Notas de prensa

24/09/2014 Volver

El CES aprueba el dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Fundaciones

  • El dictamen comparte en líneas generales los objetivos enunciados en el Anteproyecto, entre otros fomentar las prácticas de buen gobierno y transparencia en el funcionamiento de las fundaciones, o la creación de un Registro Único de Fundaciones.
  • Aun así, el CES muestra su preocupación por que algunos de los cambios apuntan a un mayor intervencionismo especialmente por los nuevos actos para los que se prevé autorización previa, como en el caso de las contrataciones con personas vinculadas a la Fundación, por encima de determinados umbrales.
  • En opinión de este Consejo, la nueva regulación puede suponer trabas innecesarias a la constitución y la actividad de las fundaciones, en supuestos como la realización de actividades mercantiles o el destino de los ingresos.
  • El CES recomienda que el Anteproyecto de ley se tramite paralelamente con la futura normativa de carácter fiscal aplicable a las fundaciones.
  • El Gobierno tiene registradas 3.800 de estas entidades y la Asociación Española de Fundaciones estima que hay 9.500 activas que emplean 200.000 personas con un peso del 1% del PIB

El Pleno del Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado hoy el dictamen relativo al Anteproyecto de Ley de Fundaciones por 45 votos a favor y 2 abstenciones. Aunque el dictamen comparte en líneas generales los objetivos enunciados en el Anteproyecto, entre otros fomentar las prácticas de buen gobierno y transparencia en el funcionamiento de las fundaciones, el CES muestra su preocupación por que algunos de los cambios previstos puedan redundar en un mayor intervencionismo administrativo por los nuevos actos para los que se prevé autorización previa.

El artículo 13 del Anteproyecto establece autorización previa del Protectorado para constituir una fundación y determina que sin la resolución favorable "no será posible la escritura pública de constitución". Además, el texto permite el silencio administrativo como contestación a la solicitud de los fundadores. El CES considera que no está justificado el silencio administrativo negativo en estos supuestos, máximo con el volumen de actividad que recaerá sobre el organismo encargado de las fundaciones.

El escenario de un sector fundacional más tutelado por parte de la Administración podría en opinión del este Consejo alterar negativamente el equilibrio entre facultades del gobierno de las fundaciones y potestades del órgano protector, entre autonomía y control, introduciéndose rigideces innecesarias.

Lo cual tiene gran transcendencia dada la relevancia de las fundaciones en la economía española. La Asociación Española de Fundaciones (AEF) estima en 9.500 las entidades activas en España con un peso del 1% sobre el PIB nacional y 200.000 trabajadores. Por otra parte, el número de fundaciones inscritas en los registros de los siete ministerios con la función de protectorado se situó en torno a las 3.800.

La futura ley parte de la necesidad de una unificación del protectorado y la unificación del registro que pasará a un único dependiente del Ministerio de Justicia. Sin embargo, se ha optado por una reforma omnicomprensiva con una revisión general de la vigente Ley de Fundaciones". En opinión del CES, una revisión de numerosos aspectos del régimen jurídico de las fundaciones habría exigido una mayor y más detallada explicación y fundamentación de las razones que la avalan. Máxime a la vista de que los cambios contenidos en el Anteproyecto no parecen haber constituido una demanda sentida por el sector, a excepción de los relativos a la unificación de protectorado y registros.

Este excesivo cúmulo de cautelas y limitaciones se pone de manifiesto –además de en la autorización previa para la fundación- en la regulación de otros aspectos clave del Anteproyecto como el tratamiento de las actividades mercantiles, imprescindibles en numerosos casos como instrumentos para garantizar la viabilidad del cumplimiento de los fines fundacionales, el destino de los ingresos generados o la contratación con personas o entidades que mantienen determinados vínculos con la fundación.

  • Tratamiento de actividades mercantiles. El dictamen estima necesario que se delimite con mayor precisión lo que se entiende por actividades propias de la fundación y por actividades mercantiles, del mismo modo que sería conveniente que la futura norma asegura la identidad y correspondencia entre los fines de la fundación y las actividades que realiza.
  • Destino de los ingresos generados. El CES califica de confusa la redacción del precepto "ingresos del excedente", lo que puede derivar en discrecionalidad administrativa. Y llama la atención sobre el detalle regulatorio del Anteproyecto en este precepto, rayano en un cierto reglamentismo.
  • Contratación de personas vinculadas a la fundación. El CES reconoce lo positivo del propósito de regular los requisitos y límites a la actividad de contratación de personas físicas o jurídicas que tengan determinados vínculos con la fundación. Sin embargo, no comparte el contenido de la regulación por el cariz excesivamente restrictivo.
  • Dotación económica. El CES considera conveniente mantener la posibilidad de efectuar la aportación dineraria en forma sucesiva, tal y como está en la legislación vigente, y no de una solo vez como establece el Anteproyecto.
  • Obligación de contar con una página web. El CES cree que puede resultar excesiva para todo tipo de fundaciones, con independencia de su dimensión y medios, por lo que estima aconsejable vías alternativas como la utilización de portales ya existentes.
  • Responsabilidad de los miembros del Patronato. En criterio del CES, sería deseable que la regulación de la responsabilidad siente claramente que la misma recae, en todo caso, en los patronos personas jurídicas, cuando este sea el caso, y no sobre las personas físicas que las representen.

El desarrollo previsto para estos aspectos resulta en exceso complejo en opinión del CES y, en algunos elementos, incluso ambiguo, y en todo caso suscita dudas sobre su idoneidad para satisfacer los fines que busca el Anteproyecto. Fines como evitar posibles prácticas de dudoso encaje en un marco de libre competencia y de transparencia en la actividad fundacional y en el tráfico mercantil, que este Consejo comparte y avala plenamente, pero que considera que se podrían alcanzar con más garantías y menores riesgos mediante, por ejemplo, una mejor regulación que asegure la identidad y la correspondencia entre los fines recogidos estatutariamente y las actividades que efectivamente llevan a cabo las fundaciones.

Además, el CES se lamenta de que los riesgos derivados de estas posibles trabas y complejidad podrían agravarse si el organismo regulatorio carece de suficiente dotación material y humana para un funcionamiento ágil y eficiente como instrumento de supervisión de un sector que está creciendo en dimensión y en complejidad.

Para las organizaciones representadas en el CES hubiera sido deseable que la regulación de las fundaciones recogida en este Anteproyecto se acompañara de la futura normativa de carácter fiscal aplicable a estas entidades. En todo caso, este Consejo recomienda que estos proyectos de ley se tramiten paralelamente en las Cortes.

ASPECTOS POSITIVOS DEL ANTEPROYECTO

No obstante lo anterior, el CES también destaca los aspectos positivos que en su opinión aporta la norma dictaminada.

  • Da cumplimiento a la demanda del sector de un registro único para todas las fundaciones estatales, así como la unificación del protectorado en un único órgano de la Administración General del Estado. Ambas medidas contribuirán a mejorar la gestión de las fundaciones y a salvaguardar el fin de interés general al que sirven. Estos instrumentos contribuirán a la mejora de la certeza, la claridad y la seguridad en la promoción y la actividad de las fundaciones. De ahí que el CES estime la conveniencia de incluir en la norma un horizonte temporal de la puesta en funcionamiento de dichos instrumentos.
  • El CES también valora positivamente los avances que introduce el Anteproyecto en términos de eficiencia con la utilización de medios electrónicos.
  • En lo que respecta a la técnica legislativa empleada, acoge favorablemente la opción de elaborar una nueva ley, cuya estructura coincide con la actual, ya que permite una mejor comprensión de los cambios y facilita la labor consultiva.

Por último, el CES solicita al Gobierno que remitan para dictamen los reglamentos que puedan dictarse en desarrollo de esta ley, así como del régimen de las fundaciones del sector público estatal.