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26/12/2017 Volver

El CES aprueba un informe sobre el Sector Eléctrico en España

  • El Consejo Económico y Social considera que el sector eléctrico debe jugar un papel fundamental en lucha contra el cambio climático, para la transición a un modelo de producción y consumo bajo en carbono.
  • La transición energética debe ser una Transición Justa, analizando para su diseño los impactos sociales, territoriales, económicos y ambientales, con medidas de gobernanza con amplia participación de los agentes económicos y sociales.
  • En la situación actual aparecen factores críticos, que deben ser considerados para facilitar la transición, como una electricidad cara que dificulta el proceso de electrificación de la economía.
  • La energía tiene un carácter insustituible en la mayor parte de las innovaciones científicas y tecnológicas actuales, en especial en el campo de la denominada digitalización.

El Pleno del Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado el Informe sobre el Sector Eléctrico en España, abordado por iniciativa propia, por una amplia mayoría. El principal organismo consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral decidió abordar este ambicioso informe al entender que, en este momento, el sistema afronta un proceso de transición de amplio calado, enmarcado en una estrategia general de sostenibilidad climática y energética, que implica modernizar la economía e impulsar las inversiones en los sectores relacionados con la energía limpia. Además, el informe resalta la importancia de la energía para el desarrollo social y económico, en su doble papel de insumo productivo y de bien de primera necesidad, a la que añade su carácter insustituible en la mayor parte de las innovaciones científicas y tecnológicas actuales, en especial en el campo de la denominada digitalización.

El propio informe justifica este trabajo en un doble interés por parte del Consejo Económico y Social: el marco regulatorio del sistema eléctrico requiere reformas para solucionar problemas actuales, pero también para dar respuesta a los retos que se dibujan para el futuro. Y estas reformas deben hacerse de manera que puedan aprovecharse las oportunidades que se perfilan en el proceso de transición.

El sector eléctrico supone casi una cuarta parte del consumo de energía final en España, sólo por detrás de los productos petrolíferos, que constituyen algo más de la mitad del total. Desde el punto de vista de la actividad económica, el peso directo de las actividades de producción y distribución de energía eléctrica está en torno al 2% del PIB, con una aportación a la formación bruta de capital fijo ligeramente por encima del 1%. El volumen de empleo se situó en torno a 80.000 personas en 2016, siendo un empleo significativamente más estable (un 15% de temporalidad frente a un 26% en el total de los asalariados), más cualificado y con retribuciones más altas que el promedio. Además, apenas se ha visto afectado por la crisis, como muestra el ligero saldo positivo del periodo 2007-2013.

El informe se enmarca, pues, en el reto que tiene el sector de mantener un suministro seguro, sostenible, asequible y competitivo, capaz de contribuir a la reducción del impacto negativo de la energía sobre el saldo exterior de la economía. Se trata de lograr, en el contexto de un mercado europeo de la electricidad más cohesionado en normas y mercados y con un mayor volumen de interconexiones físicas, un mix energético equilibrado que conjugue la generación renovable, esencial para reducir las emisiones de CO2, con el resto de tecnologías de generación.

Un reto que, en opinión del CES, exige adoptar decisiones moduladas en el tiempo, coherentes entre sí y medidas en cuanto al esfuerzo relativo y la viabilidad económico financiera de los procesos inversores.

Pero el informe resalta, igualmente, que el sector cuenta en España con una compleja regulación que afecta a todas sus actividades, desde la generación hasta la comercialización y suministro y, a día de hoy, algunos problemas que afectan al sector subrayan la necesidad de analizar en profundidad esta regulación y adoptar en su caso reformas adecuadas.

Entre estos problemas, son visibles en los años más recientes tensiones en el mercado, inseguridad jurídica en ciertas inversiones y volatilidad de los precios. Ello afecta, sin duda, a las actividades económicas que consumen electricidad como input y a los consumidores domésticos, en especial a los grupos más vulnerables, dado su carácter de bien de primera necesidad. Además, esos problemas dificultan los procesos inversores en el sector, puesto que no permiten una valoración adecuada de los flujos de caja futuros y, por consiguiente, de su rentabilidad.

Algunas de las principales cuestiones que se plantean son la viabilidad económicofinanciera de la elevada inversión en nueva capacidad renovable, el papel de la generación con fuentes no renovables en la garantía de la seguridad de suministro del sistema eléctrico, o la formulación de una fiscalidad ambiental capaz de orientar correctamente el mercado. Por otro lado, es necesario preservar en pie de igualdad con el objetivo ambiental el cumplimiento de los grandes objetivos económicos y sociales, de manera que se hace imprescindible abrir una amplia reflexión sobre las cuestiones económicas, laborales y sociales concernidas por esta transición, necesidad que se
subraya habitualmente a través de la denominación como "transición justa".

Por otro lado, el sector eléctrico debe jugar un papel fundamental en el proceso de descarbonización de la economía y para poder cumplir con los acuerdos de lucha contra el cambio climático. Hasta la fecha se ha mostrado como el sector que más y mejor puede contribuir a este cambio con la integración de las energías renovables que apoyan la descarbonización. Por tanto, hay que avanzar para facilitar todo este proceso identificando las barreras que podrían dificultarla.

  • La electricidad es cara a día de hoy, lo que dificulta este proceso de electrificación de la economía.
  • Disfunciones en la determinación de precios de la electricidad, los más elevados de Europa, por incremento de costes ajenos al suministro, que responden a decisiones de política energética, de cohesión social o medioambiental, que resulta discutible deban ser financiados a través de la factura eléctrica.
  • Riesgo de impacto inicial de la descarbonización sobre el empleo y la actividad económica de regiones como las zonas mineras.
  • Carencias en protección a consumidores más vulnerables.
  • Los impuestos asociados a la generación de electricidad, que alegan responder a objetivos medioambientales, tienen deficiencias que no permiten internalizar la externalidades negativas medioambientales.
  • Tipos de IVA excesivos.
  • Características de variabilidad de este mercado que no favorecen la previsibilidad de los precios, dificultando la planificación de los gastos de las familias.

El informe presenta una amplia batería de conclusiones y propuestas, entre las que cabe destacar las siguientes:

  • Garantía por el Estado del acceso a la energía eléctrica, sufragando su coste a hogares más vulnerables, en lugar de a través de las empresas comercializadoras. Financiación presupuestaria de la parte del coste de bono social asumida por las comercializadoras.
  • La sustitución de tecnologías en la transición energética debe hacerse teniendo en cuenta el impacto social, económico y ambiental, evitando la desertización territorial y contribuyendo al empleo.
  • Incrementar la introducción de competencia en los agentes operadores, impulsando un mix de generación diversificado.
  • Desarrollar interconexiones internacionales.
  • Apoyar la cogeneración.
  • Promover el autoconsumo de electricidad, con derecho a una retribución a cambio de la energía vertida en la red.
  • Trasladar el coste de políticas ajenas al suministro a otras vías de financiación.
  • Adopción de estrategias para facilitar las inversiones de medio y largo plazo y garantizar la coherencia de las acciones públicas. El CES propone, más concretamente, un Plan Estratégico Estatal sobre Transición Justa, Planes de reactivación de las zonas de transición y cooperación entre los agentes del sistema de innovación tecnológica.

 

Para consultar el informe completo:  Informe 4/2017 sobre El sector eléctrico en España