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28/03/2017 Volver

El CES aprueba su Informe anual sobre gobernanza económica de la Unión Europea

  • La situación económica de la UE exige un impulso de la demanda interna. El CES valora positivamente la orientación presupuestaria menos restrictiva de la Comisión, siempre que al mismo tiempo propicie el cambio tecnológico, la modernización de las estructuras productivas y el crecimiento a largo plazo.
  • Respecto del Plan Juncker, el CES echa en falta una evaluación de los efectos reales de la inversión inducida en términos de crecimiento y empleo.
  • La falta de una unión fiscal constituye una de las principales deficiencias en el diseño de la UEM. La unión fiscal debe sustentarse en la integración presupuestaria federal y la disciplina presupuestaria.
  • El CES valora positivamente la puesta en marcha del Pilar Social Europeo de Derechos Sociales, si bien se plantean dudas en términos de aplicación, evaluación y el papel del ámbito social.
  • Los nuevos mecanismos de gobernanza económica han provocado una reducción del papel de las organizaciones sindicales y empresariales. Resulta necesario reforzar su participación a nivel comunitario y, sobre todo, nacional.
  • Es necesario que desde las instituciones comunitarias se desarrollen actuaciones más allá de la gobernanza económica, que subrayen su compromiso con un proyecto de futuro para la Unión Europea.

El Consejo Económico y Social ha aprobado en su Pleno del día 22 de marzo de 2017 el Informe sobre la Gobernanza Económica de la Unión Europea por una amplia mayoría de 39 a favor y 3 abstenciones. El Informe forma parte de una iniciativa del CES de llevar a cabo anualmente una revisión de las actuaciones y avances logrados en la gobernanza económica de la UE. El primer Informe se elaboró en 2012, y se ha ido renovando anualmente.

El año trascurrido desde la última revisión, el Informe 1/2016 de 24 de febrero ha estado marcado por un contexto político de incertidumbre y de bajo ritmo de crecimiento y de inversión. Este Informe trata de señalar los retos que persisten en los diferentes ámbitos del sistema de gobernanza económica de la UE, para poder impulsar un crecimiento económico sostenible y creador de empleo, superando la debilidad inversora y afrontando la incertidumbre en el marco geopolítico.

  • Problemas como el anuncio de la salida del Reino Unido de la U E, la gestión de la crisis de asilo y refugio, las dificultades para firmar acuerdos comerciales con países terceros o la mayor defensa de los intereses nacionales en los procesos electorales de algunos Estados, junto a los cambios en los equilibrios geopolíticos mundiales con el cambio de liderazgo en los Estados Unidos, han coincidido con los escasos avances en la gobernanza económica de la UE dificultando la integración política, social y económica de la zona.

  • La economía comunitaria parece haber entrado en un crecimiento estable pero moderado. Las economías de los Estados crecieron a ritmos muy dispares y, en algunos, persisten los problemas sociales y económicos ocasionados por la crisis.

  • La situación económica de la UE exige un impulso adicional de la demanda interna, en concreto de la demanda de inversión. El CES valora positivamente que la Comisión plantee una orientación presupuestaria menos restrictiva siempre que al mismo tiempo propicie el cambio tecnológico, la modernización de las estructuras productivas y el crecimiento a largo plazo.

  • Los instrumentos del Semestre Europeo y las normas del Programa de Estabilidad y Crecimiento resultan ineficaces a la hora de promover una expansión presupuestaria en los países donde existe margen para ello. El CES estima que existe margen de mejora en la gobernanza fiscal de los Estados miembros en el sentido de que se promuevan evaluaciones sobre la eficiencia del gasto público.

  • Respecto del Plan Juncker, sus logros solamente han sido analizados en términos operativos, eficacia y eficiencia. Y, el CES echa en falta una evaluación de los efectos reales de la inversión inducida en términos de crecimiento y empleo.

Persiste la preocupación, sobre el posible reparto desigual de los fondos a favor de países que cuentan con mejor estructura técnica para tramitar las ayudas y con finanzas más saneadas. La falta de asignación geográfica exige matizar el optimismo alrededor de los buenos resultado del Plan, El programa destinado al pequeño tejido empresarial no parece haber incidido especialmente en aquellos Estados donde las pymes encuentran mayores dificultades de acceso a la financiación ajena, como España.

La combinación del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeo otorgaría a las inversiones realizadas a través del Plan Juncker una mayor orientación hacia consideraciones de índole social, medioambiental o de cohesión territorial.

  • La Propuesta sobre consolidación fiscal, no se iniciará hasta que no se haya alcanzado un acuerdo político sobre la de base común. Es un retraso que podría generar un vacío legal que operaría contra el objetivo último de esta iniciativa.

  • El programa de compra de activos ha supuesto una cuantiosa inyección de liquidez en el sistema financiero, resultando una medida sustancial para apoyar la recuperación económica. Si bien el impacto inicial del programa fue positivo, su eficacia es limitada lo que plantea dudas sobre su continuidad en el tiempo.

  • Los logros en la consecución del mercado único digital deben acompañarse de un esfuerzo paralelo en la dimensión social de la estrategia.

  • En el ámbito de la Unión Bancaria, los avances de los últimos años parecen haberse estancado.

  • Respecto del Fondo Único de Resolución, su dotación final parece escasa para hacer frente a los retos de la Unión Bancaria en el ámbito de la resolución y reestructuración de entidades.

  • El funcionamiento efectivo del Fondo sigue pendiente de la definición de algún mecanismo común efectivo de protección presupuestaria, " backstop fiscal ".

  • En cuanto al Sistema Europeo de Garantía de Depósitos, no se constata un avance. La mutualización es el principal escollo que está impidiendo llegar a un acuerdo.

  • En 2016 tampoco se avanzó en el logro de un marco presupuestario integrado a pesar de que la falta de una unión fiscal constituye una de las principales deficiencias en el diseño de la UEM y una de las principales razones de la persistencia de la crisis en Europa. La unión fiscal de la zona euro debe sustentarse en la integración presupuestaria federal y la disciplina presupuestaria de los Estados miembros.

  • En relación a los Consejos Nacionales de Productividad,  el CES considera, como hizo en informes anteriores, que los factores que influyen en la competitividad, entre los que se encuentran los salarios, sean abordados en el marco del diálogo social, europeo y nacional.

  • El CES valora positivamente la puesta en marcha del Pilar Social Europeo de Derechos Sociales, si bien considera que son muchas dudas que plantea en términos de aplicación, evaluación y sobre el papel del ámbito social. Es necesario que se refuerce la coordinación de las políticas económicas y sociales y que vayan orientadas a profundizar el mercado único y preservar el modelo social europeo.

  • Los déficits por cuenta corriente insostenibles han sido eliminados en casi todos los Estados miembros, mientras que los superávit por cuenta corriente excesivos siguen avanzando, lo que pone de manifiesto el tratamiento desigual que parecen tener las recomendaciones comunitarias.

  • Los mercados laborales continúan su recuperación en la mayor parte de los Estados miembros, pero persisten la dificultades sociales, principalmente en los países más afectados por la crisis financiera y la deuda.

  • Los nuevos mecanismos de gobernanza económica planteados durante la crisis han provocado un efecto indirecto de reducción del papel de las organizaciones sindicales y empresariales. A pesar de la mejora progresiva de su implicación en las etapas clave del proceso del Semestre Europeo, resulta necesario reforzar su plena participación a nivel comunitario y, sobre todo, nacional.

  • Escasos avances en la implementación de medidas concretas en el ámbito de la responsabilidad democrática, legitimidad y consolidación institucional.

  • Continúan las contradicciones de la arquitectura institucional de la Unión Europea que observadas en anteriores Informes, como consecuencia de la insuficiente construcción política e institucional. En sus disfunciones han generado una cierta pérdida de legitimidad de las instituciones comunitarias. Es un déficit democrático, que supone un riesgo para la viabilidad del proyecto europeo que ha trascendido a la ciudadanía en forma de desafección, y una pérdida de peso de la Unión como región.

  • El sistema decisorio comunitario parece funcionar desde una lógica intergubernamental, lo que provoca que los Estados ostenten, por lo general, mayor protagonismo que las instituciones europeas.

  • Un conjunto de acontecimientos de los últimos tiempos ha puesto de relieve la debilidad de fondo que atenaza a la U E como organización supranacional poniendo de manifiesto la insuficiencia de la reforma institucional El Tratado de Lisboa. Se ha constatado también una cierta falta de liderazgo político, económico y social de la U E.

  • Es necesario impulsar una unión política, democrática y a la vez legítima, que sea algo más que una unión de normas para supervisar, el correcto funcionamiento de los mercados, el sistema financiero y los presupuestos. Hay que apostar por un mayor grado de integración.

  • La llegada masiva de refugiados a la U E ha dado pie a que muchos países europeos hayan optado por actuar en función de sus respectivos intereses. Sigue siendo necesario avanzar hacia un Sistema Europeo Común de Asilo realmente efectivo.

  • Resultaría necesario una actuación coordinada ante el reto que supone la salida del Reino Unido de la UE garantizado que el proceso se desarrolle en un marco de transparencia y reciprocidad.

  • Como conclusión final, el CES considera prioritario continuar avanzando en la gobernanza económica de la UE. Es necesario que desde las instituciones comunitarias se desarrollen actuaciones más allá de la necesaria mejora de la gobernanza económica y que subrayen su compromiso con un proyecto de futuro para la Unión Europea adecuado a la posición de Europa en las nuevas circunstancias globales. La responsabilidad de todas las instituciones y los agentes sociales de contribuir  a la mejora de los procedimientos democráticos y a reforzar el modelo europeo basado en una economía social de mercado.

 

Texto integro delInforme 2/2017 sobre La gobernanza económica de la Unión Europea