Notas de prensa

20/06/2017 Volver

El CES aprueba su Memoria de 2016

  • Cierta mejoría de la situación social reflejo de la evolución del mercado de trabajo y del incipiente aumento de las rentas de las familias, aunque quedan demasiados hogares al margen de la recuperación.
  • La crisis ha dejado secuelas que requieren compromisos de actuación. Un momento clave para marcar un rumbo claro en las políticas, partiendo de una evaluación de su impacto.
  • La tasa de empleo creció 1,5 puntos, casi el doble que en la UE-28, pero aún no se ha recuperado todo el empleo perdido. Descenso del paro, pero también retroceso de la población activa. Nulo crecimiento vegetativo e inversión en el saldo migratorio.
  • En el Plan Anual de Política de Empleo se echa en falta evaluación de las actuaciones desarrolladas. Baja eficacia de tres partidas: ayuda económica de acompañamiento del PAE, gasto comprometido en formación profesional y Garantía Juvenil.
  • Con un crecimiento de los ingresos y gastos públicos muy inferior al PIB nominal, el sector público español perdió peso en términos de PIB, lo que acrecentó la divergencia con el promedio de la Eurozona.
  • El elevado nivel de riesgo de pobreza y exclusión social sigue siendo un problema social de primer orden. La solución no puede provenir exclusivamente del sistema de protección social, requiere un planteamiento integral de todas las políticas públicas.

El Consejo Económico y Social (CES) aprobó en el Pleno del día 31 de mayo de 2017, con una amplia mayoría (tan solo 2 votos en contra), la Memoria Socioeconómica y Laboral correspondiente a 2016, el documento más relevante que elabora cada año, por mandato legal, el principal organismo consultivo del Gobierno en materia económica, laboral y social.

Se trata de un diagnóstico compartido por sindicatos, asociaciones empresariales y organizaciones de la sociedad civil, que forman el Consejo Económico y Social.

La Memoria mantiene su estructura habitual en tres Capítulos: el I analiza el panorama económico, el II se refiere al mercado de trabajo, políticas de empleo y relaciones laborales, y el III se ocupa de la protección social y la calidad de vida. La amplitud de sus contenidos, que facilita la visión conjunta de la situación socioeconómica y laboral de España, responde al criterio del CES de que, es a partir de este tipo de análisis generales y horizontales, como se pueden desarrollar las políticas adecuadas para la mejora de esta situación.

PANORAMA ECONÓMICO

  • En un 2016 marcado por notables incertidumbres y las ideas contrarias al proceso globalizador, la economía mundial se expandió un 3,1%, desacelerándose tres décimas respecto a 2015, y el comercio internacional creció un 2,2%. En un entorno de débil crecimiento, con aumento de la desigualdad y recrudecimiento de tensiones geopolíticas, se están agudizando las políticas aislacionistas.
  • En la UE, crecimiento estable aunque moderado. Condicionan la situación, las tensiones geopolíticas internacionales, las negociaciones sobre el Brexit y la situación bancaria.
  • La reorientación de la política presupuestaria de la Unión, menos restrictiva, supone en opinión del CES un importante cambio en la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento . La Unión Bancaria ha avanzado poco.
  • Las debilidades de la arquitectura institucional europea denotan dificultades para respuestas coordinadas a consecuencias de la crisis como el crecimiento de la desigualdad. El Brexit requiere una actuación coordinada entre Estados. El avance de los euroescépticos y populistas podría desembocar en más incertidumbre política. El CES remarca la necesidad de impulsar una unión política, democrática, y a la vez legítima –"más y mejor Europa"-, más que una Unión de numerosas normas.
  • España mantuvo la senda expansiva iniciada en 2014, en un año marcado por elevada incertidumbre asociada principalmente a la situación política. A pesar de ello, el PIB creció un 3,2%, superando en 1,3 puntos el crecimiento medio de la UE. Un avance sustentado por políticas de demanda expansivas (especialmente la monetaria), reducidos precios del petróleo y dinamismo del turismo. Avances en desapalancamiento del sector privado, aumento del superávit exterior y reducción de tasa de paro. Composición del crecimiento más equilibrada. Demanda interna y externa aportaron crecimiento, más dinámicos el consumo de hogares, la inversión en bienes de equipo y las exportaciones de servicios.
  • Al avance del PIB contribuyeron todos los sectores. El primario creció un 3,4%; el VAB de la industria el 2,4%; el de construcción el 2,5%, y en servicios, el 3,4%, gracias en parte al empuje de la distribución comercial y el avance del turismo.
    De los 482.000 puestos de trabajo equivalente a tiempo completo creados en el año, el 82,1% los aportó servicios, y la industria el 8,5%. El sector primario y la construcción respondieron del 4,8 y el 4,6%, aunque en el caso de este último, su ocupación está lejos de la anterior a la crisis. Sin la contribución de la construcción resulta difícil recuperar los niveles de empleo anteriores a la crisis, dado sus efectos de empuje sobre el total de la economía. El CES considera el fortalecimiento de la industria como una necesidad estratégica para un crecimiento sostenible y resalta la firma, por los agentes económicos y sociales el año pasado, de la Declaración por la Industria. Las tensiones en el mercado de la electricidad subrayan la necesidad de medidas que tengan en cuenta una estrategia de sostenibilidad climática y energética.
    El crecimiento del turismo responde a factores externos y a cambios como la moderación de costes, su adaptación a nuevos hábitos de consumo y la mejora en la explotación de recursos naturales y culturales.
    La Memoria apunta la necesidad de mejorar la productividad y la competitividad de los servicios profesionales.
  • Tras un proceso de restructuración, el sector financiero registra modestos resultados de rentabilidad, derivados de factores como bajos tipos de interés o elevada presencia de activos improductivos en los balances. Sin embargo, las perspectivas de mejora económica, la caída de la morosidad y los bajos costes financieros son elementos esenciales para que las entidades financieras llevaran a cabo nuevas operaciones de crédito. El sector afronta, como retos más relevantes, el impacto del Brexit, el mantenimiento de un entorno de bajos tipos de interés y las consecuencias del desafío digital. Incertidumbre sobre rentabilidad futura y necesidad de reflexionar sobre modelo de negocios.
  • La economía creció de forma más equilibrada con aportaciones positivas de la demanda interna y la externa. Los hogares se comportaron como el componente más dinámico gracias a la evolución de la renta disponible y el acceso a la financiación.
    La inversión agregada se desaceleró, consecuencia de la elevada incertidumbre. No obstante, la inversión en bienes de equipo aumentó un 5%, debido al buen comportamiento de la demanda y mejora en financiación
    Por primera vez desde 2000, el incremento de la actividad se apoyó en una contribución positiva del sector exterior. Aumento de superávit de la balanza de bienes y servicios por la reducción del déficit comercial de mercancías y el aumento del superávit en servicios.
    En mercancías, los sectores más importantes en exportaciones e importaciones fueron el semimanufacturero y el de bienes de equipo. La UE reforzó su posición como principal origen y destino de productos españoles. Significativa dependencia de España con respecto a China. En comercio de servicios, el turismo volvió a ser la principal partida, con importancia creciente de servicios técnicos comerciales y vinculados a telecomunicaciones.
  • Capacidad de financiación se mantuvo en el 2% del PIB, y respondió al avance del ahorro bruto.
    Descenso del endeudamiento total de la economía: deuda total acumulada del 244,8% del PIB, 8,5 puntos menos que el ejercicio anterior. Los bajos tipos de interés del BCE lo han favorecido. A pesar de ello, el nivel de endeudamiento, público y privado, es uno de los principales desequilibrios. La inversión internacional neta de España disminuyó su saldo deudor, situándose en la cifra más baja de los últimos cuatro años. Pero la posición deudora neta todavía es elevada.
  • Remuneración de asalariados creció a tasas inferiores al excedente bruto/rentas mixtas brutas, con un descenso de su peso en el PIB y se reflejó en la caída del Coste Laboral Unitario Real. Desacoplamiento entre productividad aparente, que aumenta, y remuneración por asalariado real.
  • La inflación inició la recuperación hacia valores positivos, después de dos años en niveles bajos e incluso negativos: 1,6% en diciembre. No obstante, la media del año fue del -0,2%, casi dos puntos más que un año antes. Los precios crecieron más que en la UEM, un diferencial que dejaba de ser favorable a la economía española en tres décimas, con lo que esto supone en términos de competitividad nominal.
  • Aumentaron los ingresos públicos un 1,5%, por encima del 0,3% de aumento del gasto público, lo que se tradujo en un descenso del déficit, 4,5% del PIB. El ajuste fiscal recayó en las Administraciones, que compensaron el aumento del déficit de la Seguridad Social.
    Con un crecimiento de los ingresos y gastos públicos muy inferior al PIB nominal, el sector público español perdió peso en términos de PIB, acrecentando la divergencia con el promedio de la Eurozona.
  • Todas las Regiones volvieron a registrar tasas positivas de crecimiento, aunque a diferente ritmo, y la mitad con un comportamiento más moderado que en 2015. Evolución determinada por la diferente especialización productiva, con un mayor dinamismo por parte de las regiones con especialización en servicios asociados al turismo.

EMPLEO

  • Volumen medio de empleo de 18,3 millones de personas, cerca de medio millón más que en 2015. Crecimiento anual del 2,7%, algo menor que en 2015 (3%). En paro, 4,5 millones de personas, 575.000 menos que en 2016. Porcentaje de descenso de 11,4%, 1,5 más que en 2015.
    En el trienio 2014-2016, un total de 1,2 millones de personas ocupadas más y 1,6 millones de desempleados menos. Se compensa algo más de un tercio del empleo perdido y algo menos de un 40% del paro generado en los seis años anteriores.
    Tras el descenso del paro, también retroceso de la población activa en 100.000 personas y acumula una pérdida de 367.000 personas entre 2013 y 2016. Nulo crecimiento vegetativo e inversión en el saldo migratorio, ahora negativo. Inercia demográfica que acentúa el envejecimiento; parte de los potenciales demandantes de empleo han salido del país, españoles y extranjeros de edades en el tramo 25-49 años. Desánimo, parados que no buscan empleo porque creen que no lo encontrarán, con peso mayor que en la UE, casi un 10% en las personas de 50 a 64 años.
    Tasa de empleo creció 1,5 puntos, casi el doble que en la UE-28., Pero España aún no ha recuperado todo el empleo perdido. Recuperación incompleta también en otros 11 países de la UE.
    La tasa de paro continuó bajando en toda la UE y más rápidamente en España, con un 18,7%, 7 puntos menos que en 2013, pero aún es la segunda más alta de Europa.
  • Tasa de empleo de jóvenes, mejora sólo 0,3 puntos, por debajo de la UE-28 (0,7 puntos). Impacto muy limitado en la UE, y especialmente en España, de la Iniciativa de Garantía Juvenil.
    Tasa de paro de jóvenes bajó l2 puntos, frente a 5,2 en la UE-28, aunque sigue muy elevada; doblando la general.
  • El peso de los parados con un año o más de búsqueda se ha reducido, aunque aún representa cerca de la mitad del total. Paro con cuatro años o más de búsqueda se acerca al 18% del total, 760.000 parados. El paro de tan larga duración no ha dejado de crecer entre los de más edad (32% del total de parados mayores).
  • Datos positivos en 15 de las 17 ramas de actividad. Muy por encima de la media: transporte, actividades inmobiliarias, educación y hostelería. La industria manufacturera creció como el total, 2,7%. Vuelta a cifras positivas de la industria alimentaria.
  • Polarización del empleo, con crecimientos más altos en los grupos ocupacionales situados en los extremos: técnicos y profesionales y ocupaciones elementales. Los primeros se asocian a mayores cualificaciones específicas y a competencias y habilidades más horizontales (capacidad de expresión y abstracción, resolución de problemas complejos), que suelen comportar alto grado de autonomía. Se refuerza el peso de los extremos, aunque no lo bastante para revertir la preeminencia de las ocupaciones relacionadas con hostelería y comercio. Mayor importancia de ocupaciones asociadas a mayores competencias técnicas y a servicios a personas.
  • Tasa de temporalidad creciendo hasta el 26,1%, casi 3 puntos más que en 2013. Disminuye la duración media de los contratos temporales, por debajo de 51 días, (3 menos que en 2015), acumulando un descenso de 28,1 días desde 2007. Un 28,1% de contratos duraron una semana o menos. Puede venir originado por cambios en la composición sectorial del empleo y por un aumento del encadenamiento de contratos y la rotación.
  • Se redujo el tiempo parcial, aunque en el empleo asalariado se observa nuevo incremento. Reducción del involuntario, aunque sigue suponiendo cerca de dos tercios. Preocupación por el tipo de empleos que están emergiendo a raíz de la crisis.
  • El peso de los contratos indefinidos creció hasta el 8,6%, aún 3,3 puntos por debajo de 2007.
  • Contrato indefinido de apoyo a emprendedores, cerca de 178.000 en 2016, un 37,2% más que en 2015, pero lejos de los que se registraban en la anterior modalidad "de fomento". El CES plantea la conveniencia de introducir otras formas de impulso a la contratación indefinida.
  • Mayor número de salidas del empleo por finalización de temporales. Rotación, personas que combinan periodos de empleo con periodos de paro en el año. Altas sucesivas en prestación contributiva por fin de contrato temporal, cerca de 1,5 millones, frente a algo menos de 0,8 millones de altas iniciales.
    En regulación de empleo, descenso en afectados y bajadas significativas en reducción de jornada y suspensión temporal. Procedimientos sin acuerdo, 15%. Aumento de causas organizativas y de producción.
  • El CES señala que falta evaluación de actuaciones cotempladas en el Plan Anual de Política de Empleo.
  • Por otro lado, entiende que el Sistema Nacional de Garantía Juvenil no ha tenido los resultados esperados y resalta como causa la precipitación en su puesta en marcha. Considera que hace falta un desarrollo concreto de las actuaciones a realizar. Cerca de 506.000 solicitudes, de las que se resolvieron con respuesta favorable 467.000. No se cuenta con evaluación que recoja acciones realizadas y su efecto en incorporación al empleo.
    En el Programa de Activación para el Empleo, 151.000 personas han recibido prestación de 426 euros/mes. Del total de beneficiarios, el 17,4% obtuvieron un trabajo por cuenta ajena. No se alcanzan los objetivos previstos.
    263.420 contratos bonificados, un 8,5% más que en 2015, el 75,4%, temporales. Los indefinidos iniciales aumentaron un 47,3%, impulsados por medidas como la tarifa plana, que ha beneficiado a más de un millón de nuevos emprendedores.
  • Los Servicios de Empleo enviaron casi 2,3 millones de ofertas a demandantes de empleo. Un 10% generaron colocaciones, 3 puntos más que el año anterior. Más de 3 millones de demandantes recibieron algún tipo de servicio (83% de orientación e información).
    Atención por las agencias privadas de colocación a 126.829 personas de un total de 321.161 enviadas, habiendo encontrado empleo, un 3,8% del total y 9,7% de desempleados atendidos. Limitada información que impide dimensionar la intermediación y el alcance de la colaboración público-privada.
  • Impulso progresivo de la formación dual. Necesidad de mejorar la gestión, relación entre empresas y centros formativos y función de los tutores.
    Contratos formativos registrados, 46.384, caída del 73,5% sobre el año anterior. Dificultades en su realización y para implantar la teleformación. No hay información sobre la formación vinculada a estos contratos.
  • En la formación programada por las empresas, 3,8 millones de participantes (5,3% más que en el año anterior). Duración media descendió de 22 a 17 horas. Empresas participantes disminuyeron un 16,3% desde la entrada en vigor de la reforma en 2015.
    No se publicó ninguna convocatoria de oferta estatal, con excedentes de fondos procedentes de la cuota de formación profesional que no se utilizan para el objetivo previsto.
  • Recursos destinados a política de empleo, 24.614 millones de euros. El 78,6% a protección, el resto a políticas activas de empleo, por debajo de la UE.
    Aumento en la partida de fomento del empleo, 11,3% respecto a 2015. Baja eficacia de ayuda económica de acompañamiento del PAE (consumido el 43%), gasto comprometido en formación profesional (70%) y Garantía Juvenil, dotado con 120 millones de euros y comprometidos 11.
    Datos sobre resultados de seguimiento y realización de medidas. Conveniencia de una base de datos sobre acciones desarrolladas orientada a valorar su efectividad, más allá de los resultados de gestión o seguimiento. Hay que contar con un sistema de evaluación planificado y con continuidad, que permita detectar impactos y sugerir reorientaciones.
  • Entre los factores que pueden incidir en la demanda y oferta de trabajo destaca la digitalización de la economía y el uso de las nuevas tecnologías. La digitalización es un proceso en desarrollo, cuyas consecuencias sobre el empleo están aún por contrastar. Dependerán del curso del propio proceso y de características de los mercados de trabajo, las relaciones laborales o los sistemas de protección social de cada país.

RELACIONES LABORALES

  • Mesas de Diálogo Social sobre empleo y calidad en el empleo y Plan de choque por el empleo, con la reforma del Programa Extraordinario de Activación para el Empleo.
    Firma del Acuerdo para la Mejora del Empleo Público.
    Actuación de la Comisión de Seguimiento creada por el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015 y 2017. Prórroga del V ASAC.
  • Continuó ampliándose el volumen de la negociación colectiva. Registrados 3.419 convenios que afectaban a 8,29 millones de trabajadores y a 1,04 millones de empresas. Concluido el 60,6% de los convenios para el 81,1% de los trabajadores. Aumentos significativos de convenios, especialmente de empresa, el de trabajadores afectados en mucha menor proporción.
  • Variación salarial del 1,09%, prácticamente igual al incremento pactado inicial (1,07%), con cláusulas de salvaguarda salarial en un 12,3% de convenios.
    Variación salarial dentro de los criterios del III AENC, (a 4 décimas de la recomendación).
    El incremento pactado, unido al comportamiento de la inflación, permitieron que los salarios pactados reales avanzaran un 1,29%, ganancia de poder adquisitivo por tercer año.
  • Jornada media pactada de 1.744,2 horas anuales, equivalentes a 38,2 horas a la semana. El leve descenso se debería a la negociación de ámbito superior a la empresa.
  • 5,75 millones de horas extras, reducción en casi medio millón, pero aún cifra más elevada que en 2014. Casi 3 millones de extras no pagadas, disminuyendo en 131.200.
  • 1.326 inaplicaciones de condiciones pactadas en convenios que afectaron a 32.064 trabajadores, nuevo descenso. El 62% afectaron a la cuantía del salario, el 90,6% por acuerdo.
  • 641 huelgas, 26 más que en el año anterior. Participaron 183.120 trabajadores, 7,4% más que en 2015, aunque con nuevo descenso en jornadas no trabajadas. El aumento correspondió a las derivadas de negociación colectiva.
  • 398 conflictos colectivos presentados ante el SIMA, casi todos mediaciones, 5,7% menos que el año anterior. Trabajadores afectados, 3,27 millones, ligeramente superior. En los últimos diez años, media de 418 conflictos/año. Interpretación y aplicación, 78%, convocatoria de huelga, 18,1%. 91 acuerdos. 4.707 conflictos en el conjunto los órganos autonómicos, incremento en 335 procedimientos. Acuerdo en 1.396.
  • La causa más frecuente de conciliación individual sigue siendo despidos (49,5% del total).
  • Actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 6,8% menos que el año anterior. En empleo y contratación, 3,6% más.
  • En el Plan de Lucha contra empleo irregular y fraude a la Seguridad Social, 82.272 transformaciones de temporales en indefinidos.
  • Los juzgados y tribunales del Orden social tramitaron un 5,6% menos de asuntos, en niveles similares a años anteriores desde 2009, pero aumentó la duración media de su tramitación. Disminución de los litigios por despido (un 7,8%).
  • Aumentaron los accidentes laborales, en un contexto de incremento de la población trabajadora, 5% los accidentes con baja y un 2,6% los sin baja, por aumento de los leves. Índice de incidencia, aumento del 3,5%. Descenso de un 8,3% en mortales, en graves, aumento del 2,5%.
    Se comunicaron 20.730 enfermedades profesionales, aumentando un 7,60%.

PANORAMA SOCIAL

  • Cierta mejoría de la situación social, reflejo de evolución del empleo y del incipiente aumento de rentas de las familias, aunque quedan demasiados hogares al margen de la recuperación. Los servicios públicos, vector de cohesión social y legitimación de la acción pública.
    Entre los retos de mayor envergadura están la sostenibilidad financiera del gasto social, reforzar la calidad de servicios, suficiencia de prestaciones, eficiencia en gestión. Requiere cooperación entre Administraciones y mejorar mecanismos de evaluación.
  • La Memoria considera que los años de crisis han dejado secuelas sociales que requieren compromisos de actuación. La continuidad de los objetivos de contención del gasto público impone sentar prioridades claras y reforzar la eficiencia en la gestión. Un momento clave de inflexión en que es importante marcar un rumbo en las políticas, partiendo de la evaluación. Para superar las secuelas de la crisis se requiere construir los puentes necesarios que afiancen los cimientos de una recuperación duradera y favorecedora de la cohesión social.

Educación

  • Avance de participación en educación infantil y de jóvenes con educación terciaria. Sin embargo, elevada tasa de abandono escolar temprano (19%, la más alta de la UE), bajos rendimientos en competencias básicas y transición ineficiente de la educación al mercado de trabajo.
  • Gasto en educación, 4,3% del PIB en 2013, algo por debajo de la media europea (4,9%).
  • Limitaciones presupuestarias en partidas de gastos más redistributivos, como becas y ayudas de estudios.
  • El CES apunta la necesidad de una mayor estabilidad en las reformas legislativas.
  • Escasas, y muy variables territorialmente, ayudas para escolaridad de menores de 3 años.
  • Aumento del alumnado que alcanza 4º de la ESO a la edad adecuada. Solo el 77,6% termina ESO con Título.
  • Mejoran rendimientos de primaria en matemáticas y ciencias, en ESO, mediocres.
  • Elevado porcentaje de repetidores, aumenta el riesgo de abandono escolar y desigualdades educativas. Importantes diferencias en incidencia según origen social.
    La tasa de abandono escolar prematuro continuó disminuyendo (19%), pero sigue siendo la más elevada de la UE. Algunas CC.AA. han gestionado con buenos resultados, deseable que esas prácticas se difundan.
  • Formación Profesional Básica sin buenos resultados. Bajas transiciones del primer al segundo curso y promociones de la FPB a la educación secundaria superior; descenso de matriculados en Programas de Cualificación Profesional Inicial y FP básica.
    Proporción menor de personas que optan por estas enseñanzas, concentración en determinadas familias profesionales. Necesidad de mejorar resultados académicos, aunque aumentan matrículas en grado medio y superior. Crecen los proyectos de FP dual, pero siguen deficiencias en su implementación.
  • En enseñanzas universitarias, la mayor proporción de adultos (entre 25 y 64 años) y jóvenes (25 a 34 años). Sin embargo, el censo universitario decrece, manteniéndose su concentración por ramas de enseñanza: necesidad de incrementar los graduados en STEM, pues el conocimiento científico es una vía para un avance económico y social más sólido. Baja proporción de finalización entre los que comienzan estudios de Grado y Máster. Ninguna universidad española posicionada entre las 100 mejores. Falta de internacionalización.
    A distancia del modelo de precios más moderados en titulaciones de grado (menos de 1.000 €/año), como Francia, Bélgica, o Austria. Heterogeneidad en precios de las diferentes CCAA, aumenta riesgo de desigualdad.
    La inserción laboral de los universitarios plantea más dificultades que en otros países. La rápida expansión de la educación terciaria puede haber ido en detrimento de la calidad.

Vivienda

  • Aumento de la demanda de vivienda pero el acceso sigue obstaculizado por desempleo, temporalidad y niveles salariales, en un entorno de precios todavía elevados a pesar del descenso. El alquiler libre avanza como opción
  • Elevada proporción de hogares que sufren sobrecarga por gastos relacionados con vivienda. Afecta a grupos más vulnerables económicamente, agravando riesgo de pobreza y exclusión. A pesar de la incipiente evolución positiva de las ejecuciones hipotecarias, este problema sigue presente. Las medidas urgentes desde 2012 no parecen suficientes.
  • Esfuerzo en políticas de vivienda para personas con escasos recursos, ya exiguo con anterioridad a la crisis, reducido casi a la mitad.
    El CES valora como escasos los fondos estatales y autonómicos destinados al parque público de vivienda en alquiler. Se carece de información sobre el conjunto de iniciativas, que dificulta la evaluación.

Medio Ambiente y Sostenibilidad

  • En Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con medio ambiente, España ocupa la posición 30 entre 149 países. Desafíos en gestión más eficaz de agua y saneamiento, energía limpia y asequible, acción por el clima, preservación de la biodiversidad o emisiones de "sectores difusos" (residencial, transporte…).
    Buena parte del logro de los objetivos depende de la implicación de la sociedad, con más esfuerzos de los poderes públicos para difundir la cultura de protección del medio ambiente.

Consumo

  • Tendencias nuevas en gasto y prioridades de los consumidores en momentos de dificultad económica. Al mismo tiempo, dinamismo en nuevas estrategias de consumo. Gasto en tecnologías para la comunicación, al contrario que el resto, no ha dejado de incrementarse en la crisis.
  • Cambios en comportamientos de consumidores. Casi una tercera parte realiza compras por Internet, frente al 10% de nueve años atrás. Pese al avance, es inferior al de otros países del entorno. Más del 34% de internautas habrían recurrido a plataformas de economía colaborativa. En medios de pago, futuro de uso generalizado de tecnologías móviles, si bien 8 de cada 10 transacciones se realizan en efectivo.

Protección Social

  • El sistema de protección social desempeña un papel crucial en la cohesión social apoyando la recuperación económica.
  • Riesgo de pobreza y exclusión social sigue siendo un problema social de primer orden. 22,3% de la población por debajo del umbral, superior al porcentaje anterior a la crisis. Situaciones de mayor vulnerabilidad en extracomunitarios (52%), desempleo (48,5%), familias monoparentales (42,2%), menores de 16 años (28,9%). Según el indicador AROPE el 27,9% se encontraba en esta situación, algo inferior al año anterior, por mejora del empleo y descenso de situaciones de carencia material severa.
  • El Consejo Económico y Social considera que la solución a un problema multidimensional como este no puede provenir exclusivamente del sistema de protección social. Requiere de un planteamiento integral de todas las políticas públicas, avanzando en gobernanza que facilite criterios comunes, intercambio de buenas prácticas y mejora de eficacia.
  • Al reto del envejecimiento se han sumado aumento de su diversidad, crecimiento de desigualdad, el cambio climático, flujos de refugiados y migratorios o consecuencias de la digitalización y de las nuevas tecnologías.
  • Necesidad de continuar con los esfuerzos en sostenibilidad financiera de los Sistemas de protección social y adecuación a necesidades de la población y efectividad de resultados.
  • Gasto en protección social en España en 2014 se situaba en el 25% del PIB, debajo de la media UE (28,7%). Eficacia de las prestaciones económicas para disminuir riesgo de pobreza (28,6%), inferior a la media UE 28 (34,1%).
  • Como el resto de los países europeos, preponderancia del gasto en la vejez. Atención sanitaria, segunda partida que más gasto absorbe. Mayor peso de la función supervivencia responde al protagonismo de la viudedad en protección social de mujeres. Mayor peso de protección por desempleo en detrimento de funciones como familia e hijos, vivienda social y exclusión social.
  • Ingresos destinados a financiar la protección social representaban en 2014 el 24,3% del PIB, 30,1% la media de UE 28. Transferencias del Estado, principal fuente de financiación (10,7% del PIB). Segunda, cotizaciones de empleadores (9,9% del PIB).
  • Inicio de los trabajos de renovación del Pacto de Toledo, hoja de ruta del permanente proceso de adaptación del Sistema de Seguridad Social. La legitimación social del Pacto deriva del fuerte respaldo político. Necesidad de renovar el consenso, uno de los escasos instrumentos políticos de esta índole en nuestro país, que debe seguir contribuyendo a trasladar mensajes claros a la ciudadanía. Consenso en diálogo social, importante pilar legitimador de reformas.
  • El déficit del Sistema volvió a aumentar en 2016, 18.701,23 millones de euros, equivalente al 1,68% del PIB. Quinto año consecutivo de déficit, derivado en un primer momento de la fuerte caída de ingresos por cotizaciones. Incremento de los ingresos no suficiente para sanear cuentas. Principales causas: moderación salarial, características del empleo que se crea e incremento de las reducciones en las cuotas. Significativa reducción del Fondo de Reserva. Desde 2011 ha caído un 77,5%, equivalente al 1,3% del PIB. El CES señala la urgencia de las reformas para su sostenibilidad.
  • Se requiere seguir creando empleo, incidiendo en la mejora de características del mismo que más repercuten en los ingresos, y modificar el actual sistema de reducciones de cuotas como medida de fomento del empleo.
  • 8.609.085 pensionistas y pensiones en vigor, 9.473.482. Pensión media, 910,24 euros mensuales, aunque el 50% se sitúa por debajo de los 700 euros. 5.784.748 de jubilación, cuantía media de 1.050,82 euros mensuales.
  • Nuevo aumento de jubilación anticipada, 45% de altas totales. Explicable por cambios normativos que, dada su aplicación transitoria, podrían estar afectando a decisiones de los individuos, ante la posibilidad de ver reducida la cuantía. La edad efectiva ronda los 64 años.
  • Pensiones no contributivas, tras su reducción durante una década, desde 2014 están aumentando, lo que respondería a la caída de ingresos familiares.
  • Previsión social complementaria, cierto estancamiento en los últimos años, igual que en la mayoría de la UE. Los hogares que tienen algún plan de pensiones, el 26% a finales de 2011, se han mantenido prácticamente constantes. Descenso acusado de la inversión en hogares más jóvenes.
    Sin grandes cambios, a pesar del comienzo de la recuperación económica. Puede estar influyendo el desempleo de buena parte de la población en edades intermedias, especialmente jóvenes.
    El número de planes de pensiones inscritos en 2016 se habría situado en 2.800, caída del 2% respecto a 2015. Número de cuentas de partícipes, en torno a los 9,8 millones, descenso del 0,4%.
  • Importante papel de protección por desempleo a lo largo de la crisis, amortiguando sus consecuencias más graves. En 2016, descenso del 9,5% del total de beneficiarios, volumen medio anual de 2.010.245 personas.
    El sistema de protección por desempleo muestra síntomas de debilitamiento. Las prestaciones asistenciales suponen el 49,6%. Consecuencias en el potencial de protección, por menor duración y cuantía (por debajo del umbral de pobreza).
    Tasa de cobertura, descenso hasta el 55,1%, 0,7 puntos menos respecto a 2015 y 23,3 respecto a 2010. El CES resalta como preocupante que se proteja a poco más de la mitad de la población desempleada. Además, apunta que los programas para situaciones más graves, como Activación para el Empleo (PAE) o Prepara, tampoco están dando el resultado esperado. Así, apunta la necesidad de mejorar la eficacia en activación y protección, ante el desempleo de larga duración, potenciar la coordinación con los servicios sociales y la gobernanza entre las distintas Administraciones.

Protección de la Salud

  • El Consejo expresa su preocupación por la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, acrecentada en la crisis. El ajuste presupuestario provocó respuestas de distinto signo por las administraciones autonómicas y avivó el debate sobre elementos nucleares del SNS como la gestión pública o privada, la participación de los usuarios en la financiación de algunas prestaciones o la propia universalidad del derecho. El descenso de recursos se ha manifestado en una pérdida de empleos y equipamientos, aumento de listas de espera y preocupación de los ciudadanos.
  • Tras varios años de bajada de recursos, en 2014 aumentó levemente el volumen del gasto, todavía lejos de los años previos a la crisis.
    Pasos importantes en la eficiencia en los servicios, como el desarrollo de la interoperabilidad del sistema. El 61% de la población con tarjeta sanitaria cuenta con historia clínica digital y la práctica totalidad de los centros de salud tienen la receta médica electrónica, con hospitales y consultorios locales más lejos de la plena  cobertura.
  • Implicaciones del envejecimiento en el modo de abordar la atención a la salud. El perfil de morbilidad de poblaciones envejecidas (patologías crónicas), apunta la necesidad de reforzar Atención Primaria y coordinar la especializada, y conjunto de la atención a  la salud con los servicios sociales.

Dependencia

  • El Sistema de Atención a la Dependencia no ha dado lo esperado, pero ha supuesto un importante avance. Han dificultado su despliegue el insuficiente desarrollo de la estructura de servicios sociales previo a su implantación y la coincidencia de sus primeros años con la crisis. No obstante, en los dos últimos ejercicios hay un incremento de las personas a las que presta atención, cercano al 9%. A pesar de ello, España ocupa uno de los últimos lugares de la UE-15 en gasto público para cuidados de larga duración.

Rentas Mínimas

  • El número de perceptores experimentó un notable incremento (28%). El gasto ejecutado ha continuado con tendencia creciente. Pese a la importancia de la vertiente económica de las RMI en los servicios sociales, éstos son, además, una red de prestaciones en especie, fundamentales en prevención y atenuación de vulnerabilidad. La caída de recursos dedicados a los servicios sociales ha profundizado la insuficiencia de dotación.

Más Información Acerca de la Memoria
En este enlace están disponibles el texto del Resumen ejecutivo y el de la Memoria completa donde se pueden consultar multitud de cuadros y ampliar la información.
http://www.ces.es/memorias

Lógicamente, las necesidades de concisión de una nota como esta hacen muy recomendable que su lectura se complemente con la del texto completo y el resumen de la Memoria.