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Proceso de Barcelona
La Asociación Euro-mediterránea entre la Unión Europea y los países del sur y del este del Mediterráneo fue creada en el año 1995 en el marco del denominado Proceso de Barcelona.
Los objetivos son el fomento del diálogo político, la cooperación económica, social, cultural y en materia de educación.
En el año 2005, con ocasión del décimo aniversario, se celebró una nueva Cumbre Euro-mediterránea en Barcelona en la que se reafirmó la necesidad de garantizar un crecimiento económico sostenible para luchar contra la pobreza y las desigualdades.
Asistieron por parte de la Unión Europea, los entonces 25 Estados Miembros, de la Ribera Sur del Mediterráneo: Argelia, Autoridad Palestina, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria, Túnez y Turquía, Rumania y Bulgaria (hoy Estados Miembros de la Unión Europea) y Croacia, así como el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Secretario General del Consejo de la Unión Europea.
Además, participaron como observadores permanentes, Libia, Mauritania y la Liga Arabe y, como observadores invitados, el Banco Europeo de Inversiones, la Unión Magreb Arabe, la Fundación Anna Lindh para el Diálogo entre las Culturas, los Consejos Económicos y Sociales Euromed y el Comité Económico y Social Europeo.
Los nuevos retos del Siglo XXI marcarán las áreas fundamentales de actuación de la Asociación Euro-mediterránea para los próximos cinco años y son, en la medida de sus posibilidades, los que van a impulsar el Proyecto TRESMED 3:
- Paz, seguridad, estabilidad, buen gobierno y democracia.
- Desarrollo socio-económico sostenible.
- Educación e intercambios culturales
- Justicia, seguridad, migración e integración social.
La Política de Vecindad Europea
Desarrollada a partir de 2004, tiene por objeto establecer relaciones privilegiadas con los países vecinos de Europa del Este, del Sur del Mediterráneo y del Cáucaso Meridional que no tienen perspectivas de adhesión a la Unión Europea.
Se concreta en el fomento de la democracia, las libertades, la prosperidad, la seguridad y la estabilidad, sobre la base del respeto a valores comunes.
Es decir, la democracia, el estado de derecho, los derechos humanos, la buena gobernanza, los principios de una economía de mercado y el desarrollo sostenible.
La Política de Vecindad Europea se aplica por medio de Planes de Acción Nacionales basados en las necesidades de cada país vecino y en los intereses de la Unión Europea.Estos Planes de Acción abarcan, en su caso, reformas políticas y económicas, aproximación de legislaciones, participación en algunos programas comunitarios y el desarrollo o reforzamiento de la cooperación y el diálogo.
Cumbres Euro-mediterráneas de los Consejos Económicos y Sociales e Instituciones similares(incluir dirección página Web)
La Cumbre Euro-mediterráneacelebrada en Ammán en 2005 adoptó las conclusiones del Informe Conjunto sobre el papel que juegan las instituciones consultivas y las organizaciones profesionales en la evolución de los acuerdos de asociación y en el contexto de la Política Europea de Vecindad.
El mencionado Informe Conjunto fue elaborado por el Comité Económico y Social Europeo, con la colaboración de los Consejos Económicos y Sociales de Grecia, Túnez e Israel así como de representantes de los medios económicos y sociales de Marruecos.
El mismo reconoce que la participación de los órganos consultivos (de los agentes sociales o de las organizaciones de la sociedad civil) es esencial para impulsar el desarrollo económico y democrático,evitar la exclusión social y permitir a los agentes sociales ser conscientes de las repercusiones de la puesta en marcha de los programas de reformas aceptados por ellos.
La Cumbre Euro-mediterránea celebrada en Liubliana en 2006 acoge, en su conclusiones, un compromiso para favorecer la creación de órganos consultivos de la sociedad civil en los países de la región que todavía no disponen de ellos y su apoyo al Proyecto TRESMED 3 para promover el desarrollo de la función consultiva en la región.
La Cumbre Euromediterránea celebrada en Atenas en 2007 subraya, en sus conclusiones, que la participación de la sociedad civil es esencial para alcanzar un desarrollo territorial equilibrado y sostenible. La Cumbre señala que los órganos consultivos pueden desempeñar un papel decisivo a nivel, nacional, regional y local.
