Notas de prensa

26/3/2013 Volver

El CES aprueba el dictamen del Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones

  • El CES apunta que el anteproyecto debería resultar más garantista y explícito a la hora de proteger el volumen de inversiones que exige el despliegue de redes.
  • Critica las trabas impuestas a las administraciones públicas para garantizar directamente la accesibilidad a las telecomunicaciones en determinados ámbitos geográficos o sectores sociales cuando no puede ser cubierto por la iniciativa privada.
  • Respecto al nuevo sistema de regulación, que reparte las competencias de la CMT entre la futura CNMC y el Ministerio de Industria, el CES considera que no garantiza una regulación independiente del sector de las telecomunicaciones y solicita pasar la competencia de Industria al nuevo organismo regulador.

El Pleno del Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado por amplísima mayoría (44 votos a favor y 1 abstención) el dictamen sobre el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones. Considera que la importancia estratégica del sector de telecomunicaciones implica que en su regulación se debe tener como objetivo la configuración de un modelo sostenible, basado en la competencia efectiva de infraestructuras y la inversión en nuevas redes, con un elevado nivel de seguridad jurídica y capacidad para consolidar la calidad de los servicios y aumentar el alcance del servicio universal, cerrando con ello la brecha digital.

El dictamen determina en sus observaciones varios aspectos positivos del anteproyecto de ley:

  1. La predisposición (al menos como principio) por la innovación y la inversión, con un marco jurídico favorable al despliegue de red por los operadores.
  2. La ampliación del tratamiento de la discapacidad, aunque lo recogido como principios y objetivos no se refleja de manera adecuada en el texto articulado.

Y también varios aspectos generales desfavorables:

  1. La limitación a la capacidad de actuación de las administraciones públicas en la provisión de los servicios de interés general.
  2. El tratamiento desequilibrado de los procedimientos para la solución de eventuales conflictos competenciales entre administraciones.
  3. La escasa mejora en las garantías relativas a la preservación de datos personales y sobre los derechos de libertad de contenidos y de acceso a la información.
  1. La complejidad y la inseguridad jurídica que genera la amplitud de cuestiones que quedan pendientes de futuro desarrollo normativo.

Entrando en el detalle del anteproyecto, el CES aporta cuatro observaciones de carácter general al texto remitido para su dictamen por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo el pasado 19 de febrero.

Inseguridad jurídica

La excesiva apelación a posteriores desarrollos reglamentarios determina que la regulación de aspectos esenciales no disponga de las garantías propias de una norma de rango superior. Igualmente, el CES considera que la responsabilidad de garantizar el despliegue de redes y de introducir nuevas tecnologías debe acompañarse de un marco jurídico estable y seguro dado el volumen de inversión exigido. En este sentido, el dictamen apunta que la norma debería resultar más garantista y explícita a la hora de proteger las inversiones en el despliegue de redes.

Condición de servicio público en las telecomunicaciones

El anteproyecto puede resultar confuso respecto a la condición y obligaciones de servicio público en opinión del CES. Además, la futura ley debe permitir que, llegado el caso y como último recurso, la administración pública pueda actuar directamente para garantizar la accesibilidad en determinados ámbitos geográficos o sectores sociales, extremo que queda comprometido con la actual redacción del texto dictaminado.

Contenidos e información

El Consejo cree que debería extremarse la preservación de garantías y las sistemática con que se abordan en el anteproyecto los aspectos que atañen a la libertad de contenidos en las comunicaciones y a la privacidad de éstas. Sobre el derecho de los usuarios, el CES echa en falta alguna disposición tendente a preservar de manera más explícita el principio de neutralidad de la red.

Recursos disponibles para el desarrollo de la norma

El dictamen entiende necesario dotar de fondos suficientes los instrumentos del Anteproyecto que tienen que contribuir al logro de los fines que persigue. Así lo aconseja la trascendencia y amplitud de tales objetivos y la importancia de las telecomunicaciones para el desarrollo económico y social del país.

Respecto al articulado del anteproyecto, cabe resaltar algunas consideraciones que el dictamen considera mejorables:

- El CES resalta que el anteproyecto detalla la mejora del tratamiento de la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad. Sin embargo, entiende que su consideración sería mejorable en algunos aspectos si se determinasen plazos y compromisos a cumplir para evitar la discriminación de las personas con discapacidad.

- El dictamen recoge la preocupación porque el anteproyecto pueda originar discrepancias sobre las competencias de las diferentes administraciones. En todo caso, la norma debe tener, en opinión del CES, un escrupuloso respeto por las competencias que ostenta cada administración pública.

- Otro aspecto que resalta el dictamen es que las prevalencias de la normativa sectorial (como este anteproyecto) no pueden comportar una rebaja de los derechos de los consumidores y usuarios establecidos en la normativa general.

- Respecto a las transmisiones de los títulos habilitantes y derechos de uso de dominio público radioeléctrico, el CES entiende que el Anteproyecto deja de manera excesivamente indefinida la conformación y las condiciones en que se establecerá, mediante desarrollos normativos, el régimen de funcionamiento de dicho mercado secundario.

- Sobre la desaparición de la CMT y su sustitución por la futura CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia), el dictamen solicita que el reparto de funciones [entre la CNMC y el Ministerio de Industria que se queda con parte de las competencias de la CMT] debe corregirse. Considera que este nuevo modelo no garantiza una regulación independiente del sector de las telecomunicaciones y que las competencias sobre registro de operadores, calidad del servicio, integridad y seguridad de redes o la portabilidad, atribuidas al Ministerio en el nuevo diseño de los órganos reguladores, deberían recaer sobre la CNMC.