Finalmente, el cambio demográfico tiene un impacto clave sobre el gasto en pensiones y la relación existente entre población jubilada y cotizantes. De hecho, el sistema público de pensiones español se enfrenta al reto derivado de la entrada a la jubilación de la generación del baby boom, que, como se ha visto, ejercerá una notable presión sobre el gasto en pensiones a medio plazo. En este contexto, y más allá de las reformas aprobadas recientemente dirigidas a preservar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones, la llegada de población inmigrante a lo largo de los últimos años ha contribuido positivamente mediante su integración laboral a mitigar este impacto y a la sostenibilidad del sistema de pensiones, al favorecer el aumento de los ingresos por cotizaciones sociales y la mejora de la ratio entre cotizantes y pensionistas³⁹.

Sin embargo, la inmigración no constituye una solución estructural por sí sola. Su éxito dependerá de la calidad de la integración laboral, de la estabilidad económica y de políticas activas que mejoren la inserción de los inmigrantes en el mercado formal, con empleos estables y bien remunerados y, todo ello, en el contexto de las otras transiciones en marcha (verde y digital).

Hay que tener en cuenta, además, que con el paso del tiempo la población inmigrante tiende a asimilar sus patrones reproductivos a los de la sociedad de acogida lo que, a largo plazo, previsiblemente, reducirá la capacidad para contribuir a mitigar el envejecimiento de la población. Además, es de prever que parte de la población de origen inmigrante llegará a la edad de jubilación habiendo generado el derecho a una pensión en España, aunque su evolución dependerá, a su vez, de distintas variables.

Todo ello, además, sin considerar la posible evolución de los flujos migratorios futuros. Las proyecciones de población realizadas por diferentes organismos⁴⁰, apuntan al mantenimiento de flujos positivos de inmigración neta exterior en los próximos años y señalan que, si bien, estos serían inferiores a los observados durante el periodo 2022-2024, se espera que sigan contribuyendo a sostener parcialmente la población activa y a moderar el incremento de la tasa de dependencia.

En todo caso, como ya se ha señalado, conviene recordar la cautela con que hay que tomar las proyecciones a largo plazo, dado que numerosos factores inciden directamente tanto en el signo como en la intensidad de los flujos migratorios. De ahí la importancia de incorporar adecuadamente la evolución de la población inmigrante en las proyecciones del gasto en pensiones, con el fin de disponer de un diagnóstico lo más completo y ajustado posible a la realidad que contribuya eficazmente a la toma de decisiones en este ámbito.

La transformación estructural que supone el cambio demográfico modifica también las bases fiscales sobre las que se sostiene el Estado Efectos sobre la recaudación de Bienestar. De hecho, el impacto fiscal por la vía de los ingresos se muestra en la capacidad recaudatoria y su composición⁴¹, ya que una menor población activa, en ausencia de aumentos en la productividad, se traduce en menores cotizaciones sociales y debilita la progresividad del impuesto sobre la renta, dado que los contribuyentes de edades mayores suelen soportar tipos impositivos efectivos más reducidos. Además, dado que el comportamiento en cuanto al ahorro y la acumulación de activos inmobiliarios y financieros cambia con la edad, también tendría efectos positivos en la recaudación por rentas del capital, así como sobre la recaudación asociada a la transmisión de bienes inmuebles y al impuesto sobre el patrimonio.

El impacto se observa también en los impuestos indirectos, cuya recaudación podría verse condicionada por los cambios en el patrón de consumo por grupos de edad. En la medida en que un mayor porcentaje de población de mayor edad consuma bienes y servicios gravados con tipos más bajos, reducidos o superreducidos (como salud o cuidados), puede disminuir esta vía de ingresos.

En términos de recaudación, cabe señalar también el impacto de los flujos migratorios entrantes, de forma directa e indirecta. Distintos trabajos han analizado este impacto fiscal directo a partir de la comparación entre las contribuciones de la población inmigrante a los ingresos públicos -impuestos y cotizaciones sociales- y los gastos asociados a su presencia en concepto de servicios y de transferencias monetarias -principalmente prestaciones sociales, sanidad, educación y pensiones-. La distribución por edades y el nivel de cualificación de las personas inmigrantes serían los determinantes claves para explicar este impacto⁴².

En todo caso, la consideración de todos estos efectos directos e indirectos sobre las finanzas públicas se centra en la aportación individual de cada persona inmigrante a lo largo de su ciclo vital, que presenta un perfil similar al de las personas autóctonas: la aportación fiscal es positiva cuando se está en edad de trabajar, lo que contribuye a la reducción del déficit público y de la deuda necesaria para financiarlo y genera una corriente futura de ahorro en intereses y deuda, y negativa a partir de la jubilación.

De ahí que el efecto fiscal de los flujos migratorios sea difícil de cuantificar y dependa de la evolución de los flujos en el medio y largo plazo y del momento en términos demográficos en que se produce. Y, en última instancia, del comportamiento del PIB, esto es, de la capacidad de mantener el crecimiento económico.