sigue preponderando la inmigración latinoamericana, posiblemente en el futuro se continúen diversificando los países de origen, en gran medida a causa de la crecientemente convulsa situación en determinados contextos regionales. Por último, pero no menos importante, las personas migrantes contribuyen a la base de la pirámide poblacional al presentar tasas de fecundidad algo más altas que las autóctonas (si bien tienden a la aproximación), lo que reconfigurará de manera significativa la composición social de la población española en las próximas décadas, pues los inmigrantes de segunda y tercera generación tendrán una presencia cada vez más importante81.
A pesar de las indudables aportaciones que las personas inmigrantes hacen a la economía y la sociedad española, y pese Impactos sociales de la inmigración: necesidad de políticas más eficaces para reducir la desigualdada la tendencia a la convergencia desde la COVID-19, sus condiciones materiales de vida siguen siendo significativamente peores que las de la población autóctona, a pesar de que su situación mejora a medida que transcurren los años en el país (gráfico 36). A modo de ejemplo, un análisis de los subindicadores del indicador AROPE (pobreza monetaria, carencia material y social severa, y hogares con baja intensidad en el trabajo) apunta a un comportamiento similar de la población no comunitaria (10,1) y autóctona (8,2) solo en este último subindicador, lo que apunta a la particular persistencia del riesgo de “pobreza laboral” entre las personas de origen extranjero no europeo. La sobreocupación de las viviendas82 afecta de manera desproporcionada a la población extranjera (19 por 100, frente al 5,5, por 100 de la población autóctona83). Ello hace necesarias políticas más eficaces que atajen los problemas de cohesión social que se puedan derivar de esta desigualdad estructural. En concreto, la llegada de personas migrantes a un país se vincula con dos dimensiones básicas de las políticas públicas: por un lado, las políticas que regulan la entrada y el acceso a la residencia84, y por el otro, las políticas de integración, en gran medida vehiculadas a través de las principales políticas públicas (como educación o servicios sociales, entre otras). Dichas políticas han de adaptarse necesariamente a la diversidad creciente de la sociedad y la situación de los diferentes colectivos, en un contexto, además, de tendencia al aumento en la percepción negativa de la inmigración como problema nacional por parte de un segmento de la población, desde 2023, y especialmente en 2024 y 2025, tal y como revelan los últimos barómetros del CIS.
En 2025 se han publicado los datos del MIPEX, un proyecto que desde 2004 analiza las políticas de integración de los países europeos Panorámica de las políticas de integración en Españaen función de nueve dimensiones principales (gráfico 37). Desde la última edición del estudio, en 2019, la mejora más importante se ha producido en “antidiscriminación”, donde España ha pasado de una puntuación 59 a obtener la puntuación máxima (100) debido a la aprobación de la Ley 15/2022 Integral para la igualdad de trato y la no discriminación85. El ámbito de la educación mejora asimismo levemente, lo que el informe atribuye a mejoras en la provisión de servicios de acompañamiento educativo o traducción. La dimensión peor puntuada, de nuevo, se sitúa en el acceso a la nacionalidad, que el informe califica de “estricta”, debido tanto al tiempo de permanencia necesario (10 años), superior a la media europea, como a los conocimientos sobre el país que se exigen. Faltan, asimismo, recursos clave como intérpretes e información adecuada, siendo necesaria la creación de vías excepcionales para menores bajo tutela, apátridas y personas vulnerables.
El Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia 2023-2027 (MECIRX 2023-2027) representa la hoja de ruta a nivel estatal para promover la integración social y la prevención del racismo y la xenofobia. Su diagnóstico es certero, pero no ha conseguido implicar a todas las comunidades autónomas y corporaciones locales. El consenso y la movilización de todas las administraciones, sectores y actores implicados en torno a los principios comunes de actuación en este ámbito es fundamental. Algunas debilidades del marco normativo y la gestión de los procedimientos migratorios requieren un importante esfuerzo de adaptación a la nueva realidad. La necesidad de completar y mejorar la normativa persiste en determinados ámbitos pese a las mejoras introducidas por el nuevo Reglamento de extranjería: obstáculos administrativos, diferencias normativas y barreras tecnológicas complican la integración y el acceso a derechos sociales esenciales. Junto con las trabas burocráticas para obtener la nacionalidad, ya señaladas, existen también dificultades importantes para acceder al empadronamiento, trámite esencial para acceder al resto de derechos, incluidos los servicios sociales (en muchos casos, paradójicamente, es el empadronamiento precisamente la ayuda que se busca por parte de aquellos86). Cabe señalar, por último, que la digitalización de la administración puede suponer una barrera de acceso a los servicios para aquellas personas que cuenten con una menor alfabetización digital. A este respecto, en marzo de 2026 el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicado una orden para regular el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, anticipándose así a las necesidades de gestión de autorizaciones de residencia que derivarán de la regularización extraordinaria aprobada en abril de 202687, y que se calcula que entre 750.000 y un millón de personas la demanden, lo que podría materializarse en unas 500.000 regularizaciones efectivas, según cálculos de la Secretaría de Estado de Migraciones.
El Informe 1/2025 del CES ya ha señalado recientemente algunos de los retos principales a los que se enfrentan las políticas públicas en España en cuanto a su capacidad de inclusión de la población inmigrante. La especial protección que por parte de las administraciones públicas requiere la infancia migrada será abordada en el siguiente apartado, dedicado a la atención a la infancia.
Si bien el éxodo rural, como uno de los principales fenómenos demográficos de la segunda mitad del siglo XX, se puede considerar concluido, Desigualdades territoriales en Españasus consecuencias, en términos de sobre envejecimiento y despoblamiento de los municipios rurales son visibles aún en la actualidad. Así pues, el fenómeno de la baja densidad de población de los territorios rurales hunde sus raíces en la salida de amplios contingentes de personas en edad fértil, que desarrollaron sus proyectos vitales en los entornos de las grandes urbes (o en otros países europeos, especialmente de Centroeuropa), atraídos por las oportunidades laborales que ofrecía el desarrollo de los sectores industrial y de servicios.
Inmigración y políticas de bienestar. Principales retos pendientes
Las desigualdades en la densidad de población de las diferentes regiones que componen el territorio español ya estaban presentes a inicios del siglo XX (gráfico 38), si bien es solo a partir de mediados de dicho siglo cuando algunas zonas urbanas alcanzan concentraciones de población de más de 500 habitantes por kilómetro cuadrado (en la actualidad superan esa cifra las provincias de Vizcaya, Barcelona y Madrid, seguidas, con más de 300 habitantes/km², por Guipúzcoa, Alicante y Santa Cruz de Tenerife). Por otro lado, es necesario matizar que este tipo de desigualdad no es un fenómeno exclusivo de España, sino un patrón que se da en muchos países, especialmente potenciado por factores geográficos (la presencia de amplias regiones inhabitables, como desiertos) pero también derivado, como en España y otros países europeos, por la desigual distribución territorial de las oportunidades económicas y la existencia de economías de aglomeración.
No obstante, como ya se ha señalado, en la actualidad no se da un éxodo rural como tal ya que, desde aproximadamente 1987, los datos de flujos migratorios de los municipios menores de 10.000 habitantes arrojan saldos positivos, con un único paréntesis entre 2011 y 2016. Los datos disponibles para los estratos menores de 10.000 habitantes muestran también, en la actualidad88, saldos migratorios positivos (con un máximo entre 2020 y 2021, que se puede asociar a la salida de las grandes ciudades debida a la pandemia), por lo que se deben matizar las interpretaciones simplificadoras centradas exclusivamente en el éxodo juvenil hacia las grandes ciudades. No obstante, estas entradas son claramente insuficientes para lograr compensar la magnitud de la pérdida de población de las décadas anteriores.
La composición de estos flujos de llegada a las zonas rurales es diversa tanto en términos sociales como etarios. El arraigo poblacional en las zonas rurales, clave para el reequilibrio territorialPor un lado, estarían los retornos de las personas en edad de jubilación que emigraron durante el éxodo rural; por otro, la llegada de personas en edad de trabajar, en muchos casos jóvenes con proyectos vitales por desarrollar. Entre este último tipo de inmigración a las zonas rurales, sobresaldrían dos perfiles principales con motivaciones para establecerse en los pueblos significativamente diferentes89: por un lado, la población extranjera que busca trabajo en sectores como la agricultura o el sector de los cuidados; por otro, la población española urbana que abandona las grandes ciudades en busca de modos de vida alternativos y más cercanos al medio natural. El fomento de formas de teletrabajo que permiten gran flexibilidad, por un lado, y el aumento de la valoración social otorgada al mundo rural y las actividades artesanales, por otro, son dos factores que favorecen estas migraciones de población laboralmente activa.
Más allá de su volumen, estos flujos de nuevos residentes rurales contribuyen a la revitalización económica y social de las zonas rurales aportando nuevas actividades económicas y renovando las redes vecinales, pero el desarrollo de un proyecto de vida estable dependerá también de las oportunidades de integración que les ofrezcan estas áreas, en términos de acceso a los servicios, a las infraestructuras de comunicación y a la integración social. Así, un elemento clave en este enfoque es la promoción del arraigo poblacional. Junto a la atracción de nuevos residentes, resulta fundamental generar condiciones sociales y económicas que favorezcan la estabilidad de los proyectos de vida en el medio rural. El acceso al empleo, la vivienda, los servicios públicos, la conectividad digital, las oportunidades de participación social y comunitaria y las medidas específicas para evitar el éxodo rural de las mujeres jóvenes constituyen factores determinantes para transformar la movilidad en asentamiento duradero.
La contracción demográfica tiene efectos significativos sobre la provisión de servicios públicos, la sostenibilidad financiera de las La importancia de una planificación estratégica innovadora y centrada en el territorioadministraciones locales y la cohesión social. La reducción de la población usuaria y contribuyente dificulta el mantenimiento de infraestructuras, centros educativos, servicios sanitarios y redes de transporte, incrementando el riesgo de exclusión territorial. Por su parte, las grandes aglomeraciones urbanas se exponen también a problemas específicos de gran importancia, entre los que destacan las tensiones en el mercado de la vivienda, los problemas de movilidad, la segregación socioespacial y la presión sobre los recursos y el medio ambiente. Desde esta perspectiva, los procesos de despoblación rural y metropolización representan dos caras de un mismo modelo de desarrollo territorial desequilibrado.
Como se ha comentado, el resto de los países europeos no es ajeno a la existencia de áreas inmersas en procesos de contracción demográfica, entendidos como la combinación de pérdida de población, envejecimiento y debilitamiento socioeconómico. Desde una perspectiva comparada, los análisis internacionales90 muestran que la concurrencia de saldos vegetativos negativos, flujos migratorios internos desfavorables y un acusado proceso de envejecimiento limita el potencial de crecimiento y condiciona la viabilidad de servicios básicos, al mantenimiento de servicios públicos y a la capacidad fiscal de las administraciones locales, reforzando los desequilibrios territoriales existentes91.
Desde el ámbito de la planificación territorial, esta realidad cuestiona la eficacia de políticas basadas exclusivamente en objetivos de crecimiento demográfico y pone de manifiesto la necesidad de enfoques alternativos que asuman escenarios de estancamiento o reducción poblacional como horizonte estructural, desactivando así el binomio que asocia desarrollo exclusivamente a grandes concentraciones de población. La planificación estratégica, tanto en las zonas de alta concentración poblacional como en las zonas despobladas debe priorizar la calidad de vida de la población residente, la resiliencia territorial y la innovación en la provisión de servicios, incorporando soluciones flexibles acordes con contextos de baja densidad poblacional.
