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13/07/2020 Volver

El CES aprueba su Memoria de 2019 marcada por el efecto del coronavirus

  • El diagnóstico compartido como el que ofrece el CES es la base de partida perfecta para contribuir a una reconstrucción económica, laboral y social para hacer frente a los efectos del COVID-19.
  • La estrategia de salida de la crisis debe contar con medidas proporcionadas pero ambiciosas y su puesta en marcha requerirá de un amplio consenso político, resultando imprescindible el diálogo social y la participación activa de los agentes económicos y sociales. 
  • El CES recomienda una doble actuación, a corto plazo con planes específicos de recuperación para los sectores más afectados (turismo, automóvil, o bienes de equipo) y a medio y largo un plan de recuperación con un programa ambicioso de inversión pública, con alto componente en intangibles como la educación, la investigación o la digitalización que cuente con el refuerzo de la colaboración público-privada y que actúe de palanca de una inversión privada, actualmente atenazada por altos niveles de incertidumbre.
  • A pesar del impacto positivo de las medidas adoptadas de cara al COVID-19, el CES considera que algunas características estructurales de la economía española, como el elevado peso de las actividades turísticas, la ocupación y la balanza de pagos; la alta tasa de temporalidad del empleo y el predominio de pymes; intensificarían previsiblemente las consecuencias negativas y ralentizarían la recuperación. 
  • Los menores ritmos de creación de empleo de 2019 subrayaban ya, en opinión del CES, la necesidad de impulsar un crecimiento económico sostenible. La irrupción del COVID-19 refuerza esa necesidad, con un cambio radical del panorama, con un fuerte impacto en la afiliación y el paro de marzo y abril. 
  • En términos salariales, el poder adquisitivo de los salarios pactados avanzaron un 1,58%. 
  • Educación: El CES señala que persisten importantes necesidades de mejora en la calidad y la equidad de la enseñanza en España, que deberían abordarse para mejorar los resultados educativos y las competencias del alumnado. 
  • Vivienda. El Consejo apunta que la búsqueda de un equilibrio entre la protección del arrendador y el arrendatario debe ser prioritaria para no limitar la oferta en un mercado del alquiler de tamaño reducido (18% del parque de viviendas). 
  • Medio Ambiente. El CES reseña que la producción de residuos, la contaminación atmosférica, la inadecuada gestión del agua o la frecuencia de incendios forestales son algunas de las principales amenazas para el entorno ambiental y la salud y calidad de vida. 
  • Consumo. El CES entiende que la progresiva digitalización del consumo reclama una actualización de los mecanismos de protección de los consumidores, con un mayor refuerzo de los derechos de los consumidores en línea, que debiera recoger la próxima estrategia (el último Plan de protección a los consumidores estuvo vigente en 2006-2009). 
  • Pensiones. El CES reitera la urgente necesidad de alcanzar un consenso en el Pacto de Toledo para el diseño de una nueva hoja de ruta con las medidas a adoptar en los próximos años. 
  • Sanidad. El Consejo apunta que los indicadores muestran que el SNS cuenta con tasas inferiores a la media de la UE de algunos equipamientos, como camas de hospital en funcionamiento o camas de UCI, así como una menor dotación de personal enfermero, que han podido lastrar el abordaje de la abrupta crisis sanitaria del COVID-19.

El Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado en un Pleno, presencial y a distancia, la Memoria Socioeconómica y Laboral correspondiente a 2019, el documento más relevante que elabora cada año, por mandato legal, el principal órgano consultivo del Gobierno en materia económica, laboral y social. 

El CES tiene previsto realizar un acto de difusión pública de la Memoria el próximo día 23 de julio, con la presencia de la Ministra de Trabajo y Economía Social y del Gobernador del Banco de España, en la sede del Consejo, abierto a los medios de comunicación.

Aunque el análisis se concentra en el ejercicio de 2019, hay numerosas referencias a la pandemia del COVID-19, una perturbación sin precedentes, que ha exigido otorgar un carácter diferente al análisis anual del panorama socioeconómico y laboral que realiza esta institución. En este contexto, su análisis cobra un especial interés al tratarse de un diagnóstico compartido por sindicatos, asociaciones empresariales y organizaciones de la sociedad civil - quienes forman el Consejo Económico y Social - ofreciendo una radiografía consensuada de la sociedad española de gran utilidad para responder a la crisis que el coronavirus ha provocado en términos no solo sanitarios, sino también económicos y laborales.

Esta Memoria cobra especial relevancia en estos momentos en los que se está debatiendo, tanto por los agentes sociales como por el arco político, las medidas que han de llevarse a cabo para recomponer España, en el plano económico y laboral, y en aspectos de índole social.

La Memoria mantiene su estructura habitual en tres Capítulos: el I analiza el panorama económico; el II se refiere al empleo y las relaciones laborales; y el III se ocupa de la calidad de vida y la cohesión social. La amplitud de sus contenidos, que facilita la visión conjunta de la situación socioeconómica y laboral de España, responde al criterio del CES de que es a partir de este tipo de análisis generales y horizontales cómo se pueden desarrollar las políticas adecuadas para la mejora de esta situación.

 

1.1 PANORAMA ECONÓMICO: PUNTO DE PARTIDA DE 2019

  • La pandemia aparece en un entorno de crecimiento mundial, pero en claro retroceso, con un incremento del PIB del 2,1% en 2019, el más bajo en una década, y el comercio internacional, con fuertes presiones geopólíticas, con un descenso del 0,1%.
  • España mantuvo la misma dinámica, con PIB subiendo al 2%, pero con tendencia decreciente con cuatro décimas por debajo de 2018, aunque se colocó seis décimas por encima de la media comunitaria. Además, su composición fue más equilibrada que años anteriores, con aportaciones de la demanda interna, que aportó al crecimiento del PIB 1,5 puntos frente a los 2,6 del año anterior, y de la demanda externa, que generó cinco décimas, en contraste de los dos últimos años que restó al crecimiento. Aunque con avances más moderados, todos los sectores productivos, a excepción del primario, contribuyeron al crecimiento del PIB en 2019.
  • En resumen, la economía española continuó en fase expansiva por sexto año consecutivo, acompañada de una notable creación de empleo y una reducción de la tasa de paro, una inflación moderada, avances en el proceso de desapalancamiento y con capacidad de financiación frente al resto del mundo. 
  • No obstante, la Comisión Europea volvió a señalar importantes desequilibrios macroeconómicos relacionados con el alto nivel de desempleo y con elevados volúmenes de deuda externa e interna, tanto pública como privada, aunque se habrían producido avances en su corrección.
  • Respecto a las cuentas de las Administraciones públicas, en 2019 se registró un aumento del déficit observado y estructural, lo que rompió con la tendencia sostenida a la reducción iniciada en 2013, dando carácter expansivo a la política fiscal e incumpliendo las reglas fiscales europeas.
  • La reconstrucción tras el COVID-19 parte con una deuda de las Administraciones Públicas que continuó reduciéndose en 2019, hasta el 95,5 por 100 del PIB con una rebaja de 2,1 puntos porcentuales sobre 2018; aunque para el CES continúa siendo un nivel muy elevado que dificulta la inversión pública y limita el margen de actuación del sector público en los próximos ejercicio, especialmente después del fuerte impacto presupuestario que supone la pandemia.
  • La estrategia de salida de la crisis debe contar, en todo caso, con medidas de política económica proporcionadas pero a la vez ambiciosas, necesitando en algunos ámbitos intervenciones puntuales y quirúrgicas, medidas que deben conjugar la necesidad de ser ágiles, con la de ser precisas y estar coordinadas a todos los niveles. Su puesta en marcha requerirá contar con un amplio consenso político, resultando imprescindible, en este marco, tanto el diálogo social como la participación activa de los agentes económicos y sociales. 

 

1.2 PANORAMA ECONÓMICO: CAMBIO DRÁSTICO POR LA PANDEMIA

  • La economía española ha sido una de las más afectadas por la pandemia tanto desde la perspectiva sanitaria, como económica y social, aunque el impacto ha sido muy distinto por sectores. La mayor parte vieron completamente interrumpida su actividad por las medidas de contención, pero fue la producción de servicios “de proximidad” la que sufrió un mayor impacto y presenta peores perspectivas de cara a la recuperación; especialmente, las actividades de comercio, transporte y hostelería, que representan de manera conjunta más de una quinta parte del PIB español y más de una cuarta parte del empleo asalariado. 
  • Para contrarrestar los efectos, las decisiones de política económica se orientaron a evitar la pérdida de puestos de trabajo y el cese de actividad definitivo de empresas y autónomos. Se han puesto en marcha diferentes medidas de política económica dirigidas a mantener la renta de trabajadores y autónomos, en el marco del diálogo social, garantizar la liquidez al tejido empresarial y mitigar la pérdida de rentas de las personas y hogares más vulnerables.
  • Sin embargo, a pesar del impacto positivo de estas medidas, el CES considera que algunas características estructurales de la economía española, como el elevado peso de las actividades turísticas, la ocupación y la balanza de pagos; la alta tasa de temporalidad del empleo y el predominio de pymes; intensificarían previsiblemente las consecuencias negativas para España y podrían ralentizar la recuperación. Además, la persistencia de un alto nivel de desempleo y unos elevados volúmenes de deuda externa e interna, tanto pública como privada, dificultan aún más la senda de recuperación.
  • Respecto al ritmo de recuperación, el CES entiende que la economía española podría empezar a recuperarse a partir del tercer trimestre de este 2020. Sin embargo, es bastante probable que el repunte de la actividad que se produzca en el segundo semestre del año y en el conjunto de 2021 no compense la abrupta caída anterior.
  • De cara a la recuperación, el Consejo recomienda, a corto y medio plazo, planes específicos de recuperación para los sectores más afectados por el COVID-19 como el turístico, el automovilístico o el de bienes de equipo, y a largo plazo, un plan de recuperación a partir de programas ambiciosos de inversión pública, en proyectos alineados con la sostenibilidad medioambiental y el fortalecimiento del sistemas de cuidados, con alto componente en intangibles como la educación, la investigación o la digitalización, que cuente con el refuerzo de la colaboración público-privada y a que actúe como palanca de una inversión privada, actualmente atenazada por los elevados niveles de incertidumbre, planteamiento que ya era pertinente antes de la pandemia.
  • Una vez que la economía se adentre en una senda sólida de recuperación, será necesario alcanzar un consenso para aumentar la capacidad recaudatoria del sistema tributario, en línea con los estándares europeos, lo que reforzará la credibilidad del compromiso de España con la reducción de la deuda pública a medio plazo. Asimismo, es necesario incrementar la eficiencia y la eficacia del gasto público que realizan las diferentes Administraciones, sobre la base de evaluaciones rigurosas y periódicas de los distintos programas y políticas, un terreno que el que existe un amplio margen de mejora en España.

 

2.1 PANORAMA DEL EMPLEO: MERCADO DE TRABAJO EN 2019

  • Al final de 2019 los indicadores laborales apuntaban el debilitamiento en el ritmo de creación de empleo y reducción del paro. El año pasado cerró con 19,8 millones de personas empleadas, 450.000 más que en 2018, un crecimiento menos intenso que en los años, aunque permitió enjugar el 75% de la pérdida de empleo que produjo la crisis de 2008. El desempleo, por su parte, se redujo en 438.000 personas, con 3,5 millones de parados, con una reducción del 66% del mayor paro de la anterior crisis.
  • El CES señala que lo menores ritmos de creación de empleo subrayaban ya a principios de este año la necesidad de impulsar un crecimiento económico sostenible, capaz de incrementar desde bases sólidas el ritmo de creación de empleo. Lo que se refuerza con la irrupción del COVID-19 que cambia radicalmente el panorama, 850.000 afiliados menos en marzo de 2020, aunque sólo 49.000 en abril, y unos 300.000 parados registrados más tanto en marzo como en abril.
  • A diferencia de años anteriores, el crecimiento del empleo indefinido fue en 2019 más elevado que el del temporal, gracias al sector privado en el que el indefinido aumentó un 4,5%, frente al sector público que cae un 0,8%. La temporalidad bajó 0,6 puntos, siendo mayor, por primera vez en toda la serie histórica, en el sector público, 27,7%, frente a un 26,9% en el privado. 
  • La caída del empleo con el COVID-19 muestran una alta concentración en los afiliados con contrato temporal: en media mensual, 224.000 personas menos en marzo, y 423.000 menos en abril, frente a descensos más moderados en los afiliados con contrato indefinido (16.000 y 82.000 menos en cada uno de esos dos meses). En el momento inicial de la crisis sanitaria hubo un mayor impacto relativo en el empleo joven, cuyo principal origen fue la elevada temporalidad que facilitó su salida a muy corto plazo.
  • El año pasado se dedicó a política de empleo en España 24.731 millones de euros, un 6,5% más que el año anterior, de los cuales 18.757 millones se dedicaron a políticas de protección, que crecieron por primera vez desde la crisis, y 5.974 millones de euros, a políticas activas de empleo. Dentro de estas, el fomento de empleo ascendió a 2.703 millones de euros, la formación profesional para el empleo a 2.143 millones. El grado de ejecución del gasto en políticas activas fue del 90%, mientras que en protección el 99,5%.
  • Se realizaron 256.728 contratos bonificados, un 16,4% menos que en 2018, que responde a la caída en la contratación indefinida del 85% por la derogación de ciertas figuras contractuales.

 

2.2 DIALOGO SOCIAL Y RELACIONES LABORALES

  • El inicio de la nueva legislatura supuso también una “nueva etapa” para el diálogo social tripartito. En enero de 2020 se celebró la primera reunión de la mesa de diálogo social sobre Empleo y Relaciones Laborales, que sirvió a su vez como declaración de intenciones para un nuevo impulso del diálogo a tres bandas. Fruto de este relanzamiento fue la firma, el 30 de enero de 2020, del Acuerdo para el SMI. 
  • Ante la situación sin precedentes del COVID-19, las organizaciones empresariales y sindicales CEOE, Cepyme, UGT y CCOO reaccionaron ante una caída de la actividad económica sin parangón y acordaron una serie de medidas extraordinarias, que presentaron al Gobierno en una propuesta conjunta el 12 de marzo de 2020. Entre las medidas de carácter temporal y excepcional, destaca una nueva regulación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte) por fuerza mayor. A medida que las necesidades sociales y económicas avanzaban, se fueron adoptando nuevas medidas por parte el Gobierno que no contaron con el consenso de todos los interlocutores sociales. A destacar la firma, el 11 de mayo, del Acuerdo Social en Defensa del Empleo.
  • Sobre la negociación colectiva, en términos de convenios registrados y de trabajadores y empresas afectados, hay una clara continuidad en 2019 de la senda de recuperación iniciada cinco años antes. A marzo de 2020 había 4.028 convenios colectivos registrados con efectos económicos en 2019 que afectaban a 1,2 millones de empresas y a 10,1 millones de trabajadores.
  • En términos salariales, el poder adquisitivo de los salarios pactados, que avanzaron provisionalmente un 1,58%.
  • El año pasado se observa un repunte del número huelgas, con datos provisionales. Las 856 huelgas contabilizadas entre enero y diciembre un 18% más que en 2018, superando un nivel no alcanzado desde los años de la última crisis. No obstante, se vieron implicados menos participantes y supusieron menos jornadas perdidas por huelga que el año anterior.
  • La Inspección de Trabajo realizó 1.060.482 actuaciones el año pasado, un 3,96% superior a 2018. Por segundo año consecutivo fue en aumento, después de que en 2018 se pusiera fin a la tendencia descendente que se experimentó desde 2014.
  • En materia de salud laboral, el CES pone de manifiesto las dificultades relacionadas con la disponibilidad de los equipos de protección individual (EPI) que han sido especialmente evidentes entre determinados grupos de trabajadores expuestos en primera fila de la lucha contra la enfermedad. Más allá del COVI-19, el año pasado se registraron 1.359.548 accidentes de trabajo, un 2% más que el año anterior, aunque los fallecidos se redujeron en el puesto de trabajo un 12% y un 6,4% in itinere.

 

3 PANORAMA SOCIAL

En 2019 despuntaba ya en la realidad social una evolución moderadamente positiva, recogiendo la estela de seis años de crecimiento y a pesar de los primeros signos de ralentización de la economía y el empleo. No obstante, las secuelas sociales de la última crisis todavía perduraban para una parte no desdeñable de la población.

Buena parte de las principales dimensiones de las políticas de bienestar había recuperado, en cifras absolutas, los niveles de gasto anteriores a las restricciones presupuestarias adoptadas durante la anterior crisis, alcanzado en 2018 el 40,5% del total de gasto público, aunque el incremento no se ha debido a un aumento real de las prestaciones, sino a la recuperación de las plantillas públicas dedicadas a ello.

La riqueza neta de los hogares no se había recuperado a niveles anteriores a la crisis, mientras que más de la mitad de ellos tenían contraída algún tipo de deuda, con un valor mediano de 35.000 euros.

3.1 Enseñanza

  • El CES señala en la Memoria de 2019 que persistían importantes necesidades de mejora en la calidad y la equidad de la enseñanza en España, que deberían abordarse para mejorar los resultados educativos y las competencias del alumnado, en perspectiva de futuro. 
  • Sobre el COVID-19, la terminación del año lectivo, la falta de acuerdo y las diferentes opciones de las administraciones educativas de las CCAA sobre cómo realizar las evaluaciones en un trimestre tan atípico y respecto al cierre del curso 2019-2020 y el comienzo del siguiente ha generado gran inquietud en la comunidad educativa, incluyendo el retraso y la adaptación de pruebas tan importantes como la EBAU.

3.2 Vivienda

  • A pesar de la mejora de la situación económica y el empleo, el acceso a la vivienda no mejoró sustancialmente durante los últimos seis años de recuperación debido a la evolución de los precios de mercado, que la seguían haciendo inasequible para buena parte de la población. 
  • El CES apunta que la búsqueda de un equilibrio entre la protección del arrendador y el arrendatario debe ser prioritaria para no limitar la oferta en un mercado del alquiler de tamaño reducido (18% del parque de viviendas) y en el que la mayoría de los arrendadores son particulares, no representando los grandes tenedores de viviendas más del 5% del mercado.
  • Sobre el COVID-19, el CES considera que las medidas aprobadas por el Gobierno en materia de vivienda pueden atenuar el primer impacto, pero, dado su carácter coyuntural, difícilmente pueden paliar las carencias de las políticas en materia de vivienda y urbanismo acumuladas a lo largo de décadas.

3.3 Medio Ambiente y Sostenibilidad

  • Tras los escasos avances en iniciativas reseñables que caracterizaron la mayor parte de 2019, el Gobierno constituido en enero de 2020 reimpulsó algunas de las más emblemáticas en el ámbito de la lucha contra el cambio climático en este año.
  • El CES reseña que la producción de residuos, la contaminación atmosférica, la inadecuada gestión del agua o la frecuencia de incendios forestales son algunas de las principales amenazas para el entorno ambiental, la salud y calidad de vida.
  • La confluencia entre las crisis sanitaria y climática se traslada a los principios sobre los que la UE pretende sustentar la recuperación económica post COVID-19 a través de iniciativas como el Pacto Verde y los nuevos Fondos de apoyo financiero: la lucha contra el cambio climático y la transición justa hacia un modelo productivo sostenible.

3.4 Consumo

  • El CES entiende que la progresiva digitalización del consumo reclama una actualización de los mecanismos de protección de los derechos de los consumidores, con un mayor refuerzo de los derechos de los consumidores en línea, que debiera recoger la próxima estrategia (el último Plan de protección a los consumidores estuvo vigente en el periodo 2006-2009).

 

4 PROTECCIÓN SOCIAL

En 2019 seguían persistiendo importantes debilidades en el sistema español de protección social, tal y como advierten reiteradamente las instituciones europeas en sus informes anuales sobre España, como la ausencia de un modelo integral de apoyo a la infancia y las familias con hijos; la práctica inexistencia de políticas de vivienda social; la fragmentación de las ayudas de garantía de ingresos en el nivel no contributivo y asistencial así como el todavía insatisfactorio nivel de desarrollo del sistema de atención a la dependencia y la coordinación sociosanitaria. La eficacia de la protección social a la hora de atenuar los riesgos sociales seguía admitiendo, por tanto, a la altura de 2019 un importante margen de mejora.

4.1 Pensiones y previsión social complementaria

  • La renovación del Pacto de Toledo, prevista para comienzos de 2019, se frustró con la convocatoria de elecciones generales. Sin embargo, el CES reitera la urgente necesidad de alcanzar un consenso para el diseño de una nueva hoja de ruta con las medidas a adoptar en los próximos años en este terreno.
  • Las enormes consecuencias sociales del COVID-19 han acelerado el ingreso mínimo vital (IMV), comprometido en la Estrategia de lucha contra pobreza y la exclusión social aprobada en 2019. El nuevo mecanismo de garantía de ingresos de ámbito estatal se articula a través de un nuevo derecho subjetivo que toma forma en una nueva prestación no contributiva de Seguridad Social que recibe la mayor ampliación de la vertiente no contributiva desde su creación en 1990.
  • Los problemas de sostenibilidad de la Seguridad Social, tanto por el reto demográfico, como por las consecuencias de la crisis de 2008 (con déficit recurrentes desde 2012), se habrían visto acentuados con la irrupción de la pandemia por COVID-19 a comienzos de 2020. 

4.2 Protección por desempleo y cese de actividad

  • El COVID-19 ha supuesto un aumento de beneficiarios de prestaciones por desempleo sin precedentes. A finales de abril el sistema contaba con 4,6 millones de perceptores, frente a los 1,8 millones con los que contaba el mismo mes 2019. Comparativamente, en todo el año pasado 6,7 millones de beneficiarios. 
  • En el caso de los autónomos, la dimensión ha sido más acusada, pues en todo el pasado año recibieron prestaciones por cese de activad apenas un millas, y con el COVID-14, han sido partícipes 1,4 millones de trabajadores por cuenta propia

4.3 Protección de la salud y sistema sanitario

  • En términos de porcentaje del PIB, el gasto sanitario público no ha logrado situarse en el valor medio de la UE, encontrándose España muy por debajo del registrado en algunos países como Francia o Alemania.
  • El COVID-19 ha permitido al sistema sanitario mostrar algunas de sus fortalezas, pero también importantes debilidades. La falta de mecanismos para abordar crisis se ha hecho patente con la ausencia de desarrollo de la norma que prevé la creación de instrumentos de vigilancia epidemiológica y de coordinación con las comunidades autónomas, que no se han creado casi diez años después de la aprobación.
  • Indicadores del sistema muestran un panorama en el que el SNS cuenta con tasas inferiores a la media de la UE de algunos equipamientos, como camas de hospital en funcionamiento o camas de UCI, así como una menor dotación de personal enfermero, que han podido lastrar el abordaje de la abrupta crisis sanitaria.

4.4 Atención a la dependencia

  • Después de varios años de descensos consecutivos, el volumen de la lista de espera para acceder a una prestación de dependencia se incrementó un 8% (casi 20.000 personas más) en 2019, lo que significa que casi un 20% de la población en situación de dependencia reconocida no recibe atención. 

 

Más Información acerca de la Memoria
En este enlace están disponibles el texto del Resumen ejecutivo y el de la Memoria completa donde se pueden consultar multitud de cuadros y ampliar la información.
http://www.ces.es/memorias

 

 

 

 

 

 

Acerca del Consejo Económico y Social (CES)
El CES es el principal órgano consultivo del Gobierno español en materia socioeconómica y laboral. En él están representados las organizaciones sindicales más representativas del país, las empresariales (CEOE y Cepyme) y las organizaciones del tercer sector (consumidores, cooperativas, agricultores y el sector pesquero). El Consejo Económico y Social además de la elaboración de informes por iniciativa propia, y dictaminar los anteproyectos de ley en materia económica que le ha de remitir el Gobierno, está obligado por ley a realizar cada año una memoria en la que se analice la situación económica, laboral y social de España durante ese año.