Aprobado el Dictamen sobre el Reglamento de exención de determinadas categorías de acuerdo de intercambio de información sobre morosidad

• El CES valora positivamente esta modificación en la medida en que contribuya a agilizar el proceso y a reducir las cargas administrativas
• Hay que establecer las suficientes garantías para que la información que se transmita sea objetiva, para lo cual la norma debería ser más explícita

El Pleno del Consejo Económico y Social aprobó hoy por unanimidad el dictamen sobre el proyecto de Real Decreto de Reglamento de exención de determinadas categorías de acuerdo de intercambio de información sobre morosidad.

La Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia prohíbe, con carácter general, toda conducta que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, falsear o restringir la competencia en la totalidad o parte del mercado nacional.

Dicha Ley recoge la posibilidad de que determinadas conductas de las prohibidas puedan ser autorizadas siempre que cumplan determinados requisitos y que los acuerdos entre empresas sean beneficiosos para el mercado o el progreso técnico o económico.

Mediante esta técnica, procedente del derecho comunitario e incorporada al ordenamiento jurídico interno a través del Real Decreto 378/2003 de 28 de marzo que desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, se permite la autorización en bloque de acuerdos o prácticas restrictivas de la competencia, cuando se dan las condiciones previstas por la propia Ley.

Es en este contexto donde se enmarca el Proyecto de Real Decreto sometido a Dictamen del CES. Su finalidad declarada es la simplificación de los trámites administrativos necesarios para llevar a cabo acuerdos de intercambio de información sobre morosidad por parte de empresas competidoras, sin menoscabar lo establecido por la Ley de Defensa de la Competencia. El Proyecto de Real Decreto supone por tanto la sustitución del sistema vigente hasta ahora, de autorización singular para la realización de dichos acuerdos por parte del Tribunal de Defensa de la Competencia, por una exención para dicha categoría de acuerdos, basándose en la doctrina y en la experiencia acumuladas desde la entrada en vigor de la Ley de Defensa de la Competencia.

En el Proyecto de Real Decreto se establecen así los requisitos básicos para que dichos acuerdos obtengan, de forma automática, la exención de las normas de competencia, en consonancia con la normativa vigente en la mayoría de los países de nuestro entorno, donde no se contemplan las autorizaciones singulares sobre este particular.

En este sentido, el CES valora positivamente esta modificación en la medida en que contribuya a agilizar el proceso y a reducir las cargas administrativas y los costes en que incurren las empresas cada vez que solicitan una nueva autorización singular para la creación de sus registros de morosos, y/o renuevan las autorizaciones existentes al vencimiento del plazo para las que fueron establecidas.

En cuanto a observaciones específicas, respecto al ámbito de aplicación, se considera que la definición de mercado utilizada en el Proyecto de Real Decreto en su artículo 1 es más ambigua que la definición de sector, máxime cuando la doctrina del Tribunal de Defensa de la Competencia siempre ha sido clara al respecto, entendiendo que los acuerdos sobre intercambio de información de morosidad que pueden restringir la competencia, y por ello requerían autorización, son aquellos que tienen carácter sectorial.

También, cabe destacar una de las observaciones hechas al artículo 3 relativa a la necesidad de que se establezcan las suficientes garantías para el cumplimiento de que la información que se trasmita al usuario del registro sea objetiva, para lo cual, la norma debería ser más explícita, debiendo desarrollar con claridad el concepto de objetividad.

Aprobado el Informe sobre el papel de la juventud en el sistema productivo español

• El CES hace propuestas para mejorar la participación de los jóvenes en el sistema productivo
• Hay una fuerte separación entre formación y participación laboral, de forma que quienes trabajan o buscan empleo no permanecen en el sistema educativo y viceversa
• Se destaca un elevado peso de los jóvenes en ocupaciones de baja cualificación, muy por encima de la media europea y con una evolución preocupante
• Uno de los grandes desequilibrios del sistema educativo es la baja proporción de jóvenes que estudian formación profesional
• Hay que reequilibrar la pirámide educativa reforzando y fomentando la calidad de las titulaciones medias y la formación profesional para mejorar la adecuación entre la oferta y la demanda de trabajo

El Pleno del Consejo Económico y Social aprobó hoy por 44 votos a favor y 2 abstenciones el informe sobre el papel de la juventud en el sistema productivo español. El CES se propuso realizar este estudio por propia iniciativa dado que los jóvenes afrontan crecientes dificultades en su proceso de inserción en la esfera productiva.

Los jóvenes españoles se sitúan entre los europeos que soportan mayores tasas de desempleo y de temporalidad, con una menor contribución a la tasa general de empleo en España. También están entre los que más retrasan la edad de emancipación residencial, de nupcialidad y de fertilidad.

En todo este tiempo las políticas de empleo apenas han cambiado su diseño básico, pero la realidad actual del mercado de trabajo tiene poco que ver con la que regía hasta hace sólo unos pocos años, y es preciso revisarlas a partir de un análisis riguroso y exhaustivo de la participación de los jóvenes en ese nuevo mercado, mucho más complejo y dinámico.

1. Los jóvenes y el mercado de trabajo

En este primer bloque de conclusiones y recomendaciones del informe del CES, se recuerdan los rasgos distintivos básicos en la participación laboral de los jóvenes. Entre esos rasgos (además de los sobradamente conocidos problemas del desempleo y la temporalidad), el Informe destaca la fuerte separación entre formación y participación laboral, de forma que quienes trabajan o buscan empleo no permanecen en el sistema educativo y viceversa.

La razón de esa separación, mucho más amplia y acusada que en Europa, puede estribar, además de en el alto desempleo, en la presencia de pautas culturales y familiares, y sobre todo en la existencia de dificultades para compatibilizar el empleo con la formación. A su vez, tales dificultades probablemente se derivan de dos circunstancias: la configuración del sistema educativo, en el que sólo en contados casos se ofrecen trayectorias de formación reglada y empleo; y la escasez de demanda de trabajo con jornadas o tiempos compatibles con la prosecución de los estudios, visible entre otros aspectos en la también baja frecuencia del trabajo a tiempo parcial entre los jóvenes.

Asimismo, se señala el elevado peso en el empleo de los jóvenes de las ocupaciones asociadas a bajos requerimientos de cualificación, claramente mayor que en el total de la población que trabaja y que entre los jóvenes europeos. Este peso se ha mantenido en elúltimo decenio, en contraste con un nivel formativo medio que ha venido mostrando un perfil creciente, aunque desde el año 2000 algunos indicadores a este respecto muestran una evolución preocupante y ha aumentado la brecha con respecto al promedio europeo.

En el tramo más joven de la población activa (16 a 19 años), el nivel educativo medio es más bajo y es mayor aún el peso de las ocupaciones sin cualificación. Como las tasas de paro son, asimismo, más altas, puede colegirse que es precisamente aquí donde se concentran los más graves problemas de empleabilidad y de inserción profesional, estrechamente relacionados con las circunstancias del fracaso escolar y del abandono temprano del sistema educativo, que han aumentado entre 2000 y 2004. En los otros dos tramos de edad (de 20 a 24 y de 25 a 29 años) es probable que puedan producirse en algunos casos los fenómenos de sobrecualificación y de desajuste entre el campo de los estudios cursados y el correspondiente a las ocupaciones desempeñadas, lo que puede generar un prolongado plazo de definición en las trayectorias laborales hasta la plena inserción profesional.

También se recuerda la escasa proporción de jóvenes que abordan su trayectoria profesional como emprendedores, aunque la situación es mejor que en años precedentes, y se remite al Informe CES 5/2005, sobreEl proceso de creación de empresas y el dinamismo empresarial, para señalar que es tarea de todos expandir la cultura del emprendedor promoviendo un giro en las actitudes de los ciudadanos hacia la actividad empresarial que redunde en una valoración más positiva de la misma.

2. La educación y la formación

El Informe subraya las principales carencias que aún persisten en España en estos campos: la persistencia de elevadosíndices de abandono escolar, superiores a los observados en el conjunto de la Unión Europea, y en aumento desde el año 2000; el bajo porcentaje de jóvenes que completan el nivel de secundaria, porcentaje que tambiénha disminuido entre 2000 y 2004 (en gran medida influido por el aumento de la poblacióninmigrante); y uno de los mayores porcentajes de titulados universitarios, en comparación con el resto de la UE.

Todo ello pone de relieve el mayor problema del sistema educativo español, a saber, el desequilibrio en la estructura educativa de la población. Dentro de ese desequilibrio, hay que señalar además, como uno de sus rasgos básicos, la baja proporción, respecto a nuestros homologos europeos, de jóvenes que siguen estudios de formación profesional. Aunque se observan síntomas de cierta revitalización, los jóvenes españoles siguen teniendo una escasa preferencia por la FP, a pesar de las mejores oportunidades de empleo que ofrece.

Para superar esta situación, el Informe indica que habría que actuar, por un lado, sobre el sistema productivo con el fin de promover un desarrollo creciente de las actividades con un mayor valor añadido e intensivas en conocimiento, y por otro, sobre el sistema educativo y formativo. También es necesario profundizar en la orientación profesional de los jóvenes para corregir este desequilibrio entre niveles formativos y especialidades, potenciando la formación profesional y las cualificaciones que requiere el mercado laboral.

En lo que atañe a estaúltima cuestión, se señala la necesidad de mejorar las políticas de educación y formación de cara a cumplir los objetivos para 2010 fijados en el Consejo Europeo de Estocolmo de marzo 2001, y retomados en el Consejo de Barcelona de marzo de 2002. Para ello, la política educativa debe centrarse de forma más decidida en aumentar el nivel educativo medio de los jóvenes, y en reducir los niveles de fracaso o abandono temprano de la escolaridad. Igualmente, sigue siendo un desafío la mejora de las competencias básicas mínimas para que todos los jóvenes estén en condiciones de seguir aprendiendo a lo largo del resto de la vida. Entre estas competencias básicas deben incluirse, además de las tradicionales (lingüísticas y numéricas), las relacionadas con las tecnologías de la información, los idiomas extranjeros y el desarrollo de la iniciativa y del espíritu emprendedor en todos los niveles educativos.

Por su parte, el desequilibrio educacional pone de relieve la necesidad de reequilibrar la pirámide educativa reforzando y fomentando la calidad de las titulaciones medias y la formación profesional en España, lo que sin duda contribuirá a mejorar la adecuación entre la oferta y la demanda de trabajo.

Por otro lado, con el fin de superar la tajante separación entre formación y actividad laboral que domina el panorama actual, es preciso valorar los instrumentos disponibles de transición entre el mundo formativo y el laboral e idear otros para mejorar–en plazo y en calidad- los procesos de inserción definitiva en la esfera productiva. En este sentido, el Informe destaca la necesidad de:

• Mejorar y potenciar, desde el inicio del proceso formativo, todos los instrumentos de orientación para el empleo para activar los mecanismos que permitan un mejor ajuste entre oferta y demanda de empleo, no sólo hasta la inserción en el mercado de trabajo, sino a lo largo de la vida laboral.
• Mejorar los mecanismos de apoyo en la búsqueda del primer empleo, mediante una mayor especialización de los Servicios Públicos de Empleo, con el fin de agilizar y ajustar la inserción laboral en consonancia con la formación adquirida.
• Asegurar una mayor igualdad laboral de mujeres y hombres, para lo que es necesario actuar, tanto desde la orientación dentro del sistema educativo, como mediante el desarrollo de políticas de igualdad laboral, para eliminar los obstáculos que todavía hoy encuentran las mujeres jóvenes en el acceso al empleo y especialmente a determinadas ocupaciones y profesiones, incluso a pesar de su mayor participación en determinados niveles educativos, como el universitario.
• Fomentar el establecimiento de protocolos de colaboración estables entre entidades de formación y empresas, favoreciendo la cooperación en materias como la formación del profesorado, la orientación profesional, las prácticas laborales, el uso de tecnologías e instalaciones, el desarrollo de proyectos e investigaciones conjuntos.
• Potenciar el desarrollo de marcos que faciliten la transición de la escuela al mundo laboral y la empresa, mediante el refuerzo del papel de las prácticas, tanto durante los estudios (cabe en este sentido recordar por ejemplo el escaso uso de las prácticas laborales en el segundo ciclo de formación profesional) como para recién titulados.

Se señala también la escasa utilización de los contratos en prácticas y de los contratos formativos, fórmulas de contratación que a pesar de ser aplicables a los jóvenes y haber sido específicamente diseñados para facilitar la adquisición de cualificaciones, se han visto sustituidos por el mayor recurso a otro tipo de figuras contractuales (contratos de obra y servicio, eventuales, etc....).

En cuanto a las prácticas no laborales, se insta a mejorar el análisis de la utilización de las mismas, a la vez que se valora positivamente su utilización como instrumento de inserción laboral, siempre que no se conviertan en fórmulas de sustitución de empleo.

3. Las políticas de empleo

Elúltimo bloque de conclusiones y recomendaciones pone de manifiesto las deficiencias detectadas en el tratamiento que las políticas activas de empleo hacen del colectivo de los jóvenes.

En la mayoría de los casos, las actuaciones llevadas a cabo han sido puntuales, han tenido escasa coherencia y no parecen haber respondido claramente a objetivos vinculados al empleo y a las condiciones del mercado laboral. Por ello, sigue siendo necesario promover actuaciones que en el marco de la Estrategia Europea de Empleo favorezcan el acceso de los jóvenes al empleo.

Cabe señalar igualmente que España todavía presenta un importante grado de incumplimiento en cuanto a las medidas preventivas para reducir el desempleo juvenil mediante el ofrecimiento, por parte del servicio público de empleo, de un plan individual de orientación o formación a todos los jóvenes desempleados durante los seis primeros meses de paro.

Por lo que se refiere a losúnicos programas públicos dirigidos exclusivamente a los jóvenes menores de 25 años que combinan formación y empleo, las Escuelas Taller y las Casas de Oficio, y que han mostrado ser eficaces en la inserción laboral de dicho colectivo, se han visto recientemente afectados por una creciente falta de promotores, con la consiguiente reducción de los fondos públicos a ellos destinados, así como por el menor número de alumnos que han participado en dichas acciones. En todo caso, sería necesario profundizar en el análisis de las causas de dicha evolución, lo que permitiríarealizar las modificaciones necesarias para reorientar estos programas.

En lo referente a la política de fomento de la contratación indefinida, si bien se puede afirmar que su efecto ha sido claramente positivo tal y como muestra la elevada proporción de conversiones en indefinidos realizadas entre los jóvenes, y el hecho de que más del 40 por 100 de los contratos indefinidos se hayan celebrado con menores de 30 años, las elevadas y persistentes tasas de temporalidad que sigue presentando la población asalariada joven indican que estas medidas han sido insuficientes.

Finalmente, cabe reiterar lo expuesto en el Informe CES 1/2005, sobreDesequilibrios ocupacionales y políticas activas de empleo, acerca de la escasa evaluación en España de las políticas activas de empleo, por lo que es necesario seguir avanzando en este sentido, máxime en el actual contexto de descentralización de las políticas activas de empleo, para poder valorar mejor la eficacia de las políticas activas destinadas a los jóvenes.