La elevada tasa de desempleo, sobre todo la juvenil y la de larga duración constituye uno de los mayores desequilibrios estructurales de España. Durante la crisis de 2008 la tasa de paro llegó a superar el 25 por 100 de la población activa y, aunque en la actual crisis prácticamente no ha aumentado gracias a las medidas de política económica implementadas, se situó en 2021 cerca del 15 por 100, más del doble de la media comunitaria (del 7 por 100). A su vez, la tasa de temporalidad alcanzaba en 2021 el 25 por 100, el nivel más alto de la Unión Europea. Ambos desequilibrios, además de tener un impacto negativo sobre el crecimiento potencial y la productividad, han derivado en un aumento de la desigualdad, afectando negativamente a la cohesión social. Disponer de un sistema eficaz de políticas activas, mejorar la formación y cualificación de las personas ocupadas y desempleadas (con especial atención a los más vulnerables, como jóvenes y personas de mayor edad), crear empleos de calidad e introducir medidas efectivas dirigidas a reducir la temporalidad son fundamentales de cara a su corrección.
El déficit público estructural y el nivel de deuda pública colocan a las finanzas públicas españolas en una situación de vulnerabilidad. De un lado, la deuda pública, que también se encontraba en fase descendente tras los fuertes aumentos registrados durante la crisis financiera de 2008, se disparó en 2020, en el contexto de la pandemia, hasta el 120 por 100 del PIB, alcanzando el 118,4 por 100 en 2021. Aunque dicho incremento contó con el respaldo de las autoridades comunitarias, gracias a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el nivel actual de deuda representa un riesgo en la fase de recuperación, sobre todo ante un endurecimiento de la política monetaria y de un aumento de la volatilidad de los mercados financieros.
Por otra parte, el déficit público estructural, que en 2019 se situaba en un 3,7 por 100 del PIB (entre los más altos de la UEM), se elevó hasta el 4,9 por 100 del PIB en 2021, previéndose un nuevo incremento en 2022 ante la probable conversión en permanente de parte del gasto transitorio generado por la pandemia. En la Actualización del Programa de Estabilidad61 se contempla una senda de consolidación fiscal a medio plazo que, de cumplirse, permitirá reducir el déficit estructural y dotar a la política fiscal de un mayor margen de actuación contracíclico ante eventuales perturbaciones negativas futuras, disipando posibles dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Respecto a la deuda externa, a pesar de la notable corrección registrada por la consecución de superávit exteriores desde el año 2012, la posición de inversión internacional neta sigue siendo negativa (70 por 100 del PIB en 2021), lo que en un contexto económico como el actual, de elevada incertidumbre a nivel global, deja a la economía española en una situación de vulnerabilidad ante perturbaciones adversas o cambios en la confianza de los inversores, que podrían dar lugar a un endurecimiento de las condiciones de crédito y a salidas de capitales al exterior. En este sentido, es preciso alcanzar ganancias de competitividad basadas en aumentos de la productividad que permitan el mantenimiento sostenido de superávit exteriores y, con ello, la reducción del endeudamiento frente al resto del mundo.
La productividad ha mantenido tradicionalmente un débil comportamiento que, además de limitar el potencial de crecimiento de la economía española, dificulta la convergencia de los niveles de renta per cápita con los países más avanzados de la Unión Europea. Efectivamente, España muestra en relación a las grandes economías de su entorno un peor comportamiento de la productividad total de los factores, es decir, aquella que mide la eficiencia con la que se utilizan los factores productivos, así como de la productividad del trabajo y del capital. Este hecho está relacionado en gran medida con su tejido empresarial: por un lado, es mayor el porcentaje de pequeñas empresas de baja productividad y, por otro, las de mayor tamaño, aunque son más productivas, lo son menos que sus homólogas europeas.
Además, por su incidencia en la productividad en el largo plazo, cabe señalar la relevancia que ha adquirido la inversión en activos intangibles62 en la mayoría de las economías avanzadas como resultado de la tecnología y la digitalización. Aunque España no ha sido ajena a esa tendencia, sus niveles de inversión se sitúan en términos relativos por debajo de las grandes economías de su entorno, especialmente en lo que respecta a I+D y software, habiéndose centrado en mayor medida en intangibles con menor impacto sobre las ganancias de productividad, como son el diseño y la imagen y marca.
Es necesario, por tanto, llevar a cabo un importante esfuerzo inversor en todos aquellos factores que contribuyan a mejorar la eficiencia del sistema productivo, especialmente en capital humano (tanto cualificación de los trabajadores como capacidad gerencial) y en I+D+i, además de acometer reformas estructurales dirigidas a corregir las distorsiones que persisten en el mercado laboral y en el marco regulatorio e institucional en el que se desenvuelve la actividad empresarial. Asimismo, es preciso superar los problemas de financiación existentes en el ámbito de los activos intangibles para los que el acceso a financiación bancaria es muy reducido, debiendo acudir las empresas a recursos propios o bien a otras fuentes de financiación externa como el capital riesgo o el capital privado.
61. Ministerio de Hacienda, Actualización Programa de Estabilidad 2022-2025.
62. Los activos intangibles incluyen las TIC, I+D, innovación, diseño, creatividad, imagen y marca, organización y formación de capital humano.
La elevada tasa de desempleo, sobre todo la juvenil y la de larga duración constituye uno de los mayores desequilibrios estructurales de España. Durante la crisis de 2008 la tasa de paro llegó a superar el 25 por 100 de la población activa y, aunque en la actual crisis prácticamente no ha aumentado gracias a las medidas de política económica implementadas, se situó en 2021 cerca del 15 por 100, más del doble de la media comunitaria (del 7 por 100). A su vez, la tasa de temporalidad alcanzaba en 2021 el 25 por 100, el nivel más alto de la Unión Europea. Ambos desequilibrios, además de tener un impacto negativo sobre el crecimiento potencial y la productividad, han derivado en un aumento de la desigualdad, afectando negativamente a la cohesión social. Disponer de un sistema eficaz de políticas activas, mejorar la formación y cualificación de las personas ocupadas y desempleadas (con especial atención a los más vulnerables, como jóvenes y personas de mayor edad), crear empleos de calidad e introducir medidas efectivas dirigidas a reducir la temporalidad son fundamentales de cara a su corrección.
El déficit público estructural y el nivel de deuda pública colocan a las finanzas públicas españolas en una situación de vulnerabilidad. De un lado, la deuda pública, que también se encontraba en fase descendente tras los fuertes aumentos registrados durante la crisis financiera de 2008, se disparó en 2020, en el contexto de la pandemia, hasta el 120 por 100 del PIB, alcanzando el 118,4 por 100 en 2021. Aunque dicho incremento contó con el respaldo de las autoridades comunitarias, gracias a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el nivel actual de deuda representa un riesgo en la fase de recuperación, sobre todo ante un endurecimiento de la política monetaria y de un aumento de la volatilidad de los mercados financieros.
Por otra parte, el déficit público estructural, que en 2019 se situaba en un 3,7 por 100 del PIB (entre los más altos de la UEM), se elevó hasta el 4,9 por 100 del PIB en 2021, previéndose un nuevo incremento en 2022 ante la probable conversión en permanente de parte del gasto transitorio generado por la pandemia. En la Actualización del Programa de Estabilidad61 se contempla una senda de consolidación fiscal a medio plazo que, de cumplirse, permitirá reducir el déficit estructural y dotar a la política fiscal de un mayor margen de actuación contracíclico ante eventuales perturbaciones negativas futuras, disipando posibles dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Respecto a la deuda externa, a pesar de la notable corrección registrada por la consecución de superávit exteriores desde el año 2012, la posición de inversión internacional neta sigue siendo negativa (70 por 100 del PIB en 2021), lo que en un contexto económico como el actual, de elevada incertidumbre a nivel global, deja a la economía española en una situación de vulnerabilidad ante perturbaciones adversas o cambios en la confianza de los inversores, que podrían dar lugar a un endurecimiento de las condiciones de crédito y a salidas de capitales al exterior. En este sentido, es preciso alcanzar ganancias de competitividad basadas en aumentos de la productividad que permitan el mantenimiento sostenido de superávit exteriores y, con ello, la reducción del endeudamiento frente al resto del mundo.
La productividad ha mantenido tradicionalmente un débil comportamiento que, además de limitar el potencial de crecimiento de la economía española, dificulta la convergencia de los niveles de renta per cápita con los países más avanzados de la Unión Europea. Efectivamente, España muestra en relación a las grandes economías de su entorno un peor comportamiento de la productividad total de los factores, es decir, aquella que mide la eficiencia con la que se utilizan los factores productivos, así como de la productividad del trabajo y del capital. Este hecho está relacionado en gran medida con su tejido empresarial: por un lado, es mayor el porcentaje de pequeñas empresas de baja productividad y, por otro, las de mayor tamaño, aunque son más productivas, lo son menos que sus homólogas europeas.
Además, por su incidencia en la productividad en el largo plazo, cabe señalar la relevancia que ha adquirido la inversión en activos intangibles62 en la mayoría de las economías avanzadas como resultado de la tecnología y la digitalización. Aunque España no ha sido ajena a esa tendencia, sus niveles de inversión se sitúan en términos relativos por debajo de las grandes economías de su entorno, especialmente en lo que respecta a I+D y software, habiéndose centrado en mayor medida en intangibles con menor impacto sobre las ganancias de productividad, como son el diseño y la imagen y marca.
Es necesario, por tanto, llevar a cabo un importante esfuerzo inversor en todos aquellos factores que contribuyan a mejorar la eficiencia del sistema productivo, especialmente en capital humano (tanto cualificación de los trabajadores como capacidad gerencial) y en I+D+i, además de acometer reformas estructurales dirigidas a corregir las distorsiones que persisten en el mercado laboral y en el marco regulatorio e institucional en el que se desenvuelve la actividad empresarial. Asimismo, es preciso superar los problemas de financiación existentes en el ámbito de los activos intangibles para los que el acceso a financiación bancaria es muy reducido, debiendo acudir las empresas a recursos propios o bien a otras fuentes de financiación externa como el capital riesgo o el capital privado.
61. Ministerio de Hacienda, Actualización Programa de Estabilidad 2022-2025.
62. Los activos intangibles incluyen las TIC, I+D, innovación, diseño, creatividad, imagen y marca, organización y formación de capital humano.