El nuevo contexto internacional, caracterizado por una creciente rivalidad geoeconómica, tensiones comerciales persistentes, incluida la guerra arancelaria, disrupciones tecnológicas aceleradas, la transición verde, el reto demográfico –envejecimiento y migraciones– y la exigencia de invertir en seguridad y defensa, sitúa a la Unión ante el desafío de dar un salto cualitativo en su capacidad de actuación.

El camino trazado por la nueva Comisión Europea parece responder a los desafíos recientes pero el reto principal radica en garantizar que las prioridades establecidas y las acciones previstas sean implementadas de manera efectiva, evitando que sean meras declaraciones formales. De hecho, el proceso normativo comunitario no siempre resulta exitoso ni lo suficientemente rápido para responder a las necesidades planteadas.

Esto supone superar los lentos ritmos que caracterizan la toma de decisiones de la UE, pero evitando que la aceleración se haga en detrimento de la cohesión social o de la protección de los valores comunitarios.

El problema es que la inercia institucional y la dificultad para avanzar al ritmo que exige el entorno limitan la eficacia de la respuesta europea. En este contexto, resulta necesario fortalecer la capacidad de acción y tomar decisiones ágiles y conjuntas, lo que exige mejorar su gobernanza.

Aunque modificar los tratados sería lo más idóneo, la vía más realista y operativa para avanzar pasa por utilizar instrumentos ofrecido por aquellos (los tratados). Así La “cooperación reforzada”, a pesar de sus limitaciones, se configura como la mejor opción para desbloquear avances en áreas clave, que en ocasiones cuentan con plazos definidos, permitiendo que los Estados miembros que así lo deseen puedan progresar de manera rápida y coordinada sin quedar paralizados por la falta de consenso generalizado.

Este enfoque, lejos de fragmentar el proyecto europeo, puede actuar como motor de integración, generando dinámicas de convergencia progresiva y demostrando la capacidad de la UE para producir resultados tangibles.

En todo caso, en esta mejora de la gobernanza, resulta oportuno recordar que la participación activa de los interlocutores sociales es una condición necesaria para aumentar la legitimidad y la eficacia de la arquitectura institucional de la Unión. La apuesta por el diálogo social, tanto a escala nacional como europea, garantiza que las políticas de la Unión contribuyan a un crecimiento económico inclusivo que refuerce el Estado del bienestar y fomente sociedades más cohesionadas e integradas frente a las desigualdades.