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25/11/2020 Volver

El Consejo Económico y Social se pronuncia sobre el anteproyecto de ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual

  • Pide que se valore el papel de los interlocutores sociales en el fomento de la igualdad y en la prevención y lucha contra la violencia en el trabajo
  • El CES aprueba un dictamen para erradicar todo tipo de violencia

El Consejo Económico y Social de España (CES) ha aprobado esta mañana un dictamen sobre el anteproyecto de ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, en el que comparte el propósito de prevenir y erradicar todo tipo de violencia, incluyendo la sexual.

El CES destaca que el Anteproyecto va más allá del Convenio de Estambul e introduce el desarrollo del derecho a la reparación. Sin embargo, observa cierta incongruencia entre los objetivos declarados de la ley, el contenido de algunos artículos y el propio título del Anteproyecto, que sugiere ajustar al establecimiento de un marco integral de protección de la violencia sexual contra las mujeres.

En concreto, el CES considera que la referencia genérica a la garantía de la “libertad sexual” puede confundir a los destinatarios de una norma centrada en prevenir, tipificar, sancionar y reparar las vulneraciones a dicha libertad sufridas por las mujeres.

Con respecto al tratamiento de la infancia y la juventud menor de edad, el CES estima que el Anteproyecto debería evitar solaparse y entrar en contradicción con el marco de protección integral contra la violencia específicamente enfocado a la infancia y la juventud menor de edad.

Avances en la igualdad

Por otra parte, el CES pide que el anteproyecto valore la aportación de los interlocutores sociales y el papel que les corresponde tanto en el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres como en la prevención y lucha contra la violencia en el trabajo.

Es más, en opinión del CES, el Anteproyecto tendría que reformular el tratamiento de las cuestiones relacionadas con la violencia sexual en el ámbito laboral, de forma coherente y respetuosa con las atribuciones de las organizaciones sindicales y empresariales y, en particular, con el derecho a la autonomía colectiva.

De forma paralela, el CES aboga por depurar la técnica jurídica del Anteproyecto en el caso de las reformas que se proponen al Código Penal para reforzar la lucha contra la violencia.

Respecto a la previsible creación del distintivo “Empresas por una sociedad libre de violencia de género”, el CES advierte de la importancia del rigor en su concesión para evitar erosionar la credibilidad y los objetivos de la propia norma. Y propone impulsar la implantación de mecanismos de prevención, control y seguimiento de actos hostiles o humillantes que, en el ámbito laboral o funcionarial, pudieran resultar constitutivos de acoso contra las personas trabajadoras.

Por último, el CES defiende una homogeneización de las víctimas de violencia sexual con las de violencia de género y terrorismo en lo que respecta a sus derechos de movilidad geográfica, al mismo tiempo que ve necesario asegurar una protección adecuada a todas ellas, lo que requiere de los instrumentos económicos necesarios.

Por ello, en cuanto a la nueva compensación económica, el CES cree que debería aclararse su naturaleza y sus fuentes de financiación, sin perjuicio de la responsabilidad de los poderes públicos de establecer los instrumentos adecuados para la protección económica de las víctimas de violencias sexuales y de género.