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18/4/2013 Volver

El CES aprueba el dictamen del Anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado

  • El dictamen comparte los propósitos de la futura ley de garantizar la unidad de mercado, aunque entiende que tal unidad no significa uniformidad, como también señala el Tribunal Constitucional. Por tanto debe buscarse un equilibrio que compatibilice la unidad económica del Estado y la diversidad jurídica que deriva de las autonomías.
  • El CES considera que el anteproyecto puede ser de difícil aplicación y dar lugar a una gran litigiosidad entre administraciones.
  • Es partidario de un proceso de armonización normativa de las distintas administraciones públicas. No obstante, no está de acuerdo con que dicha armonización implique una homogeneización de mínimos o ausencia de normativa.
  • El consejo, a diferencia del Gobierno, cree que la implantación de la futura norma sí tendrá aumento de gasto público, por lo que convendría realizar el cálculo.

El Pleno del Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado por mayoría el dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, remitido por el Ministerio de Economía y Competitividad el pasado 15 de marzo para su preceptiva consulta.

El CES comparte los propósitos de la futura ley de garantizar la unidad de mercado, mediante la eliminación de las distorsiones y duplicidades que en la práctica desincentivan de manera injustificada la iniciativa empresarial y la generación de empleo. En anteriores trabajos, este consejo ha abogado, en el marco de la descentralización de competencias, por la eliminación de estas distorsiones en el mercado interior que entrañen costes diferenciales para la empresas en función de su localización y supongan un freno al crecimiento.

No obstante, el CES considera que tal unidad, como también señala el Tribunal Constitucional, no significa uniformidad, ya que la configuración del Estado español supone una diversidad de regímenes jurídicos. Por tanto, el dictamen establece que debe buscarse un equilibrio que admita una pluralidad y diversidad de intervenciones y regulaciones de las Comunidades Autónomas en el ámbito económico.

Entrando en el contenido del anteproyecto, el CES considera que la norma puede ser de difícil aplicación y dar lugar a una gran litigiosidad porque afecta a un buen número de competencias autonómicas y locales. No solo entre el Gobierno central y las administraciones territoriales, sino también entre las propias comunidades y entidades locales, al establecer la prevalencia de la regulación de la administración territorial de origen del operador económico.

Este consejo es partidario de impulsar un proceso de armonización de la regulación económica de las distintas administraciones públicas que, respetando los ámbitos competenciales, limite la excesiva dispersión normativa, simplifique los procedimientos, elimine duplicidades y requisitos innecesarios, así como trabas o restricciones injustificadas o desproporcionadas. En este sentido, el CES considera necesario que se revise la normativa de las Administraciones territoriales que directa o indirectamente impliquen un trato discriminatorio para las empresas de otros territorios. No obstante, el CES entiende que el anteproyecto parece optar por un proceso de homogeneización normativa que puede producir una convergencia hacia una normativa de mínimos o ausencia de normativa, situación con la que este consejo no está de acuerdo. Por otro lado, al consagrar el principio de territorio de origen en la prevalencia del marco regulatorio, se puede introducir un incentivo a la localización empresarial en los territorios con menor regulación o con aquella más favorable a su actividad.

El dictamen alerta de numerosas indeterminaciones en el texto del anteproyecto que pueden generar inseguridad jurídica. Por ejemplo, el CES echa en falta una mayor definición del alcance de la norma, que establezca los sectores y actividades económicas afectados por la nueva regulación. Igualmente, en el caso del procedimiento sancionador, generando dudas cuando la normativa del lugar de prestación de un servicio difiera de la correspondiente a la del lugar de origen de la empresa. El CES demanda también una mayor precisión en lo relativo a los procedimientos necesarios para la aplicación, seguimiento y verificación de la declaración responsable.

Por otro lado, el CES solicita que dada la importancia del objetivo de garantizar la unidad de mercado, se tenga en cuenta de forma explícita la necesidad de la participación de los interlocutores económicos y sociales en todo el proceso, así como que a lo largo del anteproyecto se incluya en el articulado alguna referencia a las implicaciones que para los consumidores tendrá la aplicación de la futura norma.

Por último, el dictamen muestra escepticismo ante la afirmación recogida en la Memoria del análisis de impacto normativo de que la puesta en marcha de esta ley no supondrá aumento de costes. Por eso, el CES cree que convendría realizar un cálculo de la repercusión presupuestaria de la futura norma.