Notas de prensa

26/02/2016 Volver

El CES analiza la situación económica de la UE, así como los problemas de confianza institucional

  • La UE debería adoptar un planteamiento menos restrictivo de política fiscal que, sin cuestionar la necesaria consolidación fiscal, propicie un incremento sustancial de la inversión pública. El CES estima que se debería permitir mayor holgura en el cumplimiento de la senda de consolidación.
  • No parece que el FEIE, que materializa el Plan Juncker, pueda proporcionar un impulso fiscal en territorios donde la crisis es más profunda y que cuentan con menos margen presupuestario para apoyar los proyectos de inversión.
  • El CES estima razonable reforzar el presupuesto comunitario y establecer algún mecanismo para mutualizar deuda pública, pero en este campo no se han producido avances.
  • Respecto a los Consejos Nacionales de Competitividad, que tendrán el mandato de evaluar si los salarios están evolucionando paralelamente a la productividad, el CES expresa su preocupación, ya que esta facultad podría chocar con el modelo de determinación salarial del marco institucional español.
  • El CES considera necesario mayor coordinación y convergencia en el ámbito de la política económica y social para que se reduzcan las grandes diferencias en competitividad y cohesión social.
  • La nueva gobernanza económica ha producido un efecto de reducción del papel de las organizaciones sindicales y empresariales en el ámbito europeo en relación con el proceso de toma de decisiones.
  • La gobernanza comunitaria tiene deficiencias para tomar decisiones de forma conjunta y resolutiva frente a los retos que se les presentan. La UE se enfrenta a tres crisis: de gobernanza comunitaria, de asilo y refugio, que pone en cuestión valores tradicionales y la cultura de acogida europea e incluso la libre circulación, y crisis de vecindad, que evidencia la debilidad de la política exterior europea. Se continúa funcionando desde una lógica intergubernamental que ha generado pérdida de legitimidad de las instituciones comunitarias, un déficit democrático que ha trascendido a la ciudadanía en forma de desafección.
  • Es necesario una arquitectura política e institucional comunitaria que garantice que la cesión de soberanía de los Estados hacia la Unión vaya acompañada de mayor legitimidad democrática y rendición de cuentas de las instituciones.

El Pleno del Consejo Económico y Social ha aprobado el Informe elaborado por propia iniciativa sobre análisis de la gobernanza económica de la Unión Europea por una amplia mayoría de 40 votos a favor, 1 abstención y ningún voto en contra.

Este Informe es el tercero de los elaborados por el CES sobre esta materia en los últimos años: el primero, el Informe 3/2012, sobre Nueva gobernanza económica en la Unión Europea y  crecimiento, el segundo, el Informe 1/2014 sobre Evolución de la gobernanza económica de la UE, y este tercero, que tiene como objetivo fundamental revisar las actuaciones desarrolladas en este periodo para valorar el grado de avance, en relación con la gestión de la crisis y con el rediseño del sistema de gobernanza económica de la UEM, señalando los retos que aún persisten. Estos tres Informes incluyen conclusiones valorativas de la situación y propuestas para su mejora, de manera que cada Informe va tomando como referencia de su contenido estas conclusiones y propuestas formuladas con anterioridad.

El Informe analiza el contexto económico en la UE, y estima que se está produciendo una recuperación en conjunto, acompañada de divergencias entre los distintos Estados. La tasa de paro se ha ido reduciendo, pero aún se sitúa dos puntos y medio porcentuales más que al inicio de la crisis.

El incremento de la actividad está apoyándose en la distensión monetaria en los mercados financieros, una política monetaria expansiva, la suavización del proceso de consolidación fiscal, la caída de los precios del petróleo y la depreciación del euro. Pero existen factores que pueden condicionar el repunte en la economía: desaceleración del crecimiento en los emergentes, perspectivas menos favorables de los exportadores de materias primas, elevación del tipo de interés por la Reserva Federal EE UU, desaceleración del comercio mundial, tensiones geopolíticas internacionales que elevan la incertidumbre, o dificultades para reconducir la inflación europea hacia el objetivo de precios.

El CES estima que el margen de maniobra de la política monetaria es muy limitado para conseguir la recuperación del crecimiento, lo que implicaría tener que actuar de forma complementaria con medidas en el ámbito de la política fiscal. Las políticas fiscales contractivas adoptadas desde 2010 están dificultando la recuperación debido a la caída generalizada de la inversión pública. La Unión Europea debiera transitar hacia un planteamiento menos restrictivo de la política fiscal que, sin cuestionar la necesaria consolidación fiscal, propicie un incremento sustancial de la inversión pública. El CES estima que se debería permitir mayor holgura en el cumplimiento de la senda de consolidación fiscal a los Estados que continúan en la vertiente correctiva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

El Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, aun siendo positivo, llega tarde y resulta insuficiente. El desarrollo de las inversiones estratégicas dependerá de movilizar capital privado quedando relegadas las consideraciones de índole social, medioambiental o de cohesión territorial. El CES señala el riesgo de que esta iniciativa beneficie fundamentalmente a las grandes empresas con mayor capacidad de financiación y de que concentre las inversiones en los territorios de la UE más desarrollados y con sectores públicos más fuertes, lo que no contribuye a la necesaria convergencia estructural. No parece que el FEIE, que materializa el Plan Juncker, pueda proporcionar un impulso fiscal en territorios donde la crisis es más profunda y que son los que cuentan con menos margen presupuestario para apoyar los proyectos de inversión. Por otro lado, la vigencia del Fondo de tan solo tres años, suscita preocupación por la falta de herramientas que, con visión de largo plazo, puedan hacer frente de manera automática a futuras crisis de demanda e inversión.

De los nuevos desarrollos en la Unión Bancaria destacan las reglas sobre requisitos de capital, reestructuración y recapitalización bancaria y esquemas de cobertura de depósitos, aunque se trata de un proceso todavía incompleto.

El Mecanismo Único de Supervisión, tiene un alcance limitado y aunque entró en funcionamiento el Mecanismo Único de Resolución, y se puso en marcha el Fondo Único de Resolución, está pendiente algún mecanismo puente hasta que el Fondo esté completamente dotado en 2023. También se echa en falta algún mecanismo de respaldo público europeo, "backstop fiscal", para el caso en que una vez que el Fondo esté dotado, ocurra una situación de extrema necesidad y los mecanismos disponibles no resulten suficientes.

Sobre la Unión del Mercado de Capitales, el CES considera que, aunque se encuentra en una etapa inicial, supone un cambio significativo para el sistema financiero europeo, tradicionalmente dependiente de la financiación bancaria, y en busca ahora de aumentar el peso de fuentes de financiación alternativas.

Respecto de la lucha contra el fraude fiscal transfronterizo, se han dado avances sustanciales y acelerados en la cooperación administrativa, extendiendo el alcance del intercambio automático de información.

En la armonización tributaria no ha habido avances sustantivos en relación con el establecimiento en la UE de una base imponible común consolidada del impuesto de sociedades, ni tampoco en el impuesto sobre las transacciones financieras europeo.

Sobre el Marco presupuestario integrado, el CES estima razonable reforzar el presupuesto comunitario y establecer algún mecanismo para mutualizar deuda pública, propiciando la estabilización macroeconómica y la convergencia estructural en la Eurozona. Pero en este campo, no sólo no se han producido avances, sino que se ha cerrado sine die esta posibilidad.

Respecto a los Consejos Nacionales de Competitividad, que tendrán el mandato de evaluar si los salarios están evolucionando paralelamente a la productividad, e influir en los procesos de fijación de salarios, el CES quiere expresar una gran preocupación, ya que esta facultad choca con el modelo de determinación salarial del marco institucional español. El CES considera conveniente que los factores que influyen en la competitividad sean abordados en el marco del diálogo social europeo.

El CES considera necesario mayor coordinación y convergencia en el ámbito de la política económica y social para que se reduzcan las grandes diferencias en términos de competitividad y cohesión social dentro de la zona euro. Es necesario que se refuerce la coordinación de las políticas económicas y sociales y que vayan orientadas a profundizar el mercado único y preservar el modelo social europeo. Aunque el nuevo procedimiento de desequilibrio macroeconómico presta una mayor atención a los aspectos sociales y el empleo, éstos siguen subordinados a la evolución en el terreno económico y financiero, y ello se traduce en avances asimétricos en el ámbito de la gobernanza.

En el contexto de la última crisis, la Unión Europea ha carecido de una estrategia integrada en términos económicos y sociales, así como de mecanismos de gobernanza adecuados. La Comisión ha dado pasos positivos en el terreno de las políticas así como en las herramientas para su implementación, si bien siguen siendo insuficientes.

La nueva gobernanza económica ha producido un efecto de reducción del papel de las organizaciones sindicales y empresariales en el ámbito europeo en relación con el proceso de toma de decisiones. De ello se ha hecho eco la Comisión Europea en su Comunicación "Medidas destinadas a realizar la Unión Económica y Monetaria". Asimismo, cabe señalar que el "Informe de los cinco presidentes" propone una consulta más sistemática de los distintos gobiernos a los interlocutores sociales antes de la elaboración de los Programas Nacionales de Reforma (PNR).

Han persistido las debilidades de la arquitectura institucional. La gobernanza comunitaria tiene la deficiencia de la dificultad a la que se enfrentan los Estados a la hora de tomar decisiones de forma ágil, conjunta y resolutiva para hacer frente a los retos que se les presentan. La UE se enfrenta a tres desafíos: crisis de gobernanza comunitaria, en especial del euro; crisis de asilo y refugio, que no se ha afrontado de forma eficaz y conjunta y pone en cuestión los valores tradicionales y la cultura de acogida europea e incluso la libre circulación; y la crisis de vecindad, que de Ucrania a Siria ha evidenciado la debilidad de la política exterior europea. Se continúa funcionando desde una lógica intergubernamental que ha generado una cierta pérdida de legitimidad de las instituciones comunitarias, un déficit democrático que ha trascendido a la ciudadanía en forma de desafección de ésta hacia Europa. Y también una pérdida de peso de la Unión Europea como región, más allá de las presencias nacionales, en la escena internacional.

Respecto de la clarificación de los procesos de toma de decisiones y el aumento del poder decisorio del Parlamento Europeo, no se ha producido ningún resultado, ya que no se han operado en los Tratados las reformas necesarias. Tampoco se ha logrado reforzar el papel de los Parlamentos nacionales.

El CES valora como la Comisión impulsó la transparencia mediante la publicación de información sobre las reuniones celebradas por los Comisarios y con el Registro de Transparencia de la UE. Este último extremo podría contribuir a que los ciudadanos europeos recuperen el sentimiento "europeísta".

Cabe concluir que todavía queda un amplio camino por recorrer para la configuración de una arquitectura política e institucional comunitaria que garantice que la cesión de soberanía de los Estados hacia la Unión en los principales ámbitos económico-financiero vaya acompañada de mayor legitimidad democrática y rendición de cuentas de las instituciones comunitarias.