Madrid, 28-01-2010.- El Consejo Económico y Social (CES) de España valora positivamente el objetivo de la Ley de Economía Sostenible, entendidos como la voluntad de buscar un horizonte temporal de corto, medio y largo plazo, y reclama un amplio consenso político y social para considerar el desarrollo sostenible una cuestión de Estado, según el dictamen aprobado por el Pleno del CES el día 28 de enero.

No obstante, el CES hace una serie de observaciones que en su opinión habrían de tenerse en cuenta. El dictamen señala, como cuestión previa, que la ley forma parte de una estrategia más amplia, la Estrategia para la Economía Sostenible, que fue presentada en el Congreso de los Diputados el pasado día 2 de diciembre de 2009, y, consecuentemente,  se debería haber remitido para Dictamen del CES dicha estrategia.

En opinión del CES, queda por conocer cómo se integran las nuevas propuestas en las iniciativas que hasta la fecha definen las políticas recogidas en el Programa Nacional de Reformas (PNR) o si sería necesario la adecuación del mismo, especialmente en lo referente a sus líneas de actuación, sus prioridades y recursos.

Coordinación entre Administraciones

El dictamen recoge principios que el CES ya ha planteado en anteriores dictámenes. Así, insiste en la necesaria coordinación de las Administraciones Públicas, y en reclamar a las fuerzas políticas un esfuerzo de consenso. En opinión del CES el desarrollo sostenible debe ser una auténtica política de Estado, es decir, debe contar con el apoyo explícito de una amplia mayoría de los grupos que componen el panorama político español, de los interlocutores sociales y de los ciudadanos.

Como ya hiciera en el informe sobre la educación, el CES considera que el objetivo de alcanzar un buen sistema de educación y de formación y de una buena interrelación con el mercado de trabajo debe ser un proyecto compartido, convirtiéndolo en una cuestión de Estado sobre la base de un amplio consenso social y político. Y llama la atención sobre que no se haga mención alguna a la Formación para el Empleo, máxime cuando ésta no sólo es el eje vertebral de la formación permanente, sino también un elemento esencial para el cambio de modelo productivo que persigue el Anteproyecto de Ley.

El CES pide un mayor esfuerzo al legislador en términos de homogeneidad y de cohesión interna. Y advierte de que, a veces, dada la heterogeneidad de las materias, puede producirse cierta confusión. En opinión del CES, no resulta adecuada la técnica legislativa empleada para abordar los múltiples cambios normativos que se incorporan.

Reforma integral en propiedad intelectual

En este sentido y, a modo de ejemplo, habla de la propiedad intelectual y los sociedades de gestión de derechos. Y subraya que se debería producir una reforma integral del marco reglamentario en esta materia, de modo que se conjuguen los diferentes derechos e intereses entre autores, usuarios y operadores.

Respecto a los mecanismos de aplicación, seguimiento y evaluación de la norma, el CES echa en falta en el Anteproyecto una referencia al principio de participación en el desarrollo y gestión que garantice a los interlocutores económicos y sociales el ejercicio de las funciones y cometidos asignados constitucionalmente. Del mismo modo, considera que deberían contemplarse mecanismos de participación de los agentes económicos y sociales en el seguimiento y desarrollo de la Ley.

El dictamen del Consejo Económico y Social llama la atención sobre el prácticamente nulo desarrollo de la dimensión social del patrón de crecimiento que la Ley pretende impulsar. La economía sostenible, sostiene el CES, debe favorecer el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y, sin embargo, no existen a lo largo del articulado más que menciones muy esporádicas a dichos objetivos. En este sentido, el CES considera, en primer lugar, que dichos objetivos deberían incluirse entre los principios orientadores de la actuación de las Administraciones Públicas en materia de impulso de la sostenibilidad económica,

Sistema financiero

En cuanto al sistema financiero, el CES hace notar que algunas de las iniciativas planteadas se anticipan a normas internacionales y comunitarias,  actualmente en fase de discusión, que podrían afectar al contenido del Anteproyecto al requerir modificaciones en un periodo de tiempo relativamente corto. Y comparte la incorporación de medidas que den mayor transparencia al funcionamiento de los mercados y las disposiciones a incrementar la protección de los consumidores y usuarios de los servicios financieros.

También el dictamen valora positivamente los esfuerzos para agilizar procedimientos trámites para el desarrollo de la actividad económica, siendo deseable impulsar instrumentos que permiten mayor celeridad y agilidad como las ventanillas únicas.

En cuanto a la Sociedad de la Información, el CES señala que  constituye un elemento estratégico para el progreso económico y la cohesión social y territorial, así como para la sostenibilidad. Y en este aspecto sugiere que su regulación sea abordada de modo transversal y no de modo fragmentado, como se hace en el Anteproyecto.

En cualquier caso, el CES estima que toda iniciativa que se desarrolle en este campo, debe cuidar aquellos aspectos tendentes a reducir la brecha digital, impulsando la inclusión social y territorial y la accesibilidad de personas con discapacidad.

Sobre la internacionalización de nuestra economía, el CES  cree que deberían recogerse otras disposiciones relativas a la reorientación de la política de promoción comercial española, refuerzo de la imagen-país, integración del mundo empresarial en la actividad diplomática de España, función y ubicación de la Red de Oficinas Comerciales, o el papel del sector privado como agente clave de la cooperación internacional.

Medioambiente
En materia medioambiental, el dictamen  hace notar que en el texto del anteproyecto hay una ausencia de aspectos relativos a la gestión de residuos y de los recursos hídricos, así como del sector agrario, teniendo en cuenta la importancia de este sector en el terreno medioambiental. El CES entiende, además, que no debe discriminarse de entrada ninguna tecnología energética y se debe profundizar en el debate económico y social en base a la idoneidad de cada una de ellas.

Por último, en materia de vivienda, el Consejo considera que el enfoque debiera ser más ambicioso y abordar una aproximación integral de mayor alcance a través de una ley de rehabilitación urbana sostenible que regulara todos los aspectos relevantes para mejorar la sostenibilidad del medio urbano y rural, incluyendo dimensiones como la cohesión social y la reducción de emisiones. Adicionalmente, en opinión del CES, todas las Administraciones públicas deberían redoblar el esfuerzo inversor en materia de rehabilitación de viviendas y tejido urbano consolidado.