El CES aprueba el dictamen sobre el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios

• El CES valora positivamente el texto refundido de la LEY
• El Consejo subraya la necesidad de clarificar algunos aspectos de la norma
• El dictamen cree necesario concretar la obligación de los medios públicos de ofrecer espacios a consumidores y usuarios

Prácticamente por unanimidad, 43 votos emitidos, 42 afirmativos y una abstención, el Pleno del CES celebrado el 21 de febrero ha aprobado el Dictamen sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. El CES valora positivamente la iniciativa de refundir en un único texto la Ley General y las normas de transposición de las Directivas comunitarias. El dictamen subraya la necesidad de dotar de mayor claridad al entramado normativo existente en la actualidad.

El Consejo considera que, con carácter general, el texto del Gobierno responde adecuadamente aesos objetivos, y el dictamen señala que, precisamente, por la importancia de esta leyse considera necesario que el Proyecto regule con claridad algunos conceptos esencialesque,en su redacción actual,pueden generar confusión en su interpretación.

En el texto aprobado por el Pleno se echa en falta que no se hayan refundido en este Proyecto la Ley sobre aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico ni la de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.

En sus observaciones, el dictamen llama la atención sobre algunas imprecisiones contenidas en determinados preceptos, fundamentalmente en el sentido de ofrecer mayor seguridad jurídica. Así, se estima que la definición de consumidor y usuario contenida en la Ley General es más apropiada que la incorporada en el Proyecto. Y en relación a la definición del empresario se señala que se trata de un concepto queel CES no encuentra recogido en los textos normativos que se refunden.Además se confunden de forma inadecuada los conceptos de empresario y de profesional, que, en su caso, deberían diferenciarse.

El dictamen aprobado en Pleno hace notar que existe una dificultad añadida al dictaminar un texto que se encuentra en fase de audiencia y ante el que las organizaciones pueden aún separadamente emitir sus opiniones. El Consejo cree que hubiera sido deseable que la solicitud de dictamen se hubiera referido al texto del Proyecto normativo definitivo, una vez incorporadas al mismo las aportaciones de las organizaciones afectadas.

En cuanto a las medidas encaminadas a la protección y a la salud física de los consumidores, el Dictamen llama la atención sobre la desaparición de la prohibición de utilizar cualquier aditivo que no figure en las listas autorizadas del Ministerio de Sanidad y Consumo, tal como se recoge en la todavía vigente ley.

Otra de las observaciones del dictamen hace referencia a los derechos de información del consumidor, que están contemplados como uno de los derechos básicos de los consumidores y usuarios en la Ley General. El CES estima que el proyecto debe prever de manera inequívoca la obligación de las administraciones públicas de informar a los afectados.

El CES considera que no se ha cumplido la obligación que tienen los medios de comunicación social de titularidad pública de dedicar espacios y programas a información y educación de consumidores y usuarios, por lo que sugiere que se concrete en mayor medida este precepto y se establezca la obligación de que la disposición de espacios y programas se lleve a cabo con regularidad.