El CES reitera la necesidad de excluir los temas laborales en la transposición de la Directiva Europea de Servicios

El CES recuerda que algunas materias están en proceso de Diálogo Social

El Consejo Económico y Social de España (CES) vuelve a llamar la atenciónsobre la necesidad de no incluir los temas laborales en la transposición a la legislación española de la directiva europea sobre servicios, según el Dictamen aprobado en el pleno celebrado el 28 de abril de 2009.

El Pleno del CES recuerda que en su anterior Dictamen del Anteproyecto de Ley sobre el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios (Dictamen 2/2008) que preveía la modificación de determinadas normas laborales, ya había advertido que este Consejo había señalado el desajuste que suponía en la transposición de la Directiva el hecho de que pese a estar excluida la regulación laboral delámbito de afectación deésta, el Anteproyecto de la ley horizontal recogiese este aspecto exclusivamente en la Exposición de Motivos y no en el articulado.

En opinión del CES, algunas de las materias objeto del anteproyecto se encuentran en la actualidad en proceso de Diálogo Social entre los interlocutores sociales y el Gobierno. En este sentido se citan, a título de ejemplo, los términos en que podrá aplicarse laactividad preventiva, la aplicación del silencio administrativo negativo o la introducción de la declaración responsable.

El dictamen subraya, además que otras de las materias que aborda el anteproyecto suponen modificaciones enámbitos que, expresamente, están excluidos de la aplicación de la Directiva y que por tanto no son de obligación de transposición, como es el caso de servicios de transporte, sanitarios, de seguridad privada o postales.

Respecto a la parte que afecta a la Ley de Bases del Régimen Local, el CES considera conveniente, en pro de la simplificación administrativa, que las Administraciones locales realicen un esfuerzo coordinado para uniformar y normalizar los formularios para la tramitación del ejercicio de su actividad.

El CES no comparte la idea recogida en el Anteproyecto de dar a los colegios profesionales la representación exclusiva de las profesiones. En opinión del Consejo esta representación debería circunscribirse a la esfera específica de los profesionales colegiados, sin interferir ni invadir las facultades de representación de las organizaciones sindicales y empresariales.

El Pleno del CES aprueba el Informe Sobre Costes y Rentas del Sector Primario

• El CES alerta sobre el estancamiento e inestabilidad del sector agrario
• La renta en el campo ha sufrido un retroceso en losúltimos años
• El CES pide apoyo público para la modernización del sector
• EL informe cree necesarias políticas activas que permitan una explotación racional y sostenible de los recursos pesqueros
• El Consejo propone un mayor control sobre las importaciones pesqueras

El sector agrario se encuentra en una fase de estancamiento que contrasta con el dinamismo mostrado por la economía española, según se señala en el Informe sobre Estrategias y Medidas para una Nueva Estructurade Costes y Rentas en el Sector Primario, aprobado hoy en el Pleno del Consejo Económico y Social (CES). El informe fue aprobado por 42 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones.

El texto destaca que durante lasúltimas décadas, el sector está tratando de adaptarse a las implicaciones de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y a la mayor liberalización de los mercados. Estos procesos están creando un contexto de inestabilidad entre los agricultores y ganaderos debido a la pérdida continua de renta, en términos generales, a la que se enfrenta el sector productor.

Según el informe del CES la política agraria común no ha contribuido suficientemente hasta ahora a ayudar a corregir los desequilibrios sectoriales, territoriales y sociales que siguen afectando a la agricultura.

Aunque se subraya que la subvenciones han venido constituyendo una partida clave para el sostenimiento de la renta agraria, el citado informe hace notar que, desde 2005, coincidiendo con la aplicación del desacoplamiento de las ayudas, el montante global de las subvenciones recibidas ha comenzado a reducirse, así como el peso de las mismas sobre la renta agraria.

Otro de los aspectos que se destacan en el texto es que, a pesar del apoyo público que, durante los mismos años, ha permitido que la renta agraria experimentara un crecimiento acumulado de un punto y medio superior al registrado por el VAB, si se descuenta la inflación, la renta agraria sufre un importante retroceso en el conjunto del periodo, del 14,1 por 100, que ha ido acompañado de un descenso del empleo agrario y del número de explotaciones.

Precisamente, respecto al empleo se indica que ha experimentado un notable retroceso y se ha producido un cambio en su composición a favor del empleo asalariado, que del 40,5 por 100 pasa a representar el 47,5 por 100 del empleo total. Otro factor destacado en el texto aprobado por el Pleno es queel aumento de la remuneración media por asalariado en el sector agrario ha sido muy inferior al registrado para el conjunto de la economía.

El CES alerta sobre el riesgo de que, de mantenerse la actual tendencia del balance ingresos-gastos del sector, se continúe produciendo el abandono de algunas explotaciones con los consiguientes efectos sobre el empleo, el tejido social, el medio ambiente, así como sobre el desarrollo económico y la conservación de algunos entornos rurales.

Respecto al sector de la pesca, el informe del CES señala que atraviesa por una difícil situación, derivada de una disminución de los ingresos, como consecuencia del estancamiento de los precios de primera venta de los productos y por las restricciones en las capturas, y de un aumento de los consumos intermedios.

El CES hace notar que se ha producido una política comunitaria de restricción de capturas (con el fin de atajar problemas como la sobreexplotación o la pesca ilegal) y al mismo tiempo se han incrementado los costes lo que, en opinión del CES, pone de manifiesto las dificultades que tiene el sector pesquero para trasladar aumentos coyunturales de costes, como el combustible, al precio de primera venta.

Propuestas del CES

Las propuestas del Informe para mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y pesqueras son las siguientes:

Para el sector agrario, la Política Agrícola Común (PAC) debe continuar siendo una prioridad en el seno de la Unión Europea, a la hora de debatir los presupuestos comunitarios a partir de 2013.

Se han de impulsar, en opinión del CES, medidas tendentes al mantenimiento de las rentas del sector y los apoyos públicos han de hacerénfasis en aspectos como la modernización de las explotaciones y empresas agrarias, el desarrollo de herramientas de gestión, la mejora de las estructuras comerciales propias del sector, el establecimiento de una mayor eficacia y transparencia de los mercados, etc, medidas que, en definitiva, garanticen una renta o remuneración adecuada a los activos del sector productor.

De igual forma, se han de establecer medidas tendentes a la reducción de los costes de producción, especialmente en aspectos como la introducción de nuevas tecnologías,la transferencia del conocimiento y la I+D+i, la mejora continua de la maquinaria agrícola y el uso más eficiente y racional de la energía y los recursos naturales.

El CES aboga también por el impulso de fórmulas de gestión, asesoramiento técnico y formación yadecuación de las estructuras agrarias que permita un uso racional de los inputs con el objetivo de fomentar una agricultura de carácter sostenible, favoreciendo una adecuada gestión de los residuos resultantes.

Por otro lado, el CES considera necesario avanzar en el proceso de integración del Régimen Especial Agrario de los trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General de la Seguridad Social. Al mismo tiempo el Informe resalta la importancia del papel de la agricultura y la ganadería en la gestión del medio rural contribuyendo a la conservación del medio ambiente y al sostenimiento del tejido social y económico. Y considera un aspecto de vital importancia para garantizar su futuro potenciar el relevo generacional haciendo especial hincapié en la incorporación de personas jóvenes al sector, se

Además, el CES estima que se debe prestar especial atención a la situación de la mujer en elámbito rural, reiterando las consideraciones expuestas en anteriores informes sobre el régimen de titularidad compartida entre otras medidas que preserven la igualdad de trato y oportunidades en el sector.

En materia de empleo, el CES estima que la legislación vigente sobre regulación de flujos constituye el cauce adecuado para ordenar el mercado de trabajo, teniendo en cuenta el volumen que ha alcanzado la contratación temporal de asalariados en el sector (251.600 personas) particularmente de trabajadores extranjeros.

En este sentido, se precisa incidir en la adecuada planificación y coordinación de las ofertas de trabajo a través de los procedimientos establecidos, por parte de los poderes públicos, y las entidades y organismos interesados, con la exigencia del cumplimiento de la legislación vigente por parte de la administración laboral competente.

Por lo que respecta al sector pesquero, el CES considera que se deben impulsar políticas activas entre Administraciones y agentes económicos y sociales que permitan una explotación racional y sostenible de los recursos, mediante paralizaciones temporales de las flotas,épocas de veda, topes de captura, etc, buscando un aumento de la productividad y eficiencia, lo que sin duda redundaría en un incremento del nivel de rentas y calidad de vida del conjunto del sector.

El CES propone, además, mejorar el control de las importaciones de forma que cumplan las mismas exigencias y requisitos que impone la normativa comunitaria a la producción de las flotas de los Estados miembros, que se prohiban las importaciones de buques pertenecientes a listas de flotas“IUU” (ilegales, no controladas y no reguladas) y se impulse lamejora de la calidad, así como Promover una mayor participación de los productores en la cadena de comercialización y distribución pesqueras.

En relación con la optimización de costes, el CES considera que debería realizarse un estudio de las repercusiones de las fluctuaciones en el precio de los combustibles en las distintas zonas y puertos pesqueros de España. Y cree necesario incrementar las ayudas de“minimis” que pueden dar los Estados miembros sin autorización expresa de la Comisión.

Respecto a la necesaria mejora de la competitividad internacional de las producciones pesqueras españolas para revertir la tendencia creciente del déficit comercial, citado en el Informe del CES 2/2005, el CES recomienda llevar a cabo un estudio científico que realice un diagnóstico de la situación actual a la que se enfrenta la producción nacional frente a la de los países terceros, en particular la de ciertos países emergentes que pueden estar compitiendo a costes más bajos que los nuestros. En base a este diagnóstico, se deberían tomar las medidas oportunas para fortalecer la competitividad de la flota nacional. El CES estima necesario proteger con mayores garantías jurídicas las inversiones de las empresas españolas en países terceros.

Aprobado el dictamen del Anteproyecto de Ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles

• El CES estima que la norma legal no debe suponer una merma de los derechos de información y consulta a los trabajadores
• El dictamen señala que hubiera sido conveniente una fase de consulta previa con las organizaciones representativas
• El Consejo cree que la nueva norma debería asegurar el correcto desarrollo de la actividad de las empresas

El pleno del Consejo Económico y Social ha aprobado, por 43 votos a favor y ninguno en contra, el dictamen sobre el Anteproyecto de Ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

El Dictamen estima que el régimen jurídico de las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles no tiene en cuenta de forma adecuada los derechos de información y consulta a los representantes de los trabajadores. Y aunque en el caso de fusión si se tiene en cuenta el derecho de información, no sucede lo mismo con el de consulta, y eso sólo para fusiones transfronterizas).

El CES recuerda que estas referencias parciales a los derechos de información y consulta no deben suponer el desconocimiento o no aplicación de las obligaciones existentes y cita, concretamente, el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores que prevé el derecho de los representantes de los trabajadores a ser consultados sobre procesos de fusión, absorción o modificación del estatus jurídico de la empresa.

En cualquier caso, el CES advierte que esta modificación legal no debe suponer una merma en los derechos reconocidos en el ordenamiento laboral a los representantes de los trabajadores.

También recoge el Dictamen que, dada la naturaleza y el alcance de esta regulación, hubieran sido aconsejable llevar a cabo una fase de consultas previas con las organizaciones representativas de los intereses por ella afectados.

El CES estima que hubiera sido conveniente delimitar previamente aspectos como el objeto y la finalidad de la norma, los principios que inspiran la regulación ysu ámbito de aplicación, tanto desde un punto de vista territorial como del tipo de sociedades que se ven afectadas.

Aunque el CES valora positivamente el propósito de elaborar un cuerpo legislativo de sociedades mediante la refundición en un texto único, el dictamen llama la atención sobre la necesidad de dotar a esta parcela del ordenamiento jurídico de unas condiciones de estabilidad que garanticen la necesaria seguridad y previsibilidad. Y estima que una reforma de este alcance hubiera sido más lógico abordarla en ese marco de codificación del derecho de sociedades.

Asimismo, destaca la importancia de la simplificación del entorno empresarial en los ámbitos del Derecho de sociedades, entre otros, que señalan las instituciones europeas, para impulsar la economía en Europa. Se indica que la nueva norma debería asegurar el correcto desarrollo de la actividad de las empresas.

Del mismo modo, el dictamen subraya que, teniendo en cuenta la estructura empresarial española, que se caracteriza por una preponderancia de pequeñas y medianas empresas, la reforma debería atender a la realidad y necesidades de ese tejido empresarial, sin perjuicio de incluir previsiones específicas de acuerdo con la realidad de las grandes empresas.

Además de estas observaciones generales, el dictamen incluye 12 observaciones particulares.

El Grupo Segundo presentó una enmienda, que fue rechazada, en torno a la libertad de cambio de domicilio social de las empresas, en el ámbito internacional. En el dictamen se insiste en que ha de tenerse en cuenta el impacto territorial y productivo afectado y se pide al Gobierno que tenga en cuenta si tales decisiones empresariales afectan al interés público. La enmienda defiende que la libertad de cambio de domicilio y los movimientos de capitales están protegidos por el Tratado de la CE y, por tanto, no puede vincularse al impacto que produzca en el territorio y sector afectado. Y advierte que facultar al Gobierno para introducir más condiciones al traslado internacional del domicilio social, podría desincentivar la inversión y el empleo.

El CES aprueba el dictamen sobre el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios

• El CES valora positivamente el texto refundido de la LEY
• El Consejo subraya la necesidad de clarificar algunos aspectos de la norma
• El dictamen cree necesario concretar la obligación de los medios públicos de ofrecer espacios a consumidores y usuarios

Prácticamente por unanimidad, 43 votos emitidos, 42 afirmativos y una abstención, el Pleno del CES celebrado el 21 de febrero ha aprobado el Dictamen sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. El CES valora positivamente la iniciativa de refundir en un único texto la Ley General y las normas de transposición de las Directivas comunitarias. El dictamen subraya la necesidad de dotar de mayor claridad al entramado normativo existente en la actualidad.

El Consejo considera que, con carácter general, el texto del Gobierno responde adecuadamente aesos objetivos, y el dictamen señala que, precisamente, por la importancia de esta leyse considera necesario que el Proyecto regule con claridad algunos conceptos esencialesque,en su redacción actual,pueden generar confusión en su interpretación.

En el texto aprobado por el Pleno se echa en falta que no se hayan refundido en este Proyecto la Ley sobre aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico ni la de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.

En sus observaciones, el dictamen llama la atención sobre algunas imprecisiones contenidas en determinados preceptos, fundamentalmente en el sentido de ofrecer mayor seguridad jurídica. Así, se estima que la definición de consumidor y usuario contenida en la Ley General es más apropiada que la incorporada en el Proyecto. Y en relación a la definición del empresario se señala que se trata de un concepto queel CES no encuentra recogido en los textos normativos que se refunden.Además se confunden de forma inadecuada los conceptos de empresario y de profesional, que, en su caso, deberían diferenciarse.

El dictamen aprobado en Pleno hace notar que existe una dificultad añadida al dictaminar un texto que se encuentra en fase de audiencia y ante el que las organizaciones pueden aún separadamente emitir sus opiniones. El Consejo cree que hubiera sido deseable que la solicitud de dictamen se hubiera referido al texto del Proyecto normativo definitivo, una vez incorporadas al mismo las aportaciones de las organizaciones afectadas.

En cuanto a las medidas encaminadas a la protección y a la salud física de los consumidores, el Dictamen llama la atención sobre la desaparición de la prohibición de utilizar cualquier aditivo que no figure en las listas autorizadas del Ministerio de Sanidad y Consumo, tal como se recoge en la todavía vigente ley.

Otra de las observaciones del dictamen hace referencia a los derechos de información del consumidor, que están contemplados como uno de los derechos básicos de los consumidores y usuarios en la Ley General. El CES estima que el proyecto debe prever de manera inequívoca la obligación de las administraciones públicas de informar a los afectados.

El CES considera que no se ha cumplido la obligación que tienen los medios de comunicación social de titularidad pública de dedicar espacios y programas a información y educación de consumidores y usuarios, por lo que sugiere que se concrete en mayor medida este precepto y se establezca la obligación de que la disposición de espacios y programas se lleve a cabo con regularidad.

Aprobado el dictamen sobre el anteproyecto de ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas

El Pleno del Consejo Económico y Social aprobó por 40 votos a favor, uno en contra y 2 abstenciones el dictamen sobre el anteproyecto de ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas. El CES valoró positivamente este anteproyecto porque dota de un nuevo marco legal que aborda conjuntamente el fomento de la lectura.

En la actualidad, el sector del libro y de las bibliotecas se encuentra regulado básicamente por la Ley 9/1975, de Régimen especial para la promoción, producción y difusión del libro, anterior a la Constitución, y por una serie de normas dispersas y de diverso rango, lo que hace necesario dar coherencia y actualizar dicha normativa, de modo que regule jurídicamente al libro en su doble acepción de bien económico y cultural, y que enmarque y motive la actividad de los poderes públicos en la promoción de la lectura.

Por ello, con carácter general, la iniciativa de dotar de un nuevo marco legal que aborde conjuntamente el fomento de la lectura, el libro y las bibliotecas merece una valoración positiva por parte del Consejo. El anteproyecto sistematiza y confiere coherencia a la regulación general del libro y la lectura en España. Especialmente notoria era la necesidad de abordar la modificación de la Ley 9/1975, teniendo en cuenta tanto su carácter preconstitucional como los cambios acaecidos en la sociedad y en el propio sector desde su aprobación. Ahora bien, aun compartiendo el objetivo de dotar de un marco legal adecuado al fomento de la lectura, el libro y las bibliotecas, el Dictamen estima que el Anteproyecto no refleja un impulso lo suficientemente decidido de los poderes públicos para abordar tal cometido, siendo necesario un mayor grado de compromiso y de profundización por parte de aquellos en una serie de ámbitos fundamentales para la promoción de la lectura y las bibliotecas.

Los datos acerca de la frecuencia del hábito de la lectura entre los españoles ponen de manifiesto una peor situación en comparación con otros países de Europa, hecho que debe estar presente a la hora de abordar el objetivo de promover la generalización de dicho hábito, pues el ejercicio de la lectura constituye un instrumento de primer orden para la adquisición de los valores en los que se asientan las sociedades más avanzadas.

Además, los cambios experimentados por la sociedad en las últimas décadas, en particular, los derivados de la extraordinaria expansión de las tecnologías de la información y la comunicación, han tenido también su reflejo en el terreno de la cultura, que ha visto ampliar de manera notable los medios para su creación y transmisión, elevando el potencial de difusión a niveles hasta hace poco tiempo desconocidos. Con ello, se han abierto las posibilidades de acceso a la cultura para un mayor número de ciudadanos, incrementándose al mismo tiempo la diversidad de contenidos y la rapidez en su obtención . Sin embargo, aunque en España aumenta de año en año la proporción de personas que utilizan ordenadores y que acceden habitualmente a Internet, se mantienen aún a cierta distancia de otros países de su entorno. En este contexto, urge la revisión del propio concepto de libro, un objeto singular, vinculado a su propia industria y su propio comercio; pero, ante todo, un bien que tiene un carácter y un valor cultural. La importancia del libro, al igual que la trascendencia de la moderna definición del libro que incorpora el anteproyecto, justificarían una mayor atención a la realidad que lo rodea en el planteamiento de la norma, en particular, en su Exposición de Motivos.

Nuevos medios de transmisión de la cultura

En ese sentido, el CES considera que el anteproyecto no refleja en la medida necesaria las transformaciones sociales que otorgan nuevas orientaciones a la experiencia de la cultura, a través de los medios citados, desde que entrara en vigor la Ley del libro de 1975. De hecho no considera todas las novedades que en materia de formatos, estilos de promoción comercial, modos de distribución y comercialización, entre otros, están siendo incorporados a la realidad de la lectura y del libro. Asimismo, entiende que las propuestas del anteproyecto en materia de fomento de la lectura y revitalización de las bibliotecas son en exceso generales y no se desciende a un plano de mayor concreción, como sería deseable, estableciendo medidas específicas para tales propósitos, sin perjuicio de las competencias autonómicas en la materia. El anteproyecto adolece de cierto continuismo, recogiendo en un solo texto medidas ya existentes. Así, en particular, el texto no refleja una voluntad expresa de fomentar con iniciativas concretas la demanda de libros, tanto privada como pública, ni el fomento de su lectura.

En lo que concierne a la primera, el CES opina que el anteproyecto ofrece una buena oportunidad para ampliar el uso de los medios de comunicación públicos, incluyendo radio y televisión, en el fomento de la lectura, ya que su presencia prácticamente universal en los hogares los convierte en medios excepcionales para ese fin, aunque en la actualidad su uso sea muy limitado. En lo referente a la segunda, esto es, a la demanda pública, el CES considera la obligación de los poderes públicos de promover y tutelar el acceso universal a la cultura contenida en el artículo 44.1 de la Constitución, exige la modernización de las infraestructuras culturales y, en particular de las bibliotecas. La ampliación y actualización de los fondos bibliográficos de las bibliotecas públicas, dedicando a ello los medios económicos necesarios, se tornan imprescindibles para superar una de las principales carencias del sistema cultural español.

Mayor inversión en bibliotecas

Por ello, se valora de forma positiva el establecimiento de un plan plurianual de inversión en las dotaciones de las bibliotecas públicas. Sin embargo, la asignación presupuestaria prevista tiene como objetivo únicamente aumentar la dotación bibliográfica hasta los niveles recomendados por los organismos internacionales y, por lo tanto, se muestra insuficiente para convertir a las bibliotecas en verdaderos centros culturales, que permitan el acceso y difusión de las nuevas tecnologías y de los nuevos soportes, y pongan a disposición del ciudadano una oferta diversa de servicios y propuestas culturales.

En lo que toca a las librerías, el CES recuerda que éstas conforman una red que cumple funciones muy importantes en la difusión de contenidos culturales, canalizando la mitad de las ventas de libros. No se trata de simples establecimientos de venta de textos impresos, sino que constituyen puntos de transmisión de información cualificada acerca de los propios libros y contribuyen a asegurar la pluralidad y la diversidad culturales, por lo que su protección merecería una atención expresa en la futura ley.

Por otro lado, llama la atención la falta de referencias en el anteproyecto a algunos ámbitos estrechamente relacionados con la cultura, el libro y la biblioteca, como la legislación más reciente en materia de propiedad intelectual, en materia de educación y la inminente normativa reguladora de los archivos, que deberían formar parte de la estrategia pública de impulso a la sociedad del conocimiento y la cultura. Concretamente, el Dictamen entiende que el sistema educativo desempeña una función esencial en la transmisión no sólo de contenidos didácticos, sino también de valores y preferencias que entroncan con lo cultural, por lo que su implicación en el objetivo de fomentar los hábitos relacionados con la lectura debe ser importante.

En ese sentido, se echa en falta, en el anteproyecto, una mención expresa en el mismo a sus conexiones con la Ley Orgánica de Educación, aprobada recientemente. Hay que recordar, a este respecto, que entre los objetivos de la educación primaria, secundaria y del bachillerato contemplados por la LOE ocupan un lugar destacado el fomento de hábitos de lectura, el estudio de la literatura y el desarrollo de la sensibilidad artística y literaria. Por su parte, esta ley también incluye por primera vez una previsión específica conectada directamente con el contenido del Anteproyecto, el impulso a las bibliotecas escolares, que deberán contribuir decisivamente al acceso de los alumnos a la información y a otros recursos, así como a la posibilidad de convenios con los municipios para el uso de las bibliotecas municipales con esta misma finalidad. Sería deseable, por tanto, la asunción por el Anteproyecto de estas novedades en las que confluyen el desarrollo del derecho a la educación e instrumentos genuinos de la cultura, como son el libro y la biblioteca.

El precio único garantiza la pluralidad editorial

El Dictamen realiza también variasobservaciones particularesal articulado, entre las que cabe destacar las que afectan al Artículo 8, sobre el precio fijo y al Artículo 10, sobre las excepciones a dicho precio. Con respecto al primero, se considera que la naturaleza de bien cultural del libro y la necesidad de garantizar el acceso al mismo a los ciudadanos han justificado tradicionalmente la intervención de los poderes públicos en este ámbito, intervención instrumentada desde el año 1975 a través del precio fijo para los libros, una opción que el anteproyecto mantiene, en línea con las regulaciones de la mayoría de los países de nuestro entorno. A la vista de esta experiencia, el Dictamen considera que la existencia de un precio único para el libro en todos los puntos de venta garantiza la pluralidad editorial, de títulos, de contenidos, de ideologías y de géneros, incluidos los minoritarios, y, puesto que impide la diferenciación vía precios, favorece su no encarecimientoy permite la supervivencia de la red de librerías, mayoritariamente de tamaño reducido, que basan su competencia en criterios diferentes al precio, como son la información y orientación al lector, la diversidad de la oferta o la prestación de servicios culturales.

No obstante, no puede perderse de vista la innegable dimensión económica del libro en un contexto de economía de mercado, la proliferación de vías alternativas de comercialización y la multiplicación de los canales de acceso como resultado de los cambios tecnológicos, que son algunos de los argumentos utilizados por quienes defienden la transición hacia un sistema de precio libre. Según este planteamiento, defendido por las organizaciones de consumidores, la liberalización en un marco de competencia en el mercado del libro conduciría previsiblemente a un abaratamiento de los precios en beneficio de los lectores. A este respecto, se estima que, de producirse tal liberalización, dicho abaratamiento podría tener efectos únicamente en determinados tipos de libros.

En cuanto al Artículo 10, el anteproyecto mantiene la opción del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia, que estableció el sistema vigente de descuentos ilimitados y que en el Dictamen se valora positivamente, en la medida en que facilita a las familias el abaratamiento de los libros de texto, si bien se estima que deben tomarse medidas para evitar la reducción del número de operadores, así como el empleo de fondos públicos para otros fines comerciales diferentes de la distribución de libros de texto. Unido a lo anterior, el Dictamen recoge la consideración positiva sobre la obligatoriedad de evitar la utilización del libro de texto como reclamo para la venta de otro tipo de bienes o servicios, ya contemplada por el Real Decreto-Ley 6/2000.

Por último, se considera positiva la creación de un Observatorio de la Lectura y del Libro, recogida en la Disposición adicional segunda, al entender que el análisis permanente de la situación del libro y de las bibliotecas, así como de la evolución de las pautas de lectura, son imprescindibles para la corrección de las posibles líneas de acción política encaminada a su promoción y mantenimiento. No obstante, se entiende que la creación de ese órgano debe ir acompañada de una dotación presupuestaria suficiente y debe darse cabida a la creación de un sistema de indicadores sólido que proporcione el soporte a la monitorización de la lectura y el libro en todas sus vertientes, superando la mera recopilación de datos parciales recabados por otras entidades.