A pesar de las luces y sombras con las que nació el ingreso mínimo vital (IMV), en los últimos años se ha avanzado en la reforma de la prestación con el objetivo de mejorar sus problemas de accesibilidad y gestión. Este proceso ha permitido un incremento considerable en el número de beneficiarios: en 2024 se superaron las 600.000 prestaciones, alcanzando a más de dos millones de personas beneficiarias, lo que supone un aumento de casi un 30 por 100 respecto a 2023. También se actualizaron las cuantías, con un incremento del 10 por 100 para 2025, lo que garantiza que cualquier familia perceptora obtenga una renta superior al umbral de pobreza severa.

Sin embargo, persisten importantes brechas. En términos de alcance, la AIReF estimaba que en 2023 un 56 por 100 de los hogares elegibles para el IMV no solicitaban la ayuda, cifra que ascendía al 73 por 100 en el caso del complemento de ayuda para la infancia (CAPI). Según el organismo, las principales razones se relacionan con la falta de acceso a la información, el desconocimiento del lenguaje administrativo y el temor a los reintegros por pagos indebidos.

De hecho, los litigios y reclamaciones previas relacionadas con las solicitudes de reintegro de cobros indebidos han motivado al Defensor del Pueblo a instar a la autoridad competente a reformar el marco básico de regulación en materia de reintegro de prestaciones de la Seguridad Social, con el fin de impedir la exigencia de devolución de cantidades indebidamente percibidas, optimizar la eficacia en la gestión y evitar que los procedimientos de reintegro afecten de forma particularmente grave a colectivos en situación de vulnerabilidad.

A ello debe añadirse que, del total de prestaciones del IMV, un 37 por 100 corresponde exclusivamente al CAPI, una modalidad que cumple una función más cercana a la de una prestación por crianza. Sin embargo, presenta costes de transacción excesivamente elevados, ya que requisitos como el empadronamiento, la edad o la acreditación de la emancipación para menores de 30 años resultan desproporcionados si se tiene en cuenta que el objetivo principal de la medida es el apoyo económico a la crianza.

Finalmente, aunque crece el número de prestaciones, también aumenta el porcentaje de mujeres titulares de la prestación, que alcanza el 67,4 por 100. El hecho de que casi siete de cada diez prestaciones se reconozcan a favor de mujeres, junto con la realidad de que la mayoría de las familias monoparentales en España están encabezadas por mujeres, pone de relieve el fenómeno de la feminización de la pobreza y el riesgo de que, a largo plazo, se consolide un sistema de protección social dual, donde las mujeres son mayoritarias en prestaciones de naturaleza asistencial o semicontributiva.