La Estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social (2019-2023) señalaba que la privación de una vivienda digna que cumpla unos requisitos óptimos de habitabilidad es una de las manifestaciones más visibles de la pobreza y la exclusión social, y que los problemas de acceso a la vivienda afectan de manera particularmente grave a las familias y tienen especial impacto en los menores y en los jóvenes. Por ello, de cara a hacer frente a la precarización económica que pueden suponer los costes de la vivienda para las familias, proponía que dicho gasto no superara el límite máximo tolerable del 35 por 100 de sus ingresos para los hogares vulnerables. Dicha Estrategia definía, además, una serie de grupos particularmente vulnerables como objeto prioritario de su actuación, entre ellos las familias numerosas, las unidades familiares monoparentales, las familias numerosas jóvenes o los jóvenes extutelados.

Sin embargo, aunque durante la vigencia de esta Estrategia se han publicado los planes operativos anuales que concretan en el ámbito de la vivienda las medidas y actuaciones, el presupuesto asignado y los indicadores de su evolución, en ellos no se ha tenido en cuenta de manera específica a las familias con menores dependientes.

El escaso gasto que se destina en España en vivienda en relación con otras prestaciones sociales no solo no toma en cuenta la relación entre vivienda y pobreza infantil, sino que además puede estar provocando una sobrecarga en otras prestaciones del Estado de bienestar, pues no disponer de una vivienda digna y apropiada tiene un efecto negativo sobre la salud y el desarrollo educativo de los niños, y aumenta las necesidades de asistencia y de servicios sociales de las personas en situación más vulnerable. Con el fin de focalizar mejor el gasto en vivienda sería necesario medir el alcance y la efectividad del gasto asociado a las diferentes políticas de vivienda y priorizar aquellas con mayor impacto en el bienestar infantil.

La clave para que la política de vivienda tenga un impacto beneficioso en la infancia viene marcada no solo por la necesidad de que el número de viviendas que se pongan a un precio “social” sea suficiente para atender las necesidades residenciales de la población, sino también por cómo se prioriza a las familias con niños, niñas y adolescentes en el acceso. En casi toda la Unión Europea (23 Estados miembros, incluida España) los ingresos del hogar son el criterio de elegibilidad más extendido, mientras que la presencia de menores a menudo cuenta para definir los umbrales de dicha elegibilidad y el importe de la prestación. En España, al igual que en otros diez países, la presencia de menores en el hogar a menudo implica prioridad en el acceso y puede tener efecto en los requisitos de ingresos para la solicitud o en el apoyo recibido.

La política de vivienda llevada en España no ha favorecido que el sector público haya podido dotarse de recursos residenciales protegidos para hacer frente a las necesidades de las sucesivas generaciones, teniendo como resultado un exiguo tamaño del parque de vivienda social. De hecho, España se encontraba entre los últimos puestos de la UE-28 con relación al número de viviendas sociales respecto al volumen de población.

Como en casi todos los Estados miembros, la insuficiencia de oferta de viviendas sociales en relación con la demanda general, junto a la falta de oferta y asequibilidad en el sector de alquiler privado, constituyen en España las barreras más comunes en el acceso a viviendas sociales de los hogares de bajos ingresos con infancia.

Dentro de la vivienda social, la modalidad en alquiler ha tenido históricamente un papel residual en la política de vivienda en España, siendo un instrumento minoritario para abordar las necesidades residenciales de la demanda excluida del mercado y avanzar en la garantía del derecho a una vivienda digna y adecuada.

El desarrollo de la promoción de vivienda social en los últimos años ha sido muy escaso, por lo que, aunque el acceso a la vivienda social en alquiler de los hogares con niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza se ha podido ver facilitado por los límites de ingresos, la insuficiencia de la oferta de viviendas sociales dificulta enormemente dicho acceso.