mayores de 65 años mantiene una vida activa, participa en la vida social y familiar y contribuye de forma decisiva al bienestar colectivo mediante el cuidado informal, el voluntariado y la transmisión de conocimientos y experiencias.
No obstante, la experiencia de la longevidad no es homogénea. Existen diferencias marcadas en la forma de vivir esta etapa vital según diferentes variables, como pueden ser el género o el territorio, ya que, por un lado, la mayoría de las personas mayores son mujeres y su mayor longevidad lleva asociada una mayor vulnerabilidad y, por otro lado, las zonas rurales tienen una población más envejecida que las ciudades, con menores ingresos, infraestructuras limitadas y mayores dificultades de acceso a servicios públicos, lo que aumenta el riesgo de aislamiento y vulnerabilidad.
Los análisis habituales sobre el impacto del envejecimiento demográfico de la población y la longevidad se suelen centrar en las consecuencias Dependencia y vulnerabilidad en la vejezpara el sistema de protección social, especialmente sobre el sistema de pensiones, el sistema sanitario o el sistema de atención a la dependencia102. Sin embargo, de esta transformación estructural de la composición de la población se derivan otros cambios sociales importantes como la posposición o el retraso de algunos de los hitos más relevantes en la vida de las personas (la formación de parejas, la llegada del primer hijo, el fallecimiento de los progenitores) o las pautas de solidaridad intergeneracional, además de modificar decisiones fundamentales relacionadas con el trabajo, el consumo, el ahorro o la inversión103.
El aumento del porcentaje de población físicamente dependiente es una de las consecuencias más claras de la llegada de cohortes numerosas a la tercera edad. Según la información que ofrece el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)104, el 16,2 por 100 de la población de 65 y más años se encuentra en situación de dependencia, porcentaje que aumenta hasta el 38,6 por 100 entre quienes tienen 80 o más años (gráfico 43). En el caso de las mujeres, dichos porcentajes se sitúan en el 19,8 y el 44,4 por 100, respectivamente, lo que pone de relieve la existencia de una clara feminización de la dependencia, consecuencia tanto de la mayor esperanza de vida de las mujeres como de su peor estado de salud en edades avanzadas.
Teniendo en cuenta que en los próximos años continuarán llegando a la edad de jubilación las cohortes más numerosas de la población española de la historia, se torna de especial importancia invertir en políticas públicas dedicadas a prolongar el máximo posible la calidad de vida y la plena autonomía de estas personas105. En este contexto, la prevención de la dependencia y la promoción del envejecimiento activo, el avance hacia la desinstitucionalización y la profesionalización de los servicios de cuidado, y la revalorización social y económica de la figura del cuidador profesional emergen como pilares fundamentales de las políticas públicas.
Hay que tener en cuenta, no obstante, que, como con el resto de los indicadores demográficos, existe también un grado de incertidumbre significativo respecto a la evolución futura de las tasas de dependencia, ya que de las tasas de las cohortes actuales no se pueden extrapolar de manera automática a las cohortes futuras.
La prevención de la dependencia parte de una concepción integral del envejecimiento, centrada en anticipar y retrasar Envejecimiento activo y avance en la profesionalización del cuidadola aparición de situaciones de pérdida de autonomía personal. La evidencia disponible muestra que una parte significativa de la dependencia está asociada a enfermedades crónicas, fragilidad y deterioro funcional acumulado a lo largo del ciclo vital, factores sobre los que es posible intervenir de forma temprana106.
En España, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha supuesto un avance decisivo en la protección social de las personas en situación de dependencia. No obstante, el énfasis del sistema sigue estando principalmente en la atención a situaciones ya consolidadas, mientras que la inversión en medidas preventivas continúa siendo limitada107. Potenciar la prevención permitiría no solo mejorar la calidad de vida de las personas mayores, sino también reducir la presión futura sobre los servicios sociales y sanitarios, contribuyendo a la sostenibilidad del Estado del bienestar. El concepto de envejecimiento activo, definido por la OMS como “el proceso de optimización de las oportunidades en relación con la salud, la participación y la seguridad para mejorar la calidad de vida a medida que se envejece”108, que es promovido desde hace años por el Imserso109 y otras instituciones públicas, ofrece un marco adecuado para avanzar en esta dirección.
Es importante destacar que la población no deja de ser productiva económicamente al jubilarse, ya que las personas siguen contribuyendo social y económicamente a través de su participación en labores no remuneradas como el cuidado. Los datos disponibles muestran que una proporción creciente de personas de 65 y más años mantiene una participación relevante en el cuidado informal, el voluntariado y el apoyo familiar, desempeñando un papel esencial en la cohesión social110. Reconocer y potenciar estas aportaciones resulta clave para combatir visiones exclusivamente asistencialistas del envejecimiento. En coherencia con este paradigma de envejecimiento activo y, teniendo en cuenta las opiniones ciudadanas al respecto, existe un consenso sobre la necesidad de avanzar hacia una desinstitucionalización del cuidado que devuelva el peso de los apoyos y cuidados al entorno comunitario de la persona111. En 2024, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 publicó la nueva Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: Un proceso de desinstitucionalización (2024-2030), como marco de actuación y desarrollo de la economía de los cuidados112. Además, el establecimiento de un marco institucional y jurídico que reconozca el derecho a la vejez, del que nuestro país carece actualmente, contribuiría al pleno reconocimiento de los derechos de las personas en esta etapa de su vida, así como a abandonar el paradigma asistencialista de atención a la vejez113.
En la actualidad, la combinación de la mayor esperanza de vida de las mujeres y la tradicional asunción por parte de estas de las tareas de cuidado114 Hacia una nueva economía de los cuidadosha dado lugar a un panorama de los cuidados de larga duración doblemente feminizado, pues tanto las personas receptoras de cuidado como, sobre todo, las cuidadoras (tanto las cuidadoras informales como las que lo hacen de manera profesional), son en su mayoría mujeres. En el ámbito laboral, asumir la responsabilidad última de los cuidados supone una fuente potencial de discriminación y perjuicio para las mujeres, pues son estas las que se ven obligadas en mayor medida a ausentarse del trabajo por cuidados familiares. Por ello, es imprescindible que los avances hacia la corresponsabilidad entre hombres y mujeres no se circunscriban al cuidado infantil, y que las medidas de conciliación respondan también a las crecientes necesidades de cuidados por parte de personas adultas dependientes. Por otro lado, como ya se ha mencionado, es necesario seguir avanzando hacia la profesionalización y revalorización social de las ocupaciones vinculadas al cuidado.
Incluso si la esperanza de vida con salud se sigue prolongando en España, todo parece indicar que en los próximos años seguirá La demanda de cuidados seguirá aumentandocreciendo la demanda de cuidados , tanto por la prolongación de la esperanza de vida en general como por la mayor atención que la sociedad presta al bienestar desde el punto de vista emocional y a la calidad de vida concebida en un sentido amplio. Además, las actividades vinculadas al cuidado tienen un componente humano que las hace difícilmente automatizables. Por todo ello, se espera que el llamado “cuarto sector” vea aumentar su demanda en las próximas décadas115, pero es crucial avanzar hacia una profesionalización y un reconocimiento social y salarial acorde a la importancia central que el cuidado tiene para la cohesión social y el bienestar del conjunto de la sociedad. Además, la experiencia de la pandemia de COVID116 apuntó a la necesidad de avanzar decididamente hacia la profesionalización del sector, la personalización en la atención y la desinstitucionalización.
Con respecto al cuidado informal, incluso aunque se siga avanzando hacia una economía del cuidado, no es previsible que el cuidado profesionalizado sustituya en su totalidad al cuidado proporcionado en el seno de las familias, pues el cuidado es una actividad omnipresente en la vida de las personas que no se puede desvincular de los lazos de apego de estas. El cuidado de las personas en edad avanzada sigue recayendo aún en gran medida en las hijas, en muchas ocasiones mujeres que compatibilizan el cuidado de progenitores, con el de nietos y su actividad laboral. En este sentido, los cuidados de larga duración son una actividad en la que también es necesaria la participación de los hombres, que se están incorporando a la misma en menor medida que al cuidado infantil informal. Por ello, es necesario aún superar los estereotipos sociales que asignan el cuidado informal a las mujeres de la familia y avanzar hacia políticas de corresponsabilidad que partan de una visión global del cuidado que no se circunscriba a la infancia, sino que abarque todas las etapas vitales y situaciones de vulnerabilidad por las que las personas podemos requerir cuidado por parte de nuestro entorno a lo largo de la vida.
Demografía y cambio social: oportunidades y desafíos para las políticas
En conclusión, junto al tecnológico y al medioambiental117, el reto demográfico es uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan las sociedades postindustriales en las próximas décadas; retos a los que ni España ni Europa en su conjunto son ajenas. La gestión del impacto del cambio demográfico representa así un desafío primordial para el mantenimiento y mejora de los pilares clave del pacto intergeneracional, la vertebración territorial y, en definitiva, la cohesión y el bienestar social.
