proceso— y que, tras el azote de la pandemia, cuenta con el respaldo financiero de los fondos NextGeneration, un impulso inversor inicial que deberá ganar inercia a lo largo de las próximas décadas.
Pero es una transición que se acompaña de retos, que se abordarán más adelante, y también de riesgos, sobre todo por las distintas velocidades de las reformas e inversiones necesarias. Una transición pausada pone en peligro alcanzar los objetivos de emisiones a tiempo, acrecentando la posibilidad de que los riesgos medioambientales se conviertan en irreversibles; mientras que si es excesivamente rápida y desordenada puede originar desajustes económicos, laborales y sociales que generen desafección y malestar de la ciudadanía, pudiendo poner en riesgo los avances políticos necesarios para impulsar esta transición.
No obstante, las repercusiones en los mercados energéticos del conflicto en Ucrania iniciado en los primeros meses de 2022, no ha hecho sino poner de manifiesto que, independientemente de la velocidad con la que se lleve a cabo, esta transición energética se debería haber emprendido mucho antes.
83. Intergovernmental Panel on Climate Change 2007 (IPCC, 2007). Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the IV Assessment Report of IPCC.
84. Special Eurobarometer 513: Climate Change.