la caída de la mortalidad infantil92. Así, a partir de la segunda mitad del siglo XX, por primera vez, amplias cohortes de personas fueron apoyadas por sus familias en la búsqueda, a través de la educación, de un destino laboral distinto al de sus progenitores y, asimismo, los avances en igualdad de género permitieron expectativas más abiertas sobre las trayectorias vitales de hijos, y especialmente de hijas, en coherencia con una sociedad más plural y tolerante. Estas crecientes expectativas en torno a la inversión en términos económicos, de tiempo y de cuidado de calidad que la crianza supone, sumada a las indudables dificultades materiales para establecer un proyecto familiar independiente, están detrás de que, tras años de caída en las tasas de fecundidad, el porcentaje de población menor de edad siga una tendencia de lento descenso desde hace décadas (gráfico 39). El porcentaje de población entre 0 y 19 años (19 por 100) es, desde el año 2020, menor que el de población de 65 años y más (20 por 100).
Más allá de las expectativas crecientes sobre la crianza, no hay que perder de vista que existen también barreras económicas a la maternidad, relacionadas con el mercado de trabajo y, cada vez más, con el acceso a la vivienda, que pueden estar impidiendo que una parte de la población no pueda desarrollar proyectos familiares. Así, según datos de la Encuesta de Fecundidad más reciente (2018), un 39 por 100 de las mujeres de 45 a 55 años sin hijos biológicos o adoptados declararon que habrían deseado tener uno o más hijos92.
Como ha analizado en extenso el CES, la población infantil ha visto mejorar, en las últimas décadas, su situación vital, La baja fecundidad, una oportunidad para la inversión en infanciacon buenos indicadores de salud, descenso del fracaso escolar y abandono temprano, y aumento considerable de las tasas de participación en la educación infantil93. A ello ha contribuido, conjuntamente, como ya se ha apuntado, una mayor conciencia y sensibilización de la sociedad hacia la necesidad de proteger a los niños, la generalización de las pautas de crianza basadas en la llamada parentalidad positiva, y la elevación generalizada del nivel educativo y material del país. En coherencia con ello, en el último decenio el enfoque de infancia está ganando peso en las políticas públicas, siendo sus principales exponentes, a nivel nacional, la Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia 2023-2030 (EEDIA), y el Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea 2022-2030 (PAEGIE).
Sin embargo, pese al aumento que la atención a la infancia tiene en las políticas públicas, persisten problemas graves que afectan a las y los menores en España, principalmente derivados de las altas tasas de pobreza infantil y deprivación material que sufren los hogares donde viven menores en comparación con el resto de hogares, lo que puede tener consecuencias graves en términos de desigualdad y cohesión social futuras, dado el impacto a largo plazo de la vida de las personas que tienen las condiciones materiales y emocionales en que se vivió la infancia.
El número decreciente de población menor de edad94, si bien plantea un importante reto derivado del cambio de estructura de la pirámide poblacional ya visto, también supone una oportunidad para la mejora de la calidad de las políticas públicas para la infancia, que atienden a un colectivo cada vez menos numeroso. Los beneficios sociales e individuales de invertir en las edades tempranas de la vida son ampliamente reconocidos por los expertos, por lo que el colectivo de la infancia merece una atención especial por su importancia estratégica crucial en el desarrollo y bienestar del conjunto del país.
Por todo ello, garantizar la igualdad en el acceso a derechos, tanto desde el punto de vista territorial como social, y la protección contra la pobreza, el desamparo y la violencia han de ser un objetivo de país más allá de los ciclos electorales.
Como vienen señalando diferentes organismos internacionales desde hace décadas, las altas tasas de pobreza que sufre la Atajar la pobreza infantil ha de ser una prioridadpoblación infantil en España, que constituyen una anomalía para el nivel social y económico general del país, son una de las principales debilidades del sistema de protección a la infancia español. Como se puede observar (gráfico 40), las y los menores de edad son claramente el grupo etario con unas tasas de pobreza monetaria relativa más altas desde principios de este siglo, exceptuando 2018, cuando los jóvenes entre 18 y 29 años presentaron tasas de pobreza superiores. Desde ese año, las tasas de pobreza infantil han seguido una tendencia ligeramente ascendente, lo que evidenciaría que, en conjunto, y pese a los esfuerzos realizados en los últimos años, las políticas públicas de garantía de ingresos no están siendo todo lo eficaces que deberían, al menos para las familias con menores. Como ya ha señalado el CES en anteriores ocasiones, en un contexto de alta fragmentación y limitado esfuerzo presupuestario, resulta conveniente revisar y simplificar el actual sistema de prestaciones económicas orientadas a la infancia, de tal forma que los supuestos actualmente abordados por una pluralidad de instrumentos se integren en una política de carácter universal (recuadro 13).
Tres recomendaciones clave en materia de garantía de rentas de la población infantil
Teniendo en cuenta todo lo visto hasta ahora en cuanto a situación de la población migrante e infancia, puede inferirse que La vulnerabilidad de la infancia migrada: necesidad de reforzar el enfoque de protecciónla incidencia de la pobreza sea todavía mayor entre la población infantil de origen inmigrante. Un estudio reciente de Save the Children refleja que tres de cada cuatro familias en situación de vulnerabilidad están encabezadas por al menos un progenitor extranjero95. Asimismo, según la ECV96, en los hogares con menores de 16 años cuya persona de referencia es extracomunitaria, el 36 por 100 no puede permitirse salir una semana de vacaciones al año, mientras que más de uno de cada diez se ve privado de actividades como participar en excursiones, poder reunirse con sus amigos para jugar, celebrar las ocasiones especiales o disponer de equipos de ocio al aire libre. Conviene llamar la atención sobre el desfavorable impacto de las situaciones de pobreza y precariedad material en la infancia en las oportunidades educativas y las futuras trayectorias laborales lo que, dado el considerable peso de la población extranjera en el grupo de edad constituye un importante desafío para los poderes públicos.
Dentro del colectivo de menores de origen migrante, la inmigración de menores de edad en solitario representa una proporción muy baja del total97, y la mayoría se encuentra en edades cercanas a la mayoría de edad98, si bien se trata de un colectivo que afronta riesgos graves de desprotección y vulneración de derechos (agravados en el caso de las niñas) que lo hace merecedor de una atención especial por parte de los poderes públicos.
La Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y Adolescencia (EEDIA 2023-2030) ha fijado una serie de metas con el objetivo de mejorar la atención a la infancia y adolescencia migrante, comenzando por la necesidad de disponer de datos rigurosos y fiables. Pero es necesario que se logre la necesaria coordinación, recursos (entre otros, suficientes profesionales especializados), y políticas homogéneas en el conjunto del territorio, e implica la necesidad de ampliar las posibilidades del acogimiento familiar como medida de protección.
Por otra parte, la infancia migrante no acompañada es una realidad relativamente reciente que se enmarca en los más amplios movimientos migratorios mundiales. Entre otras metas de la EEDIA en relación con este colectivo, está consolidar y evaluar un modelo de gestión de contingencia migratoria que ofrezca una respuesta eficaz a la llegada de niños y niñas no acompañados. Sin embargo, más allá de esto, podría ser aconsejable explorar las posibilidades de integrar esta realidad dentro de los mecanismos más estables de la cooperación bilateral en materia migratoria: contar con oportunidades de migración regular en el marco de proyectos de educación, formación y empleo podría mitigar las crisis migratorias en las que participan menores.
La caída de la fecundidad es posiblemente el factor que más ha incidido en una gradual reducción del tamaño de los hogares Disminución del tamaño de los hogares(solo parcialmente compensada por el mayor tamaño relativo de los hogares con población extranjera). Así, el tipo de hogar que más aumenta (gráfico 42) es, sin duda, el de una persona (en las cohortes más jóvenes, por la disminución de las tasas de nupcialidad y emparejamiento; en las más mayores, por el peso de los hogares formados por las mujeres viudas); tendencia que probablemente siga al alza por el peso creciente de la población mayor de 65 años, especialmente si se avanza hacia un modelo de cuidado desinstitucionalizado, como se abordará en el siguiente apartado. Asimismo, es perceptible la disminución gradual pero significativa de la proporción de hogares formados por una pareja con hijos. Todos estos cambios tendrán necesariamente un impacto en políticas como la fiscal o la de vivienda.